El perro fiel del PSOE y la factura de las víctimas

El perro fiel del PSOE y la factura de las víctimas

ETA · Bildu · Sin filtros

El perro fiel del PSOE y la factura de las víctimas.

Lo que ETA no consiguió con las armas, Bildu lo está cobrando con escaños. Y para que no se note, hay que contar otra historia: la del «conflicto», la de «todos sufrimos», la del IRA.

Bildu y ETA: un perro negro sentado junto a un escaño, con una factura roja colgando del collar

«Violencia sufrimos todos.» «Lo importante es que ahora hay paz, como pasó con el IRA.» «ETA ya no existe, hay que pasar página.» Son las tres frases que más oigo cuando se habla de Bildu y ETA. Las tres tienen algo en común: diluyen lo que pasó.

Este post va de lo contrario. De llamar a las cosas por su nombre, con datos. Porque el relato que se repite es el que se queda. Y según el relato que nos cuenten, la demanda de justicia de las víctimas se aviva o se apaga.

Las palabras

Guerra, violencia y terrorismo

No son sinónimos. Y la diferencia no es un matiz: es todo.

Guerra. Un enfrentamiento armado entre Estados, o entre un Estado y grupos armados organizados que controlan territorio. Incluso en una guerra, matar a civiles es un crimen.

Violencia puntual. Un crimen concreto: una pelea, una venganza. Hace daño a una víctima, pero no busca aterrorizar a toda una sociedad.

Terrorismo. La RAE lo define como la «actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos». El Código Penal (art. 573) añade el fin: subvertir el orden constitucional o provocar un estado de terror en la población.

En España no hubo una guerra. Hubo una democracia con una Constitución votada en 1978, elecciones libres en las que Herri Batasuna se presentaba y sacaba escaños, y una banda que mató a cientos de personas para imponer por miedo lo que no ganaba en las urnas.

ETA hablaba de «conflicto» y se llamaba a sí misma «ejército» por una razón: para que la vieran como un bando y no como una banda.

ETA

853 asesinatos y ninguna guerra

ETA nace en 1958, como escisión de las juventudes del PNV, y se funda oficialmente el 31 de julio de 1959. Su objetivo: un Estado vasco independiente y socialista, conseguido por las armas. Sus exigencias se resumieron después en la llamada Alternativa KAS (1976): amnistía total, salida de las fuerzas de seguridad del País Vasco y autodeterminación.

El 7 de junio de 1968 mató a su primera víctima: el guardia civil José Antonio Pardines, en un control de tráfico. La última en España fueron dos guardias civiles en Palmanova (Mallorca), en julio de 2009.

853
asesinados, según el registro oficial
90%
de los asesinatos, en democracia
~358
crímenes sin resolver

A eso súmale más de 3.800 atentados, casi 80 secuestros y unos 10.000 empresarios extorsionados con el llamado «impuesto revolucionario». Solo en los dos años siguientes a la Constitución, ETA mató a 178 personas.

Y cuando digo secuestros, no pienses en un secuestro exprés de unas horas. Piensa en esto:

532
días secuestrado José Antonio Ortega Lara
7,5 m²
de zulo: 3 metros de largo, 2,5 de ancho y 1,80 de alto
23 kg
perdió en el cautiverio

José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones. ETA lo secuestró el 17 de enero de 1996 en el garaje de su casa de Burgos. No pedía dinero: pedía acercar a sus presos.

Lo enterraron en vida bajo una nave industrial de Mondragón. Humedad, una bombilla que le marcaba el tiempo unas horas al día y, el resto, oscuridad. Para dar tres pasos, tenía que dar la vuelta.

La Guardia Civil lo encontró el 1 de julio de 1997, tras 532 días: el secuestro más largo de la historia de ETA.

Diez días después, ETA se vengó: secuestró a Miguel Ángel Blanco.

No fue el único. El empresario José María Aldaya pasó 341 días secuestrado (1995-1996). Emiliano Revilla, 249. Cosme Delclaux, 232. ETA llegó a tener a varios a la vez.

Nota: las medidas del zulo varían según la fuente (de 3 a 3,5 metros de largo). Uso las más citadas: 3 × 2,5 × 1,80 metros.

Nota: la cifra de víctimas mortales varía según el criterio del recuento: 829 (Interior y Fundación Víctimas del Terrorismo), 853 (registro oficial cedido al Centro Memorial de las Víctimas) o 864 (informe «El daño causado», 2018). Aquí uso la del registro oficial.

Infografía: de cada 100 asesinatos de ETA, 5 fueron con Franco vivo (1968-1975) y 95 después de su muerte
De cada 100 asesinatos de ETA, 95 fueron después de Franco.

¿A quién mató? Guardias civiles, policías, militares, políticos, jueces, periodistas, empresarios. Y cientos de personas que pasaban por allí: en el Hipercor de Barcelona (1987) o en la casa cuartel de Zaragoza (1987), donde murieron niños.

ETA llamaba «objetivos» a los guardias civiles y a los policías. Ese es su argumentario: como si matar a un policía fuera menos delito o estuviera justificado.

No hay asesinatos «políticos» y asesinatos «civiles». Hay 853 asesinatos.

El brazo político

De Herri Batasuna a EH Bildu

1978

Nace Herri Batasuna. Después se llamará Euskal Herritarrok (1998) y Batasuna (2001).

1995

Ponencia «Oldartzen»: la estrategia de «socialización del sufrimiento». Llevar el miedo a concejales, periodistas, profesores… y la kale borroka a la calle.

2003

El Supremo, por unanimidad de sus 16 magistrados, ilegaliza Batasuna por ser «el complemento político de ETA». Estrasburgo lo avaló.

2011

Nace Bildu. El Supremo anula sus listas; el Constitucional las legaliza por un voto. Ese mismo año, ETA anuncia el «cese definitivo».

2012

El Constitucional legaliza Sortu, el partido heredero de Batasuna, por 6 votos a 5. Nace EH Bildu.

2024

Su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, se niega a llamar terrorista a ETA: «ETA fue un grupo armado».

En 2013, el presidente de Sortu lo dejó por escrito: la izquierda abertzale «no está dispuesta a realizar una lectura crítica de su pasado».

Quién habla por ellos

Otegi y Aizpurua

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu:

Militó en ETA político-militar en los años 70.

Fue condenado a 6 años por el secuestro del directivo de Michelin Luis Abaitua (1979). Del secuestro de Javier Rupérez fue absuelto: la víctima no pudo reconocerle.

Cumplió seis años y medio por el caso Bateragune (reconstruir Batasuna). Estrasburgo dijo después que no tuvo un juicio justo y la condena se anuló, pero el Constitucional impidió repetir el juicio.

Ha pasado cinco veces por prisión.

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso y quien negocia con Sánchez:

En 1984 fue condenada a un año de prisión por apología del terrorismo, por un editorial titulado «Por los gudaris de ayer y hoy» en la revista que dirigía.

Trabajó en Egin, el diario cerrado en 1998 por formar parte del entramado de ETA, y dirigió Gara de 1999 a 2004.

Y hay una portada que se le atribuye. El 2 de julio de 1997, el día después de que la Guardia Civil sacara a Ortega Lara del zulo, con 23 kilos menos tras 532 días enterrado en vida en 7,5 metros cuadrados, Egin tituló:

«Ortega vuelve a la cárcel.»

El juego de palabras: Ortega Lara era funcionario de prisiones. Un hombre que acababa de salir de un agujero, convertido en titular de burla.

Nota: la autoría de esa portada se le atribuye a Aizpurua en medios como El Debate o Vozpópuli, cuando trabajaba en Egin. No he encontrado prueba documental de que fuera ella quien la decidió.

El socio

Fiel, sí. Pero por precio.

En abril de 2015, en una entrevista en Navarra Televisión, Pedro Sánchez, ya secretario general del PSOE, lo dijo así:

«Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres, lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista.»

Y lo repitió en la misma entrevista: «Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez». Su línea roja, decía, era «la defensa de la Constitución española». Míralo tú:

Lo que vino después:

2020

Abstención en la investidura de Sánchez.

2021-2023

Sí a los Presupuestos de 2021, 2022 y 2023. En la legislatura 2019-2023, sí a 80 iniciativas legislativas del Gobierno.

2022

La Ley de Memoria Democrática sale adelante gracias al pacto con Bildu.

2023

Sí a la investidura. Lo anunció dos días después de las elecciones, sin firmar acuerdo. El mismo año, los socialistas navarros le dan la alcaldía de Pamplona.

2026

No a la moción que pedía a Sánchez dimitir o someterse a una cuestión de confianza. Aizpurua: «Todo lo que sea pedir elecciones es favorecer a la derecha».

Ojo: Bildu no vota siempre con el PSOE. En el total de votaciones coinciden en torno a la mitad o dos tercios de las veces. La fidelidad está donde importa: en lo que mantiene a Sánchez en la Moncloa.

Y cada apoyo tiene factura:

Todos los presos de ETA, trasladados a cárceles del País Vasco y Navarra.

La gestión de las prisiones, traspasada al Gobierno vasco (2021).

Tráfico para Navarra, la alcaldía de Pamplona y millones en los acuerdos de Presupuestos.

Una reforma legal que acorta las condenas de decenas de presos de ETA (abajo te la cuento).

Un perro fiel no pasa factura. Bildu sí.

La factura

Los presos salen por la puerta de atrás

Desde 2021 las cárceles vascas las gestiona el Gobierno vasco, de PNV y socialistas. Y la consejera que hoy firma los terceros grados es del PSOE vasco.

Desde el traspaso, unos dos terceros grados al mes para presos de ETA. Más de 120 en total.

En septiembre de 2026, tercer grado para Henri Parot: 39 asesinatos, entre ellos los de la casa cuartel de Zaragoza.

Hoy solo 32 condenados de ETA siguen en régimen ordinario.

La Audiencia Nacional está frenando parte de esto: el 12 de noviembre revocó la semilibertad de «Anboto», exjefa de ETA, y otros dos terceros grados.

El tercer grado es legal. Lo que indigna a las víctimas es que llegue sin arrepentimiento real y sin colaborar con la justicia, con un tercio de los asesinatos aún sin resolver.

Y luego está la reforma de 2024. Una enmienda escondida en una ley técnica permitió descontar los años cumplidos en Francia. Bildu lo pedía desde 2015. Se calculó que beneficiaba a unos 50 presos, entre ellos «Txapote», asesino de Miguel Ángel Blanco.

Nota: la enmienda se aprobó en comisión con los votos de PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y también del PP. El PP dijo después que fue un error e intentó revertirla. Nadie sale limpio de esa votación.

En las listas

Condenados que piden tu voto

Municipales de 2023: 44 candidatos de Bildu condenados por pertenecer o colaborar con ETA. Siete, por delitos de sangre.

Ante el escándalo, los siete anunciaron que no tomarían posesión. Los otros 37 siguieron. Quince salieron elegidos.

Vascas de 2024: cuatro condenados por vínculos con ETA en sus listas.

Es legal: quien ha cumplido condena puede presentarse. Pero que algo sea legal no lo hace decente. Y para las familias de las víctimas, ver a quien mató a los suyos pidiendo el voto es volver a perder.

Los que se fueron

El exilio que nadie cuenta

ETA no solo mató. También expulsó. Concejales amenazados, profesores, periodistas, empresarios extorsionados, familias que no aguantaron más.

El único estudio encargado por el Gobierno vasco (Instituto Vasco de Criminología, 2011) habla de entre 60.000 y 200.000 personas.

Un informe del CEU (2023) las cifra en unas 180.000: cerca del 10 % de la población vasca.

Y aquí viene lo grave. El Estatuto vasco deja votar en las autonómicas a quien emigró al extranjero y a sus descendientes. Pero no a quien se fue a otra provincia española. Puede votar alguien que vive en Buenos Aires y nunca ha pisado Euskadi. No puede hacerlo el concejal amenazado que se marchó a Madrid.

En las vascas de 2024, PNV y Bildu empataron a 27 escaños. Les separaron unos 29.000 votos.

Nota: no todos los que se fueron lo hicieron por ETA (en los 80 también hubo crisis industrial), y nadie sabe qué votarían hoy. Pero el censo vasco perdió a decenas de miles de personas, en su mayoría no nacionalistas. Y en las urnas, eso benefició a los partidos nacionalistas.

Ermua

El día que se vio quién estaba con ETA

El 10 de julio de 1997, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, de 29 años, al bajar del tren de vuelta del trabajo. Dio al Gobierno 48 horas para acercar a sus presos. El 12 de julio le pegó dos tiros en la cabeza.

En esas 48 horas, según los cálculos de la época, más de seis millones de personas salieron a la calle en toda España. También en Euskadi. Con las manos pintadas de blanco. Nació el «espíritu de Ermua».

Ese día quedó claro: el pueblo no estaba con ETA.

¿Y los que callaban? En muchos pueblos, el silencio no era apoyo. Era miedo.

En el año 2000, el 22 % de los vascos no se sentía libre para hablar de política. Entre los no nacionalistas, el 30 %. Y el 70 % decía que había miedo a participar en política (Euskobarómetro, Universidad del País Vasco).

Los no nacionalistas sintieron ese miedo casi tres veces más que los nacionalistas, sobre todo en los pueblos pequeños (Centro Memorial de las Víctimas, 2017).

En los pueblos, el miedo no hacía que la gente apoyara a ETA. Hacía que callara. Y ese silencio, desde fuera, parecía apoyo.

Eso no quiere decir que ETA no tuviera a nadie detrás. Una minoría le fue fiel hasta el final, y votaba. Pero era eso: una minoría que se hacía oír porque los demás tenían miedo.

Si quieres revivir esas 48 horas, el documental de Netflix Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo (Jon Sistiaga y Juanjo López, 2026) las reconstruye con testimonios que nunca se habían contado. Este es el tráiler:

El argumento

«Lo del IRA fue lo mismo»

Es el argumento que más oigo: el IRA dejó las armas, hubo paz en Irlanda del Norte, y con ETA ha pasado lo mismo. No. Se parecen en dos cosas: los dos eran terroristas y los dos mataron. A partir de ahí, casi todo es distinto.

Infografía comparativa IRA y ETA: muertos, contexto, cómo acabó, si se votó y qué pasó con los presos
IRA y ETA: se parecen en que mataron. En casi todo lo demás, no.

Algunos detalles más:

En Irlanda del Norte había una comunidad católica con discriminación documentada en vivienda, empleo y voto, y el ejército británico en la calle.

El País Vasco tiene desde 1979 parlamento, gobierno, policía, Hacienda y escuela en euskera propios.

El IRA entregó las armas ante una comisión internacional (2005). ETA rompió su última negociación con la bomba de la T4 de Barajas (2006) y se desarmó sola, sin contrapartidas (2017).

Lo más importante es lo que se negoció. En Irlanda del Norte, el acuerdo incluyó la salida anticipada de presos de los dos bandos, republicanos y lealistas: 428 en dos años, 143 de ellos con cadena perpetua. Y se supo después que el Gobierno de Blair envió cartas de inmunidad a 187 fugitivos. Fue el precio de la paz, y fue polémico. Pero se pagó a la vista de todos, y la ciudadanía lo votó.

