Tres hombres acusados de violar a una mujer en una patera rumbo a Lanzarote están en la calle. No porque una jueza los soltara por capricho, sino porque la ley no llega a alta mar. Y de ella, de la víctima, no habla nadie.
Esto es un artículo de opinión. Lo que vas a leer es lo que pienso yo, con mis argumentos y sin filtros. Los hechos están contrastados y tienes las fuentes al final. Y una cosa más: hablo siempre de presuntos agresores, porque nadie los ha juzgado. Ese es precisamente el problema.
Ayer me saltó en Instagram esta publicación, que resumía una entrevista en televisión:
Publicación de @canariotodayoficial en Instagram, 20 de octubre de 2026.
Lo primero que sentí fue rabia, al leer la noticia y al escuchar el comentario del vídeo que la acompañaba. Hace años igual lo habría compartido sin más. Ahora no. Lo que hice fue investigar qué había de cierto en la información. Porque una noticia puede ser verdad y, a la vez, estar contada para que llegues a la conclusión equivocada.
Medias verdades
Lo que dice el post y lo que calla
Es verdad que hay tres hombres acusados de violar a una mujer durante la travesía. Y que están en libertad.
Es verdad que fue la Fiscalía quien pidió que los soltaran.
NO ES VERDAD que una jueza los dejara libres porque sí. Los dejó libres porque la ley española no le permite juzgarlos.
NO CUENTA que la propia Fiscalía ha pedido a las Cortes que cambien la ley para que esto no vuelva a pasar.
NO CUENTA que la jueza ha mandado el caso a cuatro países para que alguien lo investigue.
¿Ves la diferencia? «Una jueza suelta a tres violadores» te lleva a pensar en una jueza blanda. En jueces que no hacen su trabajo. Otro cartucho más para minar la fe en la justicia, en un momento como el que vivimos, en el que la justicia parece el único contrapeso que resiste al Ejecutivo.
La realidad es que el problema no está en el juzgado: ESTÁ EN LA LEY. Y los jueces no hacen la ley, aplican la que hay. Así que apuntar al sitio equivocado no solo no es justo: es inútil. Te expliqué quién hace qué en Fiscalizar al poder no es elegir bando.
Pero el post de Instagram tiene parte de razón, y lo veremos después.
Titulares
Mucho titular, poco dato
Que vivimos en la época de las fast news es un hecho. Cuando publico un reel de menos de un minuto, lo ven miles de personas. Cuando publico el artículo completo, con datos y fuentes, o el vídeo entero en YouTube, llega a muchísima menos gente.
Sí, el algoritmo premia lo corto. Pero no es solo cosa del algoritmo. Nos hemos acostumbrado a quedarnos con el titular. Leemos tres líneas, sentimos algo, compartimos y seguimos.
Comprobar datos lleva tiempo. Indignarse, un segundo.
El titular se lee en un segundo. La letra pequeña, casi nunca.
Y así acabamos creyendo y difundiendo medias verdades. Que a veces son peores que una mentira:
Una mentira se desmonta con un dato. Una media verdad, no, porque lleva dentro algo cierto. «¿Están libres o no están libres?», te dirán. Y sí, lo están.
No es un descuido. Qué se cuenta y qué se calla se elige con una intención: apoyar un relato concreto.
Dirige la atención. Y el odio. Hacia la jueza, hacia los inmigrantes en bloque, hacia quien convenga en cada momento. Nunca hacia donde está el problema.
Una media verdad no busca informarte. Busca que mires hacia donde le interesa a quien la cuenta.
Los hechos
Qué pasó de verdad
16 de septiembreSalvamento Marítimo rescata una patera neumática que salió de Marruecos rumbo a Lanzarote. Está a unos 131 kilómetros al nordeste de la isla. Al llegar a Arrecife, una mujer guineana denuncia que tres hombres la violaron durante la travesía: dos malienses y un burkinés. Otro pasajero lo corrobora como testigo.
19 de septiembreEl juzgado envía a los tres a prisión provisional.
24 de septiembreLa Fiscalía comprueba que España no tiene jurisdicción y pide su libertad. Salen a la calle.
26 de septiembreLa Fiscalía de Canarias pide a las Cortes Generales una reforma legal para poder juzgar estos delitos.
20 de octubreLa jueza archiva la causa en España y manda el caso a Marruecos, Mali, Burkina Faso y Guinea para que alguno de ellos lo investigue.
131 kilómetros de la costa. Fuera del alcance de nuestra ley.El agujero legal
Por qué España no puede juzgarlo
Los tribunales españoles juzgan lo que pasa en España. Fuera de nuestras fronteras, solo en casos concretos:
En nuestro territorio y nuestras aguas, hasta las 12 millas. La patera estaba mucho más lejos.
En barcos con bandera española. La patera no tenía bandera.
Si el autor o la víctima son españoles. No lo eran.
Si viven habitualmente en España, gracias al Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres. Tampoco aplica.
La jueza no tenía ninguna puerta abierta. No podía hacer lo que todos pensamos que debía hacer al leer la noticia. Lo que sí podía hacer, y sí hizo, es dejar escrito que esto no puede impedir que otros países lo investiguen, y mandarles el caso. Eso el post no lo cuenta.
Ahora es cuando sí podemos indignarnos con razón. En 2007, después de la crisis de los cayucos, España cambió la ley para poder juzgar a los patrones de las pateras aunque los detuvieran en aguas internacionales. Se da por hecho que la embarcación viene hacia España, y eso basta. Por eso casi cada semana hay un juicio contra un patrón en Canarias.
131km
Distancia de Lanzarote a la que ocurrió todo
2007
Año en que la ley se cambió para juzgar a los patrones, no a los demás
0
Tribunales españoles que pueden juzgar esta violación
O sea, que si el patrón te cobra por subirte a la patera, España puede juzgarlo. Si eres violada en esa patera, no.
Al patrón lo podemos juzgar. Al violador, no.
¿Tiene sentido? Para mí ninguno. Y no lo digo yo: lo dice la Fiscalía, que es quien ha pedido extender esa misma regla a las agresiones sexuales.
La gran olvidada
Violada en tierra de nadie
Lee otra vez el post de Instagram. Habla de la jueza. De la Fiscalía. Del Gobierno de Canarias. De los tres hombres. De ella, ni una palabra.
Y es la única persona de toda esta historia que lo ha perdido todo. Sobrevivió a una travesía en la que, según su denuncia, la violaron durante días en medio del mar, sin escapatoria posible. Rodeada de gente, y sin que nadie lo impidiera. Llegó, denunció, tenía un testigo que estuvo dispuesto a declarar, y lo hizo. Y ahora esa mujer sabe que nadie va a juzgar su caso en España. Que el expediente viaja a cuatro países donde, siendo realistas, lo más probable es que acabe en un cajón.
Una violación no deja de serlo porque ocurra a 131 kilómetros de la costa.
Un banquillo que se quedará vacío. Y una denuncia que nadie juzgará aquí.
Y aquí me viene a la cabeza Ceuta.
Ceuta
Cuando la víctima es de las que no cuentan
Tras la entrada ilegal masiva de finales de julio en Ceuta, la fiscal jefe de la ciudad habló de casi una agresión sexual al día. A primeros de septiembre había registradas 23 agresiones sexuales, nueve de ellas contra menores. ¿Y quiénes eran las víctimas? En buena parte, niñas y mujeres que habían cruzado esos días, solas y sin papeles. La propia fiscal advirtió de que son especialmente vulnerables y de que muchas no denuncian por miedo.
Lo oí en televisión, en una tertulia de aquellos días. No recuerdo el programa ni quién lo dijo, pero la frase se me quedó grabada. Se estaba hablando de cómo se habían disparado las agresiones sexuales desde la entrada masiva, y alguien soltó, como quien aporta un matiz tranquilizador: «Bueno, pero la mayoría son a las propias inmigrantes».
Otra persona de la mesa le contestó lo que había que contestar: qué más da la nacionalidad de las víctimas. De lo que se estaba hablando era de que las violaciones se habían multiplicado.
Pero la frase ya estaba dicha. Y retrata muy bien una forma de pensar: eran mujeres y niñas violadas, pero como eran «de los suyos», como habían entrado con los mismos que las agredían, parecía menos grave. Casi un asunto interno. «Cosa de ellos».
Ya te hablé de Ceuta en Ceuta no tiene foto. Esto tampoco la tiene.
Y es lo mismo que veo ahora en Lanzarote. Unos usan el caso para hablar de inmigración. Otros lo esquivan para que no se hable de inmigración. Y a la mujer no la usa ni la defiende nadie.
¿Habría el mismo silencio si la víctima fuera una turista española en un barco de recreo?
¿Desde cuándo el pasaporte de una mujer decide si su violación importa?
¿Por qué quienes llegaron al poder con la bandera tomada del feminismo solo hablan cuando la víctima o el agresor les sirven para su relato?
Es lo que te contaba en la causa de esta temporada: hay víctimas que se convierten en bandera y víctimas que no le sirven a nadie. Y estas, como la mujer de la patera, se quedan solas.
Es curioso cuánto oímos hablar de los derechos humanos y de la necesidad de aplicarlos a todos, tengan o no papeles. Y ES CIERTO. Pero, al parecer, no todas las violaciones de derechos importan lo mismo.
Y si una mujer en una patera puede ser violada sin consecuencias, el mensaje que mandamos a quien quiera hacerlo es clarísimo: ese crimen sale gratis. A esas, nadie las va a defender.
Una víctima no es menos víctima por no tener papeles.
Lo que sí tiene razón
El silencio que sí existe
Decía que el post también acierta en algo. La Fiscalía ha hecho su trabajo: ha visto el agujero y ha pedido que se cierre. La jueza ha hecho lo que la ley le permite y algo más. Ahora la pelota está en el tejado de los políticos. Y ahí no se mueve nadie. Para esto no hay decreto urgente.
El Gobierno de Canarias lleva años, con razón, exigiendo al Estado más medios y más herramientas para la ruta canaria. Pues aquí tiene una herramienta que falta, y que la ha señalado la propia Fiscalía. ¿Dónde está la reclamación? ¿Dónde está la iniciativa en el Parlamento canario o en el Congreso para cambiar la ley?
Nota: a día de hoy no consta ninguna declaración pública del Gobierno de Canarias sobre este caso. Si se produce, actualizaré el artículo.
Y no hace falta inventar nada para exigirlo. Es una reforma concreta, con un precedente concreto: la de 2007. Solo hay que extenderla a los delitos más graves que ocurren dentro de la patera, no solo al que la conduce.
Para terminar
La ley tiene que llegar a donde llega la patera
Este artículo está escrito para que te enfades. Pero sabiendo contra quién. Porque indignarse con el culpable equivocado es la mejor manera de que nada cambie.
Hay una mujer que denunció, un testigo que la creyó y tres hombres que nunca se sentarán en un banquillo español. Hay una Fiscalía que ha pedido cambiar la ley. Y hay unos políticos que, de momento, no han dicho nada.
Esa es la historia completa. Y es bastante más grave que la del post.
Si has llegado hasta aquí, ya has hecho más que la mayoría: leer la historia entera antes de opinar. Y antes de compartir el próximo titular que te indigne, pregúntate qué no te está contando.
Una violación no deja de serlo en alta mar. Tampoco debería dejar de juzgarse.
¿Es la multiculturalidad el nuevo caballo de Troya?
Conocer otras culturas es una riqueza. Aceptarlas todas por igual, también las que niegan los derechos que tanto nos costó conquistar, es otra cosa muy distinta.
Esto es un artículo de opinión. Lo que vas a leer es lo que pienso yo, con mis argumentos y sin filtros. Puedes no estar de acuerdo, y para eso están los comentarios. Donde doy un dato, tienes la fuente al final.
¿Prefieres verlo? Te lo cuento en vídeo, arriba. Y si prefieres leerlo, sigue aquí abajo.
Si pudieras viajar a cualquier época de la historia, seguro que habría muchas que te gustaría ver. Estar ahí como testigo de lo que pasó. Ahora cambia la pregunta: ¿te quedarías a vivir allí? ¿Elegirías, por ejemplo, la Edad Media?
¿Sabes cuál era la esperanza de vida? Rondaba los 30 años al nacer, sobre todo porque morían muchísimos niños.
¿Qué derechos tenía una mujer?
¿Y un campesino, atado a la tierra de su señor y sin nada que decir sobre su propia vida?
Visitarla, sí. Quedarse a vivir, no.
Visitarla, sí. Vivir en ella, no. Y sin embargo la romantizamos, como romantizamos tantas cosas: nos dejamos llevar por la emoción sin analizar lo que hay de cierto detrás.
Como sociedad hemos ido avanzando así: quedándonos con lo bueno de cada época y dejando atrás lo que nos quitaba calidad de vida o violaba nuestros derechos. Con la multiculturalidad nos está pasando lo mismo que con la Edad Media. Nos gusta la postal, pero no miramos lo que hay detrás.
Una palabra, dos ideas
Las dos multiculturalidades
Cuando oímos "multiculturalidad", la mayoría pensamos en algo bueno. Y lo es, si hablamos de esto:
La multiculturalidad del viajero. Conocer otras lenguas, otras comidas, otra arquitectura, otros paisajes, otras formas de vivir. Casi nadie ve eso como algo negativo. De hecho, viajar es de lo que más nos gusta hacer cuando nos lo podemos permitir.
La multiculturalidad política. Es otra cosa. Es la idea de que todas las culturas son igual de buenas y deseables, y de que incluso hay que favorecer a las minoritarias por el hecho de serlo.
Misma palabra, dos ideas muy distintas.
Y aquí está la trampa. Una cosa es luchar para que no se discrimine a ninguna persona ni a ningún grupo. Otra muy distinta es usar el hecho de ser minoría para validar todo lo que ese grupo hace.
Me recuerda a cuando me dedicaba al mundo de la crianza. Cuando decía que no quería criar a mis hijos a base de amenazas, castigos o azotes, como nos criaron a mi generación, mucha gente entendía: "Entonces hacen lo que quieren". Y había que explicar que no. Que evitar lo que no querrías que usaran contigo no significa que no haya normas ni límites.
No es todo o nada.
Con las culturas pasa igual. Reconocer que la mayoría tienen cosas interesantes y atractivas no nos obliga a dar cabida a las que chocan con la nuestra. Porque hay culturas incompatibles no ya con nuestro modo de vida, sino con nuestra Constitución.
Lo que nos costó
Siglos para llegar hasta aquí
Somos cultura occidental y mediterránea, y lo que tenemos hoy no ha salido de la nada. Es conocimiento acumulado y derechos pulidos a lo largo de generaciones, muchas veces a base de sangre:
Grecia
Nos deja la idea de la democracia.
Roma
Nos deja el derecho. Nuestras leyes se inspiran todavía en el derecho romano.
1517
La Reforma protestante, en parte contra los abusos de poder de la Iglesia. Le siguen guerras de religión sangrientas: gente dispuesta a matar y a morir porque creía rendir cuentas ante Dios.
1789
La Revolución francesa y la Ilustración. Las ideas que siguen inspirando nuestra cultura.
1978
Nuestra Constitución: ninguna confesión tendrá carácter estatal. La fe pasa a ser cosa de cada uno.
Nuestra cultura sigue impregnada de cristianismo, porque es parte de lo que somos, creas o no. Pero hemos aprendido a separar la fe de la ley. Y a poner por encima de todo unos derechos que hoy damos por hechos:
El derecho a la vida.
La libertad de pensamiento, de religión y de expresión. Creer lo que quieras sin imponérselo a los demás.
La igualdad entre hombres y mujeres. No somos iguales, pero tenemos los mismos derechos.
La libertad de amar a quien quieras sin acabar en la cárcel.
Rendir cuentas si haces daño a otro. Mi libertad termina donde empieza la del prójimo.
Por eso lo digo sin rodeos: sí, creo que hay culturas moralmente superiores a otras en esto.
Prefiero vivir donde me enseñan a perdonar que donde me permiten matar al que no piensa como yo.
Ojo: hablo de prácticas e ideas, no de personas. Que una cultura sea moralmente peor en algo no da derecho a nadie a hacer daño a quien nació en ella. Pero sí me da derecho a no querer esas ideas en mi casa.
Es lo que el filósofo Karl Popper llamó la paradoja de la tolerancia: si toleramos a los intolerantes sin límite, acaban con la tolerancia. Se pueden respetar todas las opiniones, salvo la que dice que no hay que respetar a los demás.
La paradoja de la tolerancia: la puerta abierta también se puede cerrar desde dentro.El regalo envenenado
El caballo de Troya
Este verano se estrenó La Odisea, de Christopher Nolan. Y casi todo el mundo conoce el episodio más famoso de la guerra de Troya: el caballo de madera que los troyanos metieron en su ciudad como si fuera un regalo. Dentro iban los soldados que la destruyeron.
La expresión ha sobrevivido tres mil años porque describe algo que se repite: lo que entra disfrazado de regalo y acaba siendo el arma que te mata. En política tiene nombre: entrismo.
Nuestro sistema es garantista. Presume la inocencia de todo el mundo, incluso del que pillan con el cuchillo en la mano. Protege la libertad de expresión, de culto y de pensamiento. Eso es lo mejor que tenemos. Y es justo lo que el entrismo usa para entrar: nuestros propios mecanismos democráticos, para un día acabar con ellos.
Su herramienta favorita es el victimismo: "somos menos", "estamos oprimidos", "vuestros antepasados nos hicieron esto, así que nos debéis algo".
Que quede claro: no hablo de discriminación positiva. Sé lo que es y para qué sirve: corregir desigualdades históricas que todos conocemos. Hablo de otra cosa. De usar la etiqueta de víctima para colar ideas que van contra los derechos de todos.
Los datos
No es una teoría
Si crees que exagero, mira lo que dijo el propio Gobierno francés. En mayo de 2025 publicó un informe sobre los Hermanos Musulmanes y el islamismo político en Francia. Habla abiertamente de "entrismo islamista" y de un riesgo para la cohesión nacional:
139
Lugares de culto vinculados a los Hermanos Musulmanes en Francia
7%
De todos los lugares de culto musulmanes del país
280
Asociaciones en su órbita: escuelas, deporte, caridad, empleo
El informe describe una estrategia discreta y a largo plazo: entrar en escuelas, clubes, asociaciones e instituciones locales. Mi lectura es que lo que no se consiguió hace siglos por la fuerza se intenta ahora por otros medios: el número, la paciencia y nuestras propias libertades.
Nota: estas cifras son de Francia y no las extrapolo a España. La interpretación de la estrategia a largo plazo es mía. El propio informe insiste en distinguir el islamismo político del islam y de los musulmanes, y yo también.
Lo que sí necesitamos
El problema no es quien viene
Seamos claros también en esto: Europa envejece y necesita inmigrantes. Tenemos muy pocos hijos y vivimos más años. Sin relevo, no se sostienen ni las pensiones ni el cuidado de quienes ya no pueden trabajar. Aquí hay trabajo que en muchos países de origen no hay.
Y muchos inmigrantes vienen precisamente huyendo de lo que nosotros dejamos atrás:
De que les mutilen los genitales por ser niñas.
De tener que taparse porque se considera que incitan al pecado.
De ir a la cárcel, o algo peor, por su orientación sexual.
De no poder pensar, creer o hablar en libertad.
Muchos vienen huyendo justo de lo que nosotros dejamos atrás.
Esas personas son las primeras víctimas de las ideas que algunos quieren traer aquí. Por eso:
El problema no es quien viene. Es lo que algunos pretenden imponer.
Hijos y nietos
Nacidos aquí, de allí por nostalgia
Lo más inquietante no son siempre los que llegan. Son a veces sus hijos y sus nietos, nacidos aquí, que nunca han vivido en una sociedad cerrada y autocrática, y que la idealizan. Otra vez la romantización: "allí sí me entienden, allí es donde pertenezco".
Otra vez la romantización: idealizar un lugar en el que nunca se ha vivido.
Hay que reconocer el contexto, porque negarlo sería mentir:
La discriminación existe. Como especie desconfiamos del diferente. Fue lo que nos salvó la vida durante milenios, y cuesta mucho desactivarlo.
A los inmigrantes se les suelen dejar los peores trabajos, los peor pagados y los que nadie quiere.
En países como Francia se les apartó en guetos a las afueras de las ciudades. Eso no favorece la integración: deja claro quién es de aquí y quién es de segunda.
El resultado está en las noticias: una generación con pasaporte europeo que no se siente ni francesa, ni británica, ni española, y que mira con nostalgia a un lugar con leyes mucho más duras y muchos menos derechos que los que disfruta aquí.
Buenismo
Pedir perdón no salva a nadie
Frente a todo esto, ¿qué hacemos? Muchas veces, flagelarnos. Es muy de cultura cristiana: cargar con el sufrimiento ajeno, pedir perdón por lo que hicieron otros hace siglos. Pero nosotros no somos Cristo. Disculparnos eternamente no mejora la vida de nadie. Solo abre la puerta a las ideas que van contra nosotros. Es lo que te contaba en qué es el buenismo.
Disculparse eternamente no le mejora la vida a nadie.
Yo misma me lo he creído durante años: que España tenía que pedir perdón por haber llegado a América, porque allí cometimos una masacre. Claro que hubo violencia y abusos, como en toda conquista. Pero no hubo un plan de exterminio. La mayor parte de la población indígena murió por las epidemias, no por las espadas. La Corona prohibió por ley esclavizar a los indígenas y los declaró súbditos, como cualquiera nacido en Valladolid o en Granada. Otra cosa es que esas leyes se cumplieran siempre. Y hubo mestizaje: buena parte de la población de esos países desciende de esa mezcla.
¿Por qué cargamos con la culpa, entonces? Porque el relato no lo gana quien tiene razón, sino quien tiene el altavoz. Nuestros rivales de entonces construyeron la leyenda negra. Y nadie le pide a un inglés que se disculpe por la India, ni a un belga por el Congo de Leopoldo II, donde murieron millones de personas. Esto da para otro post, y lo escribiré.
La propaganda funciona igual con las causas de hoy. En manifestaciones que no tienen nada que ver, como las de la vivienda de las que te hablé en la causa de esta temporada, aparecen banderas de Palestina por todas partes. El sufrimiento de la población de Gaza es real y nadie lo niega. Pero una cosa es ese pueblo y otra Hamás. Y yo le preguntaría a quien defiende a Hamás:
¿Sabes qué derechos tienes como mujer para Hamás?
¿Sabes qué le pasa en Gaza a un homosexual?
¿De verdad defenderías para ti lo que aplaudes para otros?
Se venden como luchas humanitarias causas que, detrás, esconden ideologías antiderechos. Y quien lo señala se gana la etiqueta. Ya lo conté en fascista es siempre el otro: grito "fascista" y así me blindo. El malo es el otro y yo soy el bueno.
Ser minoría no te pone en la cima moral.
Ceuta, Melilla y Canarias
El avestruz no ve venir nada
A veces ni siquiera esconden sus intenciones. En agosto y septiembre de este año, varios ministros marroquíes han vuelto a reclamar Ceuta y Melilla en público. Uno habló de un "derecho histórico y geográfico". Otro dijo en un mitin que Rabat no retrocederá "ni un palmo". Y con Canarias, el pulso es por las aguas que rodean las islas. Si eso lo dicen en público, imagina lo que se dice en privado.
Hacer como el avestruz no hace que el problema desaparezca.
No es lo mismo que el islamismo, que quede claro. Pero ilustra la misma ingenuidad: la de creer que si no lo miramos, no pasa. Ya te hablé de Ceuta en Ceuta no tiene foto.
Hacer como el avestruz es un comportamiento infantil: me tapo los ojos y, como no lo veo, desaparece. El problema no desaparece por no afrontarlo. Al contrario: cuanto más lo ignoramos, más alas les damos a quienes trabajan para que crezca. Y, de paso, a quienes se aprovechan del miedo para señalar a todos los inmigrantes por igual.
Para terminar
Conocer, sí. Aceptarlo todo, no.
España es mezcla. Por aquí han pasado romanos, judíos, musulmanes y muchos pueblos más. Hemos paseado por Córdoba y por Granada, y miles de palabras de nuestro idioma vienen del árabe. Admiramos muchas cosas de la cultura islámica, igual que de la sefardí. Nuestra identidad es, en parte, todo lo que nos hemos quedado de cada una.
Parte de nuestra identidad es esa mezcla.
Pero también tenemos claro lo que hemos dejado atrás, y por suerte: que el hombre está por encima de la mujer, que ser homosexual es delito, o que el padre, el imán o el que manda tienen derecho a maltratar al que no piensa como ellos.
Eso no se negocia. Ni en nombre de la tolerancia, ni de la hospitalidad, ni del buenismo.
Conocer todas las culturas, sí. Aceptarlas todas, no.
Amnistía, ley de nietos, choques con el Supremo y un presidente bajo sospecha. Qué es el Tribunal Constitucional, por qué existe y por qué ahora está en boca de todos.
Me lo habéis pedido varias veces: «explícanos lo del Constitucional, que ya no entiendo nada». Y es normal. Cada semana sale en los titulares, unas veces enmendando al Supremo, otras siendo acusado de trabajar para el Gobierno, y casi nadie te cuenta lo básico: qué es, de dónde sale y quién manda ahí.
Así que vamos por partes. Sin latinajos y sin tomar partido por nadie. Y con una advertencia de inicio: para entender al Tribunal Constitucional primero hay que olvidar una idea que casi todos tenemos en la cabeza.
El Constitucional no es «el tribunal más alto de España».
Lo básico
Qué es (y qué no es)
El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Su trabajo no es juzgar delitos ni pleitos entre vecinos: es vigilar que las leyes y los poderes públicos respeten la Constitución. Y, ojo al dato: no forma parte del Poder Judicial. La Constitución lo regula en un título aparte (el IX), separado de jueces y tribunales (el VI).
Hace, sobre todo, cuatro cosas:
Recurso de inconstitucionalidad. Es la vía para pedirle que anule una ley por chocar con la Constitución. Pero no puede pedirlo cualquiera: solo el presidente del Gobierno, un grupo de al menos 50 diputados o 50 senadores (así puede hacerlo la oposición), el Defensor del Pueblo y los gobiernos y parlamentos autonómicos. Un ciudadano de a pie no puede recurrir una ley directamente.
Cuestión de inconstitucionalidad. Un juez que tiene que aplicar una ley y duda de que sea constitucional se lo pregunta antes de decidir.
Recurso de amparo. Cualquier persona que crea que le han vulnerado un derecho fundamental (igualdad, libertad, tutela judicial, voto…) puede acudir a él, pero solo después de agotar la vía de los tribunales ordinarios.
Conflictos de competencias. Arbitra cuando el Estado y una comunidad autónoma se pelean por quién manda en algo.
Un poco de historia
Por qué se creó y cuándo
La idea no es española. Es del jurista austriaco Hans Kelsen, que defendía que hacía falta un órgano especial, distinto de los jueces normales, para controlar que el Parlamento no se saltara la Constitución. Tras las dictaduras del siglo XX, buena parte de Europa adoptó el modelo como vacuna contra el abuso de poder.
1920
Austria crea el primer tribunal constitucional europeo, inspirado por Kelsen.
1931
La Segunda República española crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, el antecedente directo. La guerra y el franquismo acaban con él.
1978
La Constitución recupera la idea: un tribunal que garantice que la democracia no se deshace por la puerta de atrás.
1979-1980
Se aprueba su ley orgánica (la LOTC) y el tribunal se constituye en 1980.
2007
Colapsado por miles de amparos, se reforma: desde entonces solo admite los que tengan «especial trascendencia constitucional».
2010
Su sentencia sobre el Estatut catalán marca el inicio de una década en la que el tribunal pasa a estar en el centro de la política.
Quién manda ahí
Cómo se elige a los magistrados
12
Magistrados en el Pleno
9
Años de mandato, sin reelección
3/5
Mayoría que exige el Parlamento para elegir a los suyos
Aquí está la clave de casi todas las polémicas. Los doce magistrados no llegan por oposición. Los proponen:
4 el Congreso y 4 el Senado, por mayoría de tres quintos.
2 el Gobierno.
2 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tienen que ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio. Se renuevan por tercios cada tres años y eligen entre ellos a su presidente por tres años.
La mayoría de tres quintos se pensó para obligar a pactar nombres de consenso. En la práctica, PSOE y PP se reparten los cupos y cada uno propone a «los suyos». De ahí que los medios hablemos de magistrados «progresistas» y «conservadores» y que se cuente quién tiene la mayoría. Hoy la tiene el bloque progresista. Durante años la tuvo el conservador. Y las renovaciones se han bloqueado una y otra vez, según a quién le conviniera esperar.
La pirámide
Cómo funciona la justicia en España
Para entender el choque entre el Constitucional y el Supremo hay que ver primero la escalera.
El Tribunal Constitucional no corona la pirámide: está al lado.
De abajo arriba:
Juzgados. Primera instancia, instrucción, de lo penal, de lo social, de lo contencioso… Es donde empieza casi todo.
Audiencias Provinciales. Revisan lo que deciden los juzgados y juzgan delitos más graves.
Tribunales Superiores de Justicia. Uno por cada comunidad autónoma.
Audiencia Nacional. Para asuntos que afectan a toda España: terrorismo, grandes fraudes, crimen organizado.
Tribunal Supremo. La cima del Poder Judicial, con cinco salas: civil (1.ª), penal (2.ª), contencioso-administrativo (3.ª), social (4.ª) y militar (5.ª). La Constitución dice que es el órgano superior «salvo en materia de garantías constitucionales».
Esa última coletilla es el origen de todo el lío. Porque fuera de la escalera hay más actores:
El Tribunal Constitucional. No es un escalón más: está al lado, y solo entra cuando hay en juego la Constitución o un derecho fundamental.
El Tribunal de Justicia de la UE (Luxemburgo), que interpreta el derecho europeo y obliga a todos los jueces españoles.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo), que vigila el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El CGPJ, que no juzga: es el órgano de gobierno de los jueces (nombramientos, ascensos, sanciones).
El Constitucional no es el último escalón de la escalera. Es quien vigila que la escalera no se salte la Constitución.
Por qué ahora
La amnistía: el gran pulso
La ley de amnistía del procés llevó al Constitucional al centro del ring. Esta es la secuencia:
Junio 2024
Se aprueba la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para Cataluña.
2024-2025
El Supremo se niega a amnistiar la malversación de Puigdemont y otros líderes del procés: entiende que hubo beneficio personal, una de las excepciones de la ley.
2025-2026
El Constitucional avala la ley en sus sentencias, con votos particulares en contra del bloque conservador. Deja los amparos de los líderes del procés a la espera de Europa.
16 jul 2026
El TJUE concluye que la amnistía es compatible con el derecho europeo. Ojo: solo con el derecho europeo. Lo explico justo debajo.
6 oct 2026
El Constitucional, por mayoría progresista, da el amparo a Dolors Bassa y Jordi Turull: ordena al Supremo aplicar la amnistía a la malversación.
19 oct 2026
El juez del Supremo Pablo Llarena aplica la amnistía a Puigdemont y retira las órdenes de detención en España, aunque deja por escrito que sigue sin compartir el razonamiento del Constitucional.
«Europa avala la amnistía» es cierto, pero solo en el examen de derecho europeo.
Fíjate en el detalle: el Supremo cumple, pero dejando constancia de que discrepa. Eso es justo lo que hace saltar el debate del que hablaremos en un momento.
Por qué ahora (II)
La ley de nietos y el voto del 29-N
Hoy se cumplen exactamente cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática (21 de octubre de 2022). Una parte de ella, conocida como «ley de nietos», permite obtener la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que se exiliaron por la guerra y el franquismo, sin necesidad de vivir en España.
Qué ha pasado. A petición de Vox y de la asociación Iustitia Europa, la Sala Tercera del Supremo ha suspendido de forma cautelar el voto de los nacionalizados por esta vía para las elecciones generales del 29 de noviembre, salvo que se acredite que sus ascendientes fueron exiliados.
A cuántos afecta. A 163.020 personas.
Por qué. El Supremo invoca el interés general y la limpieza del censo electoral mientras estudia el fondo del asunto.
Quién se queja. El Gobierno lo critica abiertamente. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recurrido en amparo al Constitucional y pide medidas urgentes para que puedan votar.
Qué dice la oposición. El PP confía en que el Constitucional no enmiende al Supremo.
Actualización, 21 de octubre: el Pleno del Constitucional ha inadmitido el recurso por 10 votos a 2. Lo considera prematuro, porque el caso sigue abierto en el Supremo, que ha dado plazo a los afectados para alegar. Esta vez no se ha votado por bloques: solo dos magistrados progresistas, Ramón Sáez y Juan Carlos Campo, querían admitirlo.
La pregunta incómoda
¿Una tercera instancia contra el Supremo?
Esta es la gran discusión de fondo. El recurso de amparo nació para proteger derechos fundamentales, no para revisar si los jueces interpretan bien las leyes. Eso es tarea del Supremo. La pregunta es si el Constitucional se está saltando esa frontera.
Lo que dicen los críticos:
En la sentencia de la amnistía, el Constitucional no se limitó a anular y devolver: le dijo al Supremo qué resultado debía dictar.
Los magistrados conservadores le acusan en sus votos particulares de asumir un «indebido rol de intérprete de la legalidad ordinaria».
Varios juristas sostienen que el amparo se está convirtiendo, de hecho, en una tercera instancia, y hay quien propone llevar el control constitucional a una sala del propio Supremo.
Lo que responden sus defensores:
La Constitución deja claro que el Supremo es el superior «salvo en garantías constitucionales»: en derechos fundamentales, la última palabra es del Constitucional.
El TJUE también concluyó que la amnistía encaja en el derecho europeo, así que el Constitucional no estaba solo en su lectura.
En la ley de nietos, el tribunal se ha frenado porque la vía ordinaria no se ha agotado: rechazó el recurso del Defensor del Pueblo por prematuro.
Y un dato para quitarle dramatismo (o ponérselo): los choques entre ambos tribunales no son nuevos. Ya en los noventa hubo una sonada «guerra de tribunales» por un caso sobre la intimidad de Isabel Preysler, y en 2004 el Supremo llegó a condenar a once magistrados del Constitucional a pagar una indemnización. Lo nuevo es que hoy el choque tiene Puigdemont, elecciones y Gobierno de por medio.
La voz de la toga
¿Y qué dicen los propios jueces?
Los jueces no pueden afiliarse a partidos ni a sindicatos (lo prohíbe la Constitución), así que su única forma de organizarse son las asociaciones profesionales. En España hay cuatro, y la afiliación es voluntaria: muchos jueces no están en ninguna. Conviene conocerlas para saber quién habla:
Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La mayoritaria, de perfil conservador.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). La progresista, de la que Conde-Pumpido fue portavoz.
Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). La segunda en número de miembros. Se presenta como defensora de la independencia y la neutralidad política.
Foro Judicial Independiente (FJI). Nació precisamente para no estar adscrita a ningún bloque.
Las dos «de en medio», la Francisco de Vitoria y el Foro, son las que mejor responden a tu pregunta. Esto es lo que han dicho:
Respetan, pero no comparten. Tras la sentencia europea, ambas mostraron respeto, pero recordaron que Luxemburgo no resolvió si la amnistía respeta la igualdad ante la ley de la Constitución española.
Marcan la línea roja. La Francisco de Vitoria advirtió de que el Constitucional en ningún caso puede actuar como un tribunal de casación por encima del Supremo, sustituyendo su criterio al aplicar el derecho penal.
Acatar no es aplaudir. El presidente del Foro, Roberto García Ceniceros, ha dejado claro que asume y acata la doctrina del Constitucional, aunque no la comparta.
