Vivienda · Sesgos · Sin filtros

La foto y los datos.

Lo que el caso Maricarmen dice de nosotros, y de cómo estamos legislando.

Hay imágenes que ganan un debate antes de que empiece. Una mujer de 87 años en silla de ruedas, sacada de un piso en el que ha vivido 70 años. No hace falta nada más: la foto ya ha dictado sentencia.

Pero una foto no es un argumento. Y cuando legislamos con fotos, lo que sale son malas leyes.

Así que hoy te propongo algo incómodo: dejar la foto a un lado y mirar los datos.

Antes de nada

Por qué la fragilidad nos parece bondad

Conviene entender qué nos pasa por dentro cuando vemos una imagen así.

• Tipificación moral. La psicología social (Gray y Wegner) ha demostrado que dividimos a las personas en agentes (quienes actúan) y pacientes (quienes reciben la acción). Cuanto más frágil vemos a alguien, más lo colocamos en la casilla de víctima y menos capaces somos de imaginar que sus decisiones tengan consecuencias para otros.
• "Entrañable pero incompetente". El estereotipo de la persona mayor combina mucha calidez con poca capacidad (Fiske). Y confundimos calidez con razón.
• Confundimos no poder con no querer. Si alguien no puede hacer daño físico, suponemos que no puede perjudicar a nadie. Pero ocupar durante años algo que no te pertenece, pagando una fracción de su valor, también perjudica a alguien, aunque ese alguien no salga en la foto.

Ser compasivos con la fragilidad de una persona es humano. Serlo también con todas sus decisiones es otra cosa.

Los hechos

Lo que dicen los datos

500€

Alquiler mensual que pagaba (renta antigua)

1.700–3.500€

Precio de pisos similares en la zona

19 años

Con el contrato legalmente extinguido (2007-2026)

1956

El padre de Maricarmen firma un contrato de renta antigua por un piso de unos 92 m² en Retiro, una de las mejores zonas de Madrid. La legislación de la época imponía la prórroga forzosa: indefinido de hecho y con rentas prácticamente congeladas.

1960

Muere el padre y la madre se subroga.

1985

El Decreto Boyer acaba con la prórroga forzosa para los contratos nuevos.

1994

La Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada con un Gobierno socialista, limita las rentas antiguas: una segunda subrogación solo dura dos años, salvo que el heredero tenga una discapacidad igual o superior al 65 %.

2005

Muere la madre. Maricarmen se subroga y su contrato queda con fecha de caducidad legal: 2007.

2018-2020

La propiedad cambia de manos. Los nuevos propietarios le ofrecen comprar el piso por 240.000-250.000 €, una fracción de su valor de mercado, o firmar un contrato nuevo a 1.650 €/mes. Rechaza ambas opciones.

2022-2023

La Audiencia Provincial y después el Tribunal Supremo dan la razón al propietario: el contrato terminó en 2007. Su discapacidad reconocida es del 50 %, por debajo del umbral que fija la ley.

2025-2026

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid le ofrecen plaza en varias residencias. Un donante anónimo se ofrece a pagar la diferencia del alquiler. Todo se rechaza. El argumento es siempre el mismo: quiere quedarse en "su casa".

El relato

"Su casa"

Esa expresión lo ha condicionado todo.

La repiten ella, los medios, los políticos y quien comparte la noticia. Y a fuerza de repetirla, se ha convertido en una verdad emocional que sustituye a la verdad jurídica.

Pero no era su casa. Era la casa de otra persona, en la que vivía de alquiler con un contrato que la ley extinguió hace casi dos décadas.

Y hay algo que el relato no cuenta: durante décadas, el propietario original sufrió una especie de expropiación de hecho. Tenía un piso que no podía recuperar, con una renta congelada que no cubría su valor y con la obligación de conservar el inmueble.

Durante todo ese tiempo, el propietario también existía. Solo que nunca tuvo foto.