Con ETA no hubo nada de eso. No hubo «Viernes Santo a la vasca», ni amnistía, ni presos liberados por acuerdo. ETA no ganó: la derrotaron.

Y aquí está la trampa. Lo que ETA no consiguió negociando con bombas, lo está consiguiendo ahora con votos en el Congreso: acercamientos, terceros grados, condenas recortadas. Un Viernes Santo pagado a plazos. Sin referéndum. Y sin que nadie lo llame por su nombre.

Hasta en el perdón son distintos. El IRA lo pidió en 2002 a sus víctimas «no combatientes». ETA, en 2018, solo a las que no tenían «participación directa en el conflicto». Es decir: a los guardias civiles y policías asesinados, ni eso.

El relato

Cómo se blanquea un terrorismo

Fuera de España, ETA tuvo buena prensa durante años.

Francia fue su santuario. Allí se veía a los etarras como «refugiados» de un país sin libertades, casi como héroes, y se rechazaban las extradiciones también en democracia. Eso cambió a mediados de los 80.

El cine. Operación Ogro (1979), del italiano Pontecorvo, simpatizaba abiertamente con ETA. Un estudio de unas 160 películas sobre ETA calcula que un 40 % tiene sesgo favorable a los terroristas.

Hollywood. En Chacal (1997), con Bruce Willis y Richard Gere, los «buenos» que ayudan al FBI son un francotirador del IRA y una exmilitante de ETA fugitiva. Se estrenó en noviembre de 1997, cuatro meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Hoy, buena parte de la prensa en inglés sigue llamando a ETA «grupo separatista vasco», no banda terrorista.

El mito nació con Franco. Pero en la dictadura ETA mató a 44 personas: el 5 % de sus víctimas. Fuera se quedaron con la foto de 1973. Nosotros vivimos los datos de 1980.

Y dentro, lo que no se cuenta se olvida:

El 60 % de los jóvenes españoles no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. Más de la mitad de los españoles cree que ETA sigue activa, y uno de cada cinco le atribuye el 11-M (GAD3, 2020).

En la Universidad de Deusto, el 47 % de los universitarios no sabía quién era Miguel Ángel Blanco (2017).

En Navarra, casi la mitad de los alumnos de ESO no sabe qué fue ETA. Y el 26 % justifica la violencia (2021).

Una generación que no sabe qué fue ETA es la mejor audiencia para el relato del «conflicto».

«Todos sufrimos»

Todas las víctimas, sí. Iguales, no.

El relato de la izquierda abertzale es este: hubo un «conflicto», y en él «todos sufrimos». Meten en el mismo saco a las víctimas de ETA, las del GAL, las del franquismo y las de «la política penitenciaria». El historiador Antonio Rivera lo explica: el objetivo es que no quede claro el papel de ETA.

¿Hubo violencia ilegal del Estado? Sí. Hubo GAL y hubo torturas. El informe encargado por el Gobierno vasco recoge 4.113 denuncias de torturas entre 1960 y 2014, franquismo incluido, y Estrasburgo ha condenado a España once veces por no investigarlas. Eso exige verdad y justicia.

Pero los crímenes del GAL se juzgaron: hubo un ministro del Interior condenado. Los de ETA, un tercio siguen sin resolver. Y nada de eso convierte a ETA en un bando, ni justifica un solo asesinato.

Nota: las 4.113 son denuncias recogidas y analizadas por el Instituto Vasco de Criminología, no condenas judiciales. En los tribunales españoles hubo 20 sentencias firmes por torturas, todas por hechos anteriores a 1992.

Memoria

El relato decide qué víctimas existen

Quien tiene a su abuelo en una cuneta quiere enterrarlo. Es justo. Quien tiene a su padre asesinado por ETA quiere respeto: no ver a los herederos de quienes lo mataron decidiendo el futuro del país. También es justo.

Las dos demandas son legítimas. Lo que cambia es cuál se escucha.

La Ley de Memoria Democrática (2022) salió adelante pactada con Bildu. Bildu consiguió una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983.

Entre 1979 y 1983, según los recuentos publicados, ETA asesinó a cerca de 300 personas. Para ellas no hay comisión.

En el 25.º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la AVT y Dignidad y Justicia no fueron al homenaje oficial en protesta por ese pacto y por el acercamiento de presos.

Covite registró 374 actos de apoyo a ETA en 2025. Y Bildu usa la memoria para pedir que se prohíban los actos franquistas «por respeto a las víctimas».

Nota: la Ley de Memoria Democrática llega hasta 1978. Lo de 1983 es un estudio, no una ampliación de la ley.

La calle

Ecos de la kale borroka

No hay bombas ni cócteles molotov como en los 90. Pero hay ecos. El último, hace unos días:

Hernani, sábado 14 de noviembre, a las 11:30 de la mañana. El PP monta una mesa informativa en la Parte Vieja con su cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, de 22 años.

Según el Departamento de Seguridad vasco, un grupo se acerca, les grita y les lanza huevos, petardos y cohetes. El PP habla también de piedras.

El PP tiene que suspender el acto y su recorrido por la provincia. Sus militantes salen escoltados por la Ertzaintza. No hubo heridos.

El día antes, Ernai, las juventudes de Sortu, había dicho que los dirigentes del PP no eran bienvenidos en el pueblo.

El consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, del PNV, lo calificó de «inaceptable» y preguntó: «¿Quién va a ser el siguiente?».

Jon Echeverría nació en 2004. Tenía unos siete años cuando ETA anunció que dejaba de matar. Y en 2026 tiene que salir escoltado de un pueblo de Gipuzkoa por repartir propaganda electoral.

No es un caso aislado:

Pintadas de «Gora ETA» en placas de víctimas en Durango (2025).

Ataques de Ernai a sedes del PP y a símbolos «españolistas».

Pintadas en las casas de ertzainas y amenazas al propio Zupiria, también en Hernani: «Mejor muerto».

Y la portavoz de Bildu en el Congreso hablando de «supuestos ataques».

Parte de los altercados son jóvenes, alcohol y noche, como dice el propio Gobierno vasco. Pero lo de Hernani fue un sábado a las once y media de la mañana. Y las pintadas en las casas de los policías no son ocio nocturno. Son señalamiento. Y quien vivió los 90 sabe dónde acaba eso.

Banalizar

El tiro en la nuca, como eslogan

En la víspera de la huelga general del 11 de noviembre, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó ante los micrófonos qué pasaría si gobiernan «la derecha y la extrema derecha». Palabra por palabra:

«No sabemos qué harían con nuestras compañeras migrantes, que acabarían probablemente deportadas de manera violenta. No sabríamos qué pasaría con nuestras compañeras del colectivo LGTBI, que a lo mejor acabarían presas en un calabozo o con un tiro en la nuca.»

Y remató: «Imaginaos lo que pasaría si gobiernan los fascistas».

Deportaciones violentas para las inmigrantes. Un tiro en la nuca para el colectivo LGTBI. Todo en condicional, sin un solo dato. Para meter miedo a quien vote distinto.

En España, el tiro en la nuca no es una metáfora. Es como ETA mató a cientos de personas: concejales, guardias civiles, periodistas, empresarios. A la salida de un bar, en el portal de su casa, delante de sus hijos. A Miguel Ángel Blanco, maniatado.

Usarlo como eslogan de campaña contra un adversario, mientras quienes gobiernan pactan con los herederos de los que sí disparaban, es banalizar el terrorismo que sí ocurrió. Y es otra forma de blanquearlo: si el tiro en la nuca es una amenaza de «la derecha», ya no es lo que hizo ETA.

Y hay algo más. Es inmoral. Y es obsceno. «La derecha» de la que habla es, entre otros, el PP. Y en este país, quienes recibieron los tiros en la nuca fueron, entre otros, los concejales del PP.

Desde 1994, ETA decidió que cualquier cargo del PP era objetivo. Desde Aznar hasta el último concejal de pueblo, según un informe de la Guardia Civil incorporado a la causa de Miguel Ángel Blanco.

Gregorio Ordóñez, enero de 1995. Teniente de alcalde de San Sebastián. Asesinado de un tiro en la cabeza mientras comía en un restaurante.

Miguel Ángel Blanco, julio de 1997. Concejal en Ermua. Maniatado, dos tiros en la cabeza.

Hasta 25 concejales del PP y del PSE fueron asesinados en Euskadi por ser concejales. El primero, Ordóñez en 1995. El último, el socialista Isaías Carrasco en 2008.

Los del PP no dieron un tiro en la nuca. Lo recibieron.

Alicia del Río nació en 1993. Cuando ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, tenía tres o cuatro años. Quiero creer que no alcanza a comprender la trascendencia de lo que dijo. Pero hoy es portavoz, habla ante los micrófonos y pide el voto contra unos partidos concretos. La edad que tenía entonces no la exime de saber lo que pasó. Es justo lo que contaba más arriba: una generación que no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco.

Alguien debería decírselo. Lo mínimo es una disculpa. A la familia de Miguel Ángel Blanco. Y a las de todos los que recibieron ese tiro de verdad.

Del Sindicato de Inquilinas y sus propuestas ya te hablé en No todos los derechos son iguales.

Para terminar

No es memoria. Es relato.

ETA no se disolvió porque alguien le diera la razón. Se disolvió porque perdió. La derrotaron la policía, los jueces, la colaboración de Francia y una sociedad que salió a la calle.

Por eso duele tanto lo de ahora. Porque cada voto que sostiene a un Gobierno se cobra en lo que más daño hace a las víctimas:

En presos que salen sin pedir perdón ni ayudar a resolver los crímenes.

En leyes que miran a unas víctimas y no a otras.

En un relato que repite «conflicto» y «todos sufrimos» hasta que suena normal.

Pasar página no es olvidar. Es haberla leído entera. Y esta página tiene 853 nombres.

Fiel, sí. Pero la factura la pagan las víctimas.

— Nohemí Hervada

Fuentes Revista UCM · Registro de víctimas de ETA · EFE · ETA se disuelve: cifras · BOE · LO 2/2015 (art. 573 CP) · Maldita · Cronología PSOE-Bildu · elDiario.es · Coincidencia de voto · El Independiente · Otegi, el socio más fiel · Vozpópuli · Tercer grado a Parot · Infobae · Condenados en las listas · El Independiente · El exilio y el censo vasco · El Debate · El voto de los desterrados vascos · Vozpópuli · IRA y ETA · Linen Hall Library · Presos y desarme del IRA · Britannica · Acuerdo de Viernes Santo · IRIS · Desarme unilateral de ETA · Economist & Jurist · El santuario francés · The Objective · ETA en el cine · Wikipedia · The Jackal (1997) · El Independiente · Homogeneización de víctimas · El Salto · Informe sobre torturas · The Objective · Ley de Memoria Democrática · Vozpópuli · 374 actos de apoyo a ETA · Libertad Digital · Del espíritu de Ermua al Pacto de Estella · Última Hora · Euskobarómetro 2000 · El Independiente · ETA y la espiral del silencio · The Objective · Encuesta GAD3 · Xataka · Encuesta de Deusto · The Objective · Encuesta ESO Navarra · Esdiario · Sindicato de Inquilinas y el «tiro en la nuca» · Demócrata · Jon Echeverría y el ataque en Hernani · Demócrata · Zupiria: «¿Quién va a ser el siguiente?» · El Español · Documental «Las 48 horas que lo cambiaron todo» · elDiario.es · Entrevista a Alicia del Río (Valladolid, 1993) · Vozpópuli · Informe de la Guardia Civil: ETA y los cargos del PP desde 1994 · El Independiente · 25 concejales de PP y PSE asesinados en Euskadi

La pregunta como trampolín

La pregunta como trampolín

Cuarto poder · Segunda parte · Sin filtros

La pregunta como trampolín.

Una semana, el mismo presidente y tres entrevistas. Lo único que cambió fue quién preguntaba.

Entrevista masaje: un político rebota en una pregunta como en un trampolín y cae en su mensaje preparado, mientras el periodista mira sin moverse

En la primera parte lo dejé escrito: una entrevista no es un masaje. Hoy toca afinar, porque la entrevista masaje no siempre se nota. A veces tiene preguntas difíciles. Lo que le falta es otra cosa.

En siete días, Pedro Sánchez se sentó en tres platós:

9 de noviembre. Con Javier Ruiz, en La última hora (La Séptima). A la misma hora en que Abascal estaba en La 1.

15 de noviembre. En Fuera de control (La Séptima), un domingo por la tarde, con Alba Carrillo y Marta Márquez.

16 de noviembre. Con Carlos Franganillo, en Informativos Telecinco. Unos 36 minutos en directo.

Mismo entrevistado. Misma semana de campaña. Mismos temas pendientes. Tres resultados distintos. Y la diferencia no está en lo que se preguntó. Está en lo que pasó después de cada respuesta.

La técnica

No esquiva la pregunta. La usa de trampolín.

En formación de portavoces hay una técnica que se enseña en todas partes. Se llama técnica del puente (en inglés, bridging). Funciona en tres pasos:

Reconoces la pregunta. Nada de silencios ni de «no voy a contestar».

Tiendes un puente. «Fíjese que…», «Lo importante aquí es…», «Déjeme terminar…».

Sueltas tu mensaje. El que traías preparado de casa.

Un político bien entrenado no elude la pregunta. Responde lo que quiere. Contesta a la pregunta, pero no a la que le han hecho: a la que le habría gustado que le hicieran.

La pregunta es el peaje para cruzar el puente. La respuesta, el anuncio que traía preparado.

Por eso la pregunta difícil no basta. Si el periodista no corta el puente con una repregunta, el público ni nota el desvío. Y el poderoso sale del plató con su versión intacta.

9 de noviembre · La Séptima

Javier Ruiz: preguntar y soltar

Javier Ruiz entrevista a Pedro Sánchez en el plató de La última hora de La Séptima
La última hora, La Séptima, 9-11-2026. Fotograma citado con fin crítico.

Javier Ruiz dejó TVE para fichar por La Séptima, la nueva cadena en abierto. El 9 de noviembre recibió a Sánchez a la misma hora en que Abascal estaba en La 1. Su primera pregunta:

«¿Vamos a una mayoría PP Vox?»

Con un expresidente imputado y un hermano condenado, lo primero fue el miedo al rival. Pero voy a ser justa, porque si no lo soy, cualquiera te enseña el vídeo y pierdo la razón en todo lo demás. Ruiz preguntó. Y preguntó cosas incómodas:

«¿Usted sigue creyendo en Zapatero?»

«Ustedes fueron quienes contrataron a Koldo García. ¿Ustedes se reunieron con el abogado de Koldo García como lo ha hecho el Partido Popular?»

«¿Ustedes van a indultar al fiscal general del Estado?»

Sobre el accidente de Urda: «Pero si la responsabilidad es suya, la dimisión no debiera ser suya, presidente».

«¿Por qué no acude al funeral?», «¿No han fracasado en vivienda?», «¿Han llegado tarde a Ceuta?».