Un recordatorio incómodo. Ya en 2022, el Foro recordaba que el Constitucional no es Poder Judicial, aunque muchos lo olviden.
Al otro lado, Juezas y Jueces para la Democracia defiende la plena constitucionalidad de la ley de amnistía.
Y el choque ya no es solo de asociaciones:
Dentro del propio Constitucional, cinco magistrados firmaron un voto discrepante en la sentencia de la malversación. Acusan a la mayoría de suplantar al Supremo, y de forma reiterada.
La Sala Penal del Supremo aprovechó el auto con el que amnistiaba a Bassa, cumpliendo la orden, para responder punto por punto, en doce folios, a los reproches del Constitucional.
Una cosa sí une a las cuatro asociaciones, progresistas incluidas. En noviembre de 2023 firmaron un comunicado conjunto contra el pacto PSOE-Junts. Les preocupaba la idea de investigar a jueces por «lawfare» desde el Congreso, porque lo veían como una quiebra de la separación de poderes.
Ojo con un matiz: la Francisco de Vitoria y el Foro no son «neutrales» en este asunto concreto. Ambas se opusieron a la ley de amnistía desde el principio por considerar que vulnera la igualdad. Que no estén alineadas con un partido no significa que no tengan posición.
¿Y Europa? La Comisión Europea lleva años avisando a España en sus informes sobre el Estado de derecho. Le reprocha el bloqueo en la renovación de los órganos judiciales y le pide acercarse a los estándares europeos: que sean los propios jueces quienes elijan a una parte de su órgano de gobierno. Es decir, menos partidos y más carrera judicial.
¿Debe un tribunal elegido por cuotas de partido tener la última palabra sobre decisiones de jueces de carrera?
Si el Supremo discrepa por escrito de lo que le obligan a aplicar, ¿es independencia o desobediencia con buenos modales?
¿Diríamos lo mismo del Constitucional si la mayoría fuera la contraria?
El presidente
Conde-Pumpido y el Gobierno
Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) preside el Constitucional desde enero de 2023. Su trayectoria explica tanto a sus críticos como a sus defensores:
Juez de carrera desde 1974 y magistrado de la Sala Penal del Supremo desde 1995.
Fiscal General del Estado entre 2004 y 2011, con el Gobierno de Zapatero. Es quien más tiempo ha ocupado ese cargo.
Fue portavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.
En 2014 aspiró a presidir la Sala Penal del Supremo; el CGPJ, de mayoría conservadora, eligió a Manuel Marchena, quien luego presidió el juicio del procés.
Llegó a la presidencia del Constitucional como el candidato que prefería el Gobierno de Sánchez, según publicó la prensa entonces.
Por qué le critican. El PP y Vox le acusan de afinidad con el Gobierno. Le recuerdan una frase de 2006, en plena tregua de ETA, sobre que los fiscales debían «mancharse las togas con el polvo del camino», y sus votos favorables al Ejecutivo en asuntos como el estado de alarma o la amnistía. Fue el ponente de la sentencia que obligó al Supremo a amnistiar la malversación.
Por qué le defienden. Sus partidarios subrayan una larga trayectoria técnica y sostienen que esa frase lleva años sacada de contexto. Y apuntan otro dato: el recurso de la ley de nietos se ha rechazado por 10 votos a 2, con el suyo entre los diez, y no es precisamente lo que quería el Gobierno.
Mi lectura: que el presidente del Constitucional haya sido Fiscal General de un Gobierno del mismo signo que el actual es, como mínimo, una mala foto institucional. Pero sería igual de mala foto con cualquier otro partido. El problema no es una persona: es un sistema que permite que los partidos elijan a quien les va a juzgar las leyes.
Para terminar
Guardián, no perro guardián.
El Constitucional se creó para algo muy valioso: que ninguna mayoría, por grande que sea, pueda saltarse la Constitución. Esa función sigue siendo imprescindible.
Pero hay una diferencia enorme entre un guardián y un perro guardián. El guardián protege la casa de todos. El perro guardián defiende a quien le da de comer y le ladra al resto. Hoy, la mitad de España piensa que el Constitucional ladra al dictado del Gobierno y la otra mitad piensa lo mismo del Supremo, pero al revés. Cuando cada uno solo se fía del guardián que le da la razón, el que se queda sin protección es el ciudadano.
Mientras PSOE y PP sigan eligiendo a los magistrados por cuotas, cada sentencia se leerá como un ladrido a favor de su dueño. Y eso no lo arregla ningún magistrado: lo arregla cambiar quién los elige.
La Constitución necesita un guardián, sí. Un guardián sin amo.
Nadie se sienta a jugar una partida para cambiar las reglas cuando va perdiendo. En política, cada vez más gente lo intenta. Y algunos, con fuego.
El ayuntamiento de Limoges se inauguró en 1883. Sobrevivió a dos guerras mundiales. El 17 de octubre de 2026 no sobrevivió a una protesta contra el coste de la vida: lo incendiaron y se derrumbó la torre del reloj. El prefecto lo da por «en gran parte perdido».
Ese mismo sábado salieron a la calle en Francia entre 550.000 y 800.000 personas. La inmensa mayoría protestó en paz, con razones que se entienden: institutos sin profesores, clases de 35 alumnos, alquileres imposibles. Unos cientos decidieron que su causa les daba derecho a quemar, saquear y destrozar lo que es de todos.
Y aquí, en España, hay quien lo mira con envidia. De eso va este artículo: de por qué hay gente que cree que la democracia solo vale cuando gana su lado.
+2.500
Detenidos en Francia desde el 17 de octubre
997
Policías y gendarmes heridos, siete de ellos graves
+3.000
Comercios saqueados, incendiados o destrozados
El origen
Qué es (y qué no es) la democracia
La palabra nace en Atenas hacia el 508 a. C., con las reformas de Clístenes: demos, pueblo; kratos, poder. Pero aquel «pueblo» era muy estrecho. Votaban solo los varones ciudadanos. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros residentes se quedaban fuera.
Veinticinco siglos después, la democracia moderna se apoya en tres patas, y ninguna funciona sin las otras:
Decide la mayoría. Se vota, se cuenta y gana quien suma más.
Con límites. La mayoría no puede quitarle a la minoría sus derechos básicos. Para eso están la Constitución y la separación de poderes, que ya expliqué en «Fiscalizar al poder no es elegir bando».
Y aceptando perder. Esta es la pata que más se olvida. El filósofo Karl Popper lo resumió así: la democracia es el sistema que permite echar a un gobierno sin derramar sangre. La contrapartida es que, si te echan a ti, te vas en paz y lo intentas en las siguientes elecciones.
En España las reglas están escritas. La Constitución de 1978 protege el derecho de huelga (art. 28) y la libertad de expresión (art. 20). Y el artículo 21 deja claro cómo se ejerce el derecho a salir a la calle:
«Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas». Artículo 21 · Constitución Española
Pacífica y sin armas. Ahí está la frontera exacta.
Nuestro sistema, además, es generoso: no prohíbe ideas, solo conductas. Es lo que los juristas llaman una democracia «no militante». Puedes defender lo que quieras, incluso cambiar la Constitución entera. La Ley de Partidos solo permite ilegalizar a un partido por apoyar la violencia o el terrorismo, no por su ideología. Así se ilegalizó Batasuna en 2003, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo avaló.
La democracia no consiste en ganar. Consiste en saber perder.
La tesis
Las reglas no se cambian a mitad de partida
Lo que percibo, en general, es esto. Nos sentamos todos a jugar con unas reglas: se vota cada cuatro años, gana quien reúne la mayoría y quien pierde hace oposición. Mientras vamos ganando, las reglas nos parecen justas. Cuando vamos perdiendo, de repente están amañadas.
Si gana mi partido, «el pueblo ha hablado».
Si gana el otro, «la democracia está secuestrada».
Si la calle me da la razón, «la calle es del pueblo».
Si la calle se llena contra mí, «son cuatro ultras manipulados».
Eso no es defender la democracia. Es usarla mientras te conviene.
Cuando vas perdiendo, no se tira el tablero.Seamos honestos
Un sistema imperfecto
Que quede claro: la democracia no es un sistema perfecto. Yo siempre la he llamado «la tiranía de la mayoría», una expresión que popularizó Alexis de Tocqueville en el siglo XIX.
Y sé muy bien de lo que hablo, porque he estado en minoría casi siempre. Fui una niña que practicaba una religión diferente en un país en el que todavía se rezaba el Padrenuestro al entrar en clase. Ahí se aprende pronto que la mayoría no siempre tiene razón. Y también que lo que te protege cuando eres minoría no es la calle: son las reglas que obligan a la mayoría a respetarte.
Así que sí, el sistema tiene defectos que se ven a simple vista.
Se puede gobernar sin ganar. En julio de 2023 el PP fue el partido más votado, con 137 escaños frente a 121 del PSOE. Gobernó el PSOE, sumando apoyos de partidos con ideologías opuestas entre sí. Es lo que Rubalcaba bautizó en 2016 como «gobierno Frankenstein»: un cuerpo hecho con trozos de muchos cuerpos.
Se puede pactar con quien juraste no pactar.
Bildu. En 2015, Pedro Sánchez lo dejó clarísimo: con Bildu no iban a pactar, y se ofreció a repetirlo «cinco veces o veinte». Lo repitió durante años. En 2023, Bildu votó su investidura y hoy es uno de sus socios habituales.
Podemos. En 2019 dijo que no podría dormir tranquilo con ministros de Podemos en su Gobierno. Dos meses después firmaba la coalición con ellos.
Puigdemont. En el debate electoral del 4 de noviembre de 2019, Sánchez se comprometió «hoy y aquí» a traer a Puigdemont de vuelta a España para que rindiera cuentas ante la justicia. Cuatro años después, necesitó los siete votos de Junts para seguir en la Moncloa, y lo que llegó no fue el juicio: fue la amnistía.
Hay quien cuestiona el voto universal. Algunos pensadores, como el estadounidense Jason Brennan en Contra la democracia, proponen que vote solo quien demuestre ciertos conocimientos. Es la vieja idea ateniense con otro traje: votar como privilegio, no como derecho. En España las mujeres no pudieron votar hasta la Constitución de 1931, gracias a Clara Campoamor. Costó mucho llegar a «un ciudadano, un voto» como para regalarlo, aunque eso signifique permitir votar a quien lo hace con nulo criterio político. Una vez más: es mejor otorgar un derecho de más que de menos.
Piezas que no casan, cosidas a toda prisa para que el conjunto se sostenga en pie.
Un apunte: el gobierno Frankenstein se pudo formar legalmente porque nuestra Constitución lo permite. España es una democracia parlamentaria, y el artículo 99 establece que gobierna quien reúne la mayoría del Congreso, no quien queda primero. Nos puede gustar más o menos. Nos puede parecer incoherente, incluso inmoral, después de haber jurado no hacerlo. Pero esas eran las reglas cuando todos nos sentamos a jugar.
Legal es. Otra cosa es que sea éticamente lícito.
Y por eso tampoco valían las concentraciones violentas ante la sede del PSOE en la calle Ferraz en noviembre de 2023. La regla vale igual para todos los bandos.
Se puede debatir cómo mejorar el sistema. Lo que no vale es descubrir sus defectos solo cuando pierdes.
Francia, octubre de 2026
Quién quema y quién paga
Las protestas francesas empezaron el 18 de septiembre en los institutos de Créteil, a las afueras de París. Los estudiantes denunciaban falta de profesores, aulas abarrotadas, edificios cayéndose y clases a 40 grados durante las olas de calor. El 17 de octubre se sumaron chalecos amarillos, sindicatos y agricultores. Y la protesta se desbordó.
Quién estaba detrás de la violencia. El Gobierno francés habla de una «nebulosa muy organizada» de extrema izquierda. El primer ministro, Sébastien Lecornu, describió un patrón inédito: de día actuó la ultraizquierda, y por la noche, la delincuencia común. La táctica más repetida fue la de los black blocs, grupos vestidos de negro y encapuchados que rompen y desaparecen.
Lo que se destrozó. Al menos 3.000 comercios, según el Gobierno francés, con daños de cientos de millones de euros. El ayuntamiento de Limoges, ardiendo. En Lyon arrancaron la estatua del chef Paul Bocuse. En Marsella, unos encapuchados derribaron un busto de Marianne, el símbolo de la República. El alcalde de París habló de calles enteras «metódicamente arrasadas».
Quién lo pagó. Las tiendas de barrio: supermercados de proximidad y tiendas de telefonía, muchas de ellas franquicias de autónomos. No el «sistema». El vecino que levanta la persiana cada mañana.
El matiz. Hay investigadores franceses que piden no atribuirlo todo a la ultraizquierda, porque informes parlamentarios anteriores también detectaron grupos de ultraderecha en la violencia urbana. Y la extrema derecha de Bardella ya pide declarar terroristas a los antifascistas. Cada bando culpa al otro mientras la calle arde.
Actualización (20 de octubre): no ha habido víctimas mortales. Hay toques de queda nocturnos para menores en barrios de Marsella, Niza, Burdeos, París y Lyon, y en zonas de Lille. Los juicios rápidos ya han empezado y 149 detenidos siguen en prisión provisional, según el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitió una «pérdida de control» en algunas ciudades y presentó su dimisión, que Macron rechazó. Hay nuevas protestas convocadas para el sábado 24.
Macron lo dijo en una frase: «Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa». En eso, por una vez, debería estar de acuerdo todo el mundo.
Mientras tanto, en España
«No habrá paz» y otras frases
Seamos justos: ninguna de estas frases llama a quemar nada. La huelga y la manifestación son derechos. Pero léelas juntas y fíjate en lo que tienen en común:
Manuela Bergerot (Más Madrid), a Ayuso en la Asamblea de Madrid, tras el desahucio y la muerte de Maricarmen: «En las calles de Madrid no va a haber paz». El PP la denunció. Ella dice que no amenazaba, que solo describía lo que hay en la calle, y que no se arrepiente.
Irene Montero (Podemos): tenemos una «democracia secuestrada» por rentistas y especuladores, y hay que liberarla «paralizando el país con una huelga general».
Ione Belarra (Podemos): «Estar en el Gobierno no es tener el poder». Y sin gente en la calle, sin huelgas, «tampoco podremos cambiar las cosas».
Mar Espinar (PSOE de Madrid), defendiendo la acampada de Sol: «La gente tiene derecho a tomar las calles. Las calles, aunque el PP no lo entienda, les pertenecen a ellos».
Pepe Álvarez (UGT), sobre la huelga general del 11 de noviembre: «Quiero que las calles de mi país revienten de personas».
El hilo común no es la violencia. Es otro, más sutil: el poder de verdad está en la calle, no en las urnas. La democracia está «secuestrada». Gobernar «no es tener el poder». Las calles «les pertenecen».
Y aquí viene el dato que lo cambia todo: hay elecciones generales el 29 de noviembre. La huelga es el día 11. Dentro de unas semanas, cada español podrá decidir con su voto qué Gobierno quiere. ¿Por qué hablar de democracia secuestrada justo cuando está a punto de votar todo el país?
Y luego está quien ya no habla de calles llenas, sino del fuego. Laura Arroyo, analista de Canal Red, el medio de Pablo Iglesias, escribió sobre Francia en su sección «El Cierre», publicada el 20 de octubre:
«El poder lo llama violencia, nosotros lo llamamos revolución».
En la misma pieza, Francia es «una antesala», «un anuncio», «una alarma». Critica la actuación policial y pregunta «¿quién es el violento?». Y en ese «nosotros lo llamamos revolución» caben también el ayuntamiento quemado y los miles de comercios saqueados. Cuando quemar una ciudad pasa a llamarse revolución, ya no estamos hablando de protestar. Estamos romantizando la violencia.
Las calles son de todos. Por eso nadie tiene derecho a quemarlas.
Gratitud selectiva
Bardem da las gracias
Ese mismo fin de semana, en el Festival de Cine de Roma, le preguntaron a Javier Bardem qué mensaje mandaba a los jóvenes que protestan en Sol, en Francia y en Italia. Respondió:
«Más que mensaje, mando gratitud».
Dijo que esos jóvenes desmontan el mantra de una juventud que no piensa, que sus movilizaciones son un ejemplo de vitalidad y esperanza, y que los mayores tenemos que apoyarlas «como sea», «de todas las maneras posibles». Cuando le preguntaron si lo de Sol había contagiado a otros países, contestó: «Claro que sí», y citó Francia e Italia.
No agradeció los incendios, eso hay que decirlo. Pero tampoco dedicó una sola palabra a la violencia. Ni al ayuntamiento de Limoges, ni a los comercios saqueados, ni a los cientos de agentes heridos.
Bardem mandó gratitud. A Limoges no le mandó nada.
Y hay un detalle revelador. En la misma respuesta, Bardem habló de los jóvenes que, según él, están adoctrinados por los peores ideales. O sea: movilización sí, si es la mía. Exactamente lo mismo que «democracia sí, si gano yo».
La historia
Cuando las urnas no gustaron
Esto no es nuevo y no es de un solo bando. La historia está llena de gente que aceptó las reglas hasta el día en que perdió:
1934 · España
La CEDA, de derechas, había ganado las elecciones de 1933. Cuando entró en el Gobierno, el PSOE y la UGT lanzaron una huelga revolucionaria. En Asturias hubo más de un millar de muertos, y Companys proclamó el «Estado Catalán». La izquierda no aceptó el resultado de las urnas.
1936 · España
El Frente Popular ganó las elecciones de febrero. En julio, un golpe militar abrió la Guerra Civil. La derecha no aceptó el resultado de las urnas.
1973 · Chile
Salvador Allende había ganado las elecciones. Pinochet lo derrocó con un golpe de Estado.
1981 · España
El 23-F, Tejero asaltó el Congreso en plena votación de investidura de un presidente.
1992 · Argelia
El ejército anuló unas elecciones que iban a ganar los islamistas. Siguió una guerra civil.
2017 · Cataluña
Un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional, y una declaración unilateral de independencia. Saltarse las reglas comunes porque las de todos no daban el resultado deseado.
2018 · Andalucía
La noche en que Vox entró en el Parlamento andaluz, Pablo Iglesias proclamó la «alerta antifascista». Hubo concentraciones contra el resultado, algunas violentas. Él mismo reconoció después que fue un error.
2021 · Estados Unidos
Asalto al Capitolio para impedir que se certificara la victoria de Biden.
2023 · Brasil y España
En Brasilia, los seguidores de Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes tras la victoria de Lula. En Madrid, las concentraciones contra la amnistía ante la sede del PSOE en Ferraz acabaron en disturbios.
2026 · Francia
Medio millón de personas protesta en paz. Unos cientos queman un ayuntamiento centenario.
El historiador y diplomático Salvador de Madariaga dejó escrita una idea que conviene recordar: con la rebelión de 1934, la izquierda perdió la autoridad moral para condenar la de 1936. Quien rompe las reglas cuando pierde le regala al otro la excusa para romperlas también.
¿Aceptarías el resultado de unas elecciones si gana el partido que más detestas?
¿Te parece igual de grave quemar una calle por una causa con la que estás de acuerdo que por una que odias?
¿Quién paga el escaparate roto: el «sistema» o el vecino que abre la tienda cada mañana?
Si las reglas te parecían justas cuando ganabas, ¿qué ha cambiado ahora, las reglas o el marcador?
Nota: las palabras de Javier Bardem proceden del vídeo de sus declaraciones en la Fiesta del Cine de Roma, recogidas también por varios medios. Las cifras se han actualizado el 20 de octubre: detenidos según el ministro de Justicia, Gérald Darmanin; heridos según el balance del Ministerio del Interior del domingo 18 (otros recuentos oficiales dan cifras menores, en torno a 600); comercios según el Gobierno francés, sin balance definitivo de daños.
Para terminar
Las reglas son para todos
Protestar es un derecho. Hacer huelga es un derecho. Llenar las calles de gente es un derecho. Pensar que el sistema es mejorable, también: yo lo pienso.
Lo que no es un derecho es quemar lo que es de otros. Ni llamar «secuestrada» a la democracia justo cuando no te da la razón. Ni descubrir que las reglas son injustas el día en que el marcador te va en contra.
Si quieres cambiar las reglas, adelante: hay un camino para eso, y se llama urnas, mayorías y reformas. Ese camino es lento, frustrante y a veces te toca perder. Precisamente por eso funciona.
Si te sientas a jugar, juegas hasta el final. Aunque vayas perdiendo.
Con la vivienda quemada, la precampaña ha sacado la carta que nunca falla: el miedo a perder la paga. Pero las pensiones no se discuten, se esquivan. Basta una frase de más para perder unas elecciones, y el PP lo acaba de comprobar otra vez.
En Causas de temporada conté que las causas políticas tienen fecha de caducidad: se defienden a muerte mientras dan votos y se cambian cuando empiezan a dar problemas. La vivienda era la bandera de esta campaña hasta que la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dimitió el 16 de octubre por los pisos de alquiler de su pareja. Con esa bandera manchada, toca otra. Y en la recámara siempre hay una que funciona: las pensiones en campaña electoral.
No es casualidad. Es aritmética. Y conviene separar el ruido de los datos antes de que nos lo mezclen todo hasta el 29 de noviembre.
¿Prefieres verlo? Te lo cuento en vídeo
1 · La situación real
Cuántos son y cuánto cobran
10,5M
Pensiones contributivas pagadas en septiembre de 2026, a más de 9,5 millones de personas
1.374€
Pensión media del sistema (todas las clases). La de jubilación: 1.576 €
1 de 4
Electores, aproximadamente, cobra una pensión contributiva (9,5 M sobre 38,7 M de censo)
La Seguridad Social paga cada mes una nómina de 14.498 millones de euros. Pero la media engaña, porque mezcla al jubilado de la minería del carbón con la viuda que nunca cotizó por su cuenta. Mejor mirarlo así:
Media. 1.374,6 € al mes en todas las pensiones; 1.576,1 € en jubilación; 976,3 € en viudedad. En 14 pagas y en bruto.
Mediana. La Seguridad Social no la publica, pero los tramos lo dejan claro: cuatro de cada diez pensiones de jubilación no pasan de 1.000 €. La pensión «del medio» está muy por debajo de la media: unos pocos cobrando mucho tiran del promedio hacia arriba.
Moda. El tramo donde más jubilados se concentran es el de 800 a 900 € al mes. Entre las mujeres jubiladas, casi una de cada cuatro cobra entre 800 y 1.050 €.
El otro extremo. Más de 1,8 millones de jubilados cobran 2.000 € o más, y la pensión máxima está en 3.359,60 € al mes en 2026.
Es decir: hay dos países de pensionistas. Uno, sobre todo de mujeres y de carreras cortas, que vive con menos que el salario mínimo. Otro, el de los boomers con carreras largas y bases altas, que se jubila ya con pensiones que muchos trabajadores en activo no cobran de sueldo. Las dos realidades son ciertas a la vez, y cada partido enseña la que le conviene.
¿Está blindada la subida?
El IPC: ley, no Constitución
La revalorización con el IPC está en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. La impulsó el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, con José Luis Escrivá de ministro, siguiendo la recomendación del Pacto de Toledo. Desde entonces, las pensiones suben cada enero según la inflación media de los doce meses anteriores, y nunca bajan aunque el IPC sea negativo.
El PP votó en contra de esa ley en 2021 (presentó incluso una enmienda a la totalidad, que fue rechazada).
«Blindada» es mucho decir. Es una ley ordinaria: cualquier mayoría en el Congreso puede cambiarla.
Y sin Presupuestos, cada año es una pelea. Con las cuentas prorrogadas desde 2023, la subida de cada enero necesita un real decreto-ley. En febrero de 2026, el Gobierno metió la subida en un decreto con otras medidas, el PP se negó a votar «pensionistas como rehenes» y al final hubo que separarlo. La subida del 2,7% para 2026 salió adelante con un único voto en contra: el de Vox.
La hemeroteca
Lo que hizo Rajoy cuando llegó
El PP llegó al Gobierno a finales de 2011 presentándose como el partido que protegía a los pensionistas, después de que Zapatero congelara las pensiones ese mismo año (salvo las mínimas y las no contributivas). Esto es lo que pasó después:
2011
Zapatero congela las pensiones. La «hucha» (Fondo de Reserva) alcanza su máximo: 66.815 millones.
2012
Rajoy las sube un 1% con un IPC de noviembre del 2,9%, y no compensa la diferencia, como marcaba la ley. Solo las mínimas suben con la inflación. Empieza a tirar de la hucha.
2013
Nueva subida del 1% (2% para las de menos de 1.000 €). El Gobierno cambia la ley: desvincula las pensiones del IPC y crea un índice con suelo del 0,25% y un factor de sostenibilidad.
2014-2018
0,25% cada año, suba lo que suba la vida. En 2018, el PNV le arranca a Rajoy un 1,6% a cambio de apoyar los Presupuestos. Cuando Sánchez llega al Gobierno, en la hucha quedan unos 3.000 millones.
2021
Ley 21/2021: vuelve el IPC. El PP vota en contra.
2023
Feijóo asegura en TVE que el PP siempre subió las pensiones con el IPC. La entrevistadora le corrige en directo y tiene que rectificar.
Para ser justos: en 2012 España estaba al borde del rescate y la Seguridad Social ya tenía déficit. Usar la hucha era precisamente para lo que se creó. Pero el dato no cambia: con Rajoy, la mayoría de los años las pensiones subieron menos que los precios. Como reconoció el propio Borja Sémper en 2023: el PP siempre las revalorizó, «no siempre con el IPC».
2 · El gancho electoral
Vota al que te asegure la paga
Con uno de cada cuatro votantes cobrando una pensión, y muchos más a pocos años de cobrarla, nadie con aspiraciones de gobernar puede permitirse dudar en público. Y en una semana de octubre se han dicho más cosas de las que convenía:
Vox: su responsable económico, José María Figaredo, dijo que el sistema es «un zombi» y está quebrado, y defiende un modelo mixto con capitalización individual, es decir, que parte de tu pensión dependa de lo que hayas ahorrado y de cómo le vaya a la bolsa.
PP: su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, dijo en un pódcast para jóvenes: «El sistema, como está en estos momentos, va a colapsar». Y lo explicó así: «Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión». Habló de la llegada de los boomers con pensiones altas y de cambiar el modelo «con valentía». Sin decir qué cambio.
Feijóo, al día siguiente: las pensiones son «innegociables», subirán con el IPC y el sistema público no se cuestiona. El PP recuerda, además, que registró en 2025 una proposición de ley para que la subida con el IPC sea automática.
PSOE y Gobierno: «ya se oye la motosierra», tranquilidad a los pensionistas y la promesa de aprobar la subida antes de fin de año… sin aclarar si será antes o después del 29N.
Del pódcast a los micrófonos
De «va a colapsar» a «está garantizado»
Dos días después, el 16 de octubre, la misma Ester Muñoz respondía así a los periodistas:
«Como no les ha funcionado la vivienda, quieren que estemos todo el día hablando de algo que todo el mundo sabe que está garantizado, que son las pensiones».
Lo interesante de esta frase es que confirma la tesis de este post: la vivienda se quemó y había que cambiar de causa. Lo dice el PP del PSOE. Pero el argumento tiene trampas que conviene ver una a una:
El martes el sistema «va a colapsar»; el jueves está «completamente garantizado». Las dos cosas no pueden ser verdad a la vez, y la diferencia entre una y otra es el público: jóvenes en un pódcast o cámaras de televisión en precampaña.
«Las cosas están garantizadas por ley», dijo también. Esa ley es la 21/2021, la que ata las pensiones al IPC. El PP votó en contra. Hoy la usa como garantía.
«Garantizadas para las personas que lo están cobrando ahora». Fíjate en el matiz: la garantía es para los pensionistas actuales. Para los futuros, la promesa es que el PP hará el sistema «sostenible». Sin decir cómo. Y «sostenible», en boca de cualquier partido, significa tocar alguna de las palancas que nadie quiere nombrar.
Quien sacó el tema no fue el Gobierno. Fueron Figaredo, de Vox, y la propia Muñoz en el pódcast. El PSOE solo recogió el regalo.
Entre el pódcast y esas declaraciones, el 15 de octubre, en RTVE, le tocó apagar el fuego a Borja Sémper, el mismo que en 2023 reconoció que el PP no siempre subió las pensiones con el IPC. Repitió que el sistema es «innegociable», «punto», y ante la insistencia del periodista cerró así:
«No va a cambiar el sistema actual. Las pensiones están garantizadas».
Contradice a su propia portavoz. Muñoz decía un día antes que el modelo se debe cambiar. Sémper, que «no va a cambiar el sistema actual». Las dos cosas no pueden ser el programa del PP a la vez.
El mensaje va dirigido a Vox. Sémper dijo que el PP no se va a sentar «con nadie» a negociar el cuestionamiento del sistema público. Ese «nadie» tiene nombre: el único partido que lo cuestiona es Vox, su socio en varios gobiernos autonómicos y su posible socio después del 29N.
Pidió que nadie use las pensiones «para meter miedo». Lo dijo un día después de que su portavoz anunciara en un pódcast que el sistema «va a colapsar».
«Los únicos que las congelaron fue el Gobierno de Zapatero». Es cierto: en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas. Pero el 0,25% del PP en años de inflación también hizo perder poder adquisitivo. Congelar no es lo mismo que subir menos que los precios, pero al bolsillo del pensionista le llega parecido.
La coletilla de siempre: también hay que garantizar que los más jóvenes puedan disfrutar del sistema. Es la misma promesa sin método que la de Muñoz.
Unos venden miedo a perder la paga. Otros, miedo a que no haya paga cuando te toque. El producto es el mismo: tu miedo.
¿Por qué el PP no debería ni mencionarlo?
El trauma de 2023
Se comenta que el PP quiere «tocar» las pensiones: recortarlas, no subirlas o privatizarlas en parte. Conviene separar lo que hay de lo que se supone:
Lo que hay: una portavoz que pide reformar el modelo sin concretar, una ponencia ideológica del congreso del PP de 2025 que apenas menciona el sistema público, un historial de subidas por debajo del IPC y un voto en contra de la ley que las ata a la inflación.
Lo que no hay: ningún documento del PP que proponga privatizar. La capitalización la propone Vox, su socio en varios gobiernos autonómicos.
Por qué callar es su estrategia: en 2023 las pensiones fueron una de las claves de la remontada del PSOE en la última semana. Hablar de reformas en campaña es regalarle el marco al adversario. De ahí el revuelo interno de estos días: no porque lo dicho sea falso o verdadero, sino porque resta votos.
No lo digo yo. Lo dijo sin rodeos el periodista Eduardo Inda el 14 de octubre en Horizonte, el programa de Iker Jiménez, el mismo día en que estallaron las palabras de Muñoz, nada sospechoso de simpatizar con el Gobierno. Pidió al PP que se callara con las pensiones hasta después de las elecciones, que hablaran «el día 30 de noviembre, el 1 de diciembre, el 10 de enero, cuando ya estén formando gobierno». Y se acordó expresamente de la entrevista de Feijóo con Silvia Intxaurrondo en 2023. La razón, según él: son 10 millones y medio de personas, más sus familias.
Iker Jiménez lo resumió con una comparación futbolera: «Tiene que ser listo, como pillo es un futbolista. No tiene que ser franco». E Inda remató:
«Tienes que ser franco hace ocho meses, pero ahora cállate con las pensiones».
Es la mejor descripción posible de cómo se hace una campaña: la verdad, para después de votar. Y vale para todos. El que pide callar hasta el 30 de noviembre da por hecho que, a partir del 30, habrá algo que contar que no conviene contar antes.
Pensiones en campaña: la consigna es callar hasta el día 30.
En campaña no gana quien dice la verdad sobre las pensiones. Gana quien no la dice primero.
3 · La viabilidad real
No va a petar. Va a costar.
El sistema no «peta» en el sentido de que un mes no llegue la nómina: las pensiones se pagan y se van a seguir pagando, porque el Estado responde de ellas. Pero ahí está la trampa del debate. Que el Estado responda significa que, cuando las cotizaciones no llegan, la diferencia se paga con otro dinero. Y la pregunta que nadie contesta en campaña es la única que importa: quién lo paga y cómo.
2,31
Afiliados por cada pensionista (marzo de 2026). Hacen falta más para cuadrar
61.342M
Euros que el Estado transfirió a la Seguridad Social en 2025, vía impuestos
100,7%
Deuda pública de España sobre el PIB al cierre de 2025
Las cuentas
Lo que no pagan las cotizaciones, lo paga otro
Las cotizaciones ya no llegan. Desde 2012 no cubren todo el gasto. Sin las transferencias del Estado, el agujero de 2025 habría sido de unos 69.800 millones, más del 4% del PIB (cálculo de Fedea).
Esos 61.342 millones salen de los impuestos. Del mismo presupuesto que paga hospitales, colegios, carreteras o dependencia. Cada euro que va a tapar el agujero de las pensiones es un euro que no va a otra cosa.
Y lo que no se transfiere, se presta. La deuda de la Seguridad Social con el Estado superaba los 126.000 millones en 2024, casi el 8% del PIB, según el Tribunal de Cuentas.
En un país que ya debe más de lo que produce en un año. Con una deuda pública por encima del 100% del PIB, pagar con deuda las pensiones de hoy es pasar la factura, con intereses, a quienes hoy tienen 20 años. Es hipotecar a la siguiente generación para no incomodar a la que vota ahora.
La base de la pirámide
Un sistema pensado para otra España
El sistema de reparto funciona así: los que trabajan hoy pagan las pensiones de los que cobran hoy. Se diseñó para una España con muchos nacimientos, muchos trabajadores jóvenes y jubilaciones más cortas. Esa España ya no existe:
De pirámide a columna: la base se estrecha y la cima se ensancha. Anchura de cada franja proporcional a su población por año de edad. Fuente: ONU, World Population Prospects 2024.
Natalidad bajo mínimos. En 2024, 1,10 hijos por mujer, la segunda tasa más baja de la UE. En 2025 nacieron 321.164 niños, casi 200.000 menos que en 2008. Mueren más personas de las que nacen.
Llegan los boomers. La generación más numerosa se está jubilando, con carreras largas y pensiones altas. Los pensionistas superarán los 16 millones hacia 2050.
Y se cobra durante más años. Vivimos más, así que cada pensión se paga durante más tiempo.
Con sueldos bajos en la base. Los que entran a trabajar cobran poco y cotizan poco. Más afiliados no es lo mismo que más ingresos.
Funciona como un multinivel: mientras entra gente por abajo, los de arriba cobran. Cuando la base se estrecha, alguien tiene que poner la diferencia.
Ojo con la comparación: el sistema público no es una estafa piramidal. Es legal, transparente, no promete rentabilidades imposibles y, sobre todo, se puede ajustar: edad, cotizaciones, cuantías, financiación. Una estafa explota porque no se puede corregir; el sistema de pensiones solo explota si no se corrige. Lo que comparte con la pirámide es la dependencia de la base. Y por eso la reforma hay que hacerla antes de que la base se estreche del todo, no después.
No somos Noruega
Sin petróleo y sin hucha
Noruega tiene el mayor fondo soberano del mundo, alimentado con los ingresos del petróleo. Oficialmente se llama Fondo de Pensiones del Gobierno. España no tiene petróleo ni hucha: el Fondo de Reserva, que llegó a los 66.815 millones en 2011, se gastó en la crisis. El que se está rellenando ahora se nutre, en parte, de transferencias del Estado mientras la Seguridad Social sigue en déficit, algo que la propia presidenta de la AIReF ha cuestionado: es como meter en la hucha dinero prestado.
Así que la cuenta solo se puede cuadrar de siete maneras, y en todas hay alguien que paga:
Más cotizantes. Más empleo y más gente trabajando. Depende del mercado laboral, no de un decreto.