La pregunta incómoda

La vulnerabilidad como argumento

Nadie discute que a los 87 años, con movilidad reducida, salir del lugar donde has vivido toda la vida es duro. Pero duro no es lo mismo que injusto.

Y cuando una situación se presenta como "vulnerabilidad extrema", conviene preguntarse:

• ¿Vulnerable frente a quién? ¿Frente a quién paga 1.500 € de alquiler con un sueldo menor que su pensión?
• ¿Vulnerable con cuatro alternativas encima de la mesa, incluida la compra del piso muy por debajo de su valor?
• ¿Qué ocurre con las listas de espera de residencias públicas cuando un caso mediático recibe varias ofertas en pocos meses? ¿Quién se queda detrás?

La vulnerabilidad es un criterio para priorizar recursos escasos. Si la usamos como argumento emocional, deja de servir para lo que existe.

El uso político

Lo que este caso no es

El caso ha servido para reactivar propuestas de moratoria de desahucios y de "protección permanente". Pero conviene tener claro qué dice realmente:

• No es un fondo de inversión que echa a una inquilina que paga el precio de mercado.
• Es la aplicación de una ley de 1994, votada hace más de treinta años, que dio a los herederos de las rentas antiguas un periodo de transición. En este caso, ese periodo se alargó de facto casi veinte años más por la vía judicial.

Y el mensaje de fondo que queda es preocupante: ser propietario y cumplir es sospechoso; acogerse al paraguas de la vulnerabilidad, aunque haya alternativas, se aplaude.

Epílogo

Cuando una sociedad legisla con la foto

Una sociedad que legisla a partir de la imagen más emotiva, y no de los datos, paga un precio. No de golpe, sino poco a poco:

• Menos vivienda en alquiler. Cada vez que la ley protege a quien no paga o paga por debajo de mercado a costa de un particular, ese particular retira su vivienda del mercado. Es exactamente lo que ocurrió con la renta antigua: décadas de pisos deteriorados y propietarios que prefirieron cerrar antes que alquilar.
• Alquileres más caros. Los propietarios que siguen alquilando incluyen el riesgo en el precio: más fianzas, más avales, más requisitos. Y quien lo sufre no es la persona de la foto, sino el joven de 28 años con contrato temporal, al que nadie va a entrevistar.
• Recursos públicos mal asignados. Si la visibilidad mediática decide quién recibe una plaza o una vivienda, los verdaderamente vulnerables, los que no tienen cámara, quedan detrás.
• Menos seguridad jurídica. Si una sentencia firme del Tribunal Supremo se presenta como una "afrenta", el mensaje es que cumplir la ley es opcional según el relato que se consiga construir.
• Ciudadanos que razonan con emociones. Nos acostumbramos a quedarnos con la foto y no con la película. Y quien controla la foto controla la ley.
• Perversión de los incentivos. Si ser presentado como víctima da más resultados que cumplir, la sociedad empieza a producir víctimas en lugar de soluciones.

El problema de la vivienda en España es real, grave y medible: faltan viviendas, sobra burocracia y falta seguridad para quien construye y alquila. Ninguna de esas tres cosas se arregla con una moratoria inspirada en una fotografía.

Legislar exige mirar lo que no sale en el encuadre. Porque la foto dura un día y las leyes, décadas.

Fuentes El Español · El Debate · elDiario.es · Libertad Digital · Telecinco · Córdoba BN

Buenismo: cuando la bondad se convierte en excusa para no dar argumentos

Cuando yo era niña, mis padres compraron una casa en una urbanización familiar, algo alejada del centro, con su colegio y sus pocas tiendas. Como tantas familias de trabajadores en los años ochenta, se hipotecaron para tener algo propio. Pagaron, cumplieron, año tras año.

Al cabo de un tiempo, la región sufrió una catástrofe natural, una riada muy grave. Y ahí empieza lo que quiero contar. La versión oficial fue: «estas viviendas se ceden a los damnificados de la riada». Sonaba bien. Sonaba justo. Nadie podía oponerse a ayudar a quien lo había perdido todo.