Hasta ahí, bien. El problema es lo que vino después de cada respuesta.

La pregunta coartada

Preguntar no es repreguntar

Mira qué pasó con cuatro de las respuestas más delicadas:

Zapatero. Sánchez dijo que el préstamo a Plus Ultra es un «expediente absolutamente impoluto» y que Zapatero «lo último que quiere es volver a tener esas joyas». Hablamos de un expresidente imputado por blanqueo desde mayo. Ruiz pasó al siguiente tema.

Koldo. Respuesta: «No lo sé, no tengo esa información». Sin repregunta. Y de ahí, puente: Sánchez se pasó a Eduardo Inda, a OKdiario y a los «pseudomedios» que reciben dinero público.

El fiscal general. «No puedo responderle a esa pregunta en este momento». Ruiz lo aceptó y pasó a los «planes sociales».

El funeral de Urda. Ruiz preguntó por qué no iría al día siguiente al funeral por las 69 víctimas, en la catedral de Toledo. Sánchez: «Siempre he ido a ceremonias aconfesionales, nunca he ido a oficios religiosos, que respeto profundamente. No lo he hecho nunca». Cinco meses antes, el 10 de junio, había ido con Begoña Gómez a la misa del papa León XIV en la Sagrada Familia. No hacía falta hemeroteca: estaba en todas las portadas. La única repregunta de Ruiz fue si iría a un homenaje laico. «Por supuesto, faltaría más». Y a la huelga general.

Esa repregunta no le apretó: le hizo un favor. Dejó su ausencia como una cuestión de conciencia. La misma conciencia que no le impidió entrar en la Sagrada Familia, cuando podía haber saludado al Papa en la puerta y quedarse fuera. Como si, con un funeral no católico, él hubiera estado en Toledo con las familias.

Me parece una falta de respeto tremenda. Y me pregunto qué hace cuando alguien muy cercano le invita a una boda por la iglesia.

Fíjate en la pregunta de Koldo. La segunda mitad, «como lo ha hecho el Partido Popular», ya le deja a Sánchez la salida: el escándalo es el otro. La pregunta y el puente venían en el mismo paquete.

Y el orden también dice mucho:

Los primeros 22 minutos fueron de campaña: PP y Vox, debates, Rufián, Francia, la ley de nietos.

En ese tramo, Sánchez dedicó casi tres minutos seguidos a Inda y a OKdiario. La pregunta de Ruiz que le dio pie a seguir: «¿Usted cree que la fiscalía debería actuar aquí?».

La corrupción llegó en el minuto 22.

Hacer la pregunta difícil y aceptar cualquier respuesta tiene un efecto concreto. El político deja grabada su versión sin coste. El público se queda con la sensación de que el tema está tratado. Y el medio se lleva la medalla de «le pregunté por Zapatero».

Yo lo llamo la pregunta coartada: sirve más para cubrir al periodista que para obligar al poderoso a contestar.

¿Es blanqueo? La intención no la puedo demostrar. Puede ser afinidad, falta de preparación o un formato pensado para que el invitado esté cómodo. Pero el efecto sí lo puedo enseñar: funcione o no a propósito, el resultado es el mismo. El poderoso sale con su versión intacta.

La mesa

Cuando la pregunta lleva la respuesta

La mesa de periodistas de La Séptima con Javier Ruiz y Pedro Sánchez
La mesa de La última hora, La Séptima, 9-11-2026. Fotograma citado con fin crítico.

Después de la entrevista, el programa tiene una «rueda de prensa» con los periodistas de la mesa. La primera pregunta, la de José María Garrido, director de El Plural, empezó así:

«Desde mi punto de vista es evidente que su mujer o su hermano han sido víctimas del lawfare».

Y lo que le preguntó después no fue si de verdad había lawfare. Eso lo daba por hecho. Fue el propio Garrido quien sacó otros nombres: dijo que antes ya habían sufrido lawfare dirigentes de Podemos, Mónica Oltra o los independentistas, y le preguntó a Sánchez por qué el PSOE no lo denunció entonces. Si les faltó «valentía y coraje».

Es decir, la única crítica al presidente fue no haberse quejado antes y más fuerte de los jueces. La pregunta no le pedía explicaciones. Le pedía que fuera más lejos en su propio relato.

El dato que se queda fuera del encuadre: el 14 de julio, la Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. La sentencia es recurrible y su defensa anunció que la recurriría. Pero no es una opinión. Es una condena. Sánchez contestó que era «tremendamente injusto» y «muy peligroso para la democracia». Nadie en la mesa le recordó la sentencia.

Es la misma mecánica que vimos con Intxaurrondo y Óscar Puente: «¿Qué se puede hacer ante la campaña de intoxicación contra usted?». La pregunta ya trae la conclusión.

Y un detalle que el programa no le contó al espectador:

El Plural publicó los mensajes recortados del bulo de la bomba lapa. Omitió los mensajes que daban el contexto, y los programas de TVE lo repitieron como un plan de la UCO para atentar contra el presidente.

También publicó los «dos DNI» del juez Peinado, que resultaron ser un error del Registro.

A dos semanas de las elecciones, la mesa que pregunta al presidente la abre el director de ese medio.

Si yo fuera mal pensada, pensaría que más que un periodista cuestionando a un político, es alguien de su plantilla.

Otro periodista de la mesa empezó con un «le pregunto como periodista, pero también como ciudadano» para plantear cómo evitar que llegue la extrema derecha al Gobierno.

Para ser justa: en esa misma mesa, Marisol Hernández le preguntó por qué solo cita a Ábalos como su gran error y no a Santos Cerdán. Y Jesús Maraña le preguntó si se había quedado corto regulando las plataformas digitales. Las dos son preguntas pertinentes.

15 de noviembre · La Séptima

Jugar en casa

Pedro Sánchez en el sofá del plató de Fuera de control con las dos presentadoras
Fuera de control, La Séptima, 15-11-2026. Fotograma citado con fin crítico.

Seis días después, Sánchez volvió a La Séptima. Esta vez a Fuera de control, un programa de entretenimiento: tono muy distendido, un restaurante de comida asiática y su faceta más personal. «Fue un flechazo a primera vista», contó sobre su mujer.

Aquí no voy a medir a las presentadoras con la vara de una periodista política: es entretenimiento. Pero lo he visto entero y da vergüenza ajena. Aquello no parecía una entrevista. Parecían dos adolescentes babeando por su crush: preguntas sobre su atractivo, confidencias sobre Begoña y un «ha cumplido su palabra y no todos los hombres lo hacen».

Y no es casual. Se llama efecto halo: si alguien nos parece atractivo o simpático, le atribuimos sin darnos cuenta otras virtudes, como la honradez o la competencia. La televisión lo sabe y lo explota desde que Kennedy se midió con Nixon en el primer debate televisado, en 1960. La imagen también vota.

A dos semanas de las elecciones, la elección del plató lo dice todo. Un candidato que va donde nadie le repregunta y le admiran el físico no va a una entrevista. Va a un mitin con mejor iluminación.

16 de noviembre · Telecinco

Franganillo: volar el puente

Carlos Franganillo frente a Pedro Sánchez en el plató de Informativos Telecinco
Informativos Telecinco, 16-11-2026. Imagen recortada en dos para quitar el botón de reproducción.

Al día siguiente, Telecinco. Mundiario la llamó la entrevista más tensa de su campaña. Franganillo abrió así:

«¿Dónde cree usted que está la frontera entre un cambio de opinión y una mentira o un engaño a los votantes?»

Y no soltó. Estos son los momentos en que cortó el puente:

Amnistía. Sánchez habló del «horizonte» y de la convivencia. Franganillo repreguntó: si la veía útil, ¿por qué decía antes de las elecciones que no cabía en la Constitución, y la vio útil justo «coincidiendo con la necesidad de siete votos específicos de Junts»? Respuesta: «Hice de la necesidad virtud».

Vivienda, con el dato en la mano. «Usted prometió en 2023 tener a disposición de esta legislatura 183.000 viviendas de protección». Sánchez: «Ahora mismo son 120.000». Y cuando pasó la culpa a las comunidades del PP: «Usted echa la culpa a las comunidades».

Presupuestos. Le recordó que no los ha presentado, «incumpliendo la Constitución». Y le preguntó si no era más honesto haber ido antes a elecciones.

Ceuta. Cuando Franganillo dijo que los asaltantes parecían estar mejor informados que el Gobierno, Sánchez le contestó: «A lo mejor ustedes están mal informados, Carlos».

Ábalos y Cerdán. «Usted lo eligió no uno, sino dos». Sánchez intentó el puente: «¿Sabe cuántas personas elijo yo, Carlos?», y después Rajoy. Franganillo lo cortó: «¿Cómo exactamente?».

«¿Cómo exactamente?» Dos palabras. Ese es el trabajo.

Sánchez se quejó varias veces: «Déjeme terminar», «Yo también tengo derecho a hablar». Y tiene parte de razón: también merece explicarse. Pero el que paga la entrevista con su tiempo es el espectador. Y el espectador no necesita el mitin, que ya lo tiene en los actos de campaña. Necesita las respuestas que el candidato no quiere dar.

Para ser justa

Franganillo tampoco es un héroe

Para ser justa, Franganillo también tiene sus fallos:

Interrumpió mucho. Él mismo lo reconoció al día siguiente en La mirada crítica: «Hubo una gestión de tiempos que se me escapó de las manos». En parte, creo que interrumpía porque Sánchez quería dominar los tiempos y alargarse en algunas respuestas. Y eso le dejaba menos tiempo para preguntarle por más cosas.

Se dejó temas. No preguntó por Zapatero, ni por el hermano condenado, ni por Begoña Gómez. Él mismo lamentó que quedaban ocho asuntos sin tratar.

Dejó pasar cifras. El 66 % de subida del salario mínimo, los 300.000 millones transferidos a las comunidades o «más del 80 %» del empleo creado en la zona euro se quedaron sin contrastar.

Le acusan desde los dos lados. Ha recibido críticas por «blanquear» a Sánchez y también por editorializar contra él. Más que una medalla, eso indica que importa el método, no el bando.

La prueba definitiva no es esta entrevista. Es la siguiente. Si Franganillo aprieta igual a Feijóo y a Abascal, tendremos un periodista. Si no, tendremos otra vara de medir, solo que en dirección contraria.

De la primera parte

Dos frases para la hemeroteca

En la entrevista con Ruiz, Sánchez dejó dos frases que conectan con lo que contamos en El cuarto poder y sus dos varas:

El diccionario del poder. Llamó a OKdiario «pseudo medio de comunicación digital» que propaga «odio y bulos y desinformación». El diccionario de la primera parte, ahora en boca del presidente y en plena campaña.

La televisión pública. Sobre Abascal en La 1: «Vamos a defender siempre una televisión pública plural, con todas las voces allí representadas». Pues que se lo explique a quien, en esa televisión pública, se preguntó si la extrema derecha debía «tener cabida» en ella.

13 de noviembre · La Séptima

La prueba de la simetría

Decía que la prueba de un periodista es cómo trata al siguiente. Pues no hubo que esperar mucho. Cuatro días después de entrevistar a Sánchez, el mismo programa de Ruiz dedicó un bloque a lo que había dicho Feijóo sobre las bajas laborales en el pódcast de Jordi Wild. Rótulo en pantalla: «El bulo de las bajas laborales». Y en su canal de YouTube lo subieron con este título: «Desmontamos el bulo de las bajas laborales con datos».

Con Feijóo sí hubo gráficas, cifras y verificación. Y me parece bien: verificar a un candidato es exactamente lo que pido. El problema es que la verificación solo funcionó en una dirección. Y además, a medias:

Lo que acertó. El viernes no es día de bajas: según las mutuas, el 30,7 % empiezan en lunes y solo el 12,4 % en viernes. El «pico de los lunes y los viernes» de Feijóo, en la parte del viernes, es falso.

La AIReF, recortada. Dio «tres explicaciones de la AIReF»: más trabajadores, más precariedad y menos médicos. Pero la incidencia de las bajas subió cerca de un 60 % entre 2017 y 2024, mucho más que el empleo. Y la AIReF concluye que pasar de un contrato temporal a uno indefinido eleva un 30 % la probabilidad de coger una baja. Menos precariedad, más bajas: justo lo contrario de lo que se contó. Las listas de espera sí están en el informe; la otra mitad, no.

Los muertos. Para hablar de precariedad, Ruiz enseñó la gráfica de muertes en el trabajo y dijo: «Son 8.100 muertos al año en el puesto de trabajo». Su propia gráfica dice otra cosa: 8.161 es la suma de doce años, de 2014 a 2025. En 2025 murieron 735. Multiplicó el dato por once.

Javier Ruiz en La Séptima ante una gráfica de muertes en el trabajo de 2014 a 2025 con el dato acumulado 8.161 muertos y el rótulo El bulo de las bajas laborales
La última hora, La Séptima, 13-11-2026. Fotograma citado con fin crítico. Los 8.161 son el total de 2014 a 2025, no de un año.

Y hay un detalle que lo desmonta con sus propias cifras. En el mismo bloque dijo que los trabajadores han subido un 36 % y los muertos un 26 %, los dos desde 2014. Si los trabajadores crecen más que los muertos, la proporción de muertes por trabajador ha bajado: de unos 3,5 por cada 100.000 afiliados a unos 3,25. El «termómetro de la precariedad» marca lo contrario de lo que se quería demostrar. Y 2014 es casi el año más bajo de la serie: desde el pico de 2022, con 826 muertos, la cifra ha caído un 11 %.

«Con datos», decía el título. Con datos, sí. Pero no todos correctos.

Para ser justa: Feijóo también soltó datos sin respaldo en esa entrevista. Habló de «medio millón de inmigrantes» que cobran el Ingreso Mínimo Vital «sin haber trabajado una sola hora en el último año». Los extranjeros son algo más del 17 % de los beneficiarios, unos 460.000. La cifra se acerca, pero lo de «sin haber trabajado una sola hora» no aparece en ningún dato oficial. Y ese dato el programa no lo verificó.

Con Sánchez, el «expediente impoluto» y el «no lo sé» pasaron sin una sola repregunta. Con Feijóo, un «bulo» desmontado con una cifra once veces mayor que la real. Eso no es verificar. Es elegir a quién se verifica.

Para terminar

La vara que yo pido

No pido periodistas duros con unos y blandos con otros. Pido lo mismo para todos. Para Sánchez, para Feijóo, para Abascal y para el que venga:

Una pregunta concreta, sin la conclusión dentro.

El dato en la mano. La promesa, la cifra, la sentencia.

La repregunta. «¿Cómo exactamente?», «¿Cuánto?», «¿Cuándo?».

Volar el puente. «No le he preguntado por el PP. Le he preguntado por usted».

El mismo trato al siguiente invitado. Sin eso, todo lo anterior es pose.

Preguntar y no repreguntar no es fiscalizar. Es prestarle al poder el micrófono con la etiqueta de «entrevista dura».