Más cotización por trabajador. Ya ha empezado con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la subida de las bases máximas. Paga el que trabaja y la empresa, y encarece el empleo.
Más impuestos. Pagamos todos.
Más deuda. Pagan los que vienen detrás.
Jubilarse más tarde. Paga el futuro jubilado, con años de trabajo.
Pensiones que suban menos o que bajen. Paga el pensionista.
Más productividad y mejores sueldos. La única sin un perdedor claro… y la más lenta.
Lo honesto sería que cada partido dijera qué combinación elige y a quién le toca. Pero cualquiera de ellas resta votos, así que en campaña se elige la octava opción: no decir nada.
Ni apocalipsis ni balsa de aceite
Lo que también es verdad
Los agoreros ya fallaron. En los años 90 se preveía que hoy habría unos 16 millones de afiliados. Hay casi 22 millones, en buena parte gracias a los inmigrantes.
La AIReF da un aprobado… con letra pequeña. La regla de gasto de la reforma se cumple (gasto neto medio del 13% del PIB hasta 2050, por debajo del tope del 13,3%), pero el propio organismo advierte de que eso no garantiza la sostenibilidad y pide revisar la regla.
El pico está por llegar. El gasto bruto rondará de media el 14,6% del PIB hasta 2050 (AIReF). Ni siquiera el Gobierno discute que subirá: su propio modelo lo sitúa en el 15,3% del PIB hacia 2050.
Que el Estado responda de las pensiones está bien. Que explique con qué dinero y a costa de quién, mejor.
Sobre los fondos europeos y las pensiones: el Tribunal de Cuentas reveló en mayo de 2026 que, en noviembre de 2024 (no este año), el Gobierno usó 2.389 millones de créditos sobrantes de los fondos europeos de recuperación para pagar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, por falta de crédito con los Presupuestos prorrogados. La presidenta del Tribunal matizó después que no se desviaron fondos del Plan para pagar prestaciones de la Seguridad Social. La cifra de 8.500 millones en 2025 que circula por redes no está verificada. Lo trataremos en otro post.
4 · La brecha generacional
Abuelos contra nietos: todos al ring
Y aquí llega la polarización que más rinde, porque tiene una base real. Un joven de 30 años, sin casa, con un contrato precario y pagando un alquiler imposible, cotiza para pagar la pensión de quien ya tiene la casa pagada. Los datos lo respaldan:
90%
Hogares de mayores de 65 en vivienda propia. En los de menores de 30, solo el 27% (y solo cuentan los ya emancipados)
+30
Años: edad media de emancipación en España, frente a unos 26 en la UE
19,2%
Riesgo de pobreza o exclusión en mayores de 65: el más bajo. En menores de 16: 33,9%
Los jubilados son el grupo con menos riesgo de pobreza (15,4%), por debajo incluso de quienes trabajan (16,4%), según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
La renta mediana de los mayores de 65 en España supera la media europea en poder adquisitivo.
Los trabajadores ya pagan más. Desde 2023, cada nómina lleva una cotización extra (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional) que ha recaudado ya casi 11.000 millones, para pagar las pensiones futuras.
Pero antes de comprar la versión de «abuelos ricos, nietos pobres», hay que corregir varias cosas que se dan por hechas:
«Las medicinas, gratis al 100%». No. Los pensionistas pagan el 10% de los medicamentos, con un tope mensual según su renta (8,23 €, 13,37 €, 18,52 €; y el 60% sin rebaja si ganan más de 100.000 €). Solo están exentos los de rentas más bajas, los que cobran complementos a mínimos o pensiones no contributivas.
«Sanidad gratis por ser pensionistas». La sanidad pública es universal: la tiene igual el jubilado que el joven. Lo que sí es cierto es que el pensionista ya no cotiza.
«No pagan impuestos». Pagan IRPF por su pensión (salvo las más bajas, que están exentas) e IVA en todo lo que compran. Y las transferencias del Estado a la Seguridad Social salen de los impuestos de todos, también de los suyos.
«Los jóvenes pagan las pensiones de sus abuelos». Las pagan todos los que trabajan, tengan 25 o 64 años. Y el joven de hoy cobrará mañana de lo que coticen los siguientes. Así funciona el reparto.
«Transporte subvencionado». Depende de cada comunidad y ayuntamiento, y también hay abonos joven. No es un privilegio exclusivo de los mayores.
«Ya sin cargas». Muchos sí, pero en miles de familias son los abuelos los que cuidan a los nietos, avalan el alquiler o ayudan a pagar las facturas de los hijos.
¿Es justo que una pensión máxima suba lo mismo, en porcentaje, que una mínima, cuando la paga quien cobra menos que esa pensión?
¿Por qué ningún partido explica cuál de las palancas va a tocar: más años, más cotización, más impuestos o menos pensión?
¿Quién va a defender a un votante de 30 años que no tiene casa, no tiene hijos porque no puede y vota menos que su abuela?
¿Quién dice en voz alta que, con los trabajadores que cotizan hoy y los sueldos que cobran, el sistema no se sostiene?
La brecha existe, pero el enemigo no es el abuelo. El abuelo cotizó con las reglas que le pusieron. El problema es una clase política que lleva quince años sin aprobar una reforma completa con el acuerdo de todos, que gobierna sin Presupuestos y que usa a los mayores como escudo y a los jóvenes como munición, según le convenga la semana.
Para terminar
Nadie dirá quién paga
Hasta el 29 de noviembre vas a oír «petar», «motosierra», «innegociable» y «garantizado». Ya hemos visto lo que pasa cuando alguien dice algo más: el martes, el sistema «va a colapsar»; el jueves, está «completamente garantizado». Y desde la tertulia amiga, el consejo de callar hasta el día 30.
Pero la pirámide no espera a las elecciones. En 1975 había casi tres niños por cada mayor de 65; hoy hay más mayores que niños. Las cotizaciones de los que trabajan ya no pagan las pensiones de los que cobran, y la diferencia, más de 61.000 millones al año, sale de los impuestos y de la deuda de un país que ya debe más de lo que produce en un año. No somos Noruega: no hay petróleo que lo pague.
Hay siete maneras de cuadrar la cuenta y en todas paga alguien: el trabajador, la empresa, el contribuyente, el pensionista o el que todavía no ha empezado a trabajar. Elegir cuál es gobernar. No elegirlo es dejar que la factura se acumule para el siguiente.
Las pensiones son la causa perfecta para una campaña: no caducan, afectan a casi todos y se pueden usar en las dos direcciones. Al mayor se le asusta con que se las quitan; al joven, con que no las verá. Mientras tanto, nadie hace la pregunta que importa: con qué dinero y a costa de quién.
En campaña, quien habla pierde. Después del 30, pierde quien paga.
La vivienda es un problema real. Por eso mismo conviene preguntarse quién habla en su nombre, qué pide de verdad y por qué unos casos llegan a Moncloa y otros no.
En la primera parte conté cómo una causa se defiende a muerte mientras da votos y se abandona en silencio cuando empieza a dar problemas. Y terminé con un aviso: ahora toca la vivienda, y con ella, el Sindicato de Inquilinas.
El problema es real. Alquileres más altos que el propio sueldo, zulos alquilados como vivienda, gente en la calle, pisos patera… Nadie con dos ojos lo niega. Pero precisamente porque es grave, no debería convertirse en la bandera de nadie.
Y en las últimas semanas LA CAUSA ha tenido una cara, un nombre y una organización detrás: Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas.
El caso que lo cambió todo
Maricarmen, 87 años
Maricarmen Abascal fue desahuciada el 23 de septiembre de su piso del barrio de Retiro, en Madrid, donde vivía desde 1956. Ingresó en el Gregorio Marañón ese mismo día. Murió el 7 de octubre, horas antes de firmar el acuerdo que le permitía volver a su casa.
Su historia merece respeto. Y precisamente por respeto hay que contar también lo que pasó a su alrededor:
23 SEP
Desahucio. El Sindicato de Inquilinas lo acompaña y lo difunde.
26 SEP
Manifestación de Sol al Congreso y acampada en la Puerta del Sol. Desde el hospital, Maricarmen graba un vídeo, difundido por el sindicato, pidiendo a Sánchez un decreto con su nombre.
27 SEP
Sánchez le contesta desde un mitin del PSOE en Getafe: «Maricarmen, tengo un mensaje para ti». El Gobierno trabaja «contrarreloj».
29 SEP
El Consejo de Ministros aprueba el «decreto Maricarmen», partido en dos.
2 OCT
El Congreso tumba los dos decretos. El sindicato lanza octavillas desde la tribuna.
7 OCT
Muere Maricarmen. El mismo día, CCOO y UGT anuncian la huelga general del 11 de noviembre, sumándose a la convocatoria impulsada por el Sindicato de Inquilinas.
En dos semanas, un desahucio en Madrid movió al presidente del Gobierno, al Consejo de Ministros, al Congreso y a los dos grandes sindicatos. Nada parecido había pasado antes. Y aquí empiezan las preguntas.
La otra mitad de la historia
Mientras tanto, en L'Hospitalet
Dos semanas antes del desahucio de Maricarmen, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), pasó esto:
Olga Matute, 54 años, dos hijas, una de ellas menor. Vivía de alquiler social en un piso que el Banco Sabadell vendió en 2020 a Promontoria Coliseum, sociedad vinculada al fondo Cerberus. Ese sí es un fondo de inversión de manual.
La noche antes de su desahucio la atendieron por crisis graves de ansiedad y dijo que se quitaría la vida. Su abogado aportó informes médicos y pidió suspenderlo. El juzgado lo ejecutó igual, el 15 de abril de 2026.
El 7 de septiembre, Olga se suicidó.
El 30 de septiembre, un hombre de 60 años de la misma ciudad apareció muerto en el local donde vivía, poco antes de su desahucio. Según la policía, dejó una nota relacionándolo con él.
Si estás pasando por un momento difícil: en España, el teléfono 024 atiende de forma gratuita, todos los días y a cualquier hora.
Dos muertes en menos de un mes, en la misma ciudad. Y, sin embargo:
No hubo «mensaje para Olga» desde ningún mitin.
No hubo «decreto Olga».
Sánchez señaló a Ayuso y a Almeida por el caso de Maricarmen. No he encontrado ningún señalamiento comparable a Salvador Illa por el de Olga.
La Generalitat ni siquiera contestó a Maldita cuando preguntó por el caso.
Un desahucio en Madrid fue un escándalo nacional. Dos muertes en L'Hospitalet, una noticia local.
Los datos
¿Dónde se desahucia más?
Si el problema fuera lo que decide qué caso llega a Moncloa, el foco tendría que haber estado en Cataluña. Los datos son del Consejo General del Poder Judicial (2025):
6.814
Desahucios en Cataluña en 2025, la comunidad con más de España
2.267
Desahucios en la Comunidad de Madrid, la cuarta
3×
Cataluña casi triplica a Madrid, también solo en alquiler (5.025 frente a 1.931)
Por población, también. Cataluña tiene el 16,5 % de la población y concentró el 27,4 % de los desahucios por alquiler.
Con la ley de vivienda aplicada. Cataluña es la comunidad que antes y más a fondo aplicó el tope de precios de la ley estatal, desde 2024.
Con un Gobierno amigo. La Generalitat la preside el PSC, que también gobierna L'Hospitalet. Madrid la gobierna el PP.
Y bajando menos. Los desahucios por alquiler cayeron un 18,7 % en Madrid y solo un 7,7 % en Cataluña.
Para ser justa: el Sindicato de Inquilinas es de Madrid y actúa en Madrid. A Olga la acompañaron otros colectivos catalanes. La pregunta buena no es por qué el sindicato de Madrid se movió en Madrid. Es otra:
¿Por qué el Gobierno eligió Madrid, donde puede culpar a Ayuso, y no L'Hospitalet, donde tendría que mirarse al espejo?
¿Sindicato de quién?
Un nombre que vende
Empecemos por el nombre. Para el Derecho español, un sindicato es una asociación de trabajadores para defender sus intereses laborales (Constitución, arts. 7 y 28; Ley Orgánica de Libertad Sindical). Un inquilino no es empleado de su casero.
Legalmente, es una asociación. «Sindicato» es una marca, heredada de los tenant unions anglosajones. Y es una marca eficaz: suena a clase trabajadora, a fuerza colectiva, a legitimidad.
Por eso, para convocar una huelga general, necesita a los sindicatos de verdad. La del 11 de noviembre la firman CCOO, UGT, CGT y otros. El Sindicato de Inquilinas tenía unas 4.000 afiliadas a finales de 2024, según su propia web.
Sobre el dinero, lo que dicen ellos mismos:
«No recibimos subvenciones». Se financian con cuotas, donaciones y charlas o talleres pagados.
Tienen personal contratado.
No publican cuentas. Ni ingresos, ni gastos, ni cuánto cuesta la cuota. Su página de transparencia explica de dónde sale el dinero, pero no cuánto.
No tengo pruebas de que reciban dinero público, y no voy a insinuar lo contrario. Pero una organización que exige transparencia a fondos y caseros podría empezar por publicar sus cuentas.
El giro
De «cae el Gobierno» a «apoyad al Gobierno»
La acampada de Sol nació con un lema: «O cae el rentismo o cae el Gobierno». Una portavoz llegó a decir que, si no salía el decreto, el Gobierno debía plantearse su continuidad.
El martes, el sindicato rechazaba que el Gobierno partiera el decreto en dos.
El miércoles, pedía a todos los partidos, Podemos incluido, que apoyaran los dos decretos del Gobierno.
Y la diana cambió: las caceroladas y la acampada pasaron a apuntar al PP.
El decreto que pidieron apoyar incluía bonificaciones fiscales para los caseros, una exigencia de Junts. En su web, el sindicato dice que no se puede seguir «regalando dinero a los rentistas».
Puede que fuera pragmatismo: los decretos recogían buena parte de lo que pedían. Pero cuando una organización que se presenta como independiente acaba haciendo campaña por los decretos de un Gobierno, la pregunta de quién habla por quién es legítima.
Las caras
Quién habla por el sindicato
Carolina Vilariño, portavoz, es abogada de Provivienda. Esta entidad ha recibido 6,63 millones del Gobierno de Canarias y un préstamo de 5,65 millones de Cofides para comprar viviendas.
Javier Gil, fundador, es investigador del CSIC y ha participado en informes para el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy (Sumar).
Que quede claro: trabajar en una ONG o en un organismo público no es ningún delito, y muchas personas lo hacen con honradez. La pregunta no es moral, es de independencia: cuando quien te paga, o quien te encarga informes, es parte del conflicto que denuncias, ¿hasta dónde puedes criticarlo?
Y luego está Fernando de los Santos, otra de las caras de la acampada de Sol. Profesor de Filosofía del Derecho y vicedecano en la Autónoma, se presenta como un inquilino que sufre el problema «en sus propias carnes». Según The Objective:
En el Registro de la Propiedad, es heredero del piso de su madre en El Viso (Madrid), valorado en unos 1,3 millones.
En el Registro Mercantil, figura desde 2010 como apoderado de la constructora que fundó su padre.
Tener dinero o heredar una casa no tiene nada de malo. Lo llamativo es otra cosa: el día que la herede, si sigue viviendo de alquiler, esa casa será justo lo que su sindicato señala. Una vivienda que no es su residencia, que tendrá que alquilar o dejar vacía.
Rentista o vivienda vacía: las dos cosas que piden recuperar.
Lo que piden
¿Quién es el buitre?
Más allá del caso de Maricarmen, esto es lo que el Sindicato de Inquilinas de Madrid exige en su web:
Bajada inmediata de los alquileres al 50 %.
Expropiación de las viviendas de fondos, de la SAREB y de grandes tenedores, y recuperación de las viviendas vacías.
Contratos indefinidos, sin subidas anuales.
Fin de todos los desahucios.
«El fin de la compra de vivienda si no es para residir en ella».
Que con esa última demanda no podrías comprar ni la casa del pueblo ni un piso para tus hijos, y que la Constitución solo permite expropiar pagando, ya lo conté en No todos los derechos son iguales. Aquí solo hago una cuenta: ¿cuánto costaría lo que piden?
630K
Viviendas de grandes tenedores privados (más de 10 pisos), según el Catastro
3,8M
Viviendas vacías en España, según el censo del INE (2021)
7.000M€
Todo el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, para cinco años
Grandes tenedores: en España hay algo más de un millón de viviendas en manos de propietarios con más de 10, y unas 630.000 son de empresas, fondos y otros privados. A 100.000-200.000 € por vivienda, expropiarlas costaría entre 63.000 y 126.000 millones.
Viviendas vacías: casi la mitad están en pueblos de menos de 10.000 habitantes, así que serían más baratas. Aun así, a 50.000 € de media, más de 190.000 millones. Y luego, ¿quién va a vivir en ellas? En las 52 capitales de provincia solo hay unas 600.000 vacías. El resto está en pueblos y costas. ¿Quién puede vivir en un pueblo si tiene el trabajo en una ciudad a cientos o miles de kilómetros? Expropiar casas donde no está el trabajo no resuelve el problema de quien busca piso donde sí está.
En total, como mínimo, más de 250.000 millones. Más de 35 veces todo el Plan Estatal de Vivienda para cinco años.
Y la SAREB ya es del Estado. Desde 2022, el Estado tiene la mayoría a través del FROB. Exigir expropiarla es pedirle al Estado que se expropie a sí mismo.
La bajada del 50 % no la pagaría el Estado. La pagarían los caseros, y el 92 % de las viviendas en alquiler es de particulares, según el Banco de España.
Nota: es un cálculo propio y solo orientativo. Los precios medios son supuestos, los datos del Catastro y del INE son de años distintos y alguna vivienda puede estar en los dos grupos. Pero aunque me equivocara a la mitad, la conclusión no cambia: no hay dinero.
Exigir sin decir quién paga no es una propuesta. Es un eslogan.
Y el propio caso de Maricarmen enseña lo difícil que es encajar la realidad en el eslogan:
A Urbagestión se la presentó como «fondo buitre». Sus dueños, dos hermanos, sostienen que solo tienen ese piso y que la empresa ganó 2.990 euros el año pasado.
Los tribunales les dieron la razón, hasta el Supremo. El contrato se firmó en 1956 a nombre de su padre y pasó a su madre. Cuando esta murió en 2005, Maricarmen se subrogó, pero la ley solo permitía hacerlo por dos años. La Audiencia Provincial de Madrid declaró el contrato extinguido en 2022, y el Tribunal Supremo inadmitió su recurso en diciembre de 2023 por carecer «manifiestamente de fundamento». La sentencia es firme.
Y denuncian amenazas desde el día del desahucio. En enero presentaron una querella contra el sindicato por coacciones y revelación de secretos, y le reclaman 10.000 euros por llamarlos «fondo buitre» en un vídeo.
Mientras tanto, el sindicato intentó comprar el piso. Según un correo publicado por The Objective, el 17 de octubre de 2025 la abogada de Maricarmen propuso a Urbagestión venderlo al Sindicato de Inquilinas y a cooperativas de vivienda de su entorno, y preguntó a qué precio «podría ser viable». Urbagestión dijo que no estaba en venta y lo comunicó al juzgado.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 29 de septiembre: «En puridad tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera». Para entonces, la empresa ya había pactado con el Ayuntamiento que Maricarmen volviera a su casa.
Lo del piso merece una pausa. Probablemente la intención era que Maricarmen siguiera en su casa, y hay que decirlo. Pero su web exige «el fin de la compra de vivienda si no es para residir en ella». Y el sindicato estudió comprar un piso para no vivir en él.
Nota: lo de las cuentas es la versión de Urbagestión en una entrevista a OKDiario, y no he podido contrastarlo. Las resoluciones judiciales sí están publicadas: Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia 324/2022, y auto del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2023. Que es una empresa modesta con ese único piso lo publica también El Español. Lo incluyo porque, si es cierto, el «fondo buitre» de esta historia es una empresa familiar con un piso.
Llamar buitre a cualquiera que tenga un piso no protege a los inquilinos. Solo simplifica el enemigo.
La coherencia
Buitres son los de otros
El PSOE ha puesto la vivienda en el centro de su campaña para las elecciones del 29-N. El 2 de octubre, en el Pleno del Congreso, durante el debate de los decretos, Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, lo planteó así desde la tribuna:
«Vamos a ser claros, caretas fuera. Es normal que a ustedes no les gusten, pero díganlo. Díganlo, porque aquí de lo que se trata es de fondos buitres o de familias».
Once días después, el 13 de octubre, el periodista Javier Chicote publicó en Artículo 14 que Sergi Velez, pareja de Mínguez:
Dirige un grupo inmobiliario en Lleida con, al menos, 30 pisos en alquiler.
Ha llevado a inquilinos a los tribunales por impago, con hasta tres desahucios en marcha a la vez.
Ese mismo día, en Espejo Público (Antena 3), Susanna Griso le preguntó por ello. Le recordó la ofensiva de su partido contra los fondos buitre y los rentistas, y que ella misma tiene tres viviendas en propiedad. Estas fueron sus respuestas:
Sobre el negocio: es «una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad».
Sobre su pareja: «como gran tenedor paga sus impuestos […] y cumple la ley de vivienda».
Sobre su partido: «Nosotros defendemos a los propietarios, a las empresas de alquileres».
Sobre los desahucios: «Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia; si hay un inquilino que es una familia vulnerable y […] no tiene una alternativa habitacional, se protege».
Sobre quién es el buitre: el «dinero extranjero que compra edificios enteros para expulsar a la gente de su casa y convertir los barrios en pisos turísticos».
Sobre la información: un «ataque personal». Amenazó con desconectarse y deslizó que todo el mundo sabe quién financia a Alberto Chicote. Alberto es el cocinero; el periodista se llama Javier.
Y cuando Griso le habló de coherencia: «Coherencia total».
Para ser justa: alquilar pisos y pedir a un juez que eche a quien no paga es legal. Nada de lo publicado apunta a una ilegalidad, y un cargo público no responde por los negocios de su pareja. El problema no es el negocio. Es el doble rasero. Pongamos las frases juntas:
29 de septiembre, la ministra de Vivienda: una pyme con un piso es «muy carroñera».
2 de octubre, Mínguez en el Congreso: o fondos buitre o familias.
13 de octubre, Mínguez en Antena 3: un gran tenedor con 30 pisos es una familia. El buitre es el dinero extranjero.
Una pyme con un piso, carroñera. Un holding con treinta, empresa familiar.
Cuando desahucia el casero de otro, es un buitre. Cuando desahucia mi pareja, es que la ley funciona.
Y eso es lo más revelador de una causa de temporada: hay que abanderarla aunque te obligue a condenar en público lo que haces en casa. La coherencia se sacrifica antes que el titular.
Para terminar
Una causa no elige a sus muertos
La vivienda es el gran problema de este país, y quien lo niegue no ha buscado piso en los últimos cinco años. Precisamente por eso no puede ser la causa de temporada de nadie.
Una causa de verdad no escoge el caso según quién gobierna donde ha pasado. No pide transparencia a los demás sin publicar sus cuentas. No pasa del «o cae el Gobierno» al «apoyad al Gobierno» en 24 horas. No llama buitre a la familia que compra un piso para sus hijos. Y no llama buitre al casero ajeno mientras en casa dice que, si un inquilino no paga, se le desahucia.
Maricarmen tuvo un mensaje del presidente. Olga, no. Las dos merecían lo mismo.
Una causa de verdad no elige a sus muertos. Una temporada, sí.
Se puede criticar a todo el mundo. Pero las cuentas se le piden a quien manda. Y si solo vigilas cuando gobiernan los otros, no estás fiscalizando: estás haciendo campaña.
En política se critica todo, y está bien que sea así. Pero hay una diferencia que se pierde en el ruido: criticar no es lo mismo que fiscalizar al poder. Criticar puedes criticar a cualquiera. Las cuentas, en cambio, se le piden a quien tiene la autoridad.
Y la autoridad, al final, la tiene el Estado, que es quien tiene el monopolio de la violencia legítima. Puede multarte, expropiarte, subirte los impuestos o meterte en la cárcel. Y dentro del Estado, quien toma las decisiones del día a día es el Gobierno. Lo hayas votado o no, sus decisiones te afectan.
Por eso, cuando alguien exige explicaciones al Gobierno, no está automáticamente posicionándose a favor de la oposición o diciendo que esta sea mejor. Está haciendo lo que toca: mirar con lupa a quien puede cambiarte la vida con una firma.
El origen
Separar el poder para que nadie lo tenga todo
¿Conoces la canción de Molotov que dice «SI LE DAS MÁS PODER AL PODER, MÁS DURO TE VAN A VENIR A COGER»?
La idea no es nueva. John Locke la apuntó en 1690 y Montesquieu la desarrolló en El espíritu de las leyes, en 1748. Su razonamiento es sencillo: quien tiene poder tiende a abusar de él, así que hace falta que el poder frene al poder.
Si la misma persona hace las leyes, las aplica y juzga a quien las incumple, no hay a quién acudir. Por eso las democracias reparten el poder en tres poderes distintos e independientes:
Legislativo: hace las leyes. En España son las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Aprueban leyes y presupuestos y controlan al Gobierno. Lo conforman diputados y senadores según lo que votamos en las elecciones generales.
Ejecutivo: gobierna. Es el Gobierno: el presidente y sus ministros. Decide en qué se gasta el dinero (Presupuestos Generales), dirige la Administración y las fuerzas de seguridad y aprueba decretos, reglamentos e instrucciones. Es el poder que más directamente toca tu vida.
Judicial: aplica la ley a cada caso. Lo conforman los jueces y tribunales. La Constitución, en su artículo 117, dice que deben ser independientes y estar sometidos únicamente al imperio de la ley.
El que hace la ley no la ejecuta. El que la ejecuta no la juzga. Y el que juzga no hace la ley.
Es un círculo de contrapesos: cada poder vigila a los otros y ninguno tiene la última palabra sobre todo.
Un matiz sobre cómo funciona España: no elegimos directamente al presidente como en otros países. Lo elige el Congreso, así que el Gobierno sale de la mayoría parlamentaria. Puede que quien gobierna no haya sido el partido más votado, sino el que consigue la mayoría de apoyo de la Cámara. Eso hace que la frontera entre Legislativo y Ejecutivo sea más fina de lo que parece. Por eso los otros contrapesos son todavía más importantes.
Un ejemplo de manual
Cuando una instrucción reescribe una ley
La llamada ley de nietos, una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022, permite pedir la nacionalidad española a hijos y nietos de quienes tuvieron que exiliarse a partir del 1936. Y en España, la nacionalidad lleva consigo el derecho al voto (no es así en todos los países).
La ley la aprobó el Legislativo. Exigía la condición de exiliado.
El Ejecutivo la desarrolló con una instrucción, firmada en octubre de 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Según quienes la han recurrido, esa instrucción daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955, sin tener que probar persecución. El abogado Luis María Pardo lo resume diciendo que se cambió una «y» por una «o».
Y el Judicial ha puesto el freno. Ese cambio modifica sustancialmente la ley. Por eso Iustitia Europa, un partido pequeño conocido sobre todo por sus pleitos, que se presentó a las europeas de 2024 y ahora recoge avales para concurrir por Madrid, recurrió ante el Tribunal Supremo, que ha suspendido de forma cautelar los efectos electorales de esas nacionalizaciones: sin certificación consular de los requisitos de exilio, no hay voto. A día de la publicación de este artículo mantiene esa suspensión de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
Por la vía penal, además, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Sofía Puente por presunta prevaricación tras una querella de Hazte Oír. Vox también se ha querellado.
Nota: el Supremo todavía no ha dictado sentencia sobre el fondo; lo que ha adoptado son medidas cautelares. Y Sofía Puente está investigada, no condenada: tiene derecho a la presunción de inocencia.
Más allá de la resolución del caso, nos sirve para ilustrar lo importante de esta separación de poderes: si el Ejecutivo se extralimita, tiene que haber otro poder que pueda pararlo.
La justicia
Los jueces no los deben poner los partidos
Los jueces son personas, ciudadanos, con derecho a tener su propia ideología. ¡Faltaría más! El problema empieza cuando juzgan según su ideología y no según la ley, o cuando quien los nombra espera que lo hagan "agradeciendo" el puesto.
Aquí toca hablar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que gobierna a los jueces y decide, entre otras cosas, quién llega al Tribunal Supremo y quién preside los tribunales. Tiene 20 vocales:
Hasta 1985, los 12 vocales de origen judicial los elegían los propios jueces.
Desde 1985, los elige el Parlamento. El Constitucional lo dio por bueno en 1986, pero advirtió del riesgo de que los partidos acabaran repartiéndose los puestos por cuotas. Es exactamente lo que ha pasado.
Y todos los partidos lo critican desde la oposición y lo mantienen cuando gobiernan. El PP prometió devolver a los jueces esa elección y, aun con mayoría absoluta, no lo hizo. El PSOE intentó en 2020 rebajar la mayoría necesaria para poder elegirlos, pero tras los avisos de Bruselas lo congeló y en 2021 lo retiró.
1748
Montesquieu publica El espíritu de las leyes
12/20
Vocales judiciales del CGPJ que elige el Parlamento, no los jueces
1985
Año en que los partidos asumen esa elección
Ahora una opinión personal: no me parece sano que los jueces entren en política y luego vuelvan a juzgar. Ni que los fiscales salten a un ministerio y de ahí a dirigir la Fiscalía. Y esto pasa en los dos lados:
Fernando Grande-Marlaska, juez de la Audiencia Nacional, ministro del Interior con el PSOE.
Margarita Robles, magistrada del Supremo, ministra de Defensa con el PSOE.
Dolores Delgado, fiscal, ministra de Justicia y después fiscal general del Estado.
Enrique López, exmagistrado del Constitucional, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid con el PP. En 2023 se dio de baja del partido para volver a la judicatura y después optó a presidir la Audiencia Nacional.
No dudo de su honestidad (a priori). El problema es otro: un juez no solo tiene que ser imparcial, también tiene que parecerlo. Si un día eres ministro de un partido, ¿cómo convences al día siguiente a quien te toca juzgar de que no le juzgas con el carné del partido? En esto yo sería tajante: quien entra en política no debería volver a la carrera judicial.
La Fiscalía
El fiscal: ¿de la ley o del Gobierno?
Entre el Gobierno y los jueces está la Fiscalía. No juzga: acusa. Según el artículo 124 de la Constitución, su trabajo es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público, de oficio o a petición de los interesados. Es decir, no tiene que esperar a que alguien denuncie: si conoce un posible delito, debe actuar.
Debe regirse por la legalidad y la imparcialidad. Pero también por la dependencia jerárquica: los fiscales responden ante sus superiores, y en la cúspide está el fiscal general.
Y al fiscal general lo propone el Gobierno. Lo nombra el Rey a propuesta del Ejecutivo, tras oír al CGPJ. Ahí está la grieta.
En noviembre de 2019, en una entrevista en RNE, Pedro Sánchez lo dejó claro. Preguntó: «¿De quién depende la Fiscalía?». El periodista respondió «del Gobierno», y él remató: «Pues ya está». Después lo matizó en redes, pero la frase quedó ahí.
Y lo que vino después también:
Dolores Delgado pasó directamente de ministra de Justicia a fiscal general del Estado.
Álvaro García Ortiz, su sucesor, fue condenado por el Supremo en noviembre de 2025 a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados: un correo en el que el abogado de González Amador, pareja de Ayuso, reconocía dos delitos fiscales para negociar un acuerdo.
En los casos de la familia del presidente, la Fiscalía no ha acusado. En el de su hermano, David Sánchez, pidió la absolución de todos. La Audiencia de Badajoz lo condenó en julio a nueve años de inhabilitación por prevaricación, con la acusación sostenida solo por las acusaciones populares. La sentencia todavía se puede recurrir.
En el de su mujer, Begoña Gómez, la Fiscalía sostiene que los hechos no son delito y pide la absolución. Aun así, irá a juicio con jurado, acusada por las acusaciones populares.
Que la Fiscalía concluya que no hay delito es legítimo: si no ve delito no tiene que acusar. Pero cuando nunca ve delito en los de su cuerda o cuando su criterio coincide una y otra vez con lo que le conviene al Gobierno que nombra a su jefe, la duda está servida. Y cuando un tribunal condena donde el fiscal pedía absolución, algo no cuadra.
Tampoco esto es cosa de un solo partido. En 2016 se publicaron las grabaciones del ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, buscando material contra políticos independentistas. Una de sus frases: «Esto la Fiscalía te lo afina».
Una Fiscalía que depende del Gobierno vigila a todos menos al Gobierno.
Cosa de todos
La acusación popular: fiscalizar sin ser víctima
En España, cualquier ciudadano o asociación puede personarse en un proceso penal aunque el delito no le afecte directamente. Se llama acusación popular y la recoge el artículo 125 de la Constitución.
Acusación particular: la ejerce la víctima o perjudicado por el delito.
Acusación popular: la ejerce cualquiera, en nombre del interés general. Hay que presentar querella, a veces pagar una fianza, y conlleva gastos. Ese aspecto es quizás el que la hace más inaccesible para la inmensa mayoría de ciudadanos (aparte del desconocimiento de las leyes).
Gracias a ella han llegado a juicio casos que, seguramente, nunca habrían llegado. Y la han usado todos:
Gürtel. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) fue la primera acusación popular. El PP fue condenado como partícipe a título lucrativo: tuvo que devolver 245.492 euros por haberse beneficiado de la trama. Ojo: no fue una condena penal, sino civil. Aun así, la sentencia de 2018 provocó la moción de censura que echó a Rajoy.
Nóos. Manos Limpias fue quien sentó en el banquillo a la infanta Cristina, aunque acabó absuelta. Años después denunció a Begoña Gómez.
El hermano de Sánchez. Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, el PP, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y Liberum sostuvieron solos la acusación contra David Sánchez, sin la Fiscalía, y el tribunal le condenó en primera instancia.
La pareja de Ayuso. En la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, que está pendiente de juicio, el PSOE y Más Madrid son acusación popular.
La ley de nietos. Hazte Oír y Vox, por la vía penal. Iustitia Europa, por la contencioso-administrativa, que no es acusación popular, pero responde a la misma idea: ciudadanos organizados que acuden a los tribunales con sus propios medios.
Y fíjate en el patrón. Cuando ADADE apretaba al PP en Gürtel, el PP la acusaba de ser una tapadera del PSOE. Hoy el PSOE dice lo mismo de Hazte Oír o de Manos Limpias. Y en enero de 2025 presentó una proposición de ley para limitar la acusación popular que, según sus críticos, habría impedido investigar Gürtel. La presidenta de la principal asociación de jueces lo dijo claro: todos los partidos han abusado de esta figura, incluido el que proponía recortarla.
La acusación popular solo molesta a quien gobierna. Por eso todos quieren limitarla cuando gobiernan.
El cuarto poder
Una prensa que pregunte, no que aplauda
La expresión «cuarto poder», que se suele atribuir a Edmund Burke, no aparece en ninguna Constitución. Pero su papel es clave: mientras el resto de la sociedad está ocupada viviendo, trabajando o simplemente no entiende de política ni quiere entender, la prensa está para hacer las preguntas incómodas e investigar. Para informar, no para opinar.
Aquí seré muy crítica: hoy buena parte de la prensa opina más de lo que informa. Hay más tertulia que dato y más trinchera que pregunta. Demasiados medios hacen propaganda para los suyos en lugar de vigilar al que manda. Periodistas y tertulianos repitiendo el argumentario oficial sin cambiar una coma. «Opinión sincronizada», lo han bautizado.