Pero eso no fue exactamente lo que pasó. La mayoría de esas viviendas no fueron para los afectados por la inundación. Fueron para otras familias, algunas ya señaladas por conflictos y tráfico de drogas, y más tarde, para familias que venían de vivir en chabolas. Nadie las acompañó, no hubo ningún plan, ninguna integración, ninguna gestión real. Solo la entrega de las llaves, y ya está.

¿Qué pasó después? El barrio se fue degradando. En pocos años se convirtió en una zona controlada por clanes, un punto de venta de droga donde ni la policía entraba con normalidad. Las familias que habían pagado su hipoteca, que habían hecho todo lo que se les pidió, empezaron a irse, una a una, porque ya no se podía vivir allí.

Con el tiempo, aquello se convirtió en un símbolo de lo que no debía repetirse. Se llamaba Parque Ansaldo, en San Juan de Alicante, y en 2004 lo derribaron entero. No quedó nada.

Y aquí está la parte que más me afecta: mis padres nunca fueron indemnizados por perder su propiedad. Ni un euro de lo que pagaron durante años les fue devuelto. Hicieron todo lo que se les pidió: pagar, cumplir, esperar. Perdieron la casa, perdieron el barrio, y nunca hubo una indemnización, ni una disculpa, ni nadie que respondiera por lo que pasó. El coste de una decisión que no tomaron ellos lo pagaron ellos solos.

No cuento esto por rencor, ni para señalar a nadie en concreto. Lo cuento porque el patrón se repite. Y no hace cuarenta años: está pasando ahora mismo. Veamos tres situaciones, dos de ellas con casos muy recientes, y comprobemos que el mecanismo es exactamente el mismo.

Situación 1: cuando la ley protege al agresor y desprotege a la víctima

Esta primera situación no es una noticia concreta, sino algo más incómodo todavía: una dinámica que se repite, con distintos protagonistas, en el acoso escolar entre menores.

En España, y en la mayoría de los países de nuestro entorno, la ley obliga a proteger de forma casi absoluta el llamado Interés Superior del Menor, tanto de la víctima como del agresor. La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, fija la edad de responsabilidad penal en los 14 años: por debajo de esa edad, un menor que agrede o acosa gravemente a otro no puede ser juzgado penalmente, y su caso se deriva a servicios sociales o al propio centro escolar, con medidas que las familias afectadas suelen considerar insuficientes. Además, revelar el nombre, la imagen o cualquier dato que identifique a un menor implicado en un delito o falta está prohibido por ley, precisamente para no estigmatizarlo de por vida y darle una oportunidad real de reeducación.

El problema no es el principio en sí. El problema es cómo se traduce en la práctica:

• El traslado forzado de la víctima: ante un caso grave, el centro no expulsa al agresor porque chocaría con su derecho a la escolarización, y termina siendo la víctima quien cambia de colegio, con la sensación de ser ella la castigada.
• La inimputabilidad por debajo de los 14 años, que deja fuera la vía penal incluso en agresiones graves.
• El vacío en el ciberacoso: cuando se difunde contenido humillante de la víctima, la protección de la identidad del menor infractor durante la investigación hace que retirar ese contenido sea lento, mientras la humillación sigue circulando cada día.

El resultado son dos efectos muy concretos: la víctima siente que denunciar no sirve de nada, porque la burocracia, las disculpas privadas o el silencio institucional alargan su sufrimiento en vez de resolverlo. Y el entorno recibe el mensaje de que la violencia no tiene consecuencias visibles, lo que desanima a denunciar la próxima vez.

Aquí el mecanismo cambia de forma respecto a los otros casos. No es una noticia que cuenta solo una parte: es una ley, bienintencionada, diseñada para proteger a un menor de un daño futuro, que en la práctica deja a otro menor, el que ya sufrió el daño, sin una respuesta visible. Es buenismo convertido en norma, no solo en relato.