Al poder no basta con preguntarle. Hay que repreguntarle y no dejarle dar un mitin.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 18 minutos

Fuentes La Séptima · Entrevista de Javier Ruiz a Pedro Sánchez (9-11-2026) · Telecinco · Entrevista íntegra de Franganillo a Sánchez (16-11-2026) · FormulaTV · Sánchez contraprograma a Abascal · Nació Digital · Sánchez en Fuera de control · Vozpópuli · Franganillo y Alba Carrillo · Artículo 14 · Opinión sobre Fuera de control · Vibras en corte · Franganillo, al día siguiente · Mundiario · La entrevista más tensa de Sánchez · ESdiario · Críticas a Franganillo · FormulaTV · Críticas por su editorial · El Salto · Condena a David Sánchez · Euronews · La defensa recurrirá · El Español · Sánchez, en la misa del Papa en la Sagrada Familia · Vozpópuli · «Nunca he ido a oficios religiosos» · Ground News · El director de El Plural defiende su cobertura del caso Bonilla · Maldita · Los mensajes que omitió El Plural · The Objective · Informe del Consejo de Informativos sobre la bomba lapa · Maldita · Los «dos DNI» del juez Peinado · La Séptima · «Desmontamos el bulo de las bajas laborales» (13-11-2026) · Barómetro de absentismo · Bajas por día de la semana · AIReF · Incidencia de las bajas 2017-2024 · Forbes · AIReF: contrato indefinido y bajas · Ministerio de Trabajo · Accidentes mortales 2014 · Forbes · 735 muertes laborales en 2025 · Seguridad Social · Afiliación de octubre de 2026 · Maldita · Extranjeros beneficiarios del IMV · Encyclopedia of Public Relations · «Bridge» · Mr. Media Training · Media Interview Bridging

El cuarto poder y sus dos caras

El cuarto poder y sus dos caras

Prensa · TVE · Sin filtros

EL CUARTO PODER y sus dos varas.

En 2023 aplaudí a Silvia Intxaurrondo por apretar a Feijóo con un dato. En 2026 se pregunta en TVE si un partido votado por tres millones de personas debe caber en la televisión pública. Entre una cosa y otra, el periodismo se quedó por el camino.

El cuarto poder: plató de tertulia en televisión con una silla roja vacía, fuera de la mesa

En Fiscalizar al poder no es elegir bando ya te conté de pasada lo del ministro Óscar Puente saliendo de La hora de La 1 con un «así da gusto». Hoy abro un capítulo sobre el cuarto poder en España: cómo una parte de la prensa ha pasado de vigilar al poder a hacerle de altavoz y de blanqueo. Y lo empiezo con dos nombres de la televisión que pagamos todos: Silvia Intxaurrondo, presentadora de La hora de La 1, y Jesús Cintora, presentador de Malas lenguas.

No es nada personal. A Intxaurrondo, de hecho, yo la aplaudí. Por eso me parece el mejor ejemplo.

El deber

Perro guardián, no perro faldero

Antes de criticar, conviene tener claro qué se le pide a un periodista. No es una opinión mía. Está escrito:

La Constitución, artículo 20. Reconoce el derecho a comunicar y recibir información veraz. El derecho es tuyo, del ciudadano. El periodista lo ejerce en tu nombre.

El código deontológico de la FAPE obliga a distinguir con claridad los hechos de las opiniones y a contrastar lo que se publica.

La ley de RTVE (Ley 17/2006, artículo 3.2) exige a la televisión pública respetar el pluralismo político, social e ideológico de la sociedad y separar información y opinión.

Resumido: el periodista pregunta, comprueba y cuenta. Y le aprieta sobre todo a quien tiene el poder. En el mundo anglosajón lo llaman watchdog: el perro guardián.

La propia Intxaurrondo lo explicó muy bien en una entrevista en Público: los políticos que van a su programa no le hacen un regalo, van a dar explicaciones y a rendir cuentas. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver si la regla vale para todos.

Julio de 2023

Así se aprieta a un candidato

El 17 de julio de 2023, a seis días de las generales, Alberto Núñez Feijóo fue a La hora de La 1. En mitad de la entrevista dijo que el PP siempre había revalorizado las pensiones con el IPC y que el único partido que las congeló fue el PSOE. Intxaurrondo le cortó en seco:

Ella: «No es correcto, señor Feijóo».

Él: «Es absolutamente correcto».

Ella: «No lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en 2017».

Él: «Yo no sé de dónde saca usted eso».

Feijóo le exigió que rectificara si se equivocaba. La que tenía razón era ella: el PP no revalorizó las pensiones con el IPC en 2012, 2013, 2017 y 2018, como comprobó Maldita. Esa misma tarde, Feijóo rectificó en X y lo llamó una «inexactitud».

Yo la aplaudí. Y lo mantengo: eso es periodismo. Llevar los datos preparados, no dejar pasar uno falso y aguantar la presión del entrevistado. Venga de quien venga.

El problema no es que apretara a Feijóo. El problema es que no aprieta igual a todos.

Abril de 2024

Firmar a favor del poder

El 24 de abril de 2024, un juzgado abre diligencias contra Begoña Gómez. Pedro Sánchez publica su carta a la ciudadanía, se toma cinco días para pensar si dimite y acusa a Feijóo, a Abascal «y los intereses que a ellos les mueven» de poner en marcha «la máquina del fango».

Dos días después, el 26 de abril, un grupo de periodistas publica un manifiesto que habla del ataque de la «ultraderecha mediática y judicial» contra la mujer del presidente y llama a movilizarse «en las Redes Sociales y en las calles». Termina así: «No al golpismo judicial y mediático. No a la máquina del fango». Entre las firmas, junto a Maruja Torres, Rosa María Artal o Jesús Maraña: Silvia Intxaurrondo.

Piensa lo que supone. Una periodista de la televisión pública, cuyo trabajo es vigilar al Gobierno, firmando un texto que:

Usa las palabras exactas del poder. «Máquina del fango» era la expresión que el presidente había lanzado dos días antes.

Llama «golpismo» a que un juez investigue y a que otros periodistas publiquen.

Toma partido antes de saber. Descalifica investigaciones que estaban empezando.

Ese vocabulario no se quedó en el manifiesto. Venía de antes y fue a más: «fachosfera», que Sánchez usó en enero de 2024 para hablar de la ultraderecha y de los medios que, según él, polarizan y buscan derrocar al Gobierno; y «pseudomedios», que repitió en mayo en un mitin. En febrero de 2025, en el pódcast Carne Cruda, Intxaurrondo también cargó contra los pseudomedios y habló de plantar cara al «virus de la desinformación». El mismo diccionario, en boca del poder y de la periodista que lo vigila.

¿Y qué salió de aquel «fango»? No todo ha acabado en condena, y la presunción de inocencia vale para todos. Pero en junio de 2026 el Supremo condenó a Ábalos a 24 años y a Koldo García a 19. Y en julio, la Audiencia de Badajoz condenó al hermano del presidente, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa (le absolvió de tráfico de influencias y es recurrible). Un caso que el Gobierno había despachado como «bulo».

Una periodista que firma un manifiesto a favor del Gobierno ya no puede vigilar al Gobierno. Ha elegido equipo.

Mayo de 2025

La bomba lapa, también en su programa

El 29 de mayo de 2025, laSexta Noticias emitió que un capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, «fantaseaba» con la muerte de Sánchez con «una bomba lapa en los bajos» de su coche. Al día siguiente lo repitieron varios ministros. Y en TVE lo recogió primero, al final del programa, La hora de La 1, y después otros espacios, entre ellos Malas lenguas, el programa de Cintora, con gráficos que relacionaban al guardia civil con un «discurso de la violencia».

Era falso. Faltaban mensajes en la conversación: Bonilla no quería poner una bomba a nadie, hablaba de que podían ponérsela a él. laSexta lo reconoció, eso sí, en un simple mensaje en X. Los Telediarios de TVE no lo emitieron porque sus Servicios Informativos comprobaron que no era cierto. Y en enero de 2026, el Consejo de Informativos de TVE lo calificó de bulo.

Una rectificación tiene que tener el mismo tamaño que el error: el mismo programa, la misma hora, el mismo rótulo. Si acusas en televisión y rectificas en un tuit, o no rectificas, no has rectificado. Has dejado la mentira hecha. Y a un guardia civil señalado como aspirante a magnicida.

Enero de 2026

«Gracias, así da gusto»

Tras el accidente ferroviario de Adamuz, el ministro Óscar Puente fue a La hora de La 1. Intxaurrondo le preguntó qué se podía hacer ante la «campaña de intoxicación» contra él. No es una pregunta. Es un favor: da por hecho que las críticas son intoxicación y le sirve al ministro el titular en bandeja. Al terminar, le despidió agradeciéndole las explicaciones. Y él respondió: «Gracias, así da gusto». Puedes verlo aquí.

Pon las dos entrevistas una al lado de la otra:

2023
Feijóo, candidato de la oposición: «No es correcto, señor Feijóo».
2026
Puente, ministro en ejercicio, tras un accidente: «¿Qué se puede hacer ante la campaña de intoxicación?».
=
Misma presentadora. Mismo programa. Distinta vara.

Si el poderoso sale de la entrevista diciendo «así da gusto», es que el periodista no ha hecho su trabajo.

Noviembre de 2026

La dimisión «injusta»

Diez meses después de Adamuz llegó Urda. El 28 de octubre de 2026, un AVE y un tren de Iryo chocaron cerca de Urda (Toledo). 69 muertos. Con Adamuz y Gelida, 116 víctimas en accidentes ferroviarios en un solo año, con el mismo ministro.

El 3 de noviembre, al final de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, Óscar Puente anunció su dimisión como ministro y como candidato. Lo hizo defendiendo que no tomó ninguna decisión que contribuyera a causar ese daño.

Y a la mañana siguiente, en La hora de La 1, Intxaurrondo abrió así el tema:

«Hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho que tiene una sensación de cierta injusticia con la dimisión de Óscar Puente».

Y no fue una frase suelta. Fue el tema del programa. Se lo planteó a un invitado tras otro, con las mismas palabras. En apenas minuto y medio de fragmentos de esa mañana:

5×
«Asimetría»
4×
«Rendir cuentas»
3×
«Desazón» · y otras 3, «injusticia» o «injusta»

Algunas de esas frases, tal cual:

«Dice que todos intuimos qué es lo que pasó».

«Hay espectadores que pueden sentir cierta desazón a pesar de la dimisión de Puente porque pueden sentir que hay una asimetría a la hora de rendir cuentas por parte de unos partidos políticos y por parte de otros».

A Ada Colau: «¿Le parece sorprendente que haya una asimetría a la hora de dar explicaciones por algunos partidos y por otros?».

«¿Hasta qué punto el bien común o la presión que ejercen los demás sobre uno debe obligar a que uno dé un paso al lado de forma absolutamente injusta para él?».

Fíjate en la primera. «Todos intuimos qué es lo que pasó». ¿Qué pasó? No lo dice. Una periodista no está para intuir en antena. Está para contar lo que sabe y callar lo que no. Insinuar sin datos es justo lo que ella llamaría bulo.

Y fíjate en la técnica. Ella no lo afirma: lo pone en boca de «mucha gente que me ha escrito» y de «espectadores que pueden sentir». Así la opinión entra en el programa sin firma. Y luego se repite, invitado tras invitado, hasta que deja de sonar a opinión y empieza a sonar a evidencia.

Repetir una idea cinco veces no la hace verdad. La hace relato.

Piénsalo. Con 116 muertos en tres accidentes (Adamuz, Gelida y Urda), la pregunta de la televisión pública no fue por qué ha tardado diez meses en asumir responsabilidades. No fue qué falló. No fue qué dicen las familias. Fue lo injusto que es para el ministro.

El cinismo de la «asimetría»

Premiar la dimisión que llamabas intoxicación

Lo de la «asimetría» merece pararse. La idea es: mirad, los nuestros dimiten y los otros no. Somos moralmente superiores. Pero repasa lo que pasó:

Durante diez meses, quien pedía la dimisión de Puente formaba parte, según la propia Intxaurrondo, de una «campaña de intoxicación». Fue en enero, en su programa, con el ministro delante.

Puente no dimitió tras Adamuz. Dimitió después de Urda, al final de una comparecencia de cuatro horas, a tres semanas de las elecciones y renunciando también a ir en las listas.

Su propio jefe intentó pararlo. Según se ha publicado, Sánchez le respondió por mensaje: «Ni se te ocurra, no lo hagas». La dimisión no fue una política del partido. Fue una decisión personal, y a destiempo.

El marco ya venía hecho. Puente cerró su comparecencia con un «no todos los políticos somos iguales». Sánchez dijo que su decisión «dignifica» a España. Y a la mañana siguiente, la tele pública lo convirtió en pregunta: ¿no hay una «asimetría» entre partidos?

Es decir: las críticas eran fango mientras pedían la dimisión. Y cuando la dimisión llega, tarde y con 116 muertos, se convierte en prueba de la superioridad moral de los que la resistieron. No es una pregunta periodística. Es el argumentario de campaña, leído con voz de presentadora.

Una dimisión no es una medalla. Es lo mínimo cuando fallas. Y si llega diez meses tarde, lo que demuestra no es una asimetría a tu favor. Es que hizo falta otra tragedia para asumirlo.

Enero: las críticas a Puente son una «campaña de intoxicación».

Noviembre: su dimisión es una «injusticia» y una lección moral para los demás.

Entre medias: 69 muertos más.

Noviembre de 2026

¿Quién cabe en la tele de todos?

Y seis días después, el 10 de noviembre, tras la entrevista de Broncano a Abascal en La Revuelta, Intxaurrondo empezó así:

«Hoy igual me meto en un lío. Buenos días a los responsables de la Junta Electoral Central».

Sabía perfectamente lo que iba a hacer, a tres semanas de unas elecciones. Y lo hizo: «La pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública». Y añadió, por si quedaba duda de su respuesta: «Si a mí me lo preguntan, lo tengo muy sencillo». La pregunta la repitió más de una vez durante la tertulia.

Y luego lo dejó todavía más claro: «En los últimos tres años no se ha entrevistado en este programa a nadie que vaya contra los derechos humanos. A no ser que yo no estuviese presente o, opción dos, que lo ordenase la Junta Electoral Central. Yo lo he tenido claro siempre». Traducido: si de ella dependiera, al tercer partido del Congreso no se le entrevista.

En la mesa, la politóloga Cristina Monge le recordó lo obvio: es la tercera fuerza política y, por tanto, «es muy difícil que no tenga cabida» en los debates y las entrevistas regulados. Intxaurrondo no lo dejó ahí: «Discúlpame», replicó, pero hablando de la extrema derecha da la sensación de que tiene que tener «una cabida acotada, porque supone un riesgo». Monge, que también dijo que considera que la extrema derecha es un riesgo para la democracia en España, volvió a insistir: en un debate electoral, con la tercera fuerza del país, «es imposible que no esté». Es decir: se puede pensar que un partido es un peligro y, a la vez, tener claro que en una televisión pública no se elige a quién se le deja hablar. Y la presentadora, otra vez: «Digo que la pregunta de fondo es esta. La extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública».