Un ejemplo de esa prensa cómoda. En enero de 2026, tras el accidente ferroviario de Adamuz, el ministro Óscar Puente fue a La hora de La 1, en la televisión pública que pagamos todos. Silvia Intxaurrondo le preguntó qué se podía hacer ante la «campaña de intoxicación» contra él, dando por hecho que las críticas lo eran. Al terminar, ella le despidió con un «gracias por las explicaciones y por habernos acompañado». Y él respondió: «Gracias, así da gusto». Esa misma semana canceló la entrevista que tenía en Espejo Público.
Si el poderoso sale de la entrevista diciendo «así da gusto», es que el periodista no ha hecho su trabajo.
Pero cuando un periodista sí hace su trabajo y molesta al poder, la reacción suele ser la misma: atacar al mensajero. Bulos, fango, pseudomedios. El mismo Pedro Sánchez popularizó los términos «máquina del fango» y «pseudomedios» en abril de 2024, en su carta a la ciudadanía, cuando se tomó cinco días para pensar si dimitía.
Todo el mundo aplaude el Watergate. Es el ejemplo de manual de lo que debe hacer la prensa. Pero conviene recordar cómo fue:
Junio de 1972. Detienen a cinco hombres colándose en la sede del Partido Demócrata, en el edificio Watergate de Washington.
Dos periodistas jóvenes del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, tiran del hilo hasta la Casa Blanca, con ayuda de una fuente anónima a la que llamaron «Garganta Profunda». En 2005 se supo que era Mark Felt, número dos del FBI.
La Casa Blanca no colaboró y atacó al periódico. Durante meses, sus informaciones apenas calaron.
En noviembre de 1972, Nixon arrasó en las elecciones y ganó la reelección mientras el escándalo crecía.
En agosto de 1974 dimitió. Es el único presidente de Estados Unidos que lo ha hecho. El Post ganó el Pulitzer.
Un vigilante descubrió la cinta adhesiva en la cerradura. Dos periodistas hicieron el resto.
O sea: mientras investigaban, eran unos periodistas sin pruebas, con fuentes anónimas, contra el presidente más votado. Solo cuando ganaron se convirtieron en héroes. Hoy aplaudimos el Watergate, pero cuando la exclusiva toca a los nuestros, lo llamamos fango.
A Woodward y Bernstein también los habrían llamado máquina del fango o pseudomedio.
El caso de Ketty Garat lo resume bien:
2021
Publica en The Objective una semana de exclusivas sobre por qué Ábalos salió del Gobierno. En Todo es mentira (Cuatro), Risto Mejide se burla del medio llamándolo «el ojeti», y el programa le dedica una canción a la periodista. Según un audio que publicó después el propio medio, Koldo García celebró esas burlas.
2024
En febrero estalla el caso Koldo.
2025
En noviembre, Ábalos y Koldo entran en prisión provisional.
2026
En junio, el Supremo los condena en firme: 24 años y 3 meses a Ábalos y 19 años y 8 meses a Koldo, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Garat recibe el Premio APM al Mejor Periodista de 2025. Por cierto, Ketty Garat aún sigue esperando las disculpas que merece.
No es el único caso:
Alejandro Entrambasaguas publicó en El Debate una reunión entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil. Ella lo desmintió y el ministro del Interior también. La investigación del juez Pedraz la ha confirmado. El caso sigue en instrucción.
Javier Chicote publicó en Artículo14 que la pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, tiene decenas de pisos en alquiler y ha desahuciado a inquilinos, mientras ella cargaba contra los «fondos buitre». Su respuesta en Espejo Público fue preguntar quién financia a «Alberto» Chicote, equivocándose de nombre. El 16 de octubre dimitió. Lo conté en La causa de esta temporada.
Y para que nadie piense que esto va de un solo partido, el otro lado hace lo mismo cuando tiene poder:
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, respondió a la exclusiva de elDiario.es sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta con un mensaje a una periodista: «Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar». También difundió la foto de dos periodistas de El País con una acusación falsa. La Fiscalía pide ahora 3 años y 9 meses de cárcel para González Amador, que está pendiente de juicio.
El propio Chicote denuncia que la cúpula de Hacienda de Cristóbal Montoro, con el PP en el Gobierno, lo investigó por haber molestado al ministro. Montoro llegó a advertir a ABC de que lo llevaría a los tribunales si «se pasaban de la raya».
Sobre la financiación: querer saber quién paga un medio es una cuestión legítima para entender su línea editorial. Pero no hace verdadera ni falsa una información. Lo que la valida son las pruebas, y en estos casos las pruebas han acabado en sentencias e investigaciones judiciales.
Una información no es falsa por quién la paga. Es falsa si no es verdad.
¿Exiges al Gobierno de ahora lo mismo que le exigías al anterior?
¿Te parece bien la acusación popular solo cuando acusa a los otros?
Cuando una exclusiva señala a «los tuyos», ¿preguntas si es verdad o quién la paga?
¿Te molesta un juez en política o solo el juez del partido contrario?
Para terminar
La misma vara, gobierne quien gobierne
Fiscalizar al poder no te convierte en militante del otro bando. Te convierte en ciudadano. A quien hay que exigir más es al que tiene la capacidad de hacer cosas, y hoy es este Gobierno, como mañana será el siguiente.
Lo que sí te convierte en militante es callar cuando cambie el color. Si mañana gobiernan los otros y dejas de hacer las preguntas que haces hoy, nunca estuviste fiscalizando. Estabas haciendo campaña.
Hay causas, como la ley trans, que se defienden a muerte mientras dan votos y titulares. Y que se abandonan en silencio cuando empiezan a dar problemas que nadie quiere explicar. Entonces llega la temporada siguiente.
Hay gente que se mete en una causa porque no puede no hacerlo. Pone horas, pone dinero de su bolsillo y se gana enemigos. Eso es activismo.
Y hay gente que ha convertido la causa en su carrera: una nómina, una subvención que renovar cada año o un cargo público que depende de que esa causa siga dando votos y titulares. Eso es otra cosa.
El mecanismo
Se defiende mientras rinde, se cambia cuando cuesta
No hablo de quien trabaja por una causa. Hay abogadas, psicólogas y educadoras sociales sin las que mucha gente estaría sola, y ese trabajo merece un sueldo. Hablo de quien usa la causa como medio de vida o como escalera hacia un sillón. Para esa gente, el objetivo ya no es resolver el problema. Es la atención mediática que da. Y eso tiene dos consecuencias:
Mientras la causa rinde, se defiende a muerte. Quien avisa de un problema no es una compañera con dudas: es una enemiga. Se la etiqueta, se la aparta y, si hace falta, se la denuncia.
Cuando la causa empieza a costar, se cambia. Como quien cambia de ropa por temporada. Sin explicar nada, sin rectificar nada.
La ley trans es el ejemplo más claro que hemos vivido en España en los últimos años.
2020-2023
LA CAUSA, en mayúsculas
Mientras Podemos estuvo en el Gobierno, la causa trans y no binaria fue la bandera. Había otras cosas en la agenda (la ley de vivienda de 2023 la negociaron ellos), pero ninguna tenía ese altavoz:
El colectivo más oprimido, a todas horas, en todas partes.
El Ministerio de Igualdad pasó de 181 millones en 2019 a 573 millones en 2023, una «cifra histórica», en palabras del propio Ministerio. El 46 % fue a violencia de género y el 41 % a igualdad de oportunidades. Lo revelador no es el reparto del presupuesto. Es dónde pusieron el altavoz.
573M€
Presupuesto de Igualdad en 2023, el mayor de su historia
10,7M€
Publicidad prevista para «sociedades diversas y no discriminación» (2022)
7M€
Publicidad prevista contra la violencia machista ese mismo año
Más campaña para diversidad que contra la violencia machista, en un ministerio que se presentaba como feminista.
Mientras tanto, las pulseras antimaltrato. El contrato de 2023, unos 35 millones, lo firmó Ángela Rodríguez «Pam», la número dos de Montero. Los fallos en el cambio de proveedor se relacionaron con sobreseimientos y absoluciones de maltratadores, e Igualdad acabó pidiendo perdón en 2025.
Las que avisaron
Se rieron del aviso
Las feministas que llevaban décadas en esto avisaron por activa y por pasiva. Una ley que no sabía definir el sujeto político «mujer». Sin ningún mecanismo contra el fraude. Con efectos previsibles en cárceles, deporte, cuotas y estadísticas.
Pidieron reunirse con la ministra. No las recibió. En octubre de 2020, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denunció que Montero llevaba meses negándose a recibir a los colectivos críticos y que solo se reunía con grupos afines.
Se rieron del aviso. En enero de 2023, en un acto de Podemos, Pam se burló entre risas de «los violadores a la calle», presentándolo como la secuela de otro aviso que también le parecía ridículo: que la gente iría al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas. Se rió a la vez de los dos avisos.
Preguntar ya era tránsfobo. En marzo de 2023 le preguntaron si la ley podía usarse con fines delictivos. Respondió que pensar eso era una mirada «profundamente tránsfoba».
Y luego lo reconoció. Pam admitió que, si alguien cambia de sexo en el registro y después agrede a una mujer, no se aplicaría la ley de violencia de género. Exactamente el agujero que habían señalado.
Para la ministra, todo era transfobia. En el Congreso, respondiendo a las feministas del PSOE, Montero dijo que eran «conscientes de la transfobia en el debate público». En mayo de 2023, cuando un grupo de jóvenes feministas interrumpió su mitin, respondió con un «fuera transfobia».
Avisar tenía un precio, incluso dentro del Gobierno. Que se lo pregunten a Carmen Calvo, vicepresidenta primera y feminista del PSOE:
Julio de 2021: tras meses de choque con Montero por la ley trans, sale del Gobierno en la remodelación, días después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto.
Abril de 2022: más de cien asociaciones trans piden al PSOE que la aparte de la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso.
Diciembre de 2022: se abstiene en la votación de la ley («de acuerdo con que exista una ley, pero no esta») y su partido le impone la multa máxima de su reglamento. En febrero de 2023 vuelve a abstenerse.
Y el mensaje interno: un nuevo cargo del PSOE presumió de haber apartado de la primera línea a «ciertas voces que han hecho mucho daño» con posiciones contrarias a la ley.
Si eso le pasaba a la número dos del Gobierno, imagina lo que esperaba a una psicóloga o a una abogada sin cargo.
La pregunta
¿En qué otra ley basta con decirlo?
Piensa en cualquier derecho, ventaja o mecanismo para compensar una discriminación. Todos exigen demostrar que te corresponde:
Discapacidad: valoración de un equipo, informes y un certificado con porcentaje. Aunque te falten las piernas y sea evidente.
Víctima de violencia de género: necesitas un título que lo acredite, como una orden de protección o un informe de los servicios especializados.
Familia numerosa: un título oficial, con el libro de familia, que hay que renovar.
Incapacidad laboral o una beca: tribunal médico, informes o declaración de ingresos. Todo se revisa para evitar la trampa.
Solo uno no
Cambio de sexo registral desde 2023: una declaración y ratificarla tres meses después. Sin informes, sin pruebas, sin requisitos.
La buena fe que la ley no presupone nunca, aquí se dio por hecha. Y plantear la posibilidad de trampa te convertía en sospechosa.
La ley incluye una salvaguarda: el cambio no borra la responsabilidad por violencia de género cometida antes de hacerlo. Pero no hace falta borrar nada para salir ganando. Basta con cambiar de módulo.
Para un violador o un asesino, una cárcel de mujeres es mejor destino. Es un entorno mucho menos violento que un módulo de hombres.
Y es meter al lobo en el redil. Las presas no pueden irse, ni cambiar de celda, ni elegir con quién se duchan. Son las únicas mujeres que no pueden huir.
No es una hipótesis. En Reino Unido, Karen White, con un historial de violaciones, fue enviada en 2017 a la cárcel de mujeres de New Hall y agredió sexualmente a dos reclusas. Fue condenada a cadena perpetua y el Ministerio de Justicia pidió perdón.
Los datos oficiales británicos: entre 2010 y 2019, 7 de las 124 agresiones sexuales en cárceles de mujeres las cometieron presos trans. Eran en torno al 1 % de la población reclusa femenina y cometieron el 5,6 % de las agresiones.
Reino Unido rectificó. Hoy, quien conserva genitales masculinos o está condenado por delitos sexuales no va al módulo general de mujeres salvo casos excepcionales. Según el Gobierno británico, desde que endureció los controles no ha habido agresiones sexuales de mujeres trans en cárceles de mujeres. Los controles funcionan. Justo lo que aquí se llamó transfobia.
Canadá, con datos de su propio servicio de prisiones: de las personas trans presas con delitos sexuales, el 85 % son hombres de nacimiento, y casi todas cometieron esos delitos antes de identificarse como trans. Más de la mitad agredieron solo a mujeres, y casi la mitad, a menores. Allí cada traslado se evalúa caso por caso, y la mayoría de las mujeres trans presas sigue en cárceles de hombres.
En Cataluña, en cambio, Justicia explica que la norma es ubicar a cada interno en el módulo del sexo con el que se identifica.
Y en España, Interior ni siquiera sabe cuántos presos han cambiado su sexo registral desde 2023.
Lo que «nunca iba a pasar»
Pues está pasando
No estamos diciendo que toda persona trans sea sospechosa. Pero una ley no se mide por cómo la usan los que actúan de buena fe. Se mide por lo que permite a los que no.
Jonathan de Jesús Robaina mató y violó a su prima Vanessa Santana, de 21 años, en Betancuria (Fuerteventura).
2018
La noche del 4 de junio entra en casa de Vanessa con una llave robada y la mata a martillazos mientras dormía.
2021
Desde prisión, a través de su abogado, pide que le llamen Lorena. Días antes se había aprobado la ley canaria de identidad de género.
Juicio
Los forenses concluyen que sabía lo que hacía y no aprecian criterios de disforia de género.
Supremo
Le condena a 38 años y rechaza su argumento de que, al sentirse mujer, no pudo violar a Vanessa.
2023
Desde la prisión mixta de Las Palmas II, donde tiene celda individual, pide el traslado a una cárcel de mujeres. Cuando las feministas preguntan por su caso en el Portal de Transparencia, Interior se niega a responder. Y cuando se pide solo el número de presos trasladados a módulos de mujeres, el Consejo de Transparencia avala a Interior: protección de datos. Ni siquiera una cifra sin nombres. Se protege con todo cuidado la intimidad del hombre condenado por violar y matar a una mujer. La seguridad de las presas que podrían compartir con él celda, ducha o enfermería no parece merecer la misma protección.
El celador de Olot asesinó a 11 ancianos, la mayoría mujeres de entre 80 y 96 años, y cumple 127 años de condena. En 2026 se publicó que se ha inscrito como mujer y que, desde principios de año, está en el módulo de mujeres de la cárcel de Figueres, con una treintena de reclusas, la mayoría jóvenes.
En la cárcel de Asturias, en marzo de 2023, recién aprobada la ley, dos presos pidieron el cambio registral y otros cuatro anunciaron que lo harían, para poder pedir el traslado a un módulo femenino.
El cabo Roberto, en Ceuta (2024), se hizo viral posando en minifalda de camuflaje tras cambiar su sexo registral. Hasta la FELGTBI+ lo calificó de «fraude de ley».
De hombre a mujer: en los primeros meses de la ley, el 61,5 % de los cambios registrales fue en ese sentido.
Y ya hay personas transexuales diciéndolo. María José Hernández, expresidenta de Transexualia, lo dijo así: «No todo es transfobia. La mujer tiene derecho a defender su espacio». Las propias personas transexuales son las primeras perjudicadas cuando cualquiera puede meter la cuchara en su puchero por ley.
El silencio
Ya no la promueven: la usan como arma
Desde que los casos empezaron a ser noticia, no he encontrado ni una declaración de Montero ni de Belarra sobre el celador de Olot. La causa que lo era todo ya no se defiende. Solo aparece cuando sirve para atacar.
En septiembre de 2025, en Todo es mentira (Cuatro), Ione Belarra debatía con la abogada penalista Paula Fraga sobre Israel. El debate no iba de esto. Pero Belarra conocía la postura de Fraga y le soltó la pregunta trampa: «¿Una mujer trans es una mujer?».
Fraga respondió que no.
Belarra pidió a Risto Mejide que no volviera a invitarla: no debía dar espacio a «personas tránsfobas con un discurso de odio».
Fraga no se achicó: «No es transfobia, es realidad biológica. Vale, pues denúnciame».
No era un debate. Era una trampa.
A una abogada penalista no la asustas con una denuncia. A una psicóloga o a una activista sin recursos, sí. Y el proceso ya es el castigo, aunque al final se archive:
Carola López Moya, psicóloga sevillana, fue denunciada en 2021 por dos asociaciones por unos tuits críticos con la identidad de género. La Junta de Andalucía le abrió un expediente sancionador por promover terapias de conversión, el primero de España. Se enfrentaba a multas de 60.000 a 120.000 euros y a la inhabilitación. Se archivó en 2022: no había infracción. Gobernaba el PP. El arma funciona gobierne quien gobierne.
Aquí, en Canarias, el Cabildo de Gran Canaria canceló en octubre de 2022 el III Congreso Estatal Mujeres y Deporte. El motivo: una mesa titulada «La defensa de las categorías deportivas femeninas», con la abogada deportiva Irene Aguiar. Las áreas implicadas, Deportes e Igualdad, estaban en manos del PSOE y de Podemos. Dinero público para cancelar un debate sobre mujeres deportistas.
El congreso se trasladó a Tenerife, y allí Podemos y Diversas LGTBI pidieron vetarlo. Los colectivos amenazaron con abandonar la Mesa Insular de Diversidad y pidieron medidas cautelares amparándose en la ley trans canaria. Entre las ponentes «tránsfobas» había una mujer trans, jugadora de fútbol sala. El Cabildo aguantó y el congreso se celebró en marzo de 2023.
Por qué cuesta tanto escuchar un aviso cuando viene «del otro bando» lo conté en Huérfana de bandos.
Cambio de temporada
Ahora toca la vivienda
La causa trans ya no da titulares favorables: da problemas que nadie quiere explicar. Así que ha llegado la nueva temporada. Ahora la causa es la vivienda. Es un problema real y grave, como lo son la discriminación y la violencia. Pero cuando se convierte en la causa a la que hay que suscribirse para tener votos y focos, conviene preguntarse quién habla por ella, quién la financia y por qué se eligen unos casos y no otros.
No es la primera vez. El Sáhara fue bandera de la izquierda durante décadas. En marzo de 2022, el Gobierno de Sánchez cambió de posición y respaldó el plan de autonomía de Marruecos. Podemos lo criticó, pero siguió en el Gobierno.
De eso va la segunda parte.
Para terminar
¿Causa o temporada?
No todo activismo con nómina es sospechoso. Pero cuando una causa se defiende a muerte mientras rinde y se abandona en silencio cuando cuesta, deja de ser el fin y pasa a ser el medio. Y quien la usaba busca la siguiente.
Las feministas que avisaron no tenían campañas de 10 millones ni cargos que cuidar. Avisaron, las llamaron tránsfobas y las cancelaron. Y lo que dijeron que pasaría está pasando. Las que avisaron no cobraban por avisar.
Una causa de verdad no cambia con la temporada. La nómina, sí.
La vivienda y la huelga no están a la misma altura. Y no lo digo yo: lo dice nuestra Constitución.
«Es un derecho.» Esa frase se ha convertido en un escudo. Si votas «no» a un decreto de vivienda, estás contra el derecho a la vivienda. Si criticas una huelga, estás contra el derecho a la huelga. Fin de la conversación.
Pero la Constitución no trata todos los derechos igual. Los ordena por niveles de protección. Y entender esos niveles es la mejor vacuna contra el relato.
Los tres pisos
La Constitución tiene categorías
El Título I de la Constitución recoge los derechos en tres bloques. No pesan lo mismo:
Derechos fundamentales (arts. 14 a 29). La vida, la libertad de expresión, la educación… y la huelga. Se regulan por ley orgánica (mayoría absoluta del Congreso), no se pueden tocar por decreto ley, se pueden defender ante el Tribunal Constitucional con un recurso de amparo y, para cambiarlos, hace falta la reforma más difícil de la Constitución.
Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38). Por ejemplo, la propiedad o el trabajo. Se regulan por ley ordinaria y no tienen amparo.
Principios rectores (arts. 39 a 52). Aquí está la vivienda. No son derechos que puedas reclamar directamente ante un juez: son mandatos a los poderes públicos, y solo se pueden alegar en los términos de las leyes que los desarrollen (art. 53.3).
La huelga está en el piso de arriba. La vivienda, en el de abajo.
¿Y la propiedad?
¿Quién es un buitre?
La propiedad está un piso por encima de la vivienda, aunque tampoco es fundamental. La Constitución permite limitarla por su función social (art. 33.2), manda impedir la especulación (art. 47) e incluso permite expropiar. Pero con una condición: «mediante la correspondiente indemnización» (art. 33.3). Es decir, pagando.
Ahora mira lo que pide el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en su web:
«La expropiación de las viviendas en manos de fondos buitre», de la SAREB y de los grandes tenedores.
«La recuperación de viviendas vacías».
«El fin de la compra de vivienda si no es para residir en ella».
Lee despacio la última. Si solo se puede comprar una casa para vivir en ella, quedan fuera:
La casa del pueblo o la de vacaciones.
El piso que compras para tus hijos.
El piso que alquilas para completar tu pensión.
¿Eres un buitre por tener una casa para tus hijos? Según esa lógica, tu compra estaría prohibida igual que la de un fondo.
Y si nadie puede comprar para alquilar, ¿quién alquila? Según el Banco de España, el 92 % de las viviendas en alquiler es de particulares. Solo el 8 % es de empresas. Y el parque público no llega al 2,5 % del total.
¿Y quiénes son esos caseros? Según el Observatorio del Alquiler, la edad media es de 59 años, y uno de cada tres usa la renta para complementar su pensión.
El Sindicato no dice cómo se pagarían esas expropiaciones. Otros sí lo han dicho:
Sin pagar. Desde la izquierda anticapitalista se defiende «la expropiación sin indemnización» de los pisos vacíos de bancos, fondos y grandes propietarios. Y ya en 2019, una candidata de Podemos a la Asamblea de Madrid propuso expropiar hasta 200.000 viviendas de fondos y bancos «sin pagar indemnización». Eso, sencillamente, no cabe en la Constitución.
Pagando. En septiembre de 2026, Podemos llevó al Congreso expropiar el uso de 650.000 viviendas de grandes propietarios. Comprarlas costaría, a 100.000-200.000 euros por piso, entre 65.000 y 130.000 millones. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tiene 7.000 millones para cinco años.
Limitar la propiedad es constitucional. Vaciarla, no. Quien pone la vivienda por encima de la propiedad sin decir quién paga ni quién alquila no está defendiendo la Constitución. Está defendiendo un eslogan.
Vivienda
Un derecho que no es fundamental
El artículo 47 dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias…».
Fíjate en el verbo: promoverán. La Constitución no te da una casa. Obliga a los poderes públicos a crear las condiciones. Y no dice cómo: eso se decide votando leyes.
La competencia es autonómica. La vivienda la gestionan las comunidades autónomas (art. 148.1.3ª). La primera ley estatal, la Ley 12/2023, llegó 45 años después de la Constitución, y el Constitucional anuló varios de sus artículos en 2024 (STC 79/2024).
Choca con otros derechos. Con la propiedad (art. 33), que está un piso más arriba.
Convertirla en fundamental no es fácil. Haría falta la reforma del artículo 168: dos tercios de cada cámara, disolver las Cortes, que las nuevas lo vuelvan a aprobar por dos tercios y un referéndum.
Por eso, quien vota «no» a un decreto de vivienda no vota contra un derecho. Vota contra una forma concreta de desarrollarlo. Y eso, en un principio rector, es exactamente lo que la Constitución espera del Parlamento: que discuta el cómo.
El caso que lo encendió todo, el desahucio de una mujer de 87 años, lo conté en Elecciones en caliente: el desahucio era legal, lo avaló el Supremo, y la ley que lo permitía la aprobó un Gobierno socialista.
Huelga
Un derecho fundamental con una ley de 1977
El artículo 28.2 dice: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses». Es un derecho fundamental, de los de arriba. Y aun así:
Nunca ha tenido su ley orgánica. Se sigue regulando por el Real Decreto-ley 17/1977, anterior a la Constitución. El intento de ley de 1992-1993 decayó al disolverse las Cortes.
No necesita autorización. Solo un preaviso de 5 días (10 en servicios públicos). Los servicios mínimos los fija la autoridad gubernativa.
La huelga política es ilegal. El artículo 11 del decreto de 1977 declara ilegal la huelga que «se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquiera otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados».
Pero hay matiz. El Tribunal Constitucional (STC 11/1981) admitió las huelgas que reclaman a los poderes públicos medidas de política económica y social que afectan a los trabajadores. Son las llamadas huelgas sociopolíticas, y son legales.
La paradoja: el derecho fundamental se regula con una norma preconstitucional. El que no es fundamental es el que todos llaman «derecho».
11-N
Una huelga general contra la oposición
Ahora, los hechos. En una semana:
2 oct
El Congreso tumba los dos decretos de vivienda.
5 oct
Sánchez anuncia elecciones para el 29 de noviembre. CCOO y UGT acuerdan una huelga general.
6 oct
El BOE disuelve las Cortes. El Consejo de Ministros vuelve a aprobar los decretos, ahora para la Diputación Permanente. Y Montero habla.
8 oct
Bolaños «hace suyas» las palabras de Montero.
16 oct
La Diputación Permanente vota los decretos.
11 nov
Huelga general, la primera de CCOO y UGT desde 2012.
13 nov
Empieza la campaña electoral.
El 6 de octubre, desde la sede del PSOE andaluz, María Jesús Montero, exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, hoy secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del partido, lo explicó así:
«Habitualmente, para que los ciudadanos lo sepan, las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición».
Ella misma lo llamó «una situación inédita […] que no hemos visto nunca». Y dio el motivo: «a raíz de que la oposición a este gobierno ha derribado el decreto de vivienda», para dar «una respuesta […] de rechazo, de enfado, de negativa» a lo que «protagonizó la derecha […] en el Congreso de los Diputados».
Es decir: el objetivo declarado no es un empresario ni un Gobierno. Es una votación del Parlamento y los partidos que la ganaron.
Lo dice alguien que hasta hace seis meses era el Gobierno: dejó Hacienda en marzo para ser candidata en Andalucía. Sabe mejor que nadie contra quién se convocan las huelgas generales. Y sabe que esta, por primera vez, no va contra ellos.
Hasta ahí, un partido haciendo campaña. Lo llamativo vino dos días después, cuando habló el Gobierno. Al ministro de Justicia, Félix Bolaños, le preguntaron si estaba de acuerdo. Su primera respuesta fue otra: el Gobierno comparte «esas dos reivindicaciones», salarios y vivienda, aunque los sindicatos dirán que lo hecho «está bien, pero que es insuficiente».
El periodista insistió: «Usted no llega tan lejos como la señora Montero». Y Bolaños:
«Para que no haya duda, hago mías las palabras de la señora Montero de antemano».
En una sola respuesta, la huelga pasó de ser por la vivienda a ser contra la oposición. Y esta vez no lo dice un partido: lo dice un ministro.
Las versiones
¿Contra quién es la huelga?
Depende de a quién preguntes:
Montero: contra la oposición, por tumbar el decreto.
Bolaños: por salarios y vivienda… y luego, contra la oposición.
UGT: «contra todas las administraciones».
CCOO: por los salarios. Unai Sordo: «Si tiene que ver con los salarios, no sé dónde ve la ilegalidad».
Y Sordo tiene razón en una cosa: la convocatoria habla de subir salarios, reducir la jornada, desbloquear los convenios y frenar la especulación con la vivienda. Con esos motivos sobre el papel, la huelga es probablemente legal.
Cuatro respuestas para una sola huelga. Cuando nadie se pone de acuerdo en el motivo, el motivo suele ser otro.
El calendario
Una huelga se hace contra quien puede ceder
Contra el empresario que paga tu nómina. Contra el Gobierno que decide. Ahora, haz el ejercicio con esta:
Si va contra la oposición por tumbar los decretos, ¿por qué es el 11 de noviembre, casi un mes después de que la Diputación Permanente vote esos mismos decretos el 16 de octubre?
Con las Cortes disueltas, ¿quién puede ceder el 11 de noviembre?
¿Por qué justo dos días antes de la campaña? Según publica la prensa, la fecha se eligió para evitar un conflicto ante la Junta Electoral Central.
Cuando ya no queda ninguna votación que ganar, solo queda un destinatario: el votante.
Eso tiene un nombre. El Diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE lo define: huelga política, la que «se inicia o sostiene por motivos políticos».
¿Ilegal? Eso lo decidiría un juez, a partir de los motivos que figuren en la convocatoria, no de lo que diga un ministro. ¿Neutral? Ni de lejos.
Nota: la ley electoral (LOREG, art. 50) prohíbe a los poderes públicos, desde la convocatoria, organizar o financiar actos que hagan propaganda de sus logros. Unas declaraciones en un coloquio no encajan necesariamente en esa prohibición. Lo que sí rompen es la neutralidad institucional que se espera de un Gobierno en periodo electoral.
Para terminar
Derechos, no armas
Se puede defender el derecho a la vivienda y criticar unos decretos. Se puede defender el derecho a la huelga y criticar una huelga concreta. No es una contradicción: es pensar.
Lo que no se puede es usar los derechos como munición:
Llamar «ataque a un derecho» a una votación parlamentaria sobre un principio rector.
Convertir un derecho fundamental de los trabajadores en un acto de precampaña que el Gobierno aplaude y apunta contra quien no gobierna.
Cuando los derechos se usan como armas, los primeros que pierden son quienes de verdad los necesitan: los que no pueden pagar un alquiler y los que pierden un día de sueldo por hacer huelga.
Un derecho no es un eslogan. Y una huelga no es un mitin.
Si todo es fascismo, nada lo es. Y cuando llegue el de verdad, la palabra ya no servirá para avisar.
Cuando yo era adolescente, los neonazis eran claramente identificables. Sabías quiénes eran, qué pensaban y de qué eran capaces. Y "facha" era lo que hoy reconocemos en Torrente: el casposo de barra de bar, nostálgico de Franco, racista y machista.
Quién me iba a decir a mí que, con los años, me llamarían las dos cosas: facha, por criticar al poder, y feminazi, por ser feminista. Hoy, si discrepas o criticas al poder, del color que sea, puedes ser nazi antes de terminar la frase.
Dos escenas:
Puerta del Sol, septiembre de 2026. Acampada por la vivienda. A quien llega a grabar sin ser de la cuerda se le despide al grito de "fuera fascistas de nuestros barrios".
Universidad Complutense, marzo de 2020. Frente Obrero, un partido marxista-leninista enfrentado a Podemos, interrumpe un acto de Pablo Iglesias al grito de "fuera vende obreros de la universidad". Parte del público les responde: "Fuera fascistas de la Universidad".
Si la misma palabra sirve para echar de una plaza a cualquiera que no sea de la cuerda, sean youtubers, reporteros o cadenas de televisión, y a unos jóvenes que se declaran comunistas, la pregunta es obligada: ¿qué es el fascismo?
Si todo es fascismo, nada es fascismo.
La definición
Qué es el fascismo.
Nace en Italia. En 1919, Benito Mussolini funda los Fasci di combattimento, y en 1922 llega al poder tras la Marcha sobre Roma. El nombre viene del "fascio", el símbolo de autoridad de la antigua Roma: un manojo de varas atadas alrededor de un hacha. Una vara sola se rompe con facilidad; atadas, no. La idea es la unidad por la fuerza: todos juntos, todos iguales, y el hacha para quien se salga.
El fascio: varas atadas alrededor de un hacha. Sola, una vara se rompe.
1919
Mussolini funda los Fasci di combattimento
1922
Marcha sobre Roma: el fascismo llega al poder
1945
Cae con la derrota en la Segunda Guerra Mundial
El historiador Robert Paxton, en Anatomía del fascismo (2004), explica que el fascismo no es una sola idea, sino varias cosas que van juntas. Dicho en sencillo:
"Nuestro país está hundido y nos han humillado." Parte de la sensación de que todo va a peor y de que alguien tiene la culpa.
"Tenemos que ser uno, fuertes y puros." Todos iguales, todos a una, y fuera lo que "contamina": el diferente, el extranjero, el que piensa distinto.
"El partido es la patria." Un movimiento que arrastra a las masas, con militantes que lo viven como una fe y un líder al que se sigue sin preguntar.
"Las libertades estorban." Elecciones, prensa libre, jueces independientes: todo lo que frena al líder sobra.
"La violencia limpia." Pegar, encarcelar o eliminar al "enemigo" se vive como algo necesario, incluso bueno, y sin límites legales ni morales.
Una sola de estas cosas no hace a nadie fascista. Las cinco juntas, sí.
Fascista y nazi no son sinónimos. El fascismo pone en el centro al Estado y a la nación. El nazismo añade algo más: la raza. Divide a la humanidad en superiores e inferiores, y de esa idea salió el Holocausto. Todo nazi es fascista, pero no todo fascista es nazi. Por eso llamar "nazi" a alguien no es subir un grado el insulto: es acusarle de la peor idea que ha producido el siglo XX.
Los historiadores insisten en no usar la palabra a la ligera. Julián Casanova recuerda que lo que define al fascismo es la violencia organizada: fuerza paramilitar, terror, propaganda y culto al líder. Emilio Gentile, en Quién es fascista (2019), advierte de que el "todo es fascismo" es peligroso. Y Paul Preston llega a decir que "Franco no era fascista. Era algo peor".
Hoy
¿Existe todavía?
Sí. Y no hace falta adivinarlo, porque se presentan como tales:
En España, Falange Española de las JONS, heredera del fascismo español de los años 30, y Democracia Nacional, de corte neofascista.
En Grecia, Amanecer Dorado, declarado organización criminal por la justicia en 2020.
En Italia, CasaPound. Y Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, procede del MSI, fundado por exfascistas en 1946, y conserva la llama en su logo.
¿Y Vox? La mayoría de los politólogos lo clasifica como derecha radical populista, no como fascista. Tiene rasgos que recuerdan al repertorio: la "anti-España", la inmigración presentada como amenaza. Pero no tiene milicias ni propone abolir las elecciones. Tener rasgos no es serlo. Si lo fuera, casi nadie se libraría, como vamos a ver.
¿Podría presentarse a elecciones un partido fascista en España? Sí, y se presenta: Falange es legal. Los historiadores la consideran el partido fascista español por excelencia, aunque ella siempre lo haya negado. Hasta Falange dice que fascista es el otro. Nuestro sistema persigue los actos, no las ideas. Un partido solo se ilegaliza si justifica la violencia, ataca los derechos fundamentales o apoya el terrorismo.
Lo que todos reconocemos
El fascismo en cuatro gestos.
Umberto Eco describió en El fascismo eterno (1995) catorce rasgos del fascismo. No hacen falta todos para reconocer su olor. Hay cuatro que cualquiera identifica. La pregunta incómoda es quién los practica hoy.
1No dejar hablar al que disiente
Eco lo resumía así: para el fascismo, el desacuerdo es traición.
Complutense, 2010: Pablo Iglesias e Íñigo Errejón participan en el boicot a una conferencia de Rosa Díez, entonces líder de UPyD, al grito de "fuera fascistas de la Universidad".En 2020, al propio Iglesias lo boicotean en el mismo auditorio, y parte del público responde a los que le interrumpen con… el mismo grito. Diez años después, la etiqueta había cambiado de diana sin cambiar una coma.