Situación 2: Ceuta y la palabra que cada uno elige

La segunda situación es la de Ceuta, una ciudad de apenas 19 km² y unos 84.000 habitantes. El 30 y 31 de julio de 2026 entró en la ciudad, en cuestión de días, un número de personas cercano a la población total de la ciudad, convocadas a través de un grupo de Facebook con más de 160.000 miembros. El CNI había alertado un día antes de que se estaba organizando la entrada, pero según los informes desclasificados por el Gobierno, nunca llegó a anticipar una llegada masiva de miles de personas en tan poco tiempo.

Entre el 30 de julio y el 14 de septiembre se abrieron 37 casos de agresión sexual, 10 de ellos con penetración, con 30 víctimas, 11 de ellas menores. En lo que va de 2026 se contabilizan al menos 57 agresiones sexuales, 14 de ellas violaciones, frente a 9 en todo 2025, 5 en 2024 y 8 en 2023, según datos citados del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior.

Fijaos en cómo lo llama cada uno: unos hablan de «entrada masiva», otros de «invasión». Ninguna de las dos palabras es un dato, las dos son una elección. Y esa elección depende de la ideología de quien habla, no de los hechos: se usa el término que más apela a la emoción, en un sentido o en el otro, en lugar de describir el hecho de forma objetiva y racional. Por eso doy los números, y que cada uno decida qué palabra le parece más honesta.

El relato que se cuenta depende de quién lo cuenta: unos ponen el foco solo en las cifras de agresiones, otros solo en la respuesta institucional, como la ampliación de los centros de acogida de 1.000 a 6.000 plazas o los 114,7 millones de euros de ayuda de la Comisión Europea. Pocas veces se cuentan las dos cosas juntas. Y ahí está, otra vez, la información incompleta.

Situación 3: el desahucio de Maricarmen, setenta años después

La tercera situación es la de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre de 2026 de un piso en el barrio de Retiro, en Madrid, donde había vivido 71 años. Setenta años antes, en 1956, su padre firmó el contrato bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos de aquel momento, que garantizaba la prórroga forzosa. En 1964, el texto refundido de la LAU recogió esa prórroga y las subrogaciones familiares. En 1985, el Decreto Boyer eliminó la prórroga forzosa, pero solo para los contratos nuevos: el suyo, al ser anterior, seguía protegido. En 1994, una reforma de la LAU limitó la segunda subrogación a solo dos años de vigencia, salvo que el subrogado tuviera una discapacidad igual o superior al 65%.

En 2005 muere la madre de Maricarmen y ella se subroga en el contrato, con una discapacidad reconocida del 50%. Por esa ley de 1994, esa segunda subrogación solo le daba derecho a dos años más: el contrato se extinguió legalmente en 2007. Durante todo ese tiempo, y hasta el final, Maricarmen nunca dejó de pagar: abonaba puntualmente 500 euros al mes.

Y aquí está el dato que más me interesa: entre 2007 y 2026 pasaron diecinueve años. En 2018 el edificio se vendió y pasó a manos de Urbagestión. No fue hasta marzo de 2026 cuando el Tribunal Supremo resolvió el caso, y el desahucio se ejecutó el 23 de septiembre, setenta años después de que su padre firmara aquel contrato.

El medio que cuenta esta noticia carga el relato contra una ley aprobada por el PSOE en 1994. Pero se le puede hacer la misma crítica que a las otras situaciones: rara vez se cuenta también que esa ley existía, entre otras razones, para que los propietarios pudieran recuperar en algún momento una vivienda alquilada durante décadas muy por debajo del precio de mercado. El mismo mecanismo de contar solo una parte del relato no lo usa un solo lado: lo usa cualquiera, según le convenga.

Y hay una segunda vuelta de tuerca. Desde 1994 hasta hoy, PSOE y PP se han alternado en el Gobierno durante más de treinta años, y esta regla concreta, la que ha dejado a Maricarmen sin protección, sigue exactamente igual. Quien hoy usa este caso para señalar a un partido pertenece, muchas veces, a corrientes políticas que también han gobernado con margen de sobra para cambiarla si de verdad la consideraban injusta, y no lo han hecho. Es, en el fondo, protestar contra un problema que uno mismo ha mantenido, mientras se lo atribuye a «los otros», sean quienes sean esos otros en la cabeza de quien escucha.