Y entonces habló otro de sus tertulianos, el periodista Julio César Herrero, y dijo justo lo que tendría que haber dicho la presentadora:

«Una televisión pública no debe censurar. Lo que la sociedad ha decidido querer, tener y votar, debe contarlo».

«La defensa no pasa por la censura. La defensa pasa por el rigor, la contextualización de las afirmaciones, las repreguntas».

«La responsabilidad no está en quien lo dice. La responsabilidad está en quien está enfrente y debe cuestionarlo».

«El hecho de tapar no elimina nada.»

Intxaurrondo no se dio por convencida: entre ser neutral y censurar, dijo, «hay un amplio abanico de grises». Y él le respondió con la lógica más simple: o lo permites o lo evitas; y cuando lo evitas, lo censuras.

Eso es exactamente lo que defiendo yo. Al que dice medias verdades no se le calla: se le repregunta. Y para eso hace falta un periodista que haga su trabajo, no uno que decida quién entra.

Para ser justa: en la misma tertulia, Intxaurrondo recordó que en 2023 Vox renunció a la entrevista electoral que la Junta Electoral le había asignado en su programa y no se presentó, y cerró con un «para blanquearse sí, pero para rendir cuentas, no». Otra tertuliana, de El País, recordó que Vox veta a medios del grupo Prisa en sus ruedas de prensa. Las dos cosas son ciertas y Vox no sale bien parado. Pero que un partido evite a una periodista no autoriza a esa periodista a decidir si el partido cabe en la tele de todos.

Si sus propios tertulianos le dicen que es imposible que no esté y que apartarlo es censura, ¿para qué insistir en la pregunta? Para dejarla en el aire. Para que la audiencia se vaya a casa con la idea de que hay un partido que, si por ella fuera, no estaría.

Esa misma noche, a las 22:36 según el registro, Vox la denunció ante la Junta Electoral Central. Lo anunció en X su coordinadora jurídica, Marta Castro, que es quien difundió el vídeo de la tertulia.

Y ahora viene lo mejor. Según El Mundo, la dirección de Informativos de RTVE ha decidido que las entrevistas electorales a los candidatos del 29N se hagan en La hora de La 1, porque no cabían en el Telediario. Es decir: la periodista que se pregunta si la extrema derecha debe tener cabida en la tele pública es la que va a entrevistar a sus candidatos. Y ella ya había avisado de que solo entrevistaría a Abascal si se lo exigía la Junta Electoral.

¿Con qué neutralidad va a entrevistar a un candidato quien ha dicho en antena que no sabe si su partido debería estar ahí? Un árbitro que anuncia que uno de los equipos no debería jugar no puede pitar el partido.

No era la primera vez. En febrero de 2025, en Carne Cruda, ya defendió que a una fuerza con mensajes que ella considera machistas y homófobos no hay que darle cabida en un medio de comunicación. Y preguntada por Vox, se reafirmó.

Lo dice a menos de tres semanas de unas elecciones generales. Desde la televisión pública. Sobre el partido que en 2023 votaron más de 3 millones de españoles y que es la tercera fuerza del Congreso.

Puedes pensar lo que quieras de Vox. Pero una presentadora de la televisión que pagamos todos no es quién para decidir qué partidos votados caben en ella. Eso no es periodismo. Es censura con buena conciencia. Y a mí, lo que hace ahora, me parece inaudito.

Jesús Cintora

«Contra los bulos»… salvo los propios

Malas lenguas se anuncia como un programa «contra la desinformación y los bulos». Es la palabra que más se oye en ese plató: bulo. Y ojo, porque «bulo» se ha convertido en el debate mediático en lo que «fascista» es en el político: una etiqueta para no tener que rebatir. Se la cuelgas a lo que te molesta y ya está. Un bulo es una información falsa. No es una información verdadera que te perjudica.

Pues el Consejo de Informativos de TVE, el órgano de los propios periodistas de la casa, investigó el programa tras más de 100 quejas. En su informe de enero de 2026 concluye que Malas lenguas incumple de forma habitual las normas de información de RTVE. Algunos ejemplos:

La bomba lapa (mayo de 2025). El programa la difundió. Y según el informe, su propio equipo de verificación propuso comprobarla y no le hicieron caso. Después, no rectificó con la misma relevancia con la que la había contado.

El Partido Feminista, en el saco de la ultraderecha (julio de 2025). Un gráfico del programa incluyó al Partido Feminista de España entre la extrema derecha. El Consejo lo califica de bulo sin rectificación adecuada. Varias organizaciones feministas se quejaron a RTVE.

Opinión e información, mezcladas. El Consejo critica también que el programa sea de producción externa, que las decisiones editoriales las tome personal ajeno a RTVE y que los temas que pueden perjudicar al Gobierno reciban un tratamiento discreto.

Y el mismo día en que Intxaurrondo se preguntaba si la extrema derecha debía caber en la tele pública, el 10 de noviembre, Cintora se dirigió a Abascal desde el plató de Mañaneros 360: «Usted podrá entrar aquí con lanzallamas, motosierra y bomba atómica, pero jamás entrará en mi cabeza». Un presentador de la televisión pública, en plena precampaña, hablándole así al líder de la tercera fuerza del Congreso.

Para ser justa: cuando Laura Arroyo justificó en su programa los disturbios de Pamplona, fue Cintora quien la corrigió: quemar contenedores y lanzar objetos «es violencia». Eso hay que reconocérselo. Lo que no se sostiene es presentarse como verificador de bulos y no aplicarse la misma vara.

Un programa que reparte la etiqueta de «bulo» tiene que ser el primero en rectificar los suyos. Y con el mismo tamaño que el error. Si no, «bulo» deja de servir para defender la verdad y pasa a servir para defender al poder.

La vara de medir

Apliquemos su propio criterio

Aceptemos su regla: en la tele pública no debería caber quien supone un riesgo para la convivencia o justifica la violencia. Vale. Apliquémosla a todos. Ahí empieza la incongruencia.

1. El fundador de ETA en la tele pública vasca. El 30 de mayo de 2014, en ETB, Intxaurrondo entrevistó a Julen Madariaga por la publicación de sus memorias, Egiari zor («En deuda con la verdad»). Así lo presentó:

«Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA y un hombre de larguísima trayectoria política».

Y la primera pregunta: qué necesitaba aclarar para escribir, desde la primera línea, que no podía morirse antes de escribir este libro. Tono amable, sonrisa, entrevista de presentación de memorias. Ni una incomodidad de entrada.

Fíjate en las palabras. Al fundador de una banda terrorista: «larguísima trayectoria política». Al tercer partido del Congreso, votado por tres millones de personas: «¿debe tener cabida?».

Para ser justa: Madariaga rompió con ETA en 1989, dejó Herri Batasuna en 1995 porque no condenaba la violencia, fundó Aralar y llegó a decir que ETA debía pedir perdón a sus víctimas. No era un terrorista en activo. Pero la pregunta sigue en pie: si el fundador de una banda que mató a más de 800 personas cabe en la tele pública con una sonrisa, ¿por qué no cabe el partido que votan 3 millones de personas?

2. En su propia mesa. Laura Arroyo, comunicadora del Canal Red de Pablo Iglesias, es tertuliana de La hora de La 1 desde marzo de 2024. El día después de la carta de Sánchez, en ese mismo programa, le pidió al presidente que «actuara» sobre el poder judicial y los medios. Y en octubre de 2025, tras los disturbios contra un acto de Vito Quiles en Pamplona, en los que un periodista de El Español acabó agredido y hubo cuatro policías heridos, dijo en Malas lenguas, el programa de Cintora, que en Navarra habían dado «una excelente lección de antifascismo». Cuando una compañera le dijo que estaba defendiendo la violencia, respondió: «Esto no es violencia, es responder a su violencia». Tuvo que corregirla el presentador: quemar contenedores y lanzar objetos es violencia.

Eso no supone un riesgo, por lo visto. Tiene silla en la tele pública.

¿Por qué un partido con 3 millones de votos «supone un riesgo» y una tertuliana que llama «lección de antifascismo» a una jornada con un periodista agredido, no?

¿Por qué al fundador de ETA se le presenta con una sonrisa y al tercer partido del Congreso hay que «acotarlo»?

¿Quién decide qué discurso es «discriminatorio»? ¿La presentadora? ¿La dirección? ¿El Gobierno que la nombra?

¿Y si mañana gobiernan los otros y aplican el mismo criterio al revés?

Lo que queda fuera del encuadre

No es quién habla. Es quién decide.

Que quede claro: yo no pido que echen a Intxaurrondo, ni a Cintora, ni a Laura Arroyo, ni a nadie. El pluralismo es exactamente eso: que quepan los que piensan como tú y los que no. También los que te parecen un peligro.

Y voy más allá. Si crees que alguien tiene ideas «equivocadas», lo mejor que puedes hacer es dejarle hablar. Porque en política, salvo lo que atenta directamente contra los derechos fundamentales, lo de «equivocado» es muy relativo. ¿Quién decide que una política concreta es un error? Como mucho, se puede juzgar el resultado. Y para eso hay que dejar que se exponga.

Lo que hay que hacer es rebatir: señalar las incongruencias, los datos falsos y las cosas imposibles. Es lo que intento hacer en esta serie, con unos y con otros.

Todos queremos mejores sueldos, pensiones más altas y una casa para cada uno. Prometerlo es gratis. Creer que por prometerlo se va a conseguir es una utopía. Lo que toca es preguntar por los cómo y los cuánto. Esa es la pregunta que tendría que hacer una periodista a todos los candidatos. No si deben estar.

Y yo creo, además, que vetarles es el peor negocio posible: los convierte en víctimas. Y la víctima suma votos y fideliza a los suyos.

Lo que denuncio es otra cosa:

Las dos varas. Datos y dureza para la oposición. Preguntas-favor para el Gobierno. Y la etiqueta de «bulo» siempre en la misma dirección.

El dinero. Las privadas pueden ser de trinchera. Es su negocio. La pública la pagamos todos, también los que votan a quien ella quiere «acotar».

El papel. Una periodista de la tele pública que firma manifiestos a favor del Gobierno, compra su vocabulario y decide qué oposición cabe, no está fiscalizando al poder. Lo está protegiendo.

Al poder no se le aplaude. Se le pregunta.

Para terminar

La periodista que yo aplaudí

La Intxaurrondo de julio de 2023 le habría dicho a la de 2026: «No es correcto». No es correcto firmar un manifiesto a favor del Gobierno al que vigilas. No es correcto preguntarle a un ministro cómo defenderse de sus críticos, ni llamar «injusta» su dimisión con 116 muertos encima y convertirla en lección moral. No es correcto difundir un bulo contra un guardia civil sin comprobarlo. Y no es correcto decidir, desde la tele de todos, qué votantes merecen estar en ella.

A mí me da igual lo que vote un periodista. Lo que le pido es que no se le note mientras trabaja.

El periodismo que solo aprieta a los otros no es periodismo. Es campaña con micrófono.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 28 minutos

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Del Betis manque pierda

Del Betis manque pierda

Voto · Sesgos · Sin filtros

Del Betis manque pierda.

¿Y tú, de quién eres? Hay gente que cambiaría antes de pareja que de partido. Y un voto que no hay que ganarse no obliga a nadie a nada.

Lealtad partidista: una grada llena de aficionados con bufandas de dos colores mirando a una urna, y una sola persona con la bufanda roja que se gira y mira hacia fuera

En Sevilla hay un grito que todo el mundo conoce: «¡Viva el Betis manque pierda!». Aunque pierda. Según el propio club, la expresión se hizo popular en toda España en los años 50, en los peores años del equipo, que llegó a jugar en Tercera. Y ahí sigue: el Betis puede bajar, subir o hacer el ridículo. El bético no se cambia de equipo.

En el fútbol eso es bonito. Es tu equipo, tu pasión, tu dinero, tu disgusto. Si pierde, pierdes tú.

El problema empieza cuando esa misma lealtad partidista se lleva a las urnas. Porque el voto no es una bufanda. Es la única herramienta que tienes para decidir cómo se gestiona tu vida: tus impuestos, tu sanidad, tu pensión, la casa que puedes o no puedes pagar. Y cuando votas «manque pierda», si ellos pierden, pierdes tú. Y si ganan haciéndolo mal, también.

A pie de calle

«Todos mis cachitos dicen PSOE»

Escucha a este votante. Tiene 22 segundos y no necesita más:

RescueYou, diciembre de 2024.

«Soy socialista hasta la médula.» No dice «estoy de acuerdo con lo que hacen». Dice lo que es. Como quien dice de qué pueblo es o de qué equipo.

No es un caso aislado. En noviembre de 2023, en plena polémica por la amnistía, el mismo canal entrevistó a votantes socialistas por la calle. Algunas respuestas:

«Siempre le votaré. Es que yo no soy de estar de cambiar.» ¿Por qué? «Ay, no lo sé.»

¿Aunque saliera el peor caso de corrupción de la democracia? «Seguiría. Es que yo no puedo cambiar a otro. No soy capaz.» El motivo: a los otros «no los trago».

«Siempre al PSOE. ¿Para qué cambiar?» Y la razón: «Vengo de familia obrera… como decía mi padre».

Sobre las promesas incumplidas: «Prefiero que me mienta este señor a que me mientan los otros.»

Otra votante reconoce que mintió. «Pero mintió», repite. Y aun así: «Para mí es buena persona.»

RescueYou, 11 de noviembre de 2023. Empieza en el minuto en que habla la primera señora.

Ese mismo mes, en un mitin del PSOE, el reportero Vito Quiles preguntó por la amnistía que Sánchez había llamado inconstitucional. «Eso fue antes, pero ahora no.» ¿Les ha mentido? «No, no ha mentido. En política se puede cambiar.» Otra asistente fue más allá: «No hay mentiras. Eso es un concepto religioso.» Y una tercera lo resumió todo: «Todo lo que haga Pedro Sánchez nos parece estupendo.» (vídeo en TikTok).

Sobre los vídeos. Son entrevistas editadas para buscar la frase, y un mitin no es una muestra representativa. Pero las frases las dicen ellos. Y en el mismo vídeo de RescueYou también hay votantes de toda la vida que, por la amnistía, cambiaron su voto o se quedaron en casa. Luego vuelvo a ellos.

¿Por qué el PSOE?

Cuando gobiernen los otros, fiscalizaremos a los otros

Ya sé lo que vas a pensar: «¿Y los del PP? ¿Y los de Vox?». Lo mismo, y luego te doy datos. Pero las cuentas se piden a quien gobierna. Y quien gobierna desde hace ocho años es el PSOE: con casos de corrupción en los tribunales, con un entorno que acumula condenas y banquillos:

Su exministro Ábalos y su asesor Koldo, condenados en firme.

Su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Supremo (noviembre de 2025): dos años de inhabilitación.

Su hermano, David Sánchez, condenado por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación (julio de 2026; la sentencia está recurrida).

Su mujer, Begoña Gómez, procesada y enviada a juicio con jurado (septiembre de 2026).

Y con una red ferroviaria que se cae a pedazos:

18 de enero, Adamuz (Córdoba): un Iryo descarrila e invade la vía de un Alvia. 46 muertos.