Barcelona, 2022: la Casa del Libro anula la presentación de un libro crítico con la ley trans tras los enfrentamientos de manifestantes con los Mossos. Badalona, 2023: se cancela la de unas feministas acusadas de "ideas transfóbicas".
Desde el otro lado: en Valdemorillo, en 2023, la nueva concejalía de Cultura, de Vox, cancela una obra basada en el Orlando de Virginia Woolf.
2Decidir quién entra y quién informa
La acampada de la Puerta del Sol reclamaba más espacio público y menos privado. Y lo hizo ocupando el espacio público y decidiendo quién podía estar en él. No fue un hecho aislado:
28 de septiembre: un grupo de manifestantes expulsa a un equipo de EDATV al grito de "No pasarán". Ese mismo día, varios youtubers y creadores de contenido salen entre gritos de "fuera fascista". Alguno, según las imágenes, llevaba un espray de pimienta. Pero que alguien sea un provocador no te da derecho a decidir quién informa en una plaza pública.
El periodista Fernando Díaz Villanueva cuenta que los accesos tenían controles, que no le dejaron entrar con cámara y que dentro se impedía hacer fotos.
6 de octubre: Rebeca Crespo, reportera de Horizonte (Cuatro), intenta conectar en directo. Le tapan la cámara con un paraguas, hay empujones y la acusan de difundir bulos. Su resumen: "No nos han dejado hacer nuestro trabajo".
Primeros de octubre: en un directo de Malas Lenguas (TVE) desde Sol se cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el desalojo. No era exactamente así: el tribunal solo había rechazado la medida cautelarísima, el desalojo urgente, y no había entrado en el fondo. La abogada Jimena Zabala lo corrige en voz alta desde fuera de plano: "Eso es mentira, decid la verdad". Según su relato, un activista la agarra del brazo y el reportero la acusa a ella de agresión. Su pregunta: "Yo no puedo hablar en un directo, pero ¿vosotros sí podéis mentir en un directo?"
Parla, octubre de 2026: según el vídeo publicado por el propio medio, una responsable local de Podemos y su pareja reciben a un equipo de Okdiario con "nazi de mierda, fascista, vete de aquí", "tú no sabes quién soy" y "tu cara la va a ver todo el mundo".
No es un hecho aislado. Es un patrón.
3El lenguaje de guerra
Asamblea de Madrid, 8 de octubre de 2026. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, a Isabel Díaz Ayuso tras la muerte de Maricarmen: "En las calles de Madrid no va a haber paz". El PP la denuncia por amenazas. Ella responde: "Yo no estaba amenazando, lo único que estoy diciendo es lo que hay en las calles". Y añade que no se arrepiente.
Desde el otro lado: la "anti-España", o el mensaje de Vox sobre una periodista peruana: "Los que propagan odio y violencia… también se van. Todos".
Una cosa es lo que alguien quiso decir. Otra, lo que dice una portavoz parlamentaria desde la tribuna, cuando la calle ya está caliente.
4La violencia por una causa
Tras el boicot violento a un acto en la Universidad de Navarra, en octubre de 2025, en el que fue agredido un periodista, una tertuliana de TVE lo resumió así: "Esto no es violencia, es responder a su violencia". Del otro lado, las piedras contra un mitin de Vox en Vallecas en 2021 tuvieron su respuesta en las noches de disturbios de Ferraz en 2023.
Gritar "fascista" no te vacuna contra parecerte a uno.
Por qué funciona
Pedro y el lobo.
La etiqueta funciona porque ahorra el argumento. Es la falacia de toda la vida: atacar a la persona, no a lo que dice.
El filósofo Leo Strauss la bautizó en 1953 como "reductio ad Hitlerum": si Hitler pensaba algo, eso basta para descartarlo.
En 1990, Mike Godwin formuló su famosa ley: cuanto más se alarga una discusión en internet, más probable es que alguien acabe comparando al otro con Hitler o los nazis.
Las feministas conocemos bien el mecanismo. "Feminazi", popularizado en los años noventa por el locutor estadounidense Rush Limbaugh, sirvió para ridiculizar ante la opinión pública lo que eran demandas de un colectivo que luchaba por sus derechos. Es exactamente el mismo truco, en sentido contrario.
Y aquí está el peligro. Si cualquiera que discrepa es nazi, la palabra se gasta. Como en el cuento de Pedro y el lobo, cuando llegue el de verdad, nadie nos creerá. O peor: no sabremos reconocerlo.
Si todos somos nazis, cuando llegue el de verdad no lo veremos venir.
Hannah Arendt
La banalidad de la etiqueta.
En 1963, Hannah Arendt publicó Eichmann en Jerusalén, su crónica del juicio a uno de los organizadores del Holocausto. Esperaba encontrar a un monstruo y encontró a un hombre "terriblemente normal": un burócrata incapaz de pensar por sí mismo, que hablaba a base de frases hechas. Lo llamó la banalidad del mal.
Su idea no era que el mal sea poca cosa, sino que lo cometen personas corrientes que dejan de pensar. Y eso es lo que hace una etiqueta: es una frase hecha que te ahorra pensar en lo que el otro dice.
Hay además otra banalización, más grosera. Llamar nazi a quien te lleva la contraria es una ofensa a los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto, y a todas las víctimas de lo que de verdad fue el nazismo.
La prueba del algodón
Ocho años y la ley mordaza sigue.
Las palabras son gratis. Los hechos, no. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, la aprobó el Gobierno de Rajoy, y derogarla fue una de las promesas estrella de la izquierda.
Junio 2018
Pedro Sánchez llega al Gobierno.
2023
La reforma decae por las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.
Octubre 2024
Se retoma el trámite en el Congreso.
Octubre 2026
Vuelve a decaer con las Cortes disueltas. Podemos exigía la palabra "prohibición" para las pelotas de goma; el PNV no aceptaba los cambios sobre desobediencia a los agentes; Interior, según The Objective, nunca mostró entusiasmo. El acuerdo cubría casi el 90 % del texto.
Ocho años de Gobierno "progresista" y la ley sigue en vigor. Gritar "fascista" no cuesta nada. Derogar una ley que recorta libertades, sí.
¿Quién decide qué lucha es justa?
¿Quién reparte los carnés del derecho a pensar y a opinar?
¿A cuánta gente has llamado fascista este año? ¿Cuántos lo eran?
¿Sabrías explicar qué es el fascismo sin buscarlo en Google?
¿Sabrías reconocer a uno de verdad?
Para terminar
Llamar a las cosas por su nombre.
El antifascismo de verdad no es un grito. Es defender las libertades de todos, también las de quien te parece insoportable: que pueda hablar, que pueda informar, que pueda equivocarse.
En cuanto decides quién merece esas libertades y quién no, has empezado a parecerte a aquello contra lo que dices luchar.
Llamarlo todo fascismo no te hace antifascista. Te deja sin palabras cuando llegue el de verdad.
"¿Quién mató a Maricarmen?" es la pregunta que todos se apresuran a responder. Y la que nadie debería estar haciendo.
Hasta hace dos semanas, casi nadie en España sabía quién era. Hoy su nombre está en los decretos, en las pancartas de la Puerta del Sol, en los plenos y en las tertulias. La muerte de Maricarmen se ha convertido en el tema del que todo el mundo habla.
Y en el mismo momento en que murió, empezó la partida. No para entender qué falló. Para decidir a quién se le carga.
Si hay algo peor que instrumentalizar una historia, es instrumentalizar una muerte.
La víctima
Maricarmen, 87 años
71
Años viviendo en el mismo piso del Retiro
23·9
Día del desahucio
14
Días después, muere en el hospital Gregorio Marañón
Fue desahuciada el 23 de septiembre y no volvió a salir del hospital. Murió el 7 de octubre.
Mientras vivía, se convirtió en símbolo: la acampada de Sol, las portadas y hasta un decreto con su nombre.
Al día siguiente de su muerte, unas 20.000 personas marcharon desde Sol hasta su casa, según la Delegación del Gobierno.
De qué murió exactamente, no hay una causa oficial publicada. Durante su ingreso se habló de un cuadro de agotamiento severo.
Ya escribí sobre su caso en la foto y los datos. Hoy no voy a hablar de la ley. Voy a hablar de lo que hicieron con ella.
Su voz
La voz que nadie escuchó entera
La víspera del desahucio, en una entrevista en RTVE, le preguntaron a quién responsabilizaba de lo que le estaba pasando. Respondió sin pestañear. Y no dio un nombre. Dio cuatro:
Pedro Sánchez, porque no se entera de la cantidad de desahucios que hay.
Isabel Díaz Ayuso, a quien, dijo, el cargo "le viene un poco grande".
José Luis Martínez-Almeida, que según ella solo se dedica a "cargarse Madrid".
Y Urbagestión, la empresa propietaria: "unos inhumanos".
¿Qué vídeo corrió por las redes? Uno en el que solo decía "a Pedro Sánchez". Lo demás, recortado. Lo verificó Maldita.es.
El mismo día de su muerte, Vox lo volvió a publicar: 11 segundos de vídeo y un texto que decía "la responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen". Más de 2 millones de visualizaciones. Ayuso, Almeida y Urbagestión no aparecían.
Y el otro lado hizo lo mismo en dirección contraria: se quedó con "Urbagestión, unos inhumanos" y con su petición de un decreto, y se olvidó de los demás nombres.
Cada bando se quedó con el trozo de su voz que le servía. Nadie la escuchó entera.
El tablero
La política como juego de mesa
En el Cluedo hay una víctima, un tablero y seis sospechosos. Gana quien acusa primero y acierta.
Eso es lo que hemos visto estos días. No una conversación sobre qué falló, quién pudo hacer algo y no lo hizo, o qué ley hay que cambiar. Una carrera por señalar al culpable antes que el otro.
Todos sabían quién la había matado antes de saber de qué había muerto.
Los sospechosos
"Ellos la mataron"
Fíjate en que nadie se salva. La acusación sale de todas partes:
El Sindicato de Inquilinas: "La especulación y el rentismo matan cada día". Maricarmen "no ha muerto, la han matado".
Irene Montero (Podemos): "No es una muerte, es un asesinato".
Rita Maestre (Más Madrid): "Malditos buitres y quienes les apoyan". Y en el pleno, a PP y Vox: "Todos ustedes son responsables de la angustia de una anciana".
Vox, en X: "Han matado a Maricarmen". Acusa al Gobierno de haber utilizado "sin ningún escrúpulo" su sufrimiento… en un mensaje que utiliza su sufrimiento.
Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox: "Procede una autopsia de Maricarmen". La relacionó con una supuesta trama del Gobierno contra la jueza Biedma y con sus acusaciones a Sánchez "como máximo culpable", y habló de una "súbita muerte". La de una mujer de 87 años que llevaba dos semanas hospitalizada.
Vito Quiles escribió que la izquierda era "capaz de haberla asesinado" para culpar a la derecha.
Y si el asesino es algo sin cara, como "la especulación" o "el rentismo", el sospechoso puede ser cualquiera que no piense como tú.
El tablero no tiene límites. El columnista Chapu Apaolaza, que entrevistó al casero, cuenta en ABC que le llaman asesino por redes y por WhatsApp. Su columna lleva un título que resume la partida: "Yo maté a Maricarmen".
Pero ojo, porque esa entrevista también tuvo su papel: sirvió para que el casero la describiera como alguien que había abusado durante décadas de los propietarios. Unos la convirtieron en mártir. Otros, en aprovechada. Ninguno la dejó ser solo una persona.
El arma n.º 1
El vídeo recortado
El 28 de septiembre, en Horizonte (Cuatro), entrevistaron al propietario de Urbagestión, que acababa de anunciar un principio de acuerdo para que Maricarmen volviera a su casa. Beatriz Talegón preguntó si el decreto se seguiría llamando Maricarmen. Carmen Porter respondió: "Hasta luego, Maricarmen".
Puedes pensar que fue un chiste de mal gusto. Es una opinión legítima. Pero se dijo con ella viva, y hablando del decreto.
Cuando murió, el fragmento volvió a circular como si se hubieran reído de una mujer muerta. Y entre quienes lo compartieron estaba un ministro del Gobierno: Óscar Puente.
El mismo ministro que, según contó el presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, respondió a quienes le pedían la dimisión que él no había soldado el raíl. Un accidente con 46 muertos, una investigación judicial abierta y ninguna responsabilidad política asumida. Pero tiempo para difundir un corte sacado de contexto, sí.
En un programa con tantos colaboradores también ha habido voces de distinto tono: uno de ellos llegó a insinuar que Maricarmen había sido elegida "en un cásting" por Moncloa. Pero la opinión de un tertuliano no es la voz del programa, igual que un corte de diez segundos no es lo que se dijo. Juzgar a todos por una frase sacada de contexto es, precisamente, el juego que estoy criticando.
El arma n.º 2
El minuto de silencio
El 8 de octubre, la izquierda pidió minutos de silencio en varios parlamentos. La derecha los rechazó en casi todos:
Asamblea de Madrid: PP y Vox no lo respaldaron. El PP explicó que no iba a contribuir a "su utilización política".
Ayuntamiento de Madrid: sin homenaje oficial. Más Madrid y PSOE hicieron el suyo. Almeida, el PP y Vox se quedaron sentados.
Senado: la Presidencia lo rechazó por no haber precedentes. Cortes de Aragón: PP y Vox, en contra.
Corts Valencianes: se aprobó, con el voto de Vox incluido. Pero la mayoría de sus diputados se ausentaron durante el homenaje.
Hasta ahí, se puede discutir. Lo obsceno vino después. En el mismo pleno, Almeida se dirigió a la izquierda: "Cuarenta segundos ha durado el minuto de silencio que ustedes han hecho por Mari Carmen".
No lo secundan. Pero lo cronometran.
Y como arma arrojadiza, recordó a Olga, otra mujer desahuciada que murió en L'Hospitalet, y por la que nadie guardó un minuto de silencio. Tiene razón en que nadie lo hizo. Lo que no se entiende es que usara su muerte para ganar un turno de palabra.
Nota: si estás pasando por un momento difícil, puedes llamar al 024, la línea de atención a la conducta suicida. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas.
El arma n.º 3
El nombre
El "decreto Maricarmen" no lo bautizó el BOE. Fue el Sindicato de Inquilinas quien presentó a los grupos parlamentarios su propio "real decreto Maricarmen". Luego lo adoptaron medios y políticos.
Ponerle nombre de persona a una ley es muy eficaz. Convierte una votación en un juicio moral: quien vota en contra ya no discrepa de una medida. Vota "contra Maricarmen". Lo conté en el que vota no también es diputado.
Y cuando la persona muere, el nombre se convierte en otra cosa: una lápida que cada uno usa como atril.
¿Quién gestionó su caso cuando todavía había tiempo?
¿Por qué la norma que acabó con su contrato lleva tres décadas en vigor, con gobiernos de los dos colores?
¿Cuántas Maricarmen hay hoy, sin cámara, sin nombre y sin decreto?
Para terminar
Señorita Escarlata, en la cocina, con el candelabro
Esto es lo que se ha convertido la política: un tablero en el que importa más derrotar al rival que legislar, gobernar o gestionar lo de todos. Problemas que se magnifican cuando conviene y se ningunean cuando no.
Y mientras algunos seguimos trabajando, sabiendo que buena parte de lo que generamos se va en impuestos que gestiona esta gente, ellos siguen con su partida.
Lanzan los dados. Mueven la ficha. Acusan.
En el Cluedo, al final siempre hay un culpable. En esta partida, la única que no juega es la víctima.
Los autónomos no somos el enemigo. Somos el 95 % de las empresas de este país, y aun así hemos pasado a ser el blanco de la rabia de los de abajo.
Hace unos días, el ministro Óscar Puente defendió en televisión las vacaciones de Pedro Sánchez durante la crisis de Ceuta. Criticarlas, dijo, era "una infinita crueldad": "Esto de que el presidente del Gobierno no tenga derecho, como el resto de mortales, a tener unas vacaciones, es algo que no entiendo". Y añadió que el presidente "lleva el despacho en su bolsillo, como hacemos todos los políticos".
Así que subí un reel de menos de un minuto, sarcástico, con cara de pena: resulta que los autónomos también tenemos "derecho a vacaciones", y a mí se me había pasado pedirlas. El problema es que no sé a quién. Derecho a vacaciones, igual que todos tenemos derecho a una vivienda.
Lo que vino después no me lo esperaba. No por la discrepancia, que siempre es bienvenida, sino por la cantidad de odio contra los autónomos.
Que si cobramos todos en negro.
Que si no sabemos hacer cuentas.
Que las vacaciones nos las pidamos a nosotros mismos.
Que si no nos gusta, que aprobemos una oposición.
Y mi favorito: una señora que, como argumento, me recomendó ir al dermatólogo a quitarme las verrugas.
Lección gratis
La falacia ad hominem
Ese comentario, tan cortito, es un regalo. Es el ejemplo perfecto de una falacia ad hominem: cuando no puedes rebatir lo que alguien dice, atacas a la persona. Su cara, su voz, su vida. Cualquier cosa menos el argumento.
Si hablo de un tema social, político o económico y la respuesta es que te dan asco mis verrugas, no me has rebatido nada. Me has dado la razón sin darte cuenta.
Nota: por cierto, estoy tan orgullosa de mis verrugas que mi diseñadora me hizo un logo con mis labios rojos y una de ellas. Así que gracias por la publicidad.
Detectar el sarcasmo exige un mínimo de comprensión. Y si el informe PISA nos dice que la comprensión lectora está cayendo, sospecho que con la comprensión de lo que escuchamos pasa lo mismo: oímos lo que queremos oír.
Es muy valiente criticar desde un nick a quien da la cara con su nombre y apellidos.
Quiénes somos
¿En quién piensas cuando dices "autónomo"?
Igual te imaginas a alguien en la playa con un mojito y una cuenta en Suiza. Mira a tu alrededor, porque los autónomos somos:
La tienda del barrio que abre a las 6:30 para que tus hijos compren el bocadillo antes del instituto, y sigue abierta a las 11 de la noche.
El bar donde te tomas el café, la frutería, la papelería donde compras el material del cole.
El dentista, la fisioterapeuta, el psicólogo, la podóloga, el oftalmólogo. Incluso en muchos centros médicos privados, buena parte de los profesionales son autónomos.
El taxista, el repartidor, la mensajera.
El fontanero, el electricista, la pintora, el albañil y el cerrajero al que llamas a las 12 de la noche porque se te ha roto la cerradura.
Los distribuidores que arriesgan su dinero para que en la tienda haya lo que buscas.
Arquitectas, abogados, gestores, diseñadoras, consultores y quien te hizo la página web.
El restaurante donde celebras tu cumpleaños y el chiringuito de la paella.
Músicos, actrices, artistas: la gente que te alegra la vida en un concierto o en una película.
La academia donde tus hijos aprenden inglés o recuperan las asignaturas.
Haz el ejercicio: ¿de cuántos autónomos dependes en una semana normal? Pagando, faltaría más. Pero dependes.
Los datos
El tejido que sostiene el país
3,48M
Autónomos en España (septiembre de 2026, récord histórico)
95%
Empresas sin asalariados o con menos de 10 empleados
63%
Autónomos que ingresan menos que el salario mínimo (ATA)
De las 3,31 millones de empresas activas en España, el 54,4 % no tiene ni un solo asalariado y otro 40,7 % tiene entre 1 y 9 (INE, 2025).
Es decir: 95 de cada 100 empresas son autónomos o microempresas, muchas de ellas familiares.
Y según la Asociación de Trabajadores Autónomos, el 63 % de los autónomos ingresa menos que el salario mínimo. Así que lo de los millonarios con mina en Venezuela, mejor lo dejamos.
Se ha conseguido que el 95 % del tejido empresarial del país sea visto como el enemigo.
Los impuestos
¿Quién paga más?
Los datos de la Agencia Tributaria sobre el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades (lo que se paga de verdad sobre los beneficios, después de deducciones) hablan solos:
4,75%
Empresas de más de 5.000 trabajadores
15,3%
Microempresas (1 a 10 empleados)
18,6%
Pequeñas empresas (10 a 50 empleados)
Todas tienen el mismo tipo nominal, el 25 %. La diferencia está en que las grandes deducciones solo están al alcance de las grandes empresas. Las pequeñas pagan, en proporción, tres o cuatro veces más.
Y aun así, el foco de la rabia no está en las grandes. Está en el bar de la esquina.
Lo que no se ve
Las vacaciones, la baja y los marrones
Las vacaciones. Claro que podemos cogerlas. Pero si estás sola en tu negocio, un mes sin trabajar es un mes sin ingresos y con todos los gastos.
La baja. Si un autónomo enferma, no cobra nada los tres primeros días. Después cobra el 60 % de su base de cotización hasta el día 20 y el 75 % a partir del 21. Y durante los dos primeros meses de baja sigue pagando su cuota. La mayoría cotiza por bases bajas, así que la prestación muchas veces no cubre ni los gastos del negocio.
Los pagos. Las grandes empresas pagan a sus proveedores a 90 días. Muchos pequeños pagamos por adelantado, antes de recibir la mercancía.
Los marrones. Cuando hay una crisis en tu negocio, tus vacaciones pasan a segundo plano. Todos hemos perdido algún billete de avión. Y te aguantas.
Por eso me indignó tanto escuchar que el presidente tenía derecho a sus vacaciones "como el resto de mortales" en plena crisis de Ceuta, mientras guardias civiles, policías y sanitarios veían cómo se les suspendían las suyas. Cualquier persona que dirige un negocio o un equipo sabe que, cuando hay una crisis, el responsable da la cara.
Y lo más revelador vino en la misma entrevista. La periodista le recordó que, un año antes, con los incendios de Castilla y León, él mismo había escrito sobre el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco: "Las vacaciones están sobrevaloradas, que se vuelva de Cádiz a Castilla y León". ¿Su respuesta? "Yo creo que son cosas distintas": en los incendios, el responsable máximo debía estar al frente.
Si el que está de vacaciones es de los otros: que vuelva, que las vacaciones están sobrevaloradas.
Si es de los míos: criticarlo es "una infinita crueldad", porque lleva el despacho en el bolsillo.
La vara de medir no depende de lo que haces, sino de quién lo hace.
Los marrones, para arriba. Los premios, para abajo. Eso es liderar. Lo contrario es disfrutar de los privilegios del cargo.
Si quieres el poder, el margen de maniobra y los beneficios del cargo, tienes que asumir sus consecuencias. Y me da igual que te llames presidente, ministro o director general de una multinacional.
Si mañana gobierna A, criticaré a A cuando lo haga mal.
Si gobierna B, criticaré a B.
Porque se fiscaliza a quien tiene el poder. Para eso existe.
La base de la democracia es que nadie tiene poder absoluto: el legislativo, el ejecutivo y el judicial se vigilan entre sí, y la prensa y los ciudadanos vigilamos a todos. Cuando dejamos de fiscalizar al poder por lealtad a unos colores, dejamos de ser ciudadanos y pasamos a ser hinchas.
Un político no es tu padre, ni tu marido, ni el líder de tu secta. No le debes lealtad: le debes exigencia. Lo escribí hace un tiempo: ni amo, ni marido, ni Dios, ni partido.
El fondo
Los gladiadores y el César
Hay un ejemplo que llevo años usando en mis formaciones. En el circo romano, cada gladiador pensaba que su enemigo era el que tenía enfrente. Era matar o morir.
Pero ¿de verdad el enemigo de un gladiador era otro gladiador? ¿O era quien los había puesto ahí, a pelear entre ellos por sobrevivir, mientras él miraba desde la tribuna?
Es lo mismo que cuenta la película El hoyo: los de arriba se sirven primero y los de abajo se pelean por las sobras. Y nadie mira hacia arriba.
¿Qué te ha hecho el autónomo que te pone el café para que lo veas como el culpable de lo que va mal?
¿Por qué nos peleamos entre los de abajo por las migajas en vez de exigir a quien gestiona lo de todos?
¿Queremos subir todos o que el de al lado baje a nuestro nivel?
Parte del problema es ese buenismo que nos impide señalar al responsable y nos empuja a pelearnos con quien tenemos más cerca.
Defender a los autónomos no es atacar a los asalariados ni a los funcionarios. Un Estado necesita funcionarios para funcionar, y yo he sido de ideología obrera toda mi vida. No se trata de quitarle a nadie lo que tiene, sino de que todos podamos tener más.
Para terminar
Mira para arriba
Mis abuelos, con un solo sueldo de vigilante nocturno y cuatro hijos, pudieron comprarse un piso para veranear en Benidorm. Yo me independicé con 19 años compartiendo piso. Mi hijo tiene 20, ya trabaja, y no puede ni plantearse irse de casa.
Hemos perdido poder adquisitivo y calidad de vida. Y en vez de exigir a quien tiene la responsabilidad, nos peleamos con el de al lado.
Así que la próxima vez que te dé rabia un autónomo, haz como deberían haber hecho los gladiadores: mira para arriba.
Los autónomos no somos el enemigo. Somos el país que te abre la persiana cada mañana.
El Congreso tumbó los decretos de vivienda. Cuatro días después, con las Cortes disueltas, el Gobierno los vuelve a aprobar para colarlos por la Diputación Permanente. Que algo sea legal no lo hace legítimo.
El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda: 178 votos contra 172 y 184 contra 166. Lo conté en El que vota no también es diputado.
El 5 de octubre, Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre y disolvió las Cortes.
El 6 de octubre, el Consejo de Ministros volvió a aprobar los dos decretos para que los convalide la Diputación Permanente. Con algunos retoques, sí: el veto a los fondos se alarga hasta 2030, se añade una deducción para inquilinos y un plan de préstamos. Pero son, como reconoce la propia prensa, «ajustes técnicos» que no tocan la arquitectura de las normas.
El ministro Félix Bolaños lo defiende así: la Diputación Permanente está para «las decisiones relevantes», y los reparos de la oposición son «bastante absurdos».
Cuatro días. Eso es lo que ha durado el «no» del Congreso.
La Constitución
¿Qué es la Diputación Permanente?
La regula el artículo 78 de la Constitución. Es un órgano reducido de cada Cámara que funciona cuando el Parlamento no está reunido o ha sido disuelto:
Tiene un mínimo de 21 miembros, que representan a los grupos «en proporción a su importancia numérica» (art. 78.1).
Si las Cámaras están disueltas, asume sus facultades en casos tasados: convalidar decretos ley (art. 86) y los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116). Y debe «velar por los poderes de las Cámaras» (art. 78.2).
Cuando se constituye el nuevo Congreso, tiene que darle cuenta de lo que ha decidido (art. 78.4).
Su razón de ser es sencilla: que el país no se quede sin respuesta ante lo urgente mientras no hay Parlamento. No está para conseguir lo que el Pleno acaba de negar. Está para proteger la voluntad de las Cámaras, no para esquivarla.
Las cuentas
Donde sí salen los números
La Diputación Permanente del Congreso tiene 68 miembros más la presidenta: PP 27, PSOE 24 más Armengol, Sumar 6, Vox 6, y ERC, Junts, PNV, Bildu y el Grupo Mixto, uno cada uno.
35
Gobierno, socios y PNV
34
PP, Vox y Junts
1
Voto de diferencia: el del PNV
El PNV ya ha anunciado que votará sí al primer decreto (desahucios y fondos) y no al segundo, al que llama «un parche». Así que el primero saldrá adelante por un voto, en un órgano donde Junts pesa 1 de 69, cuando en el Pleno pesaba 7 de 350.
Si no te votan en el Pleno, busca otra mesa.
La mujer del César
Legal no es legítimo
«La mujer del César no solo ha de ser honrada, sino parecerlo». Que algo no esté expresamente prohibido no lo convierte en legítimo. Y mucho menos en ético.
Los juristas están divididos, y eso ya dice mucho:
Gema Rosado (Universidad Carlos III): «Jurídicamente, no se vulnera la literalidad de la Constitución». Pero sin cambios reales, «sería un intento de cambiar fraudulentamente la voluntad» del Congreso.
Ana Valero (Universidad de Castilla-La Mancha): un «uso indebido» y «oportunista» de la Diputación Permanente.
Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional: si es «el mismo decreto», sería inconstitucional.
El juez Miguel Guerrero: «Reaprobar el texto días después, reservando la convalidación a un órgano que sustituye a las Cortes porque ahí sí da la aritmética de votos es, evidentemente, un fraude de ley».
Para ser justas: Miguel Presno (Universidad de Oviedo) cree que llamarlo «fraude constitucional» no es un juicio jurídico.
Lo resumió el juez Luis Sanz mejor que nadie:
«No es gobernar sin el Parlamento. Sería gobernar contra el Parlamento».
En la vida real
Pedírselo a la abuela
Es algo habitual en cualquier familia: papá dice que no, así que el niño espera a que se vaya de viaje y se lo pide a la abuela. Nos hace hasta gracia. Es un niño.
Nadie esperaría que un Gobierno usara ese truco para gobernar un país. De hecho, ni en nuestra comunidad de vecinos lo aceptaríamos: el presidente pierde la votación de la derrama en la junta, espera a agosto y la aprueba en la comisión de tres vecinos que él mismo eligió. «Es legal, los estatutos lo permiten». Claro. Y al día siguiente nadie le volvería a votar.
Que algo sea habitual entre niños para salirse con la suya no lo hace aceptable en los adultos que gobiernan.
Cuando lo hace un Gobierno, lo que se vacía de sentido es la democracia: respetar la voluntad de la mayoría, también cuando no te da la razón.
El precedente
Si se repite, es un patrón
El Gobierno se defiende: ya se hizo antes. Y es verdad. Lo hizo él mismo:
Enero 2019
El Congreso deroga el decreto de alquiler con 243 votos en contra. Es la primera derrota de Sánchez con un decreto.
Marzo 2019
Con las Cortes disueltas, el Gobierno aprueba otro decreto de alquiler, renegociado con Podemos.
Abril 2019
La Diputación Permanente lo convalida por 33 votos contra 31. Decide, otra vez, el PNV.
Enero 2020
El Tribunal Constitucional anula dos artículos de ese decreto por no justificar la urgencia.
Y aun así hay diferencias: en 2019 pasaron dos meses y el texto se renegoció. En 2026 han sido cuatro días y «ajustes técnicos».
Que haya un precedente no lo valida. Al contrario: demuestra un patrón. Cuando las normas de la democracia no le dan la razón, busca otra puerta.
Por encima de la legitimidad
El patrón y su patrón
Porque no es la primera vez. Es una forma de gobernar:
Pactar con quien juró que nunca pactaría. «Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, lo digo cinco veces o veinte» (2015). «Ni yo ni el 95 % de los españoles dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno» (2019). La amnistía «no entra dentro de la Constitución» (2022-2023). Y después, una investidura con Podemos y Bildu, y con el apoyo de partidos de ideología nada afín, como Junts (a cambio de la amnistía) o el PNV.
Gobernar sin presupuestos. Presentarlos es la primera obligación del Gobierno (art. 134 de la Constitución). Para los de 2026 se prometieron, sucesivamente: el plazo constitucional de octubre de 2025, el «primer trimestre», «antes de que acabe el mes» de marzo y «durante este año». En junio, Sánchez renunció. El plazo de los de 2027 venció el 30 de septiembre sin proyecto. Ni un solo presupuesto en toda la legislatura.
Incumplir la promesa de los desahucios. En 2015 dijo que con un Gobierno socialista no habría más desahucios en España (vídeo). Desde 2018 ha habido 272.417. Curioso que la prisa le entre ahora.
«¿La Fiscalía de quién depende?» «Del Gobierno», le respondieron en RNE en noviembre de 2019. «Pues ya está». Rectificó al día siguiente, pero la frase retrata cómo se entiende una institución que debe servir a la justicia, no al Gobierno. Su fiscal general fue condenado en 2025 por revelación de datos reservados.
Las «cloacas». La Audiencia Nacional investiga una presunta trama, el caso Leire Díez, para entorpecer causas judiciales que afectaban al PSOE. Anticorrupción estudia pedir la imputación del PSOE como partido.
La cúpula de la Guardia Civil imputada. En julio de 2026, el juez Pedraz imputó a la directora general, Mercedes González, y al DAO, Manuel Llamas, por prevaricación y obstrucción a la justicia. Marlaska la mantiene en el cargo.
El «lawfare» como coartada. El término entró en el acuerdo PSOE-Junts de noviembre de 2023. En abril de 2026, tres ministros cargaron contra el juez Peinado y el Consejo General del Poder Judicial pidió «respeto» por unanimidad. En junio, el ministro Óscar López llegó a decir que «hay jueces que prevarican». Y en septiembre, Óscar Puente atacó a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, elegida por el sector progresista.
La ley de nietos, estirada por instrucción. Una instrucción de 2022 creó una «presunción general de exilio» que la ley no decía. El Supremo suspendió en septiembre, de forma cautelar, el efecto electoral de esas altas en el censo: unas 300.000 personas.
Contra los fondos buitre… salvo cuando gestionan lo público. En 2023, Sánchez prometió que la Ley de Vivienda «prohibirá que se venda a fondos buitre». Una semana antes de votar los decretos, su ministra de Vivienda preguntaba: «¿Con la gente que sufre o con los buitres que les desahucian?». Mientras tanto, la Sareb, que es pública, adjudicaba a Aliseda, filial de Blackstone, un contrato de 52,45 millones para gestionar sus viviendas, incluidos los desahucios, y preparar las que pasarán a la nueva empresa pública de vivienda.
Ceuta. En 2021 entraron entre 8.000 y 10.000 personas. En julio de 2026, entre 50.000 y 80.000 según la fuente. Sánchez habló de «una violación y un ataque a la integridad territorial de España», pero elogió la «cooperación» de Marruecos y al día siguiente se fue de vacaciones a La Mareta. El mando único llegó 26 días después. Y cuando le preguntaron por los menores que seguían en la calle, respondió: «Eso a Vivas, pregúntele».
Los jueces
La misma toga, otro acusado
La expresión «fachas con toga» la popularizó Podemos tras la ley del «solo sí es sí» de Irene Montero. Esa ley supuso, según el Consejo General del Poder Judicial, 1.127 rebajas de condena y 115 excarcelaciones de agresores sexuales. Se les había advertido. En vez de asumir el error, culparon a los jueces que aplicaban la ley.
Desde entonces, esa idea repetida le ha venido muy bien a un Gobierno con varios casos de corrupción investigados, incluido el expresidente Zapatero. Y sin embargo:
Fue un tribunal con un juez progresista, José Ricardo de Prada, el que en 2018 condenó al PP por la Gürtel. Esa sentencia llevó a Sánchez a la Moncloa.
Entonces era justicia. Hoy, cuando los jueces investigan a su entorno, es «lawfare». Los mismos jueces, la misma toga. Lo único que cambia es a quién investigan. Y mientras tanto, se mina la confianza de todo un país en su justicia.
La prisa
No es urgencia, es soberbia
Con elecciones ya convocadas, dentro de siete semanas habrá un Parlamento nuevo que podrá aprobar lo que quiera, con legitimidad plena. ¿A qué viene la prisa?
No es por la vivienda: como vimos en Legislar a golpe de decreto, estos decretos no aumentan la oferta, que es el problema de fondo. Y el Banco de España advierte de que este tipo de controles traen pérdidas de bienestar a medio y largo plazo.
Es por el relato: llegar a la campaña con un «yo sí lo aprobé», aunque haya que buscar la única mesa donde salen las cuentas.
Salirse con la suya, aunque el Congreso haya dicho que no.
Para terminar
Lo que uno se prohíbe
La democracia no es solo lo que la ley permite. Es también lo que uno se prohíbe a sí mismo por respeto a los demás. Perder una votación y aceptarlo. Esperar al nuevo Parlamento. No buscar a la abuela cuando papá ha dicho que no.