El patrón común

Si os fijáis, en las cuatro situaciones, la de mis padres y estas tres, se repite exactamente el mismo patrón. Y merece la pena quedarse con estos cinco puntos, porque son la clave de todo lo que viene después.

• No se da la información completa: se cuenta una parte, la que sostiene el relato, y se omite la otra.
• Se construye un relato que sostiene una idea concreta, no que describe el hecho: no es información neutra, es una narrativa con una dirección marcada de antemano.
• Se humaniza a una parte apelando a la empatía, y se deshumaniza o se presupone lo peor de la otra, y esa otra parte suele ser, además, la que ya ha recibido el daño, el acoso, la agresión o la pérdida.
• Se evita el debate y se repiten consignas: en cuanto alguien pregunta o matiza, no se le responde con argumentos, se le responde con una etiqueta.
• Se dramatiza para apelar a lo emocional, no a lo racional: cuanto más fuerte es la emoción que provoca, menos espacio queda para pensar.

Qué es realmente el buenismo

Todo esto tiene un nombre: buenismo. La Real Academia Española lo define como «la actitud de quien, ante un conflicto, rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia».

Conviene dejar claro un matiz, porque si no, esto se puede malinterpretar: el problema no es tener empatía. El problema es la empatía selectiva, la que se dirige solo hacia una parte del conflicto y nunca hacia la otra, aunque la otra sea quien ya estaba sufriendo el daño. Eso ya no es empatía. Es una estrategia que usa el lenguaje de la bondad para no tener que dar argumentos.

Por qué caemos tan fácilmente

Y aquí llega la pregunta importante: ¿por qué caemos en esto una y otra vez, si en el fondo es tan fácil de identificar cuando se explica así?

• Porque sentir cuesta menos que razonar: una historia con nombre y cara mueve mucho más que un dato o una cifra, aunque el dato sea más importante.
• Porque necesitamos vernos como buenas personas: alinearnos con el relato compasivo nos da una recompensa social inmediata, aunque sea superficial, aunque no hayamos entendido el problema real.
• Porque cuestionar el relato da miedo: tememos que, si preguntamos o matizamos, se nos coloque automáticamente del lado «malo» de la historia, aunque en realidad lo que estemos cuestionando sea el relato, no el sufrimiento de nadie.
• Porque repetir la consigna nos da pertenencia a un grupo: argumentar en contra, aunque sea con matices razonables, nos saca de él, y eso, para la mayoría de las personas, pesa más que tener razón.

Para cerrar

El buenismo no es tener demasiado corazón. Es usar el corazón de la audiencia para no tener que dar argumentos. Y mientras tanto, quien cumple, quien paga, quien hace todo lo que se le pide, sigue siendo quien se queda pagando la factura. Sea tu hijo o hija a quien acosan, los ciudadanos de Ceuta o el propietario de una vivienda comprada y pagada legal y religiosamente que ve como su derecho a su propiedad se cuestiona, se pisotea o se anula.

Esto, además, tiene mucho que ver con algo de lo que escribiré próximamente: qué pasa cuando alguien busca un consenso a toda costa. Porque muchas veces, buscar consenso no es convencer con argumentos. Es presionar hasta que el otro cede.

¿Te ha pasado algo parecido a lo que cuento aquí? Me encantaría leerlo en los comentarios.

Bibliografía y fuentes

• buenismo, Diccionario de la Lengua Española, RAE-ASALE
• Parque Ansaldo, evolución e involución de un barrio marginal en San Juan de Alicante, Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales
• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, BOE
• Ceuta: cifras de agresiones sexuales tras la entrada masiva de julio de 2026, The Objective
• Desclasificación de los informes sobre la entrada a Ceuta, Vozpópuli
• El desahucio de Maricarmen y la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, El Debate