Enero, Gelida (Barcelona): descarrila un tren de Rodalies. Muere el maquinista.

28 de octubre, entre Urda y Los Yébenes (Toledo): un tren de alta velocidad choca contra otro parado en la vía. 69 muertos.

116 muertos en trenes en menos de un año. Y el mismo ministro.

Lo expliqué en Fiscalizar al poder no es elegir bando: se vigila al que manda. Hoy es este Gobierno. Mañana será el siguiente. Cuando gobiernen los otros, fiscalizaremos a los otros.

La necesidad de pertenecer

No votas lo que piensas. Votas lo que eres.

¿Por qué alguien sigue votando a quien le miente, pierde o roba? No es solo cabezonería. La sociología y la psicología llevan setenta años estudiándolo:

Necesitamos un «nosotros». La teoría de la identidad social (Tajfel y Turner, 1979) explica que buena parte de nuestra autoestima depende del grupo al que pertenecemos. Y que nuestro grupo quede bien. El partido se convierte en tribu: si lo atacan, te atacan a ti.

Se hereda, como el equipo. En los años 50, la escuela de Michigan ya describió el partido como un apego que se adquiere pronto, sobre todo en casa. A la continuidad entre lo que votan padres e hijos se la llamó «la ley de Mendel de la política». «Como decía mi padre.»

Primero el partido, luego la opinión. Los politólogos Christopher Achen y Larry Bartels (Democracy for Realists, 2016) lo dicen sin anestesia: lo que mueve el voto son las identidades de grupo, no los programas. Muchas veces no elegimos partido según lo que pensamos: pensamos lo que piensa nuestro partido.

Trincheras, no supermercado. Lluís Orriols (Democracia de trincheras, 2023) lo resume así: el votante no es un cliente que compara productos, es un soldado en una guerra de bandos. «Si tienes que unirte al enemigo, te unes. En las guerras todo vale», decía otra de las entrevistadas.

De votantes a hooligans. Así titula Mariano Torcal su estudio sobre la polarización en España (2023). Votar ya no es elegir políticas: es expresar quién eres frente a los otros.

Ojo: tener un partido de referencia no es irracional. Es un atajo. Nadie tiene tiempo de estudiarse todos los programas. El problema no es la lealtad. Es la lealtad incondicional: la que ya no depende de lo que hagan.

El mismo penalti

Dos aficiones, dos partidos distintos

En 1951, Princeton y Dartmouth jugaron un partido de fútbol americano durísimo. Hubo narices y piernas rotas. Dos psicólogos, uno de cada universidad, enseñaron la misma grabación a estudiantes de los dos lados y les pidieron que contaran las faltas.

Los de Dartmouth vieron unas cuatro faltas por equipo.

Los de Princeton vieron unas cuatro de los suyos… y casi diez de Dartmouth.

Su conclusión: no hay un partido «ahí fuera» que la gente simplemente mira. Cada afición ve el suyo. Es el estudio de Hastorf y Cantril (1954), y es la base de todo lo que sabemos sobre el sesgo partidista.

En España tenemos la versión televisiva. En 2006, Caiga quien caiga se plantó en un acto del PP y les leyó un titular a unos chavales de Nuevas Generaciones: alguien había autorizado contactos con el entorno de ETA. ¿Quién? «Zapatero.» ¿Y qué diríais de él? «Cabrón, indecente, erróneo.» La respuesta correcta era Aznar.

Y no es solo una pillada de tele. En 2004, un equipo de la Universidad de Emory metió a 30 votantes muy partidistas, republicanos y demócratas, en una resonancia magnética. Les enseñaron contradicciones de su candidato y del rival.

Las del rival, las veían todas. Las del suyo, las negaban. En los dos bandos por igual.

Las zonas del cerebro del razonamiento apenas se activaban. Las de la emoción, sí.

Y cuando encontraban la manera de absolver a su candidato, se encendían los circuitos de recompensa. El autor, Drew Westen, lo comparó con el «chute» de un adicto.

Perdonar a los tuyos no solo es cómodo. Da gusto.

Salida, voz y lealtad

Como en una relación en la que te engañan

En 1970, el economista Albert Hirschman escribió un librito que sigue siendo oro: Salida, voz y lealtad. Cuando una empresa, un partido o un país empeoran, tienes dos opciones:

Salida: te vas. Cambias de marca, de partido, de país.

Voz: te quedas y protestas para que cambien.

La lealtad hace que no te vayas a la primera, y eso puede ser bueno: te da tiempo a usar la voz. Pero la voz solo pesa si la puerta existe. Si todo el mundo sabe que nunca te vas a ir, tus quejas no le preocupan a nadie.

En los años 80, la psicóloga Caryl Rusbult aplicó la misma idea a las parejas. Ante una relación que va mal, puedes irte, hablar, aguantar esperando que mejore o desentenderte. Lo curioso es lo que pasa con la tercera: aguantar en silencio esperando que mejore no arregla nada de forma fiable. Muchas veces el otro ni siquiera se entera de que hay un problema.

Es como tolerar que te engañen en una relación. Te dicen que no volverá a pasar. Vuelve a pasar. Y te quedas. Al final no solo te siguen engañando: te pierden el respeto. Porque ya saben que no te vas a ir.

Hay gente que se divorciaría antes de su pareja que de su partido. Se casaron con unas siglas «hasta que la muerte los separe». Y el partido lo sabe.

Lo dijo, sin ningún pudor, alguien que conoce bien a su público. En enero de 2016, en plena campaña, Donald Trump presumió en Iowa:

«Podría ponerme en medio de la Quinta Avenida, disparar a alguien y no perdería ningún votante.»

Los datos

La corrupción se castiga poco

¿Exagero? Vamos a los números:

4%
Votos que pierde de media un alcalde tras un escándalo de corrupción (España, 1996-2009)
9%
Si el escándalo sale mucho en la prensa
36
Años seguidos del PSOE en la Junta de Andalucía, con los ERE incluidos

Según los economistas de la Universidad de Barcelona que lo estudiaron, un castigo así suele ser insuficiente para impedir la reelección. Y quienes se van tras el escándalo son los votantes con menos apego al partido. Los fieles se quedan.

Pasa en todos los colores:

PSOE, Andalucía, 2015. Un mes después de que el Supremo imputara a Chaves y Griñán por los ERE, el PSOE volvió a ganar las elecciones andaluzas con 47 escaños.

PP, Comunidad Valenciana, 2011. Francisco Camps, imputado por la causa de los trajes de la Gürtel, revalidó la mayoría absoluta y subió un escaño. Dimitió dos meses después (y acabó absuelto).

¿Y quién castiga más? Yo pensaba que la derecha era más crítica con los suyos. Los datos dicen lo contrario:

En un experimento en España (Anduiza, Gallego y Muñoz, 2013), el mismo caso de corrupción parecía menos grave si era del partido propio. Ese sesgo era mucho mayor entre simpatizantes del PP que del PSOE. Y desaparecía entre la gente con más conocimiento político.

En las municipales, tras un procesamiento por corrupción, los partidos de izquierda pierden unos 2 puntos; los de derecha, no. Y el votante de izquierdas castiga sobre todo quedándose en casa: en 2011, según el CIS, se abstuvo el 12 % de la izquierda y el 5,5 % de la derecha.

Por eso lo de «soy socialista hasta la médula» es más llamativo todavía. Si el votante de izquierdas es, según los estudios, el que más castiga, que hoy diga «lo que haga está bien» significa que la camiseta ya pesa más que la conciencia.

Y no, no todos son así. En el mismo vídeo de 2023 hay un matrimonio que llevaba toda la vida votando al PSOE y que, por la amnistía, votó a Sumar: «Puedes ser de un partido, pero la autocrítica tienes que aplicarla.» Y un hombre que dejó de votar porque «mi voto no vale para nada». Pero fíjate: al otro bloque, «nunca». Cuando hay dos trincheras, el castigo no cruza. Se queda en casa o se queda en la familia.

Doble rasero

Era humor cuando le tocaba al otro

Hay quien dice que reporteros como Vito Quiles «provocan». Puede ser. Pero ese formato, el micro pegado y la pregunta incómoda, no lo inventó él.

Caiga quien caiga (1996-2002): perseguía a ministros de Aznar. Esperanza Aguirre, entonces ministra de Educación y Cultura, era una de sus víctimas favoritas.

Gonzo, de El Intermedio: con Rajoy en el Gobierno persiguió a Bárcenas por la calle preguntándole si Rajoy conocía la caja B, y preguntó a la cúpula del PP por la Gürtel, Lezo y la Púnica. La Academia de la Televisión le premió.

Cuando el micro incómodo apuntaba al PP, era humor y valentía. Cuando apunta al PSOE, es acoso. Mismo formato, distinta afición. Como en Princeton y Dartmouth.

Comparo el formato, no avalo a la persona. Quiles tiene causas abiertas por acusar sin pruebas a un directivo de una asociación de consumidores y por burlarse de una mujer con discapacidad intelectual (borró el vídeo y pidió perdón). Lo uno no quita lo otro.

El precio

Un voto que no hay que ganar no vale nada

Esto es lo que pagamos todos cuando una parte del voto está garantizada pase lo que pase:

Desaparece la rendición de cuentas. Las elecciones sirven para premiar y castigar. Si una parte del electorado nunca castiga, para ese trozo de voto no hay examen.

Sale más barato aguantar que dimitir. Si el partido sabe que su suelo no se mueve, el cálculo es fácil: resistir el escándalo cuesta menos que asumir responsabilidades.

Se gobierna contra alguien, no para alguien. Con la base asegurada, basta con dar miedo del otro para movilizarla. «Con tal de que Vox no meta la pata», decía otra de las entrevistadas. Ya lo conté en La España y la antiEspaña.

Las promesas dejan de valer. Si incumplir no tiene coste, el programa electoral es un folleto publicitario.

Y pierdes tu poder de negociación. Un voto que no se puede perder no se negocia. Nadie te va a dar nada por algo que ya tiene.

La democracia no es votar cada cuatro años. Es que tu voto haya que ganárselo cada cuatro años.

¿Qué tendría que hacer tu partido para que dejaras de votarle? Si no se te ocurre nada, ¿eso es lealtad o es fe?

¿Le perdonarías al otro partido lo que le perdonas al tuyo?

¿Votas a favor de algo o en contra de alguien?

¿Tu voto lo decidiste tú… o te lo dejaron en herencia?

Para terminar

Hasta que la muerte os separe

No te pido que cambies de voto. Te pido algo más difícil: que tu voto se pueda perder.

Que el partido al que votas sepa que, si miente, roba o te falla, tienes la puerta abierta. Porque eso, y solo eso, es lo que le obliga a portarse bien.

En el fútbol, la lealtad incondicional es una virtud.

En una pareja, la lealtad que lo aguanta todo es una trampa.

En política, es un cheque en blanco.

Con tu equipo, sé del Betis manque pierda. Con tu partido, no.

Tu voto no es una bufanda. Que se lo ganen.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 11 minutos

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Un mundo feliz. Por obligación.

Un mundo feliz. Por obligación.

Distopías que ya vivimos · 2 · Sin filtros

Un mundo feliz. Por obligación.

Orwell imaginó un Estado que te prohíbe pensar. Huxley, uno que te quita las ganas. Y que, además, te prohíbe estar triste.

Un mundo feliz de Huxley hoy: personas sonrientes en fila, cada una con su móvil, y una mujer que llora sola, la única nota roja

En Un mundo feliz, de Aldous Huxley, hay una palabra que nadie se atreve a decir en voz alta. Cuando alguien la pronuncia, los demás se ruborizan, apartan la mirada o se ríen, incómodos.

Esa palabra es «madre».

El libro la llama «aquella palabra obscena». En ese mundo nadie nace de una mujer: a las personas se las fabrica en botellas. Y lo que no se necesita, se olvida. Primero, la cosa. Después, la palabra.

En la segunda parte de 1984 te conté cómo la madre empieza a ser «persona gestante». No voy a repetirlo. Solo te dejo la pregunta: ¿cuánto falta para que «madre» nos dé vergüenza?

En 1984 ya está aquí te dije que Huxley merecía su propio artículo. Porque si Orwell escribió el aviso, puede que Huxley escribiera el retrato. Este es ese artículo.

El libro

Qué cuenta Un mundo feliz en un minuto

Huxley lo publicó en 1932. La historia pasa en el año 632 «después de Ford», que en nuestro calendario sería el 2540. Lo esencial:

Nadie nace: se fabrica. Con el proceso Bokanovsky, de un solo óvulo salen decenas de gemelos idénticos.

Castas desde la botella: Alfas, Betas, Gammas, Deltas y Épsilons. A los de abajo les dan menos oxígeno como embriones, para que no aspiren a más. Y cada uno está encantado de ser lo que es.

Hipnopedia: a los niños les repiten frases mientras duermen. Miles de veces. Hasta que esas frases son lo que piensan.

Soma: una pastilla que te quita la tristeza, la ansiedad y el aburrimiento. Sin resaca. Te la da el propio Estado.

Sexo sin vínculo. El proverbio dice: «Todo el mundo pertenece a todo el mundo». Tener pareja estable está mal visto. Lo raro es querer a alguien en exclusiva.

Consumo obligatorio. Otra frase que aprenden durmiendo: «Tirarlos es mejor que remendarlos». Lo viejo se tira. Lo que importa es comprar.

Y en medio aparece John, «el Salvaje»: un chico criado fuera de ese mundo, que ha leído a Shakespeare y que siente. Lo traen a Londres como una curiosidad. Y no encaja. No te cuento más. Te animo a leerlo.

En 1984 te obligan. En Un mundo feliz, ni siquiera hace falta.

Profesor y alumno

Tu pesadilla acabará siendo la mía

Hay un detalle que casi nadie cuenta: Huxley fue profesor de Orwell.

1917

Huxley, con 23 años, entra a dar clases en el colegio de Eton. Enseña francés. Uno de sus alumnos es un adolescente llamado Eric Blair. Años después firmará como George Orwell.

1932

Huxley publica Un mundo feliz.

Junio de 1949

Orwell publica 1984 y le manda un ejemplar a su antiguo profesor.

21 de octubre de 1949

Huxley le contesta por carta. Le dice que el libro es «profundamente importante». Y le lleva la contraria.

Lo que le dice Huxley, resumido:

Duda de que la política de la bota en la cara pueda durar indefinidamente. Es cara y agota.

Cree que los que mandan encontrarán maneras menos costosas de gobernar.

Y que, en una generación, descubrirán que condicionar desde la infancia es más eficaz que las porras y las cárceles.

Su conclusión: la pesadilla de 1984 está destinada a convertirse poco a poco en la de Un mundo feliz. No hace falta obligar a nadie a obedecer. Es más barato que la gente quiera obedecer.

1 · La hipnopedia

62.400 repeticiones crean una verdad

Esta frase es literal. Está en el libro: «Sesenta y dos mil cuatrocientas repeticiones crean una verdad.»