Cuando un Gobierno convierte cada resquicio en una puerta, el problema ya no es un decreto. Es la idea de que las normas son para los demás.
Una trampa legal sigue siendo una trampa. Y si se repite, es un patrón.
Si no votas a los de siempre, viene la ultraderecha. Llevo años oyéndolo. Y a mí ese miedo ya me caducó.
La mayoría de la gente con la que puedo compartir ideología (algo así como la socialdemocracia: yo nunca me he considerado de derechas, ni de lejos, aunque comparta algunas ideas mal llamadas conservadoras y esté a favor de que el Estado intervenga poco) tiene un argumento estrella. Si no votas a los de ahora, viene la ultraderecha.
Es un argumento que no me canso de oír, en todas sus versiones:
«Los otros son peores».
«Hay que evitar que gobiernen los otros».
«Vox es lo peor para los derechos».
«El lado correcto de la historia», «evitar el mal mayor», «levantar un muro a la ultraderecha».
Eslóganes. Solo eso.
La pregunta
¿Qué duele más: el contrario o los tuyos?
¿Qué es peor: que te gobierne alguien con quien no compartes políticas ni forma de mirar la economía o la sociedad, o que te gobiernen «los tuyos» mintiéndote descaradamente?
¿Que cambien las políticas de su propia ideología disfrazándolas de tu cuerda a base de relato?
¿Que gobierne un partido con un programa que no votaste… o que los que tú votaste hagan justo aquello que prometieron, hasta la saciedad, no hacer?
¿Duele menos la traición de los tuyos que las decisiones del contrario?
No lo sé. Pero a mí me jode más que me traten de idiota.
Porque cuando tienes enfrente a alguien que hace cosas que no te gustan, alguien que no es de tu cuerda, te rebelas y exiges cambios. Pero cuando quienes lo hacen son de los tuyos, lo que provocan es disonancia cognitiva. Y la disonancia se resuelve casi siempre igual: justificando lo injustificable.
Como manifestarse contra el Gobierno siendo vicepresidenta de ese Gobierno. Yolanda Díaz, el 27 de septiembre, en la fiesta del PCE, apoyando la acampada de Sol contra los decretos de vivienda que su propio Gobierno no lograba sacar adelante:
«La derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos».
Y yo creía que, como sociedad, habíamos dejado claro en los juicios de Núremberg que la obediencia no puede estar por encima de la humanidad. Lo dice el Principio IV que la ONU formuló en 1950:
«El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción». Principios de Núremberg, Comisión de Derecho Internacional de la ONU (1950).
Por mucho que sean los tuyos.
La superioridad moral
Los buenos por definición
El «que viene el Coco» funciona porque se apoya en una idea muy arraigada: la izquierda son los buenos. ¿De dónde sale?
1789
En la Asamblea francesa, los contrarios al veto del rey se sientan a la izquierda. Desde entonces, la izquierda se identifica con el «progreso».
Años 30
Gramsci teoriza la hegemonía cultural: ganar el sentido común antes que el poder.
1975-1982
En España, el antifranquismo da a la izquierda una legitimidad que, como escribió ABC, «valía para perdonar cualquier cosa». De los GAL a Filesa.
Lo reconoce hasta un autor de izquierdas, Ignacio Sánchez-Cuenca, en La superioridad moral de la izquierda (2018): «tener razón es muy difícil de gestionar». Y Andrés Trapiello lo resumió así: «La izquierda se considera moral y culturalmente superior a la derecha porque cree que la cultura es cosa de izquierdas».
La psicología también lo ha estudiado. Según Jonathan Haidt y sus colegas (2012), cuando se pide a la gente que adivine los valores morales del bando contrario, los progresistas son los que más se equivocan. Y un estudio con población española (2025) encontró que incluso las personas de derechas ven más morales las causas de izquierda.
Pero la historia no respalda esa superioridad. Las ideologías de extrema izquierda han sido tan culpables como las de extrema derecha de millones de muertes:
6-20M
Muertes bajo Stalin, según el historiador
15-55M
Muertes del Gran Salto Adelante de Mao
25%
De la población de Camboya, asesinada por los Jemeres Rojos
El nazismo exterminó a 6 millones de judíos y a millones de personas más. Ningún extremo tiene autoridad moral para dar lecciones.
¿Socialdemocracia?
Lo que se ha hecho en su nombre
Lo que más me molesta no es que la izquierda se crea superior. Es que se lo crea mientras gobierna en contra de los principios que dice defender. Algunos ejemplos de lo que la socialdemocracia clásica defendería y aquí no se ha hecho:
Vivienda pública. La vivienda social es el 1,2-2,5 % del parque en España. En Dinamarca, el 21 %.
Impuestos justos. El IRPF no se ajusta a la inflación: pagas más aunque tu sueldo real baje. En 2025, 2.300 millones extra, según la propia Hacienda.
Igualdad ante la ley. Amnistía a cambio de votos. El propio Tribunal Constitucional, aunque la avaló, anuló dos artículos por vulnerar la igualdad.
Solidaridad entre territorios. Perdón de 83.252 millones de deuda autonómica y «financiación singular» para Cataluña. Emiliano García-Page, del PSOE, la llamó «el mayor daño a la ideología del PSOE de su historia».
Instituciones neutrales. El CIS de Tezanos, exmiembro de la dirección del PSOE, sobreestimó a la izquierda en 41 de 42 elecciones. RTVE se cambió por decreto ley para nombrar a su consejo por mayoría simple, y Bruselas habla de «injerencia política».
Cuentas públicas. Ni un solo presupuesto en toda la legislatura.
Familias. La Ley de Familias, bloqueada en el Congreso desde 2024.
El rumbo
Ni Venezuela ni Dinamarca
Seamos justas con los datos: los tres grandes índices de calidad democrática (The Economist, V-Dem y Freedom House) siguen considerando a España una democracia plena. Venezuela es una autocracia. No somos Venezuela.
Pero la socialdemocracia que muchos votaban miraba a Dinamarca. Y allí, la socialdemócrata Mette Frederiksen gobierna con superávit (4,5 % del PIB), deuda por debajo del 30 % y una política migratoria tan estricta que en inmigración se ha alineado con Meloni frente a Sánchez.
Aquí: déficit, 2.389 millones de partidas del plan de fondos europeos reasignados a pagar pensiones y ni un solo presupuesto aprobado en toda la legislatura.
Nota: el Tribunal de Cuentas detectó en la Cuenta General del Estado de 2024 modificaciones presupuestarias por 2.389 millones que recortaron créditos del Plan de Recuperación para financiar clases pasivas y complementos a mínimos de pensiones. Cuestionó su justificación, pero no concluyó que hubiera un uso ilegal. Su presidenta y la Comisión Europea niegan que se usaran fondos europeos para pagar pensiones.
Mientras tanto, Bruselas le saca a España tarjeta amarilla por la corrupción, los ataques a los jueces, el bloqueo del CGPJ y la injerencia en RTVE.
No somos Venezuela. Pero cada año nos parecemos menos a Dinamarca.
Mi voto
Feminismo no vota traidores
En las municipales de 2023 fui a votar con una camiseta que decía: «mujer: hembra humana adulta». Ese era mi mensaje, aunque ninguna papeleta lo recogiera.
Mi publicación en Instagram en mayo de 2023: con esta camiseta fui a votar.
Más de 100 colectivos feministas pidieron entonces no votar a PSOE, Podemos ni Sumar, con el lema #FeminismoNoVotaTraidores, por la ley del «solo sí es sí», la ley trans y la abolición de la prostitución que nunca llegó.
En las generales de julio, el feminismo que yo defiendo ni siquiera estaba en las papeletas. El Partido Feminista de España, de Lidia Falcón, uno de los partidos emblemáticos de la izquierda de nuestro país, había sido expulsado de Izquierda Unida en febrero de 2020: su Asamblea Político y Social lo aprobó con el 85 % de los votos. Oficialmente, por «mantener posiciones contrarias a las aprobadas en los órganos de IU». En la práctica, por ser crítico con la ley trans.
Es decir: la izquierda traicionó a uno de los partidos feministas más antiguos de España, fundado en 1977. A su presidenta, una mujer que fue detenida hasta siete veces y torturada durante el franquismo por defender la libertad, se la acabó tachando de «terf» (trans-exclusionary radical feminist, «feminista radical trans-excluyente», un término que se usa como insulto) y de «facha», e incluso fue denunciada por delito de odio. La Fiscalía archivó la denuncia: no era odio, era libertad de expresión.
Torturada por el franquismo. Expulsada por la izquierda.
Así que escribí en mi papeleta: «Feminismo no vota traidores».
Hace años que me desengañé de quienes, diciendo que estaban «de mi lado», gobernaron en mi contra. Lo conté en Demasiado feminista. Así que no: lo de «que viene el Coco» a mí hace muchos años que me caducó.
Prefiero luchar y criticar, como lo he hecho desde que empecé a hacer política, a quienes a priori están alejados ideológicamente de mí. Me preocupa más que me gobierne gente que quiere cargarse la separación de poderes o que intenta que el cuarto poder sea su altavoz político para las masas.
Para terminar
Huérfana de partido, no de valores
No sé qué voy a votar este 29N. Pero tengo meridianamente claro a quién no voy a votar.
Evidentemente, no votaré a quienes no comparten mi ideología. Pero menos aún a quienes pretenden utilizarme disfrazándose de lo que tengo claro que no son.
Si eres de los muchos decepcionados con tu partido, quizá la solución no es votar con la nariz tapada, sino buscar alternativas.
Igual toca votar en blanco, masivamente, para que de una vez llegue el mensaje a una clase política más interesada en el escaño que en nuestro bienestar.
Sé que el voto en blanco no deja escaños vacíos: cuenta como voto válido y solo complica la entrada a los partidos pequeños. Pero existe hasta un partido para eso: Escaños en Blanco. Nació en 2011 con una única propuesta: si obtiene escaños, los deja vacíos y renuncia a las subvenciones. Un asiento vacío en el Congreso es el mensaje más claro que se le puede mandar a quien solo quiere ocuparlo.
Prefiero criticar a quien está lejos de mí que vivir con la vergüenza de apoyar a quien me mea encima y me pide que diga qué bonita es la lluvia.
Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre. No es casualidad que sea ahora: se legisló a golpe de lágrima y ahora se quiere que votemos igual.
Este lunes, 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció en una declaración institucional, sin preguntas, que convoca elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. Tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda (178 votos contra 172 y 184 contra 166).
Sus palabras: «hay insatisfacción», «hemos cometido errores», «para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente».
La farsa no es convocar elecciones. La farsa es el momento y el marco.
El punto de partida
Un Gobierno que no ganó las elecciones
137
Escaños del PP en el 23J (2023): primera fuerza
121
Escaños del PSOE
179
Votos de la investidura, sumando a 7 partidos más
Sánchez fue investido en noviembre de 2023 con los votos de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Es legal, así funciona el parlamentarismo. Pero tuvo un precio, y lo pagó con partidos con los que había prometido no pactar, incluidos partidos de derechas como Junts, PNV o CC:
Junts: ley de amnistía para los condenados del procés.
ERC: condonación de 15.000 millones de deuda y el traspaso de Rodalies.
PNV: traspasos, entre ellos la gestión de la Seguridad Social.
Coalición Canaria: inversiones y 100 millones para La Palma.
Lo que decía antes:
2015
«Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, lo digo cinco veces o veinte».
2019
«Ni yo ni el 95 % de los españoles dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno».
2022-2023
La amnistía «no entra dentro de la Constitución».
¿Y Bildu? No hay pruebas de un pago. Pero hay datos:
En 2021, la competencia de prisiones pasó al Gobierno vasco.
En marzo de 2023 se acabó la dispersión: todos los presos de ETA, en cárceles vascas o navarras.
Hoy, 73 de los 112 presos de ETA están en tercer grado o en régimen flexible (datos de Sare, la red de apoyo a los presos).
Las grabaciones de Koldo García apuntan a contactos de Santos Cerdán con Bildu en Navarra que nadie ha explicado.
Nota: la relación entre el apoyo de Bildu y la política penitenciaria es una sospecha política, no un hecho probado. El Gobierno siempre lo ha negado. Ahí quedan los datos.
Sin mayoría
Ni un solo presupuesto
La investidura le dio el cargo. No le dio una mayoría para gobernar. La prueba: en toda la legislatura no ha aprobado ni un solo presupuesto. Seguimos con los de 2023, prorrogados en 2024, 2025 y 2026. El plazo para presentar los de 2027 venció el 30 de septiembre sin que los presentara.
¿Cómo se gobierna sin presupuestos y sin mayoría? Por decreto.
196
Decretos ley de Sánchez desde 2018
129
Los de Felipe González, en 14 años
10
Decretos tumbados por el Congreso en esta legislatura
El relato
El caso Maricarmen y el decreto exprés
María del Carmen Abascal, 87 años, vivía en un piso de renta antigua del Retiro (Madrid), con un contrato de 1956. La desahuciaron el 23 de septiembre. Las imágenes, sacándola en camilla, dieron la vuelta a España.
Ese mismo día, desde Nueva York, Sánchez dijo: «Si hubiéramos convalidado el decreto ley, no se habría producido este desahucio».
Lo que no se contó tanto:
El edificio no lo compró un fondo buitre, sino Urbagestión, una microempresa de 7 empleados que se define como «una sencilla pyme».
El desahucio era legal y lo avaló el Supremo en marzo de 2026: según la ley de alquileres de 1994 (aprobada por un Gobierno socialista), la subrogación del contrato se extinguió en 2007.
La propia Maricarmen dijo en RTVE, horas antes, que Sánchez «no se entera o no quiere enterarse» de los desahucios que hay cada día.
Y con la emoción a flor de piel, el Gobierno aprobó dos decretos a toda prisa. Al presentarlos, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció: «Tengo un cacao». El Congreso los tumbó.
«No va a haber más desahucios en España cuando haya un Gobierno socialista. Ese va a ser mi compromiso». Pedro Sánchez, 2015.
El alquiler ha subido un 45 % en esos ocho años y la inflación, un 27 %. Tres años después de la Ley de Vivienda de 2023, el alquiler ha subido un 30,7 % y la oferta ha caído un 69 % en Barcelona. Y en 2019 el propio Sánchez rechazaba las medidas de Podemos sobre alquiler por «intervencionismo».
¿Quién es un buitre?
Depende de lo cerca que estés del Gobierno
El relato es sencillo: quien vota sí está con el derecho a la vivienda; quien vota no, con los fondos buitre. Pero los datos dicen otra cosa:
Más del 90 % del alquiler en España es de personas físicas. Las empresas tienen el 8 % (Banco de España).
Muchas de esas personas alquilan un segundo piso para completar ingresos escasos, asegurarse la jubilación o guardarlo para sus hijos. Y se les llama buitres.
Mientras tanto, en el partido que reparte el calificativo:
23 de los 121 diputados del PSOE tienen 3 o más inmuebles, y 17 declaran ingresos por alquiler.
La diputada Mercè Perea tiene 13 inmuebles y cobra 18.041 € al año de alquileres.
El ministro Félix Bolaños, 11.797 €. Pedro Sánchez, 12.845 €.
Y la escena de la semana: El Gran Wyoming, que ha reconocido tener 19 pisos («he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero»), entrevistando en El Intermedio a la portavoz del Sindicato de Inquilinas sobre lo mal que está especular con la vivienda.
Ser buitre no depende de cuántas casas tengas, sino de lo cerca que estés del partido.
La indignación
Es real, pero no es la que te cuentan
Es cierto que la sociedad está indignada. Pero no hablo de la pretendida secuela del 15M acampada en la Puerta del Sol. Hablo de un hartazgo general que viene de lejos.
En noviembre de 2023, cuando se creó el Ministerio de Vivienda, la vivienda era el 12.º problema de los españoles para el CIS. Desde diciembre de 2024 es el primero, y llegó a su récord en febrero de 2026: 42,8 %. No es un problema que este Gobierno heredara. Es un problema que ha empeorado con él, también por medidas que espantan al pequeño propietario: alargar los desahucios de inquilinos que no pagan (la deuda media del moroso subió a 8.489 € en 2025) o el riesgo de cometer coacciones si le cortas los suministros, aunque los sigas pagando tú.
Pero no es solo la vivienda:
Poder adquisitivo: la inflación de septiembre es del 4,9 %, la más alta desde 2023. La cesta de la compra cuesta un 40 % más que en 2021. La gasolina, a 1,83 €/L. Y los salarios reales siguen un 2 % por debajo de 2021 (OCDE).
Sanidad:853.740 pacientes esperando una operación, un récord, con 122 días de espera media. Solo el 21,8 % consigue cita con su médico de familia en 24-48 horas.
Educación: PISA 2025 da los peores resultados de la serie: lectura 451 (−23 puntos) y matemáticas 457 (−16).
Seguridad: el total de delitos se mantiene, pero suben los violentos: homicidios +7,7 % en 2025; delitos sexuales +4 % y riñas +10 % en el primer semestre de 2026.
Servicios públicos
«A la cabeza del mundo»
En noviembre de 2025, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciaba trenes a 350 km/h para «mantener a la alta velocidad española a la cabeza del mundo».
Dos meses después, el 18 de enero de 2026, un Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba) y chocó con un Alvia: 46 muertos y 292 heridos, el peor accidente ferroviario desde 2013. Lo que se sabe:
Un carril se rompió 40 cm por una soldadura defectuosa.
El sistema que debía alertar de la rotura estaba mal ajustado, y los inspectores no tenían la experiencia exigida (informe de la Guardia Civil).
El sindicato de maquinistas había avisado en agosto de 2025 del desgaste de la vía.
Adif dedica el 84 % de su presupuesto a obra nueva y solo el 16 % a mantenimiento.
Según el ministro, la vía estaba «supuestamente en perfecto estado». Dos días después, en Gelida, un tren de Cercanías chocó con un muro caído sobre la vía: un maquinista en prácticas muerto. Y en agosto, el mejor mes del año, solo el 52,9 % de los trenes de Rodalies llegó a su hora.
Un ministerio cuyo anterior titular cumple 24 años de cárcel.
Las víctimas
Los que se quedan sin foto
La Palma: cinco años después del volcán, cientos de familias siguen en módulos y caravanas. No se ha terminado ninguna vivienda pública y faltan 250 millones por repartir.
DANA:233 muertos. Nueve meses después, el Estado había pagado solo el 15 % de sus ayudas directas.
Ceuta: en julio, decenas de miles de inmigrantes entraron en 48 horas, con los centros de menores al 1.600 %. El presidente de la ciudad dijo que el Gobierno «no entendía la dimensión».
Incendios: 2025 fue el peor año desde 2006, y 2026 ya roza las 300.000 hectáreas, el triple de la media.
Por qué ahora
El foco y la sombra
Si estas elecciones se hubieran convocado hace un mes, la campaña habría girado en torno a esto:
José Luis Ábalos, exministro de Transportes: condenado por el Supremo a 24 años y 3 meses de prisión. Koldo García, a casi 20.
Santos Cerdán, ex número tres del PSOE: estuvo en prisión provisional y sigue investigado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: condenado por revelación de datos reservados.
El hermano del presidente: condenado en primera instancia a 9 años de inhabilitación.
La mujer del presidente: enviada a juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación.
El PSOE: la Audiencia Nacional investiga sus pagos en metálico, y Anticorrupción estudia pedir su imputación como partido en el caso de las «cloacas» de Leire Díez.
Hoy todo eso se apaga bajo el foco de luz intensa que ilumina a un grupo de enfadados acampados en la Puerta del Sol, gritando consignas con poca verdad y mucha demagogia.
Trabajan más los spin doctors que los ministros. Se emplean más recursos en crear y difundir el relato que en hacer política.
Y así, del mismo modo que se legisla en caliente, a golpe de lágrima, se quiere que votemos en caliente. Aprovechando una ola de indignación por un problema real, la falta de oferta de vivienda, sobre todo en las zonas tensionadas, como si estas elecciones fueran un referéndum: o le votas a él, o estás con los que votaron no a los decretos. Es el viejo «que viene la ultraderecha», y por qué a mí ya no me funciona lo cuento en ¿Que viene el Coco?
Para terminar
No es un referéndum. Es un balance.
No es un 15M. Es una clase media que paga más por todo, espera más para todo y recibe menos de todo. Y a esa indignación no se la apaga con un decreto en caliente ni con una campaña de siete semanas.
El 29 de noviembre no se vota si estás a favor o en contra del derecho a la vivienda. Se vota la gestión de ocho años.
Antes de votar, enfría la cabeza. Y mira los datos, no la foto.
Ayer hablé de las formas: las amenazas a quien votaba no. Hoy toca el fondo: qué se votó, cómo se hizo y qué dicen los datos.
En la primera parte conté cómo se trató en el Congreso a quienes votaron en contra de los decretos ley de vivienda. Pero quedarse ahí sería hacer lo mismo que critico: hablar del ruido y no del contenido.
Así que hoy la pregunta es otra: ¿eran buenos esos decretos? Y, sobre todo, ¿es así como se debe legislar sobre el problema que más preocupa a los españoles?
Lo que se votó
Qué decían los decretos
Eran dos reales decretos ley, aprobados en el Consejo de Ministros el 29 de septiembre:
El primero (RDL 26/2026) prorrogaba los contratos de alquiler, limitaba las subidas anuales al 2 %, suspendía desahucios de personas vulnerables hasta 2030 e incluía medidas contra los fondos de inversión.
El segundo (RDL 27/2026) establecía la prórroga automática de los contratos: el propietario tendría que justificar por qué no renueva y, en algunos casos, indemnizar al inquilino.
Proteger a quien está a punto de perder su casa es un objetivo que casi nadie discute. El debate no es el qué, sino el cómo. Y el cómo empieza por la herramienta elegida.
La herramienta
La excepción convertida en costumbre
La Constitución reserva el decreto ley para casos de "extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 86). Es una vía rápida: el Gobierno aprueba la norma, entra en vigor al día siguiente y el Congreso solo puede convalidarla o tumbarla, sin cambiar una coma.
196
Decretos ley de Pedro Sánchez desde junio de 2018
107
Los que firmó Mariano Rajoy en casi siete años
53/37
Decretos ley frente a leyes ordinarias en esta legislatura
Felipe González firmó 129 en catorce años. Aznar, 127. Zapatero, 108.
En esta legislatura (desde noviembre de 2023) se han aprobado 37 leyes por la vía ordinaria, con presentación, debate y enmiendas: 9 orgánicas y 28 ordinarias, según el registro del Senado. En el mismo periodo, el Gobierno ha aprobado 53 decretos ley.Más decretos que leyes.
Y la tendencia va a más: en el último curso político (2025-2026) salieron adelante 10 leyes y 21 decretos ley convalidados. Por cada ley debatida, dos decretos.
De esos 53 decretos, el Congreso ha tumbado 10, 8 de ellos solo en 2026.
Cuando un Gobierno no tiene mayoría para aprobar leyes, el decreto se convierte en atajo: se aprueba primero y se negocia después, o no se negocia.
Y cuando se gobierna así, el Parlamento deja de ser el lugar donde se construyen las leyes y pasa a ser el lugar donde se aceptan o se rechazan en bloque.
Un decreto ley no se debate. Se acepta o se tumba. Y por eso exige más rigor, no menos.
Lo que está en juego
Tres poderes, no uno
Esto no es un tecnicismo jurídico. Va al corazón de lo que hace que una democracia lo sea. Montesquieu lo resumió hace casi tres siglos: para que nadie abuse del poder, el poder tiene que frenar al poder. Por eso se reparte en tres:
El legislativo (las Cortes) hace las leyes. Es donde están representados todos los ciudadanos, también los que no votaron al Gobierno (artículo 66 de la Constitución).
El ejecutivo (el Gobierno) gobierna y aplica esas leyes (artículo 97).
El judicial (jueces y tribunales) resuelve los conflictos aplicando la ley. Y la Constitución le reserva en exclusiva "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" (artículo 117.3).
Cada uno tiene su terreno. Y cada uno vigila a los otros dos. El equilibrio se rompe en cuanto uno de ellos empieza a ocupar el terreno de los demás.
Primer paso: el Gobierno legisla. Cuando el decreto ley deja de ser la excepción y se convierte en la forma normal de gobernar, el ejecutivo hace el trabajo del legislativo. El Parlamento ya no construye las leyes: solo puede decir sí o no a lo que le llega cerrado. Y cuando dice no, como el viernes, a sus diputados se les señala con nombre y apellidos.
Segundo paso: se esquiva al juez. Un desahucio no es una decisión del propietario. Es el final de un proceso judicial, con sus plazos, sus garantías y su derecho a defensa, que termina en una sentencia. La Constitución dice que es "obligado cumplir las sentencias firmes" (artículo 118). Cuando, como pasó con el caso de Maricarmen o como se pide en estos decretos, se pretende dejar sin efecto la ejecución de una sentencia por decisión política, el mensaje es muy claro: lo que diga un juez vale hasta que al Gobierno le conviene que no valga.
Proteger a una persona vulnerable es una obligación de los poderes públicos. Pero la forma de hacerlo en un Estado de derecho es que el Estado le dé una alternativa: una vivienda social, una ayuda, un realojo. No es suspender la sentencia y trasladar el coste a un particular que hizo exactamente lo que la ley le permitía: acudir a un juez.
Si el Gobierno hace las leyes, sobra el Parlamento.
Si el Gobierno decide qué sentencias se cumplen, sobran los jueces.
Y si sobran los dos, lo que queda se sigue llamando democracia, pero ya no funciona como tal.
La separación de poderes no es un trámite. Es lo único que te protege cuando el que gobierna no es de los tuyos.
La prisa
Cuatro días para ocho años
29 sep
El Consejo de Ministros aprueba los dos decretos. En la rueda de prensa, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, busca entre sus papeles para explicar qué se ha aprobado: "Tengo un cacao". Y añade: "Tengo que revisar la última versión, que no la tengo aquí".
29 sep - 1 oct
Negociación a contrarreloj con los socios. El texto incluye una disposición que deja a salvo la normativa propia de Cataluña, leída como un guiño a Junts.
1 oct, medianoche
Junts anuncia que votará no.
2 oct
PSOE y Sumar piden votar a viva voz. Los dos decretos caen: 172 a 178 y 166 a 184.
Los decretos se presentaron como una respuesta urgente. Pero la vivienda no se ha convertido en un problema esta semana. El propio Gobierno lleva ocho años en el poder, y en ese tiempo:
Se han producido 272.417 desahucios (datos del Consejo General del Poder Judicial desde junio de 2018). Unos 191.000 por impago del alquiler.
Se aprobó una Ley de Vivienda en 2023, con topes al alquiler en zonas tensionadas. Tres años después, el Gobierno necesitaba dos decretos de urgencia.
La vivienda social ha pasado del 2,5 % al 3,4 % del total, según la propia ministra. La media de la Unión Europea está muy lejos: harían falta 1,2 millones de viviendas sociales más para alcanzarla.
Ocho años para el problema. Cuatro días para la solución.
La hemeroteca
Lo que decía el PSOE
Hay algo que llama la atención en estos decretos: algunas de sus medidas son justo las que el PSOE rechazaba hace poco.
En febrero de 2021, el entonces ministro con las competencias de vivienda, José Luis Ábalos, rechazaba intervenir los precios del alquiler: "El PSOE prefiere promover que no imponer".
Y defendía que la vivienda "es un derecho, pero también es un bien de mercado" que genera actividad económica y necesita seguridad jurídica.
Cinco años después, el mismo partido firma la prórroga automática de los contratos y un tope del 2 % a las subidas.
Cambiar de opinión es legítimo. Lo que no es legítimo es no explicar por qué, y menos aún llamar "rentista" o "vendido a los buitres" a quien hoy defiende lo que tú defendías ayer.
Los expertos
Lo que nadie quiso escuchar
No hace falta ir a los economistas de un partido. Las advertencias venían de instituciones sin bandera:
El Banco de España (Informe Anual, junio de 2026): los controles de precios son "especialmente eficaces a corto plazo", pero sus beneficios se compensan con "pérdidas de bienestar a medio y largo plazo". Y avisa de un efecto concreto: en 2024, los contratos nuevos ya entraban un 16,5 % más caros que la media de los existentes. Cuando se congela lo que ya está alquilado, lo paga el siguiente inquilino.
José García Montalvo, catedrático de Economía: la prórroga automática "genera una situación de inseguridad jurídica" que perjudica a la oferta que hace falta.
Arantxa Goenaga, abogada especialista en derecho inmobiliario: el decreto "traslada al propietario una función que corresponde al Estado".
Nota: también hay expertos que defienden las regulaciones de precios, sobre todo como medida temporal mientras se construye vivienda. El problema no es que haya debate. Es que un decreto ley no deja espacio para tenerlo.
Lo que ya se ha probado
Mirar fuera de casa
Ninguna de estas medidas es nueva. Se han aplicado en otros sitios, y los resultados están ahí para quien quiera mirarlos:
Cataluña (2024-2026). Los topes en zonas tensionadas han frenado los precios: según el Incasòl, en Barcelona el alquiler ha bajado un 3,3 % desde 2024. Pero, según un estudio de Fedea, los anuncios de alquiler cayeron un 22 % en Barcelona, frente al 7 % fuera de Cataluña. Los pisos que se alquilan son más pequeños, y cada anuncio recibe 462 contactos, 4,5 veces más que en Madrid. Más barato, sí. Para quien lo consigue.
Berlín (2020-2021). Congeló los alquileres por ley. El Tribunal Constitucional alemán la anuló, y los precios repuntaron nada más caer.
Viena. El modelo que todos citan. Funciona, pero no por topar precios: lleva un siglo construyendo vivienda pública, y hoy cerca de la mitad de la población vive en vivienda subvencionada. Eso no se hace con un decreto en cuatro días.
Un estudio de 16 países durante más de un siglo (Kholodilin y Kohl, 2023) concluye que la regulación más restrictiva del alquiler se asocia con menos inversión y menos vivienda construida.
Los países que mejoran el acceso a la vivienda no son los que más prohíben. Son los que más construyen.
Los primeros días
Lo que pasó en 72 horas
Entre el 28 y el 30 de septiembre, según el Observatorio del Alquiler, desaparecieron de los portales 4.290 viviendas más de lo esperado por la tendencia previa. Las mayores caídas, en el País Vasco, Cataluña y Canarias. El propio Observatorio lo calificó de "inusual por su intensidad y rapidez".
Nota: el Observatorio advierte de que sus datos "no permiten aún atribuir la totalidad de esta reducción" a los decretos. Idealista dice no tener constancia, por ahora, de una caída así, y Maldita.es no ha podido verificarlo. Por eso el dato que importa no es el de tres días, sino el de Cataluña tras dos años de topes: un 22 % menos de oferta.
El extremo
Cuando la medida se lleva al límite
El debate en España no se queda en los topes. El 26 de septiembre, Irene Montero e Ione Belarra (Podemos) pidieron expropiar 650.000 viviendas de fondos para destinarlas a alquiler social. Montero insistió el 3 de octubre: que se haga por decreto, antes de convocar elecciones.
No hace falta imaginar adónde llevan estas ideas cuando se aplican hasta el final. Hay países que lo hicieron, y estos son sus datos:
Argentina (2020-2023). La Ley de Alquileres del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner alargó los contratos a tres años y fijó las subidas por índice. La oferta se hundió. Tras su derogación en diciembre de 2023, la oferta creció en torno a un 150 %, según el Colegio de Corredores Inmobiliarios, y el precio de los pisos anunciados en Buenos Aires bajó un 32 % en términos reales. Matiz: lo que pagan quienes ya tenían contrato subió, según el INDEC. Bajó lo nuevo, no todo.
Venezuela (2011). La ley de alquileres de Chávez congeló precios, blindó a los inquilinos y vino acompañada de expropiaciones. Quince años después, en julio de 2026, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, reconoció que la ley es "muy regresiva" y que unas 200.000 viviendas siguen vacías porque sus dueños tienen miedo a alquilar. No lo dice la oposición. Lo dice el régimen.
Cuba (1960). La Ley de Reforma Urbana confiscó las viviendas (cada familia podía conservar una) y prohibió vender y alquilar. Resultado oficial: un déficit de 883.050 viviendas (el 22,5 % del parque, 2017) y un 59 % de casas en estado regular o malo. No se volvió a permitir comprar y vender hasta 2011.
¿Significa esto que un tope al alquiler lleva inevitablemente a Cuba? No. Alemania, Países Bajos o Austria regulan sus alquileres y no expropian. Y la pobreza de Cuba o Venezuela tiene muchas más causas que su política de vivienda.
Pero todos estos casos enseñan lo mismo: cuando el propietario deja de confiar, el piso no pasa al inquilino. Desaparece del mercado.
Puedes obligar a alguien a no subir el alquiler. No puedes obligarle a alquilar.
La factura
¿A costa de quién?
El relato de estos días ha sido sencillo: inquilinos frente a fondos buitre. Pero los datos dibujan otro mapa:
Según el Banco de España, en torno al 92 % de las viviendas en alquiler pertenece a particulares. Los grandes tenedores rondan el 8 %.
El propio Ministerio de Consumo (con datos fiscales, 2023) matiza que el 61 % del alquiler está en manos de propietarios con más de una vivienda y de empresas. Pero el 39 % es de personas que alquilan un solo piso.
Es decir: el decreto no recaía solo en un fondo de Nueva York. Recaía también en la jubilada que alquila el piso de su madre o en la familia que lo compró como complemento de una pensión que no le llega.
Y aquí está, para mí, el fondo del problema. Se legisla para proteger a un grupo trasladando el coste a otro, en vez de asumirlo el Estado con vivienda pública. Se le pide a quien ya paga impuestos, IBI, comunidad y derramas que haga además de servicio social, sin compensación.
El resultado es previsible: quien puede, retira su piso del mercado. Hay menos oferta, los precios de los contratos nuevos suben y el problema que se quería resolver se agrava para el siguiente que busca casa. Un sistema que exprime a quien lo sostiene acaba volviéndose contra sí mismo.
Si la vivienda es la gran urgencia del país, ¿por qué se legisla con prisas y no con un pacto de Estado?
¿Por qué se ignoran los avisos del Banco de España y la experiencia de Cataluña o de Berlín?
¿Es justo que el coste de una política social lo paguen particulares y no el Estado?
¿Y quién protege al inquilino que mañana no encuentre ningún piso que alquilar?
Para terminar
Lo urgente y lo importante
Nadie discute que hay personas que lo están pasando muy mal para pagar un techo. Precisamente por eso, merecen leyes pensadas, no improvisadas.
Leyes que se debatan y se puedan mejorar, no decretos que se aceptan o se tumban en bloque.
Leyes que escuchen a los expertos, también a los que incomodan.
Leyes que miren qué ha funcionado fuera antes de repetir lo que ha fallado.
Y leyes que no resuelvan el problema de unos creando el de otros.
La semana que viene publico un artículo sobre por qué tanta gente dice "no me interesa la política". Después de estos dos días, ya te imaginas por dónde va.
Gobernar a golpe de decreto es fácil. Lo difícil es que funcione.
Durante años presumí de que no me interesaba la política. Hasta que una amiga me desmontó el discurso con una sola frase y entendí qué es la política de verdad.
Lo he dicho muchas veces. "A mí no me interesa la política.""Yo soy apolítica." Lo decía con cierto orgullo, como quien se mantiene limpia en medio del barro.
Hasta que un día una amiga me miró y me dijo:
"Tú eres la persona más política que conozco."
Me quedé callada. Y tenía razón.
No estaba afiliada a ningún partido. No era militante ni partidista.
Pero llevaba años hablando, divulgando y peleando a mi manera por lo público. Desde donde podía hacer algo o influir en alguien.