En Un mundo feliz no hay censura de libros. No hace falta. Si te repiten algo mientras duermes las veces suficientes, dejas de distinguir entre lo que piensas y lo que te han dicho.

Hoy no nos lo repiten mientras dormimos. Nos lo repiten mientras estamos despiertos, con el móvil en la mano. La misma idea, con otras caras, en otro vídeo, en otro meme. Hasta que suena a evidencia.

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En el post de 1984 te conté la idea de Neil Postman: Orwell temía que nos prohibieran los libros; Huxley, que nadie quisiera leerlos. Nadie nos quita los libros. Simplemente, no nos queda tiempo para ellos.

Y fíjate en lo que dicen las frases hipnopédicas del libro. No son órdenes. Son frases hechas. Proverbios. De esos que se dicen sin pensar porque «todo el mundo lo sabe». Guárdate esta idea. Vuelve más abajo.

Y funciona con cualquier frase. Algunas son falsas. Otras, medias verdades. Todas se repiten hasta que nadie las discute:

«Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.» Se la atribuimos a Goebbels. Pero no hay constancia de que la dijera. De tanto oír que era suya, nos lo creímos. La frase se demuestra a sí misma.

«La vivienda es un derecho.» Media verdad. Está en la Constitución, pero como principio rector: obliga a los poderes públicos a promover las condiciones, no te da una casa ni puedes reclamarla ante un juez. Te lo conté en No todos los derechos son iguales.

«Una mujer es cualquiera que se identifique como mujer.» A fuerza de repetirla, ya nadie se plantea el trasfondo de esa frase. Usa la palabra para definirse a sí misma. ¿Identificarse como qué? Lo que antes estaba en cualquier diccionario, hoy casi no se puede ni preguntar. Te lo conté en ¿Qué es una mujer? Dos y dos son cinco.

«Hacienda somos todos.» En 2016, en el juicio del caso Nóos, la propia Abogacía del Estado dijo ante el tribunal que era un lema publicitario, sin valor jurídico.

No hace falta que una frase sea verdad. Basta con que suene a verdad.

Ilustración: una niña duerme en su cama con un altavoz junto a la almohada; al lado, una mujer adulta en el sofá con el móvil, y las mismas burbujas de texto saliendo de los dos aparatos
Antes te lo repetían mientras dormías. Ahora, mientras haces scroll.

No hace falta prohibir nada. Basta con distraer.

2 · El soma

Un gramo a tiempo

El soma es la gran invención de Huxley. Una pastilla que te devuelve la calma en minutos. Sus lemas también se aprenden durmiendo:

«Un gramo es mejor que un taco.» Mejor tomarte la pastilla que enfadarte.

«Un solo centímetro cúbico cura diez sentimientos melancólicos.»

Medio gramo para una tarde libre, un gramo para un fin de semana.

Y el que gobierna ese mundo, Mustafá Mond, lo resume así: «El cristianismo sin lágrimas: esto es el soma.»

¿Y aquí? Mira los datos:

12%
De la población de 15 a 64 años tomó hipnosedantes en el último año (2024)
14,7%
De las mujeres
9,3%
De los hombres

Son datos de la encuesta EDADES 2024 del Ministerio de Sanidad. Los hipnosedantes son tranquilizantes y pastillas para dormir, casi siempre benzodiacepinas (el Orfidal, el Valium, el Trankimazin). Más de una de cada ocho personas en edad de trabajar. Y en las mujeres, una de cada siete.

No es nuevo. En los informes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el organismo de la ONU que controla estos fármacos, España apareció con datos de 2020 y 2021 como el país del mundo que más benzodiacepinas consume.

Aquí no hay soma obligatorio. Nadie nos lo reparte a la salida del trabajo. Vamos nosotros a pedirlo. Porque hemos aprendido que el malestar es un fallo que hay que apagar cuanto antes. No algo que hay que atravesar.

El problema no es la pastilla. Es usarla para lo que no es: para no sentir la tristeza normal de una vida normal. Un despido. Una ruptura. Un duelo.

Por ser justa. Las benzodiacepinas tienen un uso médico legítimo y a mucha gente le hacen falta. No hablo de quien las necesita, sino de un sistema que receta una pastilla donde haría falta tiempo, escucha o una consulta de psicología. Y si tomas alguna, no la dejes por tu cuenta: retirarlas de golpe tiene riesgos. Háblalo con tu médico.

3 · La felicidad obligatoria

Prohibido estar triste

En Un mundo feliz la tristeza no está prohibida por ley. Está mal vista. Quien está triste, molesta. Y la solución siempre es la misma: un gramo de soma, una sesión de Cine Sensible, una cita con alguien.

Hoy lo llamamos positividad tóxica. «Mira el lado bueno.» «Todo pasa por algo.» «Piensa en positivo.» «No estés triste.» El filósofo Byung-Chul Han le dedica un capítulo entero, «Obligación de ser feliz», en La sociedad paliativa (2021). Lo llama algofobia: miedo generalizado al dolor.

Y donde más se nota es en los duelos.

Cuando perdí un embarazo, oí todas las frases hechas, totalmente estúpidas y sin sentido, que pretendían «animarme»:

«Mejor ahora que después.»

«Igual es que venía mal.»

«Ya tienes un hijo.»

«Eres joven y tendrás más.»

Nadie me las dijo con mala intención. Me las dijo gente que me quería y que no sabía qué decir. Y eso es lo grave. No eran frases pensadas. Eran frases aprendidas. Repetidas por todos, hasta que suenan a consuelo.

Son nuestra hipnopedia. Proverbios para que el dolor del otro se acabe pronto. Para que deje de molestar.

Huxley lo vio venir. En el libro hay un hospital para moribundos. A los niños los llevan allí desde los 18 meses, dos mañanas por semana, para que se acostumbren a la muerte. Juegan entre las camas. Y les dan pastelillos de chocolate. Muerte igual a chocolate. Así, de mayores, nadie llora.

Cuando John ve morir a su madre y se derrumba, los niños lo miran con curiosidad. La enfermera no le consuela: le riñe. Le acusa de estropear el condicionamiento de los niños. Y amenaza con echarlo.

En ese mundo, el problema no es la muerte. El problema es el que llora. ¿Te suena?

Una sociedad que no soporta ver sufrir a nadie no es una sociedad compasiva. Es una sociedad infantil, que tiene prisa por que dejes de estar triste porque tu tristeza la incomoda.

Y un duelo que no se vive no desaparece. Se aplaza. Vuelve en forma de insomnio, de ansiedad, de un cansancio que no se va. No digo que una cosa explique la otra. Pero no me extraña que, con tanta prisa por estar bien, haya tantas pastillas para dormir.

Ya escribí sobre esto en Nadie se muere de desamor: el dolor hay que atravesarlo. No saltárselo.

Ilustración: una mujer sentada llora con las manos en la cara mientras a su alrededor varias personas sonríen y le ofrecen globos, flores y una caja de pastelillos
«Eres joven y tendrás más.»
4 · El Salvaje

El derecho a ser desgraciado

Al final del libro, John se planta delante de Mustafá Mond, uno de los diez Interventores que gobiernan el mundo. Mond le explica, con toda la calma, por qué ese mundo funciona: nadie pasa hambre, nadie sufre, nadie envejece mal. Y John le contesta que no quiere comodidad. Quiere a Dios, quiere poesía, quiere peligro real, quiere libertad.

Mond le responde que, en suma, reclama el derecho a ser desgraciado. Y John no se echa atrás:

«Muy bien, de acuerdo. Reclamo el derecho a ser desgraciado.»

Mond le recuerda lo que eso incluye: «el derecho a envejecer, a volverse feo e impotente, el derecho a tener sífilis y cáncer». El derecho a pasar hambre, a tener miedo, a sufrir.

Y John lo acepta todo: «Reclamo todos estos derechos.»

Ese diálogo es el corazón del libro. Huxley no defiende el sufrimiento. Defiende algo más incómodo: que una vida sin dolor tampoco es una vida humana. Que el que te quita el derecho a estar triste te quita también el derecho a sentir de verdad.

Una vida sin dolor no es una vida feliz. Es una vida anestesiada.

5 · Huxley, años después

Antes de lo que pensaba

Huxley no se quedó en la novela. Volvió al tema dos veces:

1958. Publica Nueva visita a un mundo feliz, una colección de ensayos. Empieza reconociendo que se siente mucho menos optimista que cuando escribió la novela: sus profecías se están cumpliendo mucho antes de lo que pensaba. Habla de la propaganda, de la publicidad que se repite como la hipnopedia, del exceso de organización y de lo que llama persuasión química: los tranquilizantes.

1962. En una conferencia en la Universidad de California, en Berkeley, va más allá. Habla de una «dictadura sin lágrimas»: un poder que consigue que la gente ame su servidumbre. Que no quiera rebelarse, porque no tiene de qué quejarse.

Esa frase de Huxley sobre una «dictadura sin lágrimas» y un «campo de concentración sin dolor para sociedades enteras» circula mucho atribuida a una charla de 1961 en San Francisco. Lo que está documentado, con grabación, es la conferencia de Berkeley del 20 de marzo de 1962, con ideas muy parecidas. Por eso la cito con cuidado.

Orwell y Huxley no se contradicen. Se reparten el trabajo. Uno describe el palo. El otro, la zanahoria. Y en la mayoría de sitios no hace falta el palo: basta con una zanahoria lo bastante dulce.

¿Qué frase repites sin haberla pensado nunca?

¿Cuántas horas te has pasado hoy mirando una pantalla?

¿Qué tristeza tuya has tapado con prisa para no molestar?

¿Qué le dices a alguien que está de duelo? ¿Y por qué?

Para terminar

El retrato, no el aviso

¿Vivimos en Un mundo feliz? No. Aquí nadie nace en una botella, nadie te reparte soma y puedes leer a Shakespeare cuando quieras.

Pero algo de ese mundo ya se nos ha colado:

Una pantalla que nunca se apaga.

Una pastilla para no sentir lo que toca sentir.

Una frase hecha para que el dolor del otro no nos incomode.

Orwell nos avisó de un Estado que nos haría daño. Huxley, de algo más difícil de ver: que nos lo haríamos nosotros, encantados, para no sufrir.

Así que, cuando alguien a tu lado esté de duelo, no le des un proverbio. Quédate. Y si el que está mal eres tú, date permiso.

Un mundo feliz no es el que no tiene dolor. Es el que ya no se atreve a sentirlo.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 13 minutos

La medalla es suya. La factura, tuya.

La medalla es suya. La factura, tuya.

Salario mínimo · Pensiones · Sin filtros

La medalla es suya. La factura, tuya.

«Hemos subido el salario mínimo.» «Las pensiones suben con el IPC.» «Récord de recaudación.» Todo es verdad. Lo que no te cuentan es quién lo paga.

Subida del salario mínimo: un político se cuelga una medalla en un podio mientras una pequeña autónoma, ante su persiana medio bajada, sostiene el peso de la cinta roja; al fondo, un rascacielos intacto

Empieza la campaña y llegan los caramelos. La subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, el récord de recaudación… Cifras que suenan a buena noticia. Y en parte lo son.

Pero un dato suelto no es una verdad completa. Según cómo lo presentes, el mismo número sirve para defender una cosa y la contraria. Hoy vamos a quitar el envoltorio.

Un dato, dos relatos

El mismo número, dos historias

Mira el salario mínimo. Así lo cuenta quien lo celebra:

Ha subido un 66 % desde 2018: de 735,90 a 1.221 euros al mes, en 14 pagas.

Más que los precios, que han subido en torno a un 23 % en ese tiempo.

Y así lo cuenta quien lo critica:

Según la AIReF, las subidas de 2023 y 2024 costaron entre 128.000 y 151.000 empleos.

El salario más frecuente en España era de 18.469 euros al año en 2018. En 2024, de 16.520. Un 10,5 % menos.

Todo es verdad. Los dos usan datos reales. La diferencia está en lo que cada uno deja fuera.

Por ser justa con los dos: la misma AIReF dice que no puede concluir que haya un efecto neto claro sobre el empleo total. Y la caída del salario más frecuente es en parte estadística: el SMI agrupa a mucha gente en la misma franja de sueldo.

Y hay un truco todavía más sencillo: elegir desde cuándo cuentas.

Desde 2018, el salario mínimo ha subido un 66 %.

Desde 2023, un 13 %.

Mismo salario. Mismo Gobierno. Dos titulares.

Quien elige el año de partida, elige el titular.

¿Quién paga?

Te suben el sueldo. ¿Quién lo paga?

El salario mínimo no lo paga el Gobierno. Lo paga la empresa: la pyme, el autónomo, el bar de la esquina. Y por el camino, el Estado se queda una parte.

Cuando la empresa te sube el sueldo:

Paga tu sueldo bruto.

Paga además su cotización a la Seguridad Social: un 30,65 % de tu bruto en 2026, más el seguro de accidentes.

Y de tu bruto se descuentan tu cotización (un 6,5 %) y tu IRPF.

Mira dónde acaba cada euro en dos casos:

En el salario mínimo, la subida de 2026 son 518 euros brutos al año:

677€
Le cuesta a la empresa
484€
Llegan al trabajador
193€
Para el Estado

En un sueldo de 25.000 euros que sube un 3 %:

La empresa paga 980 € más al año.

A ti te llegan 491 €.

Hacienda y la Seguridad Social se quedan 489 €. La mitad.

Y si los precios han subido un 3 %, tu sueldo neto solo ha subido un 2,5 %. Cobras más y compras menos.

En el sueldo mínimo, la subida llega casi entera a quien la cobra. En el sueldo medio, la mitad se queda por el camino. Y eso no sale en ningún titular.

La factura

¿Y qué hace la empresa con esa factura?

Que quede claro: subir el salario mínimo no es malo. Nadie debería trabajar a jornada completa y no llegar a fin de mes. El problema es creer que con obligar por ley ya está resuelto. Y que nadie te explique qué significa eso en global.

Una ley puede obligar a pagar más. Lo que no puede es crear el dinero. Así que la empresa lo saca de algún sitio. El Banco de España se lo preguntó en 2025 a las empresas afectadas por la subida del salario mínimo:

El 32 % se comió el margen. Menos beneficio es menos colchón, menos inversión y, en el pequeño negocio, a veces el cierre.

El 26 % subió precios. Esa parte la pagamos todos. También quien cobra el salario mínimo, cuando va a comprar.

El 21 % contrató menos. En las empresas donde más gente cobra el mínimo, el 43 %. Esa factura la paga quien no tiene trabajo: el chaval que busca su primer empleo y no aparece en ninguna estadística de «beneficiados».

El 10 % despidió.

Y aquí está lo que nadie cuenta. Cuando oyes «patronal», piensas en el Ibex. Pero España es un país de pequeños:

93%
De las empresas tiene menos de 10 trabajadores o ninguno
6
Asalariados de media por empresa
61%
Del empleo lo dan las pymes

La multinacional ni nota la subida. El bar de tu calle, sí. Las medidas pensadas para la foto pesan mucho más en el pequeño:

No pesa igual en todas. La subida que a una gran empresa ni se le nota es un golpe para el bar, la peluquería o el pequeño taller. Las grandes también pagan otras medidas, pero tienen margen y músculo para absorberlas.

Muchas van justas. Según el barómetro de los gestores administrativos, una de cada cinco pymes pierde dinero, y más de una cuarta parte de ellas entró en pérdidas en 2025. El 82 % de los gestores señala los costes laborales como un problema principal.

Y algunas cierran. Según la patronal de la pyme, CEPYME, desde 2019 han desaparecido unas 22.700 microempresas, mientras sus costes laborales subían cerca de un 27 % desde 2021.

Cuando un pequeño negocio cierra, la subida no llega a nadie. El salario mínimo de quien se queda sin trabajo es cero.

Por ser justa: el 76 % de las empresas dice que la subida apenas le afecta, porque casi nadie en su plantilla cobra el mínimo. Y la AIReF calcula que, en el conjunto de la economía, el efecto ha sido limitado. El salario mínimo no hunde la economía. Reparte la factura. Y no te dice a quién.

El Gobierno firma la subida. La pagan el pequeño negocio, el cliente y el que no encuentra trabajo.

Pensiones

Suben con el IPC. ¿Y quién paga?

Revalorizar las pensiones con el IPC significa que la pensión bruta sube lo mismo que los precios. Sobre el papel, mantienes el poder de compra. Pero:

La pensión neta puede bajar. Si la subida te mete en un tramo más alto del IRPF, Hacienda se lleva una parte. En 2023, con las pensiones subiendo un 8,5 %, los jubilados pagaron de media un 14,3 % más de IRPF.

Las cotizaciones no llegan. En 2025 se ingresaron 176.918 millones en cotizaciones, un récord. Pero las pensiones contributivas costaron 182.526 millones, y el Estado tuvo que transferir 52.990 millones a la Seguridad Social.

Ese dinero sale de tus impuestos o de la deuda. Es decir, de quien trabaja hoy y de quien trabaje mañana.

Un pensionista sonríe al leer la carta que le anuncia la subida de su pensión mientras un brazo rojo que sale de Hacienda le saca un billete del bolsillo
La carta dice que te suben la pensión. Hacienda ya ha pasado por detrás.

La revalorización no es un regalo. Es una factura que se reparte. Y casi nunca te dicen a quién le llega.

Por qué nadie se atreve a contarlo en campaña lo expliqué en Pensiones: quien habla, pierde.

Récord

Hacienda bate récords. ¿Y tú?

Otro dato verdadero: la recaudación de impuestos ha pasado de 208.685 millones en 2018 a 325.356 millones en 2025. Un 56 % más. Y otra vez, dos relatos:

Quien gobierna: hay más gente trabajando, los sueldos suben y la economía crece.

Quien se opone: presión fiscal récord y subidas de impuestos que nadie ha votado.

Los dos tienen parte de razón:

La Agencia Tributaria atribuye la mayor parte a que hay más empleo, más sueldo, más consumo… y precios más altos. Los cambios normativos y de gestión suman 7.820 millones en 2025.

Pero hay una subida que no se vota: no actualizar el IRPF a la inflación. Te suben el sueldo para compensar los precios, saltas de tramo y pagas más sin ser más rico. Así entraron 2.300 millones extra en 2025. Y el Gobierno ha comunicado a Bruselas que no lo corregirá, al menos, hasta 2028.

Según la OCDE, entre impuestos y cotizaciones, el trabajador medio en España soporta una carga del 41,4 %. La media de la OCDE es del 35,1 %.

Y en 2025, ese trabajador medio tuvo menos dinero real después de impuestos que en 2024. España fue uno de la decena de países de la OCDE donde pasó.

Cuando el Estado presume de récord, pregunta cuánto de ese récord sale de tu bolsillo.

Autónomos

Pagamos por los dos lados

Y luego estamos los autónomos, que no salimos en ningún titular:

Como empresa, pagamos la subida del salario mínimo y la cotización de quien trabaja con nosotros.

Como trabajadores, pagamos nuestra cuota entera de nuestro bolsillo, facturemos o no. Y el MEI entero: un recargo para la «hucha» de las pensiones que no da derecho a más pensión.

Como contribuyentes, sufrimos el IRPF sin actualizar, igual que cualquiera.

Y sin red: a nosotros nadie nos sube el sueldo por ley ni nos lo revaloriza con el IPC.

Casi el 40 % de los autónomos declara menos de 1.166 euros al mes. Y según ATA, una asociación del sector, el 30 % cerró 2025 con pérdidas.

Para que se vea la diferencia, compara a quien cobra el salario mínimo por cuenta ajena con un autónomo que factura poco o nada:

Asalariado con salario mínimo

Cotización total al mes

≈ 530 €

Lo que sale de su bolsillo

93 €

El resto, unos 437 €, lo paga la empresa.

Un mes sin ingresos

0 €

Si no cobra, no cotiza. Y si pierde el trabajo, tiene paro.

Pensión tras una carrera completa

≈ 1.221 €

Más o menos su propio salario mínimo.

Autónomo que factura poco o nada

Cotización total al mes

206 €

La cuota mínima de 2026.

Lo que sale de su bolsillo

206 €

Todo. No hay empresa que ponga el resto.

Un mes sin ingresos

206 €

Aunque no facture un euro.

Pensión tras una carrera completa

≈ 560 €

Por debajo de la mínima: el Estado la completaría hasta unos 889 €, si no tiene otros ingresos.

Cálculo orientativo con las bases de 2026, catorce pagas, carrera completa y jubilación a la edad ordinaria, sin actualizar las bases por inflación. Y por ser justa: el autónomo de la cuota mínima cotiza menos en total, así que es lógico que cobre menos. Lo que pesa no es la cuenta, sino que la paga entera él, facture o no.

Y no es un caso raro: casi 1 de cada 4 autónomos ya cotiza por la base mínima, cinco veces más que en 2023. Y más del 80 % cotiza por la mínima o poco más.

La realidad va en la misma línea. En julio de 2026, la pensión media de jubilación de un autónomo era de 1.061 euros. La del régimen general, de 1.733 euros. Más de 670 euros de diferencia al mes.

La medalla se la cuelgan los partidos. La pagamos los autónomos, que seguimos siendo aquellos para los que parece que nadie gobierna.

Ya lo conté en No es país para autónomos.

El antídoto

Antes de tragarte el caramelo

Cada vez que te den un dato que suene muy bien (o muy mal), hazte estas preguntas:

¿Ha subido más que los precios, o solo más que el año pasado?

¿Me hablan de bruto o de neto?

¿Desde cuándo cuentan? ¿Por qué ese año?

¿Quién paga la medida? ¿El Estado, las empresas, tú o tus hijos?

¿Cuánto se queda Hacienda por el camino?

¿Qué dato no me están dando?

No hace falta saber economía. Hace falta saber preguntar.

Para terminar

El dato no miente. El relato, sí.

Los números no tienen ideología. La tiene quien los elige, los recorta y los pone en un titular.

En campaña vas a escuchar muchas cifras. Casi todas serán verdad. Y casi ninguna estará completa:

Un sueldo que sube, pero compra menos.

Una pensión que sube, pero llega más recortada.

Una recaudación récord que no es mérito suyo, sino esfuerzo tuyo.

Antes de decidir a quién votas, qué firmas o qué te crees, pregunta. Un caramelo no es un regalo si lo acabas pagando tú.

Pregunta antes de tragar. Los caramelos «gratis» suelen estar envenenados.

— Nohemí Hervada

Fuentes Garrigues · Real Decreto 126/2026 (SMI 2026) · Merca2 · SMI de 735,90 € en 2018 · Instituto Juan de Mariana · Inflación acumulada 2018-2025 · El Español · AIReF: SMI y empleo · Europa Press · INE, Encuesta de Estructura Salarial 2024 · The Objective · Salario más frecuente en 2018 · elDiario.es · Encuesta del Banco de España a empresas sobre el SMI (2025) · El Derecho · Banco de España: efecto de la subida de 2019 · EsadeEcPol · SMI por tamaño de empresa · UPTA · Tabla de cotización de autónomos 2026 · La Moncloa · Pensiones mínimas 2026 · Merca2 · Pensión media de autónomos y régimen general (julio 2026) · Holded · Autónomos por base de cotización (Ministerio de Trabajo, marzo 2026) · Forbes · AIReF: impacto macroeconómico del SMI · Ministerio de Industria · Cifras PYME, mayo 2026 · El Debate · Barómetro de los Gestores Administrativos (primavera 2026) · CEPYME · Menos microempresas desde 2019 · Sage · Tipos de cotización 2026 · CCOO Canarias · Cotizaciones 2026 · BBVA Mi Jubilación · MEI 2026 · Legal Team · SMI 2026 y deducción en el IRPF · The Objective · IRPF de los jubilados en 2023 · BBVA Mi Jubilación · Cotizaciones, gasto y transferencias 2025 · Artículo14 · Recaudación 2018-2025 (Agencia Tributaria) · Merca2 · 2.300 millones por no deflactar el IRPF · Última Hora · Sin deflactar hasta 2028 · Artículo14 · OCDE, Taxing Wages 2026 · Forbes · Ingreso real después de impuestos (OCDE) · Artículo14 · Autónomos por tramos de ingresos · Infobae · Balance de ATA 2025

Todos la quieren, ninguno la quiso

Todos la quieren, ninguno la quiso

Clara Campoamor · Voto femenino · Sin filtros

Todos la quieren. Ninguno la quiso.

Hoy todos los partidos se hacen la foto con Clara Campoamor. En 1931 la dejaron sola, en 1933 la culparon y después le cerraron la puerta. Lo que le pasó es un aviso para cualquiera que todavía sea leal a unas siglas.

Clara Campoamor y el voto femenino: fotografía de Clara Campoamor con seis chapas de colores de partidos políticos en el abrigo
Todos quieren colgarle su chapa. Ninguno la quiso cuando estaba viva. Montaje sobre una fotografía de Clara Campoamor (autor desconocido, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).

Hay historias que, de tanto escucharlas, las interiorizamos sin cuestionarnos si nos las contaron completas. La de Clara Campoamor y el voto femenino es una de ellas.

Nos la cuentan con buenos, malos y una heroína. Y cada partido elige el reparto que le conviene. Pero cuando dejas de repetir el relato y miras quién votó qué, no sale bien parado casi nadie.

Hoy

Todos la quieren ahora

A mi generación no nos enseñaron quién fue Clara Campoamor. Ahora todos usan su nombre en su beneficio. Unos, presumiendo de ella como si hubiera sido de los suyos. Otros, usándola como arma contra los demás:

PSOE. En la campaña de 2019 publicó una imagen de Clara Campoamor junto a las siglas del partido. Ella nunca fue socialista.

Ciudadanos. Albert Rivera la fichó para su «feminismo liberal»: escribió que Campoamor «derrotó con su visión liberal y progresista» a quienes se oponían al voto femenino.

PP. En 2013, siendo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón acusó al PSOE en el Congreso de haberse opuesto al voto de las mujeres en 1931. Es falso, como verás enseguida.

Vox. No dice que fuera de los suyos, pero la usa contra las feministas. Cuando Madrid la nombró hija predilecta, su concejal dijo que su vida «asustaría a cualquier activista feminazi».

Y la prensa de cada bando. Unos la presentan como icono de la izquierda. Otros publican sus críticas al Frente Popular para llevársela a su terreno.

Es la prueba evidente de que cada uno cuenta la historia como le interesa.

Y si tanto la quieren hoy, ¿por qué murió sola en el exilio?

Hoy vamos a ver la historia real, con datos. No el relato.

1 de octubre de 1931

Quién votó qué

España estrenaba la Segunda República. Las Cortes Constituyentes tenían que decidir quién votaba. Y se daba una paradoja: las mujeres podían ser diputadas, pero no podían votar. En aquella Cámara había tres: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Y aunque las tres eran mujeres, no pensaban lo mismo.

Clara Campoamor, del Partido Radical: pedía el voto para las mujeres, ya.

Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista: quería aplazarlo, porque pensaba que las mujeres estaban demasiado influidas por la Iglesia y podían perjudicar a la República.

Margarita Nelken, socialista, ni siquiera estaba en el debate: no le reconocieron el escaño hasta diciembre. Pero dejó por escrito, en su libro La mujer ante las Cortes Constituyentes, que también era partidaria de esperar.

Campoamor les respondió con una frase que sigue vigente:

«Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer.»

No pidió que las mujeres votaran a la República. Ni a la izquierda. Ni como ella.

No pidió el voto para su partido: pidió que pudieran votar. Y este fue el resultado:

161
Votos a favor
121
Votos en contra
84
Síes del PSOE

El PSOE aportó más de la mitad de los síes. Ninguno de sus diputados votó en contra. Gallardón mentía.

Pero no fue tan limpio. De sus 110 diputados, 26 no votaron. Y no todos por casualidad: el partido acordó que quien no quisiera votar a favor se ausentara. Así nadie votaba en contra, aunque no todos estuvieran a favor. Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, fue uno de los que no votó. La prensa de la época le atribuye haber llamado al voto de la mujer «una puñalada para la República».

Su propio partido la dejó sola. Del Partido Radical, el de Campoamor, salieron 50 de los 121 «no». Más que de ningún otro grupo. A favor, solo un puñado de radicales, ella incluida.

En contra votaron también Acción Republicana, la de Azaña, y los radicales socialistas, el partido de Kent.

La mayoría de la derecha votó a favor. Ahora verás por qué.

No fue izquierda contra derecha. Hubo izquierda en el «sí» y en el «no», y la derecha votó «sí». Cada partido votó lo que, ese día, creyó que le convenía.

El fondo del debate

«Vota, pero vota bien»

El problema de fondo era que no estaban discutiendo el derecho al voto de las mujeres, sino a quién votarían si se les otorgaba ese derecho:

Rafael Guerra del Río, del Partido Radical, el de Campoamor, advirtió el 30 de septiembre del «peligro» para la República «si la mujer vota con los curas o con la reacción».

Victoria Kent lo dijo sin rodeos: «Si las mujeres españolas fuesen todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un período universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino».

La derecha católica, mientras, se organizaba para atraer a las nuevas votantes. Para unos, el voto de las mujeres era una amenaza. Para otros, una oportunidad.

Y la batalla no terminó el 1 de octubre. El 1 de diciembre de 1931, el diputado Matías Peñalba propuso que las mujeres no votaran en unas generales hasta que se hubieran celebrado dos elecciones municipales. Se rechazó por 131 votos contra 127. Cuatro votos.

Sala Clara Campoamor del Senado: mural con la portada de El Liberal del 2 de diciembre de 1931 y el retrato de Campoamor
Sala Clara Campoamor del Senado. El mural reproduce la portada de El Liberal del 2 de diciembre de 1931: el voto de las mujeres se salvó por cuatro votos. Hoy todos los partidos se sientan bajo su retrato. Imagen: Senado de España · Senado Cultural.

La Constitución de 1931 lo dejó escrito en su artículo 36: «Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes».

Nadie hablaba de un derecho. Hablaban de votos.

1933

La culpa fue