Ese día entendí que había confundido dos cosas. Y que no era la única. Así que vamos al principio: qué es la política y por qué casi todos la confundimos con otra cosa.
La palabra
Qué significa política
El diccionario de la RAE da varias acepciones. Dos importan aquí:
"Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos." Es la que todos tenemos en la cabeza: gobiernos, partidos, escaños.
"Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos." Es la que hemos olvidado. Y es la tuya.
La palabra viene del griego polis, la ciudad. De ahí politikós: lo que tiene que ver con los ciudadanos y con lo común. Pasó al latín como politicus y en castellano ya aparece en el siglo XIII, con Alfonso X. Nebrija, en 1495, definía "político" como "cosa de ciudad".
Aristóteles escribió que el ser humano es un "animal político": no podemos vivir solos, vivimos en comunidad, y esa comunidad hay que organizarla.
Pericles, según el historiador Tucídides, lo dijo más claro hace 2.400 años: a quien no se ocupa de los asuntos públicos no lo consideramos un hombre tranquilo, sino un inútil.
Nota: circula mucho que en Grecia "idiota" era quien no se interesaba por la política. No es exacto. Idiōtēs significaba "particular", "persona privada" o "lego". El sentido despectivo llegó después.
La política no es un oficio. Es una condición.
Explicar, pedir, aportar, exigir, quejarse, contribuir. Todo lo que haces y afecta a la vida en sociedad es política. Aunque no lleves carné.
El malentendido
Política, partidismo y activismo
Hoy, cuando alguien dice "política", casi nadie piensa en lo común. Piensa en partidos, tertulias y broncas en el Congreso. Hemos fundido en una sola palabra tres cosas distintas:
Política: ocuparse de lo que nos afecta a todos. Gestionar lo público.
Partidismo: poner unas siglas por encima de lo común. Defender a "los míos" hagan lo que hagan.
Activismo: luchar por una causa concreta. La ecología, los animales, la igualdad.
El politólogo Mariano Torcal lo llama "megaidentidad partidista": el partido ya no es una opción de voto, es una identidad. Decide qué consumes, qué medios lees y con quién te tomas un café.
Y la militancia sectaria es, paradójicamente, más partidista que política. Porque cuando lo importante es que gane tu equipo, el bien común pasa a segundo plano.
El activismo cautivo
Causas de todos, con dueño
El activismo, en principio, debería estar por encima de los colores. Que no se contamine el agua, que no se maltrate a un perro o que una mujer cobre lo mismo que un hombre no es de izquierdas ni de derechas.
Pero el patrón se repite:
El activismo se acerca a los partidos para que se oigan sus demandas.
Los partidos le regalan los oídos, adoptan la causa y la incorporan a su agenda.
Y poco a poco mueven la reivindicación hacia sus intereses. La causa deja de ser de todos y pasa a ser "de los nuestros".
El feminismo es el ejemplo más claro.
La autodeterminación de género, lo que muchos llaman ideología de género, entró en las agendas de partidos de distinto color. En Madrid la aprobó el PP de Cifuentes en 2016. En Canarias, la ley trans de 2021 salió por unanimidad: PP incluido. A nivel nacional, en 2023, el PP votó en contra. Misma ley, distinto voto según dónde y cuándo.
Eso demuestra que no hay directrices ideológicas claras. O que, cuando interesa, se las saltan.
El resultado fue una fractura dentro del propio feminismo. Carmen Calvo, exvicepresidenta socialista, se abstuvo en la votación y su partido la multó por romper la disciplina de voto.
Ese año, el 8M llegó con manifestaciones separadas. El feminismo que reivindicaba los derechos de las mujeres por razón de sexo quedó apartado del relato oficial.
No es solo el feminismo. La Ley de Bienestar Animal de 2023 salió adelante excluyendo a los perros de caza por una enmienda del PSOE, contra el criterio de las asociaciones animalistas. La causa se ajustó al mapa electoral.
Quien paga, manda
Hay un segundo mecanismo, más silencioso: el dinero.
Muchas asociaciones se financian, en buena parte, con subvenciones públicas.
Ejemplo: en 2022, el Ministerio de Igualdad repartió 1,6 millones de euros entre asociaciones feministas.
Y no es cosa de un solo color: las fundaciones de PP y PSOE, como FAES o la Fundación Pablo Iglesias, llevan años recibiendo dinero público.
Cuando tu supervivencia depende de la subvención, morder la mano que te da de comer sale caro. Así se crean redes clientelares en las que el activismo acaba al servicio del amo.
Hay excepciones que demuestran que se puede hacer de otra manera. Médicos Sin Fronteras España se financia en más de un 99 % con fondos privados, sobre todo cuotas de socios. Y en 2016 renunció al dinero de la UE y de sus gobiernos para poder criticarlos. Esa independencia no se regala: se paga con socios.
Un activismo que vive del poder difícilmente va a vigilar al poder.
Los datos
¿Nos interesa o no?
90%
De los españoles desconfía de los partidos (Eurobarómetro 2023)
3,5%
Está afiliado a un partido político (CIS, 2024)
54,5%
Dice que le interesa mucho o bastante la política (CIS, 2024)
Este último dato hay que mirarlo con lupa. Por dos motivos:
Viene del CIS. Su presidente, José Félix Tezanos, fue secretario de Estudios y Programas del PSOE hasta su nombramiento en 2018. Desde entonces, el CIS ha sobrestimado al bloque de izquierda en 41 de las 42 elecciones celebradas, según un análisis de El País. Con ese historial, cualquier cifra del CIS pide contraste.
No cuadra con la serie histórica. En 2010, la Encuesta Social Europea situaba a España en la cola de Europa: solo el 28 % se declaraba muy o bastante interesado por la política, frente al 58 % de Alemania. En 2012, con la crisis y el 15M, el interés subió hasta cerca del 35 %.
¿Ha crecido el interés en esta década? Probablemente sí: crisis, 15M, nuevos partidos, pandemia. Pero pasar del 35 % a más de la mitad es un salto que conviene contrastar con encuestas independientes antes de darlo por bueno.
Nota: las cifras de 2010 y 2012 y la de 2024 proceden de encuestas distintas, con preguntas y escalas que no son idénticas. No son comparables al milímetro, pero sí marcan la tendencia.
Y aun así, el dato más revelador no es cuánto nos interesa la política. Es esto: nos interesa más lo público que los partidos. Lo que hay en España no es desinterés. Es desafección.
Cuando el CIS pregunta por qué la gente no participa, las respuestas son falta de interés, falta de tiempo y no sentirse preparado.
Pero dos de cada tres de los que no participaron lo habrían hecho si hubieran conocido la iniciativa.
Ganas hay. Lo que falta es confianza.
Y aquí está la pregunta que dejo para la segunda parte. Si lo público sí nos importa, ¿qué han hecho los partidos con nuestro desencanto?
Spoiler: no ha sido intentar recuperarnos. Ha sido enfadarnos.
Para terminar
Política, sin carné
Desentenderse de la política no te deja fuera de ella. Solo te deja sin voz, mientras otros deciden por ti.
Max Weber definió el Estado como quien tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Es decir: el Estado decide, obliga y sanciona. Y puede usar ese poder para protegerte o contra ti.
Preocuparte de cómo se usa ese poder no es partidismo. Es política.
No me interesaba la política. Hasta que entendí que la política decide sobre mi vida, mi bienestar, mi presente y mi futuro. Que me importe eso no me hace partidista. Me hace ciudadana.
La polarización política en España no nace en la calle. La fabrican quienes prefieren tenerte enfadado antes que convencido.
En la primera parte contaba cómo pasé de decir "soy apolítica" a entender que la política es ocuparse de lo común, no llevar un carné.
Y los datos decían algo importante: en España no hay desinterés por lo público. Hay desafección. El 90 % desconfía de los partidos.
Hoy toca la otra cara: qué ha hecho la clase política con ese desencanto. Y sobre todo, por qué hablamos tanto de polarización política en España cuando, como verás, la mayoría no vivimos en una trinchera.
La función olvidada
Gestionar lo público o perpetuarse
La función de un político es sencilla de enunciar: gestionar lo público y mejorar el bienestar de la población. No es mantenerse en el poder a toda costa. No es usarlo en beneficio propio.
El problema está estudiado desde hace más de un siglo, y por autores de todos los colores:
Max Weber (1919) distinguía entre quien vive para la política y quien vive de la política. El segundo necesita, ante todo, seguir en el cargo.
Robert Michels (1911), sociólogo que había militado en el socialismo alemán, formuló la "ley de hierro de la oligarquía": toda organización, por democrática que nazca, acaba sirviendo a quienes la dirigen.
James Buchanan, premio Nobel y referente liberal, lo resumió así: los políticos no son ángeles. Responden a sus propios incentivos, como todos. Y el primero es ser reelegidos.
La ciudadanía lo percibe. En el barómetro del CIS de septiembre, "el Gobierno y partidos o políticos concretos" es el primer problema del país para el 15,4 % de los encuestados. Los políticos ya no se perciben como quienes resuelven los problemas, sino como uno de ellos.
La estrategia
Dibujar un enemigo
Y aquí viene lo grave. Si a una población desencantada ya no la movilizan los proyectos, ¿qué la saca de casa para votar?
La respuesta que han encontrado los partidos es tan vieja como eficaz: darle un enemigo.
Carl Schmitt, jurista conservador, definió la política como la distinción entre amigo y enemigo.
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, teóricos de la izquierda, propusieron construir un "ellos" para crear un "nosotros". Fue la base intelectual del primer Podemos.
El politólogo Steven Webster lo midió en Estados Unidos: la ira moviliza más que la adhesión. Cada vez más gente no vota a favor de alguien. Vota contra alguien.
En España lo hemos visto en todos los colores:
"La casta", de Podemos.
El "muro" frente a la derecha, de Pedro Sánchez en su investidura de 2023. Hoy se repite como "si no nos votas, viene la ultraderecha": lo desmonto en ¿Que viene el Coco?
La "anti-España", de Vox.
"Que te vote Txapote", nacido en el entorno de Vox y amplificado por políticos de PP y Vox.
Y el último capítulo: "quien vote no a los decretos de vivienda está con los fondos buitre", con votación a viva voz para que cada diputado se retratara. Lo conté en El que vota no también es diputado.
Y hay un atajo todavía más barato que el eslogan: la etiqueta. Hoy, quien no está de acuerdo con el Gobierno es "facha". Cuando no, directamente "nazi".
Ceuta, la ciudad de las cuatro culturas, donde cristianos, musulmanes, judíos e hindúes llevan décadas conviviendo. Cuando sus vecinos salieron a la calle a pedir seguridad, tuvieron que empezar defendiéndose: "No somos racistas". Y un dato que desmonta la etiqueta: cuando en agosto desembarcaron en la ciudad un grupo neonazi y el eurodiputado Alvise Pérez, fueron los propios ceutíes quienes los echaron al grito de "Ceuta sí, nazis no".
Irene Montero, en enero de 2026: "Ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante". Podemos dijo después que era ironía.
La otra trinchera tiene su propio diccionario: "traidor", "felón", "comunista" para cualquiera que no piense igual.
Si todo el que discrepa es facha, la palabra deja de significar nada. Y los fascistas de verdad lo agradecen.
Movilizar con ira es más barato que convencer con argumentos.
Pero hay un dato que desmonta la idea de que somos un país dividido en dos trincheras. Según el CIS, al 75 % no le incomoda nada tener vecinos que voten a otro partido. Y al 64 % no le importaría que su hijo se casara con alguien de otro partido.
En cambio, uno de cada tres españoles dice sentir "asco" hacia Sánchez o hacia Abascal.
No nos odiamos entre vecinos. Nos han enseñado a odiar a los líderes del otro.
La crispación viene más de arriba que de abajo. Es una estrategia, no un clima.
La memoria
De la Transición a la trinchera
No hace tanto, este país hizo algo muy difícil. Saliendo de una guerra civil y de casi cuarenta años de dictadura, gente que se había enfrentado se sentó a pactar.
No fue un cuento de hadas. Fue algo más valioso: la única forma posible de redactar una Constitución y caminar hacia la democracia. Un pacto, con renuncias por todas partes.
1978
Siete ponentes de UCD, AP, PSOE, PCE y la minoría catalana redactan la Constitución. Del franquismo reformista al comunismo, en la misma mesa. En el referéndum, cerca del 88 % vota sí.
1981
El 23-F demuestra que había quien añoraba el régimen anterior. Pero el golpe fracasó, y días después más de un millón de personas salieron a la calle en Madrid por la democracia. La sociedad dejó claro que no quería volver atrás.
2026
De aquellos siete "padres de la Constitución", cinco han muerto. Siguen vivos Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca.
Hubo violencia en esos años, claro. Pero conviene llamar a cada cosa por su nombre:
ETA nació contra el franquismo, pero siguió matando en democracia, y la mayoría de sus víctimas fueron civiles. Eso no era política. Era terrorismo.
Los GAL tampoco eran política. Eran guerra sucia y terrorismo de Estado.
Con aquella generación ya casi desaparecida, ha llegado otra que hace justo lo contrario: reabrir heridas que la mayoría de sus votantes no vivió. Leyes de memoria por un lado, leyes de "concordia" por el otro, y la Guerra Civil convertida de nuevo en munición electoral.
Es más fácil reavivar un odio que diseñar un proyecto.
Es más fácil fanatizar a una base que gestionar con cabeza.
Es más fácil buscar un culpable que tener visión de Estado.
¿Cuándo fue la última vez que votaste a favor de un proyecto y no en contra de alguien?
¿Sabrías decir tres propuestas concretas del partido al que votas?
¿Las causas que defiendes siguen siendo tuyas, o ya tienen dueño?
Para terminar
Ni trinchera ni silencio
La crispación no es un clima que cae del cielo. Es una estrategia. Y como toda estrategia, solo funciona si picas.
No hace falta afiliarse a nada para dejar de picar. Basta con hacer política sin carné:
Infórmate en fuentes de distinto color. Si todas te dan la razón, no te estás informando.
Exige gestión, no gestos. Resultados medibles, no eslóganes. Los datos de estos ocho años, en Elecciones en caliente.
Desconfía de quien te ofrece un enemigo en lugar de un proyecto.
Defiende tus causas sin entregarlas a unas siglas.
Nos quieren enfadados porque enfadados no pensamos. Y quien no piensa, vota lo que le digan.
Lo que pasó en el Congreso con los decretos de vivienda no fue un debate. Fue un señalamiento. Y eso dice más de nuestra política que el resultado de la votación.
"No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo."
Nota: la frase se atribuye casi siempre a Voltaire, pero no es suya. La escribió su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall, en 1906 (The Friends of Voltaire), para resumir lo que él pensaba. Un detalle muy apropiado para un artículo sobre relatos.
Hoy esa frase suena casi a ciencia ficción. Y si no, mira lo que pasó en el Congreso.
El viernes 2 de octubre, el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda del Gobierno. Hasta aquí, democracia normal: el Gobierno propone, el Parlamento decide.
Lo que no fue normal fue todo lo demás:
Diputados y ministros que, en lugar de defender por qué votar sí, se dedicaron a amenazar a quien votara no.
Una votación a viva voz pedida para que cada "no" se oyera con nombre y apellidos.
Y un final de sesión con gritos, octavillas y reproches a "los otros".
No voy a hablar hoy de si los decretos eran buenos o malos. Voy a hablar de algo que me preocupa más: de cuándo empezamos a tratar al que discrepa como a un enemigo.
Los hechos
Qué se votó y cómo acabó
172/178
Primer decreto (prórroga de contratos, tope del 2 % y freno a desahucios). Sí / No
166/184
Segundo decreto (prórroga automática de los alquileres). Sí / No
0
Abstenciones. Nadie se quedó en medio
Votaron "no" a los dos: PP, Vox, Junts y UPN.
El PNV apoyó el primero y rechazó el segundo, por falta de negociación y por el riesgo de reducir la oferta de alquiler.
Votaron "sí": PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís.
La escenografía
"Quedaos con sus caras"
A las 8:48 de la mañana, horas antes del pleno, PSOE y Sumar registraron una petición: que la votación fuera pública y por llamamiento. Es decir, que cada diputado se levantara y dijera su voto en voz alta.
Es legal. El Reglamento del Congreso lo permite si lo piden dos grupos. Pero conviene saber una cosa: el voto electrónico normal ya es individual y público. Al día siguiente puedes consultar qué votó cada diputado, con nombre y apellidos.
Así que el llamamiento no aportaba ni un dato nuevo. Solo aportaba escenario. Y la diputada de Sumar Tesh Sidi se encargó de explicarlo mejor que nadie: publicó la petición en redes con un mensaje de cinco palabras.
"¡Quedaros con sus caras!". Tuit de Tesh Sidi (Sumar) con la solicitud de votación por llamamiento firmada por Patxi López y Verónica Martínez Barbero.
No era transparencia. Era una diana.
Las palabras
Argumentos, pocos. Amenazas, muchas.
Esto es lo que se escuchó en el Congreso para pedir el sí. Fíjate en que casi ninguna frase explica qué hacía el decreto. Todas apuntan a quien vota en contra:
Pedro Sánchez: "La culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos. La tendrán aquellos que voten no." Y también: "La Historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan".
Pablo Bustinduy (ministro, Sumar), ante los periodistas antes del pleno: "Quien vote que no a estos decretos de vivienda hoy, quien vote que no le estará poniendo su nombre y apellido a cada desahucio que suceda, a cada contrato que se acabe, a cada euro de más que le roben a las familias trabajadoras en España. El brazo político del rentismo hoy va a demostrar de qué lado está y a quién defiende" (vídeo). Y ya en la tribuna: "Pueden gritar muy alto 'España' o 'Catalunya', pero van a votar contra su pueblo".
Alberto Ibáñez (Compromís): "Votar no a este decreto es empujar a que cientos de personas pierdan sus vidas". Y preguntó a los diputados si querían "firmar también los suicidios". Ya en el patio, a la portavoz del PP, Ester Muñoz: "¡Lo vais a pagar!"
Gerardo Pisarello (Sumar): "Malditas sean las derechas rentistas rendidas a los buitres que con su voto permitirán que nuestras abuelas, nuestras vecinas, queden en la calle o pierdan la vida". Y remató: "Quien hoy perpetre esta infamia con su voto no va a quedar impune".
Gabriel Rufián (ERC): "Salgan a la calle a descojonarse de esto si son tan valientes, pero sin escolta".
Águeda Micó (Compromís): "PP, Vox y Junts venderían hasta a su madre por una caricia de los poderosos".
Isabel Rodríguez (ministra de Vivienda): "Los próximos desahucios serán responsabilidad de esta Cámara".
Al acabar la votación, la diputada de Podemos Martina Velarde se fue a gritos hacia la bancada de Vox. Ella misma lo explicó después en redes: les gritó que "no tenían vergüenza" porque, según ella, se habían reído durante la sesión. Desde la tribuna de invitados se gritó "sinvergüenzas" y la presidenta de la Cámara tuvo que desalojarlos. Y horas después, el PSOE de Asturias publicó en redes los nombres y apellidos de los diputados de PP y Vox que habían votado no.
Cuando no puedes convencer, intimidas. Cuando no puedes argumentar, señalas.
Para ser justos
La demagogia no tiene color
Sería fácil convertir este artículo en un "los malos son los de un lado". Pero no sería verdad. El análisis de los datos que se dieron en el debate deja exageraciones en todas las bancadas:
Vox dijo que España era el país con más inflación de la OCDE. Falso: en agosto estábamos en el 4,4 %, por debajo de Rumanía, Lituania o Chipre. Y habló de "cinco millones de personas" llegadas en cinco años, cuando la población creció en unos 2,1 millones.
PP y Junts atribuyeron al decreto la retirada de 4.290 pisos del alquiler, cuando el propio estudio advierte de que todavía no se puede atribuir.
Junts respondió con su propio relato: "No nos da miedo el chantaje". El PP, con el suyo: "Han tratado de arreglar en cuatro días lo que han destrozado en ocho años".
La retórica y la demagogia son tan viejas como los parlamentos. La diferencia está en el grado. Una cosa es exagerar un dato. Otra muy distinta es decirle a un diputado que tendrá muertos en la conciencia por votar lo que considera.
Lo que dice la Constitución
Discrepar no es traicionar
Hay dos artículos de la Constitución que más de uno debería releer:
Artículo 67.2: los diputados "no estarán ligados por mandato imperativo". Nadie, ni su partido ni la calle, puede obligarles a votar algo.
Artículo 79.3: el voto de los parlamentarios es "personal e indelegable".
Es decir: votar "no" es tan legítimo como votar "sí". Para eso existe un Parlamento. Si el voto contrario fuera ilegítimo, no haría falta votar.
Detrás de cada amenaza hay una idea peligrosa: que quien piensa distinto no puede tener razones, solo intereses. Que si votas "no" es porque eres "rentista", "vendido a los buitres" o "indolente al sufrimiento". Nunca porque creas, con datos, que esa ley va a empeorar el problema.
Y datos para dudar había. El Banco de España advertía en junio de que los controles de precios son eficaces a corto plazo, pero que sus beneficios se compensan con "pérdidas de bienestar a medio y largo plazo". Se puede discrepar del Banco de España. Lo que no se puede es fingir que quien le hace caso es un villano.
Opinar diferente no es estar equivocado. Creer que sí, es soberbia.
La responsabilidad
¿Quién pone nombre a los desahucios?
Hablemos entonces de responsabilidad, ya que fue la palabra del día.
272.417
Desahucios en España desde junio de 2018 (CGPJ)
196
Decretos ley de Sánchez. Rajoy firmó 107 en siete años
10
Decretos ley derogados en esta legislatura
Más de 272.000 familias han sido desahuciadas desde que gobierna el actual Ejecutivo. Ese dato no es de la oposición: es del Consejo General del Poder Judicial. ¿También llevan el nombre de alguien?
El decreto ley está pensado para casos de "extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 86). Se ha convertido en la forma habitual de gobernar: 196 desde 2018, más que González, Aznar, Zapatero o Rajoy.
Y se hizo con tanta prisa que, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la propia ministra de Vivienda buscaba entre sus papeles para explicarlo: "Tengo un cacao", "tengo que revisar la última versión, que no la tengo aquí".
Para intentar ganar el voto de Junts, el decreto incluía además una disposición que dejaba a salvo la normativa propia de Cataluña. No excluía a Cataluña, pero sí le daba un trato que no tenían otras comunidades.
Hay un nombre que se usó estos días y que merece todo el respeto: Olga. Tenía 54 años y vivía desde hacía más de veinte en el mismo piso de L'Hospitalet de Llobregat. Fue desahuciada en abril. Murió en septiembre. Su casa había acabado en manos de una sociedad vinculada a un fondo de inversión, y los servicios sociales del ayuntamiento y de la Generalitat conocían su caso desde 2020.
Su historia no se puede usar como arma arrojadiza contra quien vota "no". Ocurrió antes de este decreto, en un territorio con su propia ley de vivienda y con las tasas de desahucio más altas de España (83,9 por cada 100.000 habitantes, frente a 31,9 en Madrid). Si la muerte de Olga señala a alguien, señala a todas las administraciones que la conocían y no llegaron a tiempo.
Si estás pasando por un momento difícil, no estás solo ni sola: llama al 024, la línea de atención a la conducta suicida. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas.
Y hay otro detalle que ilustra hasta qué punto se ha perdido la noción de responsabilidad política. El ministro que pedía poner nombre y apellidos a cada desahucio es hijo de Ángeles Amador, ministra de Sanidad entre 1993 y 1996. Ese Gobierno aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, la que fijó el final de los contratos de renta antigua. La misma ley que hoy explica desahucios como el de Maricarmen.
No lo cuento para culpar a un hijo de lo que hizo su madre. Lo cuento porque demuestra algo que ningún diputado dijo en la tribuna: la crisis de la vivienda es el resultado de décadas de decisiones de todos los gobiernos. Nadie puede señalar a los demás sin señalarse también.
Si votar no te convierte en responsable de cada desahucio, ¿quién es responsable de los 272.000 de los últimos ocho años?
¿Por qué se pide votar a viva voz justo cuando se sabe que se va a perder?
¿Desde cuándo representa a toda la sociedad quien más ruido hace en la calle?
¿Qué pasará con el siguiente diputado que dude, si sabe que su "no" acabará en un tuit con su cara?
Lo vimos con el caso de Maricarmen: se visibiliza la parte del relato que hace ruido, la que toma la calle y acampa en Sol. Es legítimo protestar. Pero una protesta no es la voz de todo un país, y un Parlamento no puede votar con miedo a la plaza.
Para terminar
La política no es esto
Lo que vimos el viernes tiene un nombre: la estrategia del enemigo. Es más barato movilizar con rabia que convencer con argumentos. Y funciona, porque nos obliga a elegir bando antes de pensar.
Pero si hoy aplaudes que se señale al que vota "no", prepárate para cuando el señalado seas tú. Porque las reglas que aceptas contra tu adversario son las mismas que se usarán contra ti.
Mañana, en la segunda parte, entro en el fondo: qué decían los decretos, qué advertían los expertos y qué ha pasado donde ya se han probado medidas así.
Y la semana que viene publico un artículo sobre por qué tanta gente dice "no me interesa la política". Spoiler: no es desinterés. Es esto.
Un Parlamento donde solo se puede votar sí no es un Parlamento. Es un aplausómetro.
Por qué una historia con nombre propio moviliza a un país y una ciudad entera lleva dos meses sin foto.
En las mismas semanas, dos historias han competido por nuestra atención.
Una tiene nombre, cara y silla de ruedas: Maricarmen. En pocos días hubo concentraciones, portadas, declaraciones y una respuesta política.
La otra tiene código postal: Ceuta. Una ciudad de unos 83.000 habitantes que lleva dos meses viviendo una crisis que la mayoría de España sigue de reojo.
No voy a volver sobre quién tenía más o menos razón en el caso de Maricarmen (ya lo analicé con datos aquí). Hoy la pregunta es otra: ¿por qué una historia mueve a un país y la otra no?
Los hechos
Qué está pasando en Ceuta
72.000
Personas que cruzaron la frontera el 30-31 de julio
+60%
Delincuencia desde agosto respecto al año anterior (TSJA)
37
Agresiones sexuales investigadas desde julio. 14 a menores
De esas 72.000 personas, unas 53.000 volvieron a Marruecos en cuestión de horas. Miles se quedaron.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma que la delincuencia ha subido un 60 %. El juzgado de violencia sobre la mujer ha tenido que duplicar su personal.
Unas 3.000 personas viven en asentamientos irregulares en la playa del Trampolín. El 11 de septiembre ardieron 42 chabolas, vehículos y contenedores.
La fiscal superior lo resume en tres palabras: "difícil, compleja, insoportable".
La respuesta
Mucho decreto, poca solución
Sería injusto decir que no se ha hecho nada. Se ha aprobado un plan de 309 millones, se ha declarado por primera vez en la historia una "situación de interés para la seguridad nacional" y se ha creado un mando único.
Pero también es un hecho que:
Las alertas previas del CNI están siendo investigadas por la Audiencia Nacional.
Han dimitido el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno y el propio delegado.
El Congreso ha reprobado al ministro del Interior.
Y dos meses después, la vida diaria de los ceutíes no ha vuelto a la normalidad.
Llegar tarde también es una forma de no hacer nada.
La psicología
Por qué la multitud no nos conmueve
Que una sola persona nos movilice más que 80.000 no es casualidad. Tiene nombre y está estudiado:
El efecto de la víctima identificable. Los investigadores Small, Loewenstein y Slovic demostraron que la gente dona más dinero a una niña con nombre y foto que a una estadística de millones de personas en la misma situación.
El adormecimiento psíquico. Paul Slovic lo llama psychic numbing: a partir de cierto número, las cifras dejan de sentirse. Uno es una tragedia; mil son un dato.
El desvanecimiento de la compasión. Cuantas más víctimas hay, menos compasión sentimos por cada una. No sumamos empatía: la diluimos.
La distancia. La inmensa mayoría de los españoles no vivimos junto a una frontera que se puede cruzar a pie. No notamos de un día para otro la inseguridad en nuestra calle, en la puerta del colegio o en el camino al trabajo. Lo que no vivimos, no lo sentimos.
El relato. La historia de Maricarmen tenía protagonista, antagonista y final abierto. Una crisis de 80.000 personas no tiene protagonista. Y sin protagonista, no hay historia que contar.
Lo que nadie quiere ver
Las víctimas sin foto
Hay un grupo que sufre esta crisis más que nadie y del que casi nadie habla.
Desde el 30 de julio se investigan 37 agresiones sexuales en Ceuta. 14 de las víctimas son menores. La mayoría son mujeres y niñas inmigrantes.
El 1 de septiembre, un joven fue detenido por agredir sexualmente a tres niñas de 10 y 11 años en un albergue temporal.
El 27 de septiembre, en la playa del Trampolín, una menor de 17 años tuvo que ser reanimada por la policía. Al día siguiente no se presentó a declarar. Sigue sin ser localizada. Los dos detenidos quedaron en libertad.
¿Por qué muchas no denuncian? Porque lo tienen todo en contra:
Miedo a ser devueltas.
Están solas, sin familia y viviendo en centros o asentamientos.
Dependen del mismo entorno en el que se produce la agresión.
El idioma, el desconocimiento del sistema y el estigma que cargan las víctimas de violencia sexual.
¿Dónde están las concentraciones, los lemas y los minutos de silencio que sí vimos en otros casos?
¿Por qué quienes se movilizaron, con razón, contra otras violencias sexuales hoy apenas levantan la voz?
¿Importa menos una víctima cuando es pobre, extranjera y no tiene quién la nombre?
Si la violencia sexual nos importa, nos importa siempre. No solo cuando encaja en el relato.
La trampa
La emoción como mapa político
La compasión selectiva no es inocente. Marca la agenda.
Se legisla donde hay foto. Donde hay una cara, hay decreto. Donde hay 80.000, hay silencio.
Los problemas estructurales, como las fronteras, los recursos policiales o la protección de menores, se quedan sin relato y, por tanto, sin solución.
Y quienes los sufren aprenden algo peligroso: que para ser escuchado no basta con tener un problema. Hay que tener una buena historia.
Para terminar
Mirar fuera del encuadre
No se trata de empatizar menos con Maricarmen. Se trata de empatizar también con quien no tiene cámara.
Con los ceutíes que llevan dos meses sin tranquilidad en su propia ciudad.
Con las niñas agredidas que nunca van a salir en un telediario.
Con todo lo que no tiene nombre propio y, por eso, no nos duele.
La próxima vez que una historia te conmueva, hazte una pregunta: ¿a quién no estoy viendo?
Una cara nos mueve. Pero un país no se gobierna con caras. Se gobierna con datos. Y en Ceuta, los datos llevan dos meses gritando.
Lo que el caso Maricarmen dice de nosotros, y de cómo estamos legislando.
Hay imágenes que ganan un debate antes de que empiece. Una mujer de 87 años en silla de ruedas, sacada de un piso en el que ha vivido 70 años. No hace falta nada más: la foto ya ha dictado sentencia.
Pero una foto no es un argumento. Y cuando legislamos con fotos, lo que sale son malas leyes.
Así que hoy te propongo algo incómodo: dejar la foto a un lado y mirar los datos.
Antes de nada
Por qué la fragilidad nos parece bondad
Conviene entender qué nos pasa por dentro cuando vemos una imagen así.
Tipificación moral. La psicología social (Gray y Wegner) ha demostrado que dividimos a las personas en agentes (quienes actúan) y pacientes (quienes reciben la acción). Cuanto más frágil vemos a alguien, más lo colocamos en la casilla de víctima y menos capaces somos de imaginar que sus decisiones tengan consecuencias para otros.
"Entrañable pero incompetente". El estereotipo de la persona mayor combina mucha calidez con poca capacidad (Fiske). Y confundimos calidez con razón.
Confundimos no poder con no querer. Si alguien no puede hacer daño físico, suponemos que no puede perjudicar a nadie. Pero ocupar durante años algo que no te pertenece, pagando una fracción de su valor, también perjudica a alguien, aunque ese alguien no salga en la foto.
Ser compasivos con la fragilidad de una persona es humano. Serlo también con todas sus decisiones es otra cosa.
Los hechos
Lo que dicen los datos
500€
Alquiler mensual que pagaba (renta antigua)
1.700–3.500€
Precio de pisos similares en la zona
19 años
Con el contrato legalmente extinguido (2007-2026)
1956
El padre de Maricarmen firma un contrato de renta antigua por un piso de unos 92 m² en Retiro, una de las mejores zonas de Madrid. La legislación de la época imponía la prórroga forzosa: indefinido de hecho y con rentas prácticamente congeladas.
1960
Muere el padre y la madre se subroga.
1985
El Decreto Boyer acaba con la prórroga forzosa para los contratos nuevos.
1994
La Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada con un Gobierno socialista, limita las rentas antiguas: una segunda subrogación solo dura dos años, salvo que el heredero tenga una discapacidad igual o superior al 65 %.
2005
Muere la madre. Maricarmen se subroga y su contrato queda con fecha de caducidad legal: 2007.
2018-2020
La propiedad cambia de manos. Los nuevos propietarios le ofrecen comprar el piso por 240.000-250.000 €, una fracción de su valor de mercado, o firmar un contrato nuevo a 1.650 €/mes. Rechaza ambas opciones.
2022-2023
La Audiencia Provincial y después el Tribunal Supremo dan la razón al propietario: el contrato terminó en 2007. Su discapacidad reconocida es del 50 %, por debajo del umbral que fija la ley.
2025-2026
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid le ofrecen plaza en varias residencias. Un donante anónimo se ofrece a pagar la diferencia del alquiler. Todo se rechaza. El argumento es siempre el mismo: quiere quedarse en "su casa".
El relato
"Su casa"
Esa expresión lo ha condicionado todo.
La repiten ella, los medios, los políticos y quien comparte la noticia. Y a fuerza de repetirla, se ha convertido en una verdad emocional que sustituye a la verdad jurídica.
Pero no era su casa. Era la casa de otra persona, en la que vivía de alquiler con un contrato que la ley extinguió hace casi dos décadas.
Y hay algo que el relato no cuenta: durante décadas, el propietario original sufrió una especie de expropiación de hecho. Tenía un piso que no podía recuperar, con una renta congelada que no cubría su valor y con la obligación de conservar el inmueble.
Durante todo ese tiempo, el propietario también existía. Solo que nunca tuvo foto.
La pregunta incómoda
La vulnerabilidad como argumento
Nadie discute que a los 87 años, con movilidad reducida, salir del lugar donde has vivido toda la vida es duro. Pero duro no es lo mismo que injusto.
Y cuando una situación se presenta como "vulnerabilidad extrema", conviene preguntarse:
¿Vulnerable frente a quién? ¿Frente a quién paga 1.500 € de alquiler con un sueldo menor que su pensión?
¿Vulnerable con cuatro alternativas encima de la mesa, incluida la compra del piso muy por debajo de su valor?
¿Qué ocurre con las listas de espera de residencias públicas cuando un caso mediático recibe varias ofertas en pocos meses? ¿Quién se queda detrás?
La vulnerabilidad es un criterio para priorizar recursos escasos. Si la usamos como argumento emocional, deja de servir para lo que existe.
El uso político
Lo que este caso no es
El caso ha servido para reactivar propuestas de moratoria de desahucios y de "protección permanente". Pero conviene tener claro qué dice realmente:
No es un fondo de inversión que echa a una inquilina que paga el precio de mercado.
Es la aplicación de una ley de 1994, votada hace más de treinta años, que dio a los herederos de las rentas antiguas un periodo de transición. En este caso, ese periodo se alargó de facto casi veinte años más por la vía judicial.
Y el mensaje de fondo que queda es preocupante: ser propietario y cumplir es sospechoso; acogerse al paraguas de la vulnerabilidad, aunque haya alternativas, se aplaude.
Epílogo
Cuando una sociedad legisla con la foto
Una sociedad que legisla a partir de la imagen más emotiva, y no de los datos, paga un precio. No de golpe, sino poco a poco:
Menos vivienda en alquiler. Cada vez que la ley protege a quien no paga o paga por debajo de mercado a costa de un particular, ese particular retira su vivienda del mercado. Es exactamente lo que ocurrió con la renta antigua: décadas de pisos deteriorados y propietarios que prefirieron cerrar antes que alquilar.
Alquileres más caros. Los propietarios que siguen alquilando incluyen el riesgo en el precio: más fianzas, más avales, más requisitos. Y quien lo sufre no es la persona de la foto, sino el joven de 28 años con contrato temporal, al que nadie va a entrevistar.
Recursos públicos mal asignados. Si la visibilidad mediática decide quién recibe una plaza o una vivienda, los verdaderamente vulnerables, los que no tienen cámara, quedan detrás.
Menos seguridad jurídica. Si una sentencia firme del Tribunal Supremo se presenta como una "afrenta", el mensaje es que cumplir la ley es opcional según el relato que se consiga construir.
Ciudadanos que razonan con emociones. Nos acostumbramos a quedarnos con la foto y no con la película. Y quien controla la foto controla la ley.
Perversión de los incentivos. Si ser presentado como víctima da más resultados que cumplir, la sociedad empieza a producir víctimas en lugar de soluciones.
El problema de la vivienda en España es real, grave y medible: faltan viviendas, sobra burocracia y falta seguridad para quien construye y alquila. Ninguna de esas tres cosas se arregla con una moratoria inspirada en una fotografía.
Legislar exige mirar lo que no sale en el encuadre. Porque la foto dura un día y las leyes, décadas.
Cuando la bondad se convierte en excusa para no dar argumentos. Y quien cumple, paga la factura.
Una historia personal
La casa de mis padres
Cuando yo era niña, mis padres compraron una casa en una urbanización familiar, algo alejada del centro, con su colegio y sus pocas tiendas. Como tantas familias de trabajadores en los años ochenta, se hipotecaron para tener algo propio. Pagaron, cumplieron, año tras año.
Parque Ansaldo, viviendas sociales en San Juan de Alicante. Proyecto de 1978, construido entre 1979 y 1982.
Al cabo de un tiempo, la región sufrió una catástrofe natural, una riada muy grave. Y ahí empieza lo que quiero contar. La versión oficial fue: «estas viviendas se ceden a los damnificados de la riada». Sonaba bien. Sonaba justo. Nadie podía oponerse a ayudar a quien lo había perdido todo.
Pero eso no fue exactamente lo que pasó. La mayoría de esas viviendas no fueron para los afectados por la inundación. Fueron para otras familias, algunas ya señaladas por conflictos y tráfico de drogas, y más tarde, para familias que venían de vivir en chabolas.
Nadie las acompañó.
No hubo ningún plan, ninguna integración, ninguna gestión real.
Solo la entrega de las llaves, y ya está.
¿Qué pasó después? El barrio se fue degradando. En pocos años se convirtió en una zona controlada por clanes, un punto de venta de droga donde ni la policía entraba con normalidad. Las familias que habían pagado su hipoteca, que habían hecho todo lo que se les pidió, empezaron a irse, una a una, porque ya no se podía vivir allí.
Con el tiempo, aquello se convirtió en un símbolo de lo que no debía repetirse. Se llamaba Parque Ansaldo, en San Juan de Alicante, y en 2004 lo derribaron entero. No quedó nada.
Mis padres nunca fueron indemnizados por perder su propiedad.
Ni un euro de lo que pagaron durante años les fue devuelto. Hicieron todo lo que se les pidió: pagar, cumplir, esperar. Perdieron la casa, perdieron el barrio, y nunca hubo una indemnización, ni una disculpa, ni nadie que respondiera por lo que pasó. El coste de una decisión que no tomaron ellos lo pagaron ellos solos.
No cuento esto por rencor, ni para señalar a nadie en concreto. Lo cuento porque el patrón se repite. Y no hace cuarenta años: está pasando ahora mismo. Veamos tres situaciones, dos de ellas con casos muy recientes, y comprobemos que el mecanismo es exactamente el mismo.
Situación 1
Cuando la ley protege al agresor
Esta primera situación no es una noticia concreta, sino algo más incómodo todavía: una dinámica que se repite, con distintos protagonistas, en el acoso escolar entre menores.
En España, y en la mayoría de los países de nuestro entorno, la ley obliga a proteger de forma casi absoluta el llamado Interés Superior del Menor, tanto de la víctima como del agresor.
La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, fija la edad de responsabilidad penal en los 14 años. Por debajo de esa edad, un menor que agrede o acosa gravemente a otro no puede ser juzgado penalmente, y su caso se deriva a servicios sociales o al propio centro escolar, con medidas que las familias afectadas suelen considerar insuficientes.
Además, revelar el nombre, la imagen o cualquier dato que identifique a un menor implicado en un delito está prohibido por ley, precisamente para no estigmatizarlo de por vida y darle una oportunidad real de reeducación.
El problema no es el principio en sí. El problema es cómo se traduce en la práctica:
El traslado forzado de la víctima. Ante un caso grave, el centro no expulsa al agresor porque chocaría con su derecho a la escolarización, y termina siendo la víctima quien cambia de colegio, con la sensación de ser ella la castigada.
La inimputabilidad por debajo de los 14 años, que deja fuera la vía penal incluso en agresiones graves.
El vacío en el ciberacoso. Cuando se difunde contenido humillante de la víctima, la protección de la identidad del menor infractor durante la investigación hace que retirar ese contenido sea lento, mientras la humillación sigue circulando cada día.
El resultado son dos efectos muy concretos:
La víctima siente que denunciar no sirve de nada, porque la burocracia, las disculpas privadas o el silencio institucional alargan su sufrimiento en vez de resolverlo.
El entorno recibe el mensaje de que la violencia no tiene consecuencias visibles, lo que desanima a denunciar la próxima vez.
Aquí el mecanismo cambia de forma respecto a los otros casos. No es una noticia que cuenta solo una parte: es una ley, bienintencionada, diseñada para proteger a un menor de un daño futuro, que en la práctica deja a otro menor, el que ya sufrió el daño, sin una respuesta visible.
Es buenismo convertido en norma, no solo en relato.
Situación 2
Ceuta y la palabra que cada uno elige
La segunda situación es la de Ceuta, una ciudad de apenas 19 km² y unos 84.000 habitantes. El 30 y 31 de julio de 2026 entró en la ciudad, en cuestión de días, un número de personas cercano a la población total de la ciudad, convocadas a través de un grupo de Facebook con más de 160.000 miembros. El CNI había alertado un día antes de que se estaba organizando la entrada, pero según los informes desclasificados por el Gobierno, nunca llegó a anticipar una llegada masiva de miles de personas en tan poco tiempo.
37
Procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre
14 / 39
Víctimas menores de edad
14 / 9
Violaciones en 2026 (hasta septiembre) frente a todo 2025
Según el último dato oficial publicado, del Consejo General del Poder Judicial, entre el 30 de julio y el 14 de septiembre los juzgados de Ceuta abrieron 37 procedimientos por agresión sexual, 10 de ellos con penetración. Hay 39 víctimas, 14 de ellas menores. De esos procedimientos, 28 siguen abiertos.
En lo que va de 2026 se contabilizan al menos 57 agresiones sexuales. En todo 2025 hubo 52, y ya era el máximo histórico de la ciudad.
De ellas, 14 son violaciones, frente a 9 en todo 2025, 5 en 2024 y 8 en 2023, según datos del CGPJ y del Ministerio del Interior.
Fijaos en cómo lo llama cada uno: unos hablan de «entrada masiva», otros de «invasión».
Ninguna de las dos palabras es un dato. Las dos son una elección.
Esa elección depende de la ideología de quien habla, no de los hechos: se usa el término que más apela a la emoción, en un sentido o en el otro, en lugar de describir el hecho de forma objetiva y racional.
Por eso doy los números, y que cada uno decida qué palabra le parece más honesta.
El relato que se cuenta depende de quién lo cuenta: unos ponen el foco solo en las cifras de agresiones, otros solo en la respuesta institucional, como la ampliación de los centros de acogida de 1.000 a 6.000 plazas o los 114,7 millones de euros de ayuda de la Comisión Europea. Pocas veces se cuentan las dos cosas juntas. Y ahí está, otra vez, la información incompleta.
Situación 3
El desahucio de Maricarmen, setenta años después
La tercera situación es la de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre de 2026 de un piso de unos 90 m² en el barrio de Retiro, en Madrid, donde había vivido 71 años.
1956
Su padre firma el contrato bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos de aquel momento, que garantizaba la prórroga forzosa.
1964
El texto refundido de la LAU recoge esa prórroga y las subrogaciones familiares.
1985
El Decreto Boyer elimina la prórroga forzosa, pero solo para los contratos nuevos. El suyo, al ser anterior, sigue protegido.
1994
Una reforma de la LAU limita la segunda subrogación a solo dos años de vigencia, salvo que el subrogado tenga una discapacidad igual o superior al 65 %.
2005
Muere la madre de Maricarmen y ella se subroga en el contrato, con una discapacidad reconocida del 50 %.
2007
Por esa ley de 1994, el contrato se extingue legalmente.
2018
El edificio se vende y pasa a manos de Urbagestión.
2026
En marzo, el Tribunal Supremo resuelve el caso. El desahucio se ejecuta el 23 de septiembre.
Durante todo ese tiempo, y hasta el final, Maricarmen nunca dejó de pagar. Pero hay que contar bien qué pagaba:
Se habló mucho de que pagaba 500 euros al mes. No es exacto.
Su renta era de unos 200 euros al mes, 204 según algunas informaciones.
El resto, entre 220 y 250 euros, eran gastos de comunidad, agua y calefacción.
En total, unos 450 euros al mes por un piso de 90 m² en Retiro, en una zona donde un piso así se alquila hoy por más de 2.500.
Nota: el desglose entre renta y gastos lo ha dado la empresa propietaria, Urbagestión, y lo han recogido varios medios. Es su versión, pero nadie la ha desmentido con documentos.
Y aquí está el dato que más me interesa: entre 2007 y 2026 pasaron diecinueve años. Setenta años después de que su padre firmara aquel contrato.
El medio que cuenta esta noticia carga el relato contra una ley aprobada por el PSOE en 1994. Pero se le puede hacer la misma crítica que a las otras situaciones: rara vez se cuenta también que esa ley existía, entre otras razones, para que los propietarios pudieran recuperar en algún momento una vivienda alquilada durante décadas muy por debajo del precio de mercado. El mismo mecanismo de contar solo una parte del relato no lo usa un solo lado: lo usa cualquiera, según le convenga.
Y hay una segunda vuelta de tuerca. Desde 1994 hasta hoy, PSOE y PP se han alternado en el Gobierno durante más de treinta años, y esta regla concreta, la que ha dejado a Maricarmen sin protección, sigue exactamente igual.
Es protestar contra un problema que uno mismo ha mantenido, mientras se lo atribuye a «los otros».
Quien hoy usa este caso para señalar a un partido pertenece, muchas veces, a corrientes políticas que también han gobernado con margen de sobra para cambiarla si de verdad la consideraban injusta, y no lo han hecho. Sean quienes sean esos «otros» en la cabeza de quien escucha.
El patrón común
Cinco claves que se repiten
Si os fijáis, en las cuatro situaciones, la de mis padres y estas tres, se repite exactamente el mismo patrón. Y merece la pena quedarse con estos cinco puntos, porque son la clave de todo lo que viene después.
No se da la información completa: se cuenta una parte, la que sostiene el relato, y se omite la otra.
Se construye un relato que sostiene una idea concreta, no que describe el hecho: no es información neutra, es una narrativa con una dirección marcada de antemano.
Se humaniza a una parte apelando a la empatía, y se deshumaniza o se presupone lo peor de la otra. Y esa otra parte suele ser, además, la que ya ha recibido el daño, el acoso, la agresión o la pérdida.
Se evita el debate y se repiten consignas: en cuanto alguien pregunta o matiza, no se le responde con argumentos, se le responde con una etiqueta.
Se dramatiza para apelar a lo emocional, no a lo racional: cuanto más fuerte es la emoción que provoca, menos espacio queda para pensar.
La definición
Qué es realmente el buenismo
Todo esto tiene un nombre: buenismo. La Real Academia Española lo define así:
«La actitud de quien, ante un conflicto, rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia».
Conviene dejar claro un matiz, porque si no, esto se puede malinterpretar: el problema no es tener empatía. El problema es la empatía selectiva, la que se dirige solo hacia una parte del conflicto y nunca hacia la otra, aunque la otra sea quien ya estaba sufriendo el daño.
Eso ya no es empatía. Es una estrategia que usa el lenguaje de la bondad para no tener que dar argumentos.
La psicología
Por qué caemos tan fácilmente
Y aquí llega la pregunta importante: ¿por qué caemos en esto una y otra vez, si en el fondo es tan fácil de identificar cuando se explica así?
Porque sentir cuesta menos que razonar. Una historia con nombre y cara mueve mucho más que un dato o una cifra, aunque el dato sea más importante.
Porque necesitamos vernos como buenas personas. Alinearnos con el relato compasivo nos da una recompensa social inmediata, aunque sea superficial, aunque no hayamos entendido el problema real.
Porque cuestionar el relato da miedo. Tememos que, si preguntamos o matizamos, se nos coloque automáticamente del lado «malo» de la historia, aunque lo que estemos cuestionando sea el relato, no el sufrimiento de nadie.
Porque repetir la consigna nos da pertenencia a un grupo. Argumentar en contra, aunque sea con matices razonables, nos saca de él. Y eso, para la mayoría de las personas, pesa más que tener razón.
Para cerrar
Quien cumple, paga la factura
Mientras tanto, quien cumple, quien paga, quien hace todo lo que se le pide, sigue siendo quien se queda pagando la factura:
Tu hijo o tu hija, si es a quien acosan.
Los ciudadanos de Ceuta.
El propietario de una vivienda comprada y pagada legal y religiosamente, que ve cómo su derecho a su propiedad se cuestiona, se pisotea o se anula.
Esto, además, tiene mucho que ver con algo de lo que escribiré próximamente: qué pasa cuando alguien busca un consenso a toda costa. Porque muchas veces, buscar consenso no es convencer con argumentos. Es presionar hasta que el otro cede.
¿Te ha pasado algo parecido a lo que cuento aquí? Cuéntamelo en Instagram. Te leo.
El buenismo no es tener demasiado corazón. Es usar el corazón de la audiencia para no tener que dar argumentos.
— Nohemí Hervada
Para seguir pensando
Te recomiendo este vídeo
Si te has quedado con ganas de más sobre el caso de Maricarmen, Juan Ramón Rallo lo analiza en «Maricarmen y la gran hipocresía de la que nadie habla». Merece la pena verlo entero.
Las campañas electorales se están convirtiendo en una especie de suero de la verdad de nuestra clase política. Y cuando hablan de madres, se les ve todo.
Las madres llevamos años reclamando tener voz en política: que se escuchen nuestras reivindicaciones de primera mano y que se tengan en cuenta. Voto ya tenemos. Pero cuando no hay ninguna opción que te represente, tu voto no vale tanto como debería.
En las pasadas elecciones generales muchas mujeres nos sentimos huérfanas. Se votó más con el miedo que con la esperanza. Muchas decidimos votar en contra más que a favor. Como dijo, muy acertada como siempre, mi amiga Irene García:
«Votamos en defensa propia».
Independientemente de vuestra ideología, si sois madres de ese grupo invisible para los medios que, como yo, decidisteis que maternar también es un derecho que queríais ejercer sin renunciar a él ni delegarlo en terceros, habréis sentido la indefensión de saber que, votarais lo que votarais, ningún partido iba a apoyaros en esa decisión.
Lo que pedimos
Seis meses como mínimo
Llevamos años reclamando un permiso de maternidad de, como mínimo, 6 meses. Una reclamación que responde primero al derecho del bebé y, evidentemente, también al de la madre, que, no lo olvidemos, es la que gesta, pare y amamanta, por mucho que a la PPiiNA (Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles) no le guste.
Resulta que no era posible, que no había fondos. Hasta que aparecieron, de vete a saber dónde, para ampliar el permiso del padre.
¿Estamos en contra de que se amplíe el permiso del padre?
Por supuesto que no. Pero no es justo, ni moral, ni biológica, ni fisiológicamente, ampliar un derecho cuando los otros dos protagonistas, que van delante, aún no tienen garantizados los mínimos.
Actualización 2026: desde que escribí esto, los permisos se igualaron y ampliaron. Con el Real Decreto-ley 9/2025, cada progenitor tiene 19 semanas (17 por nacimiento más 2 para cuidado), iguales e intransferibles, con 6 semanas obligatorias tras el parto; las familias monoparentales tienen 32. Para la madre, sigue siendo bastante menos de seis meses. Fuente: La Moncloa.
Por qué
Primero el bebé y su madre
Porque el bebé tiene derecho a ser nutrido por su madre sin restricción de tiempo, al menos hasta que sea capaz de tomar otros alimentos y de ser cuidado por extraños sin que se resienta su apego seguro con su cuidadora principal: su madre.
Porque quien ha gestado y parido necesita un tiempo de adaptación física, emocional y social muy superior a 16 semanas. Creer que ese periodo es «repartible con el padre» es ningunear el propio proceso biológico y mental de la gestación y el parto.
Porque no siempre hay «padre», y esa realidad se obvia demasiado a menudo. La mayoría de las familias monoparentales de nuestro país son monomarentales: según el INE, el 81,4 % en 2020. Pero hasta en el lenguaje tergiversamos la realidad.
Porque cuidar a los hijos no es una especie de servicio civil obligatorio, como hemos oído a algunos padres durante su permiso de paternidad. Para la mayoría de la clase política, el cuidado es una especie de impuesto que no nos gusta pagar y que intentamos evadir o repartir para tocar a menos. No se trata de cambiar pañales, señores y señoras políticos. A ver cuándo lo entienden.
Porque si al final lo hacen, tampoco merecen medallas como si fueran héroes. Ser un padrazo es directamente proporcional a ser una mala madre, y hacer campaña con la responsabilidad de los progenitores en el cuidado de sus hijos es moralmente deleznable.
Porque el cuidado es la base de la reproducción y la supervivencia de los mamíferos, especialmente de los humanos, cuyo desarrollo es especialmente largo. Los primeros años de vida son un periodo muy sensible que requiere algo más que comer lo suficiente para no morir de hambre, estar limpio y a resguardo.
Porque nuestros bebés tienen derecho al cuidado óptimo, y ese es el que provee su madre cuando está dispuesta a darlo sin sentir que pierde derechos, poder adquisitivo o calidad de vida.
Por eso:
Anunciar como medida permisos iguales e intransferibles para este primer periodo sensible del bebé es no entender nada de nada.
Prometer guarderías de 0 a 3 años es reírse de las necesidades de los bebés y de sus madres.
Ensalzar a mujeres que a la semana de parir ya están «emprendiendo por el mundo» es un insulto a las madres. Refleja una ignorancia supina de lo que supone el hecho maternal, de las necesidades del binomio madre-bebé y de las profundas repercusiones de todo lo que se hace o se deja de hacer en ese periodo.
El ejemplo
Emprender a la semana de parir
En plena campaña, Isabel Díaz Ayuso, entonces candidata del PP a la Comunidad de Madrid, puso como ejemplo a una mujer que acababa de dar a luz y ya se había puesto a trabajar. Así lo recogía un tuit de entonces:
«Díaz Ayuso pone de ejemplo y defiende a una mujer que acaba de dar a luz y ya se ha puesto a trabajar. Es decir, que renuncia a sus derechos. Pero atentos a lo que dice de las "mujeres de la izquierda"…» — @Sayo_cab75, 14 de mayo de 2019
Es un insulto, sobre todo:
A las mujeres con empleos precarios, a los que no quieren «volver» pero tienen que hacerlo porque su subsistencia depende de ello.
A las mujeres que sufren depresión posparto, la mayoría de las veces sin diagnosticar, porque ya se sabe que las mujeres somos tan emocionales que nuestros síntomas graves se confunden con nuestro día a día. Todo el mundo sabe que la depresión posparto se cura dejando al bebé y volviendo al curro, claro que sí.
A las emprendedoras que luchamos cada día por levantar negocios que nos permitan vivir y hacer eso que la sociedad nos prometió en falso: conciliar.
A Isabel Díaz Ayuso el derecho a tener 16 semanas tras el parto le parece cosa de «víctimas de izquierda». Me gustaría verla siendo camarera de pisos en un hotel, volviendo a hacer 20 habitaciones y 5 salidas, más los pasillos de las zonas comunes, a la semana de parir.
Cargando fardos de ropa sucia y empujando carros llenos de toallas, sábanas y productos de limpieza. Retorciendo cientos de veces la fregona que limpia los suelos que pisan quienes van al hotel a descansar, mientras su útero se retuerce con los entuertos del posparto y sus pechos se hinchan por pasar 10 horas sin amamantar a un bebé que vete a saber con quién estará.
A ver lo que le duraba esa ideología de «menospreciar los derechos de las trabajadoras» en esas circunstancias.
Que muchas hayamos tenido que buscar fórmulas para emprender porque no teníamos otra alternativa válida no es excusa para imponérselo a las demás. Algunas somos privilegiadas porque pudimos sacar adelante nuestro emprendimiento con un bebé a la teta. Pero ESO ES UN PRIVILEGIO que no todas tienen, señora Díaz Ayuso.
Al parecer, usted solo conoce emprendedoras premium, que pueden permitirse emprender por el mundo a la semana de dar a luz. No creo que hable de:
La peluquera del barrio, que trabaja 10 horas diarias de pie.
La que trabaja en una tahona y se levanta a las 3 de la mañana a hacer pan, además de la jornada de venta al público.
La que monta un restaurante y prácticamente vive allí para sacarlo adelante.
Esas emprendedoras, aunque quisieran (y ya le digo yo que, por mucho que les guste su trabajo, no quieren volver a la semana de parir), no pueden emprender con sus bebés de 7 días.
En definitiva: cada vez que ustedes hablan de mujeres, dan vergüenza. Cada vez que hablan de política referida a las familias, dan asco. Mucho asco.
La conciliación según ellos
«La generosidad de mi pareja»
Borja Sémper, entonces candidato del PP a la alcaldía de Donostia, respondía así en una entrevista a la pregunta «¿Qué hace para conciliar con la familia?»:
«Aprovecharme de la generosidad de mi pareja».
Al menos fue sincero: la conciliación de muchos se llama «mi pareja». O «mi madre».
Actualización 2026
Siete años después, igual
Escribí este post en la campaña de 2019. Siete años después, la Ley de Familias sigue en un cajón. El Gobierno la llevó al Congreso en 2023, la volvió a enviar en marzo de 2024 y desde entonces acumula decenas de prórrogas del plazo de enmiendas, sin fecha de debate.
En septiembre de 2026, el Congreso votó una proposición no de ley de Podemos que pedía aprobarla de forma inmediata. El resultado:
177
Votos en contra: PP, Vox, PNV y Junts
147
Abstenciones: el PSOE, el partido del Gobierno que la impulsó
19
Votos a favor
Unos la tumban. Otros, los que la redactaron, se abstienen. Ninguno la saca del cajón.
Y aunque la ley se aprobara mañana, no da a las madres lo que llevamos años pidiendo: tiempo para criar. El permiso por nacimiento ya es de 19 semanas por progenitor, iguales e intransferibles. Para la madre que acaba de parir y amamanta, siguen siendo poco más de cuatro meses. No seis.
Cambian los nombres en las listas. No cambia quién se queda fuera.
Para terminar
No hablen por nosotras
Así que no hablen por mí ni por la mayoría de las madres que conozco. Madres que cada día intentan satisfacer las necesidades de los suyos, casi siempre a costa de ellas mismas, de su poder adquisitivo y de su calidad de vida.
Y créanme: ese espíritu de «sacrificio» no es para alabarlo. De hecho, nos repatea que en mayo aparezcan campañas de marketing que refuerzan ese estereotipo como si fuera una virtud que mantener. No queremos que nos alaben por estar siempre a disposición de todos sin que se nos tenga en cuenta ni se nos escuche.
Queremos RESPETO.
Queremos poder ejercer nuestros DERECHOS, todos.
Queremos IGUALDAD en lo que somos iguales y EQUIDAD para contemplar nuestras diferencias con justicia.
En un momento en el que las únicas voces relacionadas con los derechos de las madres que oímos son las de colectivos que piden guarderías de 0 a 3 años e igualdad de permisos de maternidad y paternidad, me parece fundamental seguir hablando de otros modelos de conciliación que sí se ajustan a las necesidades de todos.
Para colectivos que piden que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales, se les olvida que las mujeres gestamos, parimos y amamantamos y esa función es exclusiva de nuestro género.
Antes que alargar la baja de paternidad los colectivos de madres llevamos años pidiendo que se amplíe la baja maternal al mínimo de 6 meses porque es un DERECHO DEL BEBÉ ser cuidado por la persona que para él mejor cumple la función de maternar, incluyendo amamantar.
Un bebé se alimenta exclusivamente de leche al menos hasta los primeros 6 meses, algunos hasta el año o más, así que pretender que renuncie a ese derecho para cumplir el objetivo político de cualquier otro colectivo es, no solo inconveniente desde el punto de vista de la salud y el desarrollo del bebé, sino que refleja un profundo desinterés en el bienestar y las necesidades de los niños.
La biología no es políticamente correcta y las mujeres tenemos derecho a maternar si lo deseamos todo el tiempo que nuestros hijos nos necesiten en exclusiva. Ya lo escribí hace años, que la igualdad en derechos ha de reconocer las diferencias y buscar la equidad. Para el bebé, mamá no es igual que papá, y una Ley que también vela por los más pequeños debería reconocer esa hecho fundamental de cómo somos los humanos en nuestra primera etapa. Y sobre todo entender que no satisfacer esas necesidades no tiene coste 0.
Si hay recursos para que la baja la coja también el padre, cuando hay padre, perfecto. Otra historia será para qué se cojan los padres esa baja, que ejemplos ya tenemos. Pero ampliar la del padre, cuando la de la madre es insuficiente es una solución bastante miope.
Para quienes, como el presidente Sánchez, opinan que el talento de las mujeres no puede perderse por ser madres, le recuerdo que esa decisión debería ser libre. Porque para la mayoría lo que no puede perderse es la oportunidad de criar a un hijo si se desea. Y la mayoría lo desea y no puede hacerlo porque luego nos penalizan al reincorporarnos al mercado laboral. Así que menos guarderías para criar bebés de 0 a 3 años y más enfocarse en políticas que permitan que nuestros hijos sean cuidados por las personas que desean hacerlo, sus madres, y no las instituciones. Inviertan en transformar la maternidad en algo valioso, reconocido, remunerado y que no se nos penalice a la vuelta.
Nuestro talento no se pierde por ser madres, lo estamos invirtiendo en nuestro mayor activo: l@s ciudadan@s del futuro, nuestr@s hij@s.
Ofrezcan otras vías de conciliación que no pasen por dejar a nuestros bebés y nosotras irnos a producir para vete a saber quién.
La mayoría de las mujeres que conozco no están locas por separarse de sus bebés de 16 semanas para reincorporarse a su empresa. Lo hacen porque no les han dado otra alternativa si no quieren perder independencia económica.
Prefiero que mis «talentos» estén enfocados en la dirección que yo elija, que en mi caso y en el de millones de madres, será criar y disfrutar de mis hijos, antes que abandonarles en manos de funcionari@s, que vete a saber cómo son y qué opinan de los niños, que siendo utilizados para mantener un sistema que sigue sin valorarnos en lo que realmente somos.
Trabajen ustedes para eliminar YA la brecha salarial, inviertan en educación para erradicar el machismo y la violencia de género, asegúrense que las madres no pierden poder adquisitivo ni social cuando crían a sus futuros contribuyentes, penalicen a las empresas DE VERDAD que siguen preguntando a las mujeres si van a tener hijos en sus entrevistas de trabajo, den ustedes ejemplo desde la clase política demostrando que los hijos, los suyos, les importan porque son lo más valioso que tenemos y que pueden perderse unas elecciones por haber parido y no pasa nada. De ustedes depende que de verdad «no pase nada» cuando una mujer vuelve tras ausentarse por haber estado pariendo y criando.
Porque mientras sus soluciones sigan siendo que las mujeres RENUNCIEMOS a la posibilidad de criar hijos y amamantarlos el tiempo que queramos, mientras sus políticas de conciliación sean guarderías de 0 a 3 años, acogidas tempranas y recogidas tardías en los centros escolares y campamentos de verano para que los niños estén con quien sea menos con sus padres… es que no han entendido ustedes nada.
Y la verdad es que da penita ver que da igual al ideología de los partidos de nuestro país, porque ninguno ha entendido qué necesitamos las madres y sobre todo, qué necesitan nuestros hijos.
Luego nos quejaremos de violencia, de fracaso escolar, de brecha intergeneracional… Cuando lo que ya sabe cualquiera que se ha molestado en averiguar cuáles son los cimientos de una sociedad sana es que invertir en autoestima es crucial. Y mal van nuestros hijos de autoestima si desde que nacen se dan cuenta que para sus padres, lo primero, es su trabajo.
Así no señor Sánchez, asi no #malasmadres, así no.
Primer día de paseo por el centro de Santiago de Chile y veo en una calle concurrida, peatonal, un camión de bomberos estacionado con un gran cartel que dice:
«¡Cuando menos lo esperas, las cosas sí pasan. Ayúdanos a SALVARTE!»
Pregunto a mis amigas chilenas y me dicen que en su país los bomberos no cobran. Son todos voluntarios, que además tienen que pagar de su bolsillo una cuota para poder ejercer como tales. Por ese motivo, cada cierto tiempo, organizan campañas para recaudar fondos y conseguir socios que les ayuden a sufragar su trabajo.
Imaginad mi cara. ¿Que los bomberos no son funcionarios aquí?
¿Que no cobran?
¿Que encima tienen que pagar por su voluntariado?
No salgo de mi asombro y me paro a hablar con ellos y a preguntarles que cómo puede ser eso posible. Ellos, con toda la naturalidad de asumir que eso es así y no hay más, me explican su situación.
Yo estoy en un viaje a 11000 kilómetros de casa, mitad vacaciones, mitad trabajo, llevo unos días en el país y ya me voy dando cuenta de la realidad con la que trabajan mis alumnas aquí («Acá» como dirían ellas).
Si en España que llevamos ya algunos años trabajando de forma profesional las Asesoras de Porteo y Asesoras Continuum aún tenemos que explicar por qué cobramos por nuestro trabajo, aquí, que ni los bomberos cobran, ya me hago una idea de lo instaurado que está en algunas sociedades que los trabajos que tienen que ver con el cuidado, con el altruismo extremo, han de ser gratis.
Bueno no, gratis no, que recordemos que gratis no hay nada, han de ser financiados por la persona que presta el servicio.
O sea que no sólo estás disponible 24 horas al día, 365 días al año, no sólo das un servicio a quien lo necesita, no sólo, como en el caso de los bomberos, has de estar dispuesto incluso a arriesgar la vida por tu «cliente»… es que encima has de pagar por ello.
YA he escrito en varias ocasiones sobre el lado oscuro de creer que el voluntariado es moralmente superior al trabajo remunerado. Sobre el transfondo de este tema hay una realidad que no todo el mundo quiere asomarse a ver porque es mucho más cómodo para la conciencia colectiva creer que el altruismo es siempre una expresión de generosidad y no
una forma de enmascarar desidia por parte de las administraciones de su responsabilidad de cuidar de sus ciudadanos, sobre todo de los mas desfavorecidos
un completo desajuste en la escala de valores de la propia sociedad que decide remunerar unas actividades y no otras a pesar de ser esenciales para la vida y bienestar
y en el peor de los casos una careta de bondad para el ego de aquellos que, regalando su trabajo, se aseguran el reconocimiento eterno de aquellos a quienes se lo ofrecen.
Lo cierto es que cuando una sociedad echa la carga de las labores que garantizan el bienestar en manos de sólo un porcentaje de la población que, bien sea por vocación, por responsabilidad social o por otros motivos, asumen ese trabajo a costa de su propio bienestar personal, social y/o económico, cuando una sociedad instaura ese modelo, repito, demuestra ser una sociedad injusta en su grado máximo.
No es justo que sea normal pagar a quien nos corta el pelo o a quien nos corta el césped del jardín y creamos que las personas cuyo trabajo es arriesgar su vida para salvar la nuestra no merecen un reconocimiento y una remuneración.
El hecho de no profesionalizar ciertos servicios repercute, incluso, en la calidad del mismo. Si no sólo no cobras por tu trabajo, sino que tienes que trabajar en otra cosa para cubrir tus propios gastos, ¿de dónde sacas el tiempo y los recursos para formarte y actualizarte? Y si lo sacas, ¿no es a costa de tu vida personal?, ¿es realmente ese un modelo sano y ejemplar?.
Cuando una administración paga un sueldo justo, a un bombero por ejemplo, se asegura no sólo de su disponibilidad cuando se necesita, sino de su formación y preparación constante.
En una ocasión escuché a alguien quejarse de que los bomberos tenían en sus instalaciones demasiadas comodidades, incluyendo piscina y gimnasio. Que además libraban mucho y trabajaban poco.
Quizás esa persona no entiende que alguien que tiene que poder subir por una escalera varios pisos cargando su propio peso más unos 20-25 kilos de equipamiento debe estar en forma y que, por tanto, un gimnasio no es una frivolidad sino parte de su entrenamiento diario.
Quizás esa persona no entiende que si los bomberos de su zona no «tienen trabajo» durante su turno significa que no hay una catástrofe, un incendio o un accidente al que acudir y eso es una buen noticia. Y seguramente no entiende que cuando sí suena la alarma esos profesionales lo dan TODO. Y por «todo» queremos decir «todo».
Quizás esa persona no se ha parado a pensar en cuánto valoraría su vida si tuviera que pagarla. Cuánto cree que debería cobrar alguien que anteponga su vida a la propia.
Quizás cree que su vida es más valiosa que la de aquél que la arriesga para salvarle y por eso puede exigir que lo haga gratis.
Lo malo no es que haya insensatos e ignorantes que piensen así. Lo malo es que lo piense toda una sociedad. Y no sólo con respecto al trabajo de los bomberos sino a cualquier trabajo que redunde en la seguridad y el bienestar de los demás. Si respetas un trabajo y el servicio que dan, respeta su derecho a vivir de él. A vivir BIEN de él.
A mí cuándo me dicen que por qué cobro por mi trabajo, les respondo siempre lo mismo:
Por respeto, porque soy una profesional.
Así que la próxima vez que pretendas algún servicio gratis pregúntate por qué, quién te da el derecho a exigir, por qué te molesta pagar por lo que recibes y a qué estás contribuyendo con tu demanda.
Y por supuesto si quieres colaborar con los Bomberos de Chile, aparte de asociarte y/o hacer alguna donación a su causa, quéjate de que no sea un servicio público. Las leyes las cambian los ciudadanos.
No salgo de mi asombro y me paro a hablar con ellos y a preguntarles que cómo puede ser eso posible. Ellos, con toda la naturalidad de asumir que eso es así y no hay más, me explican su situación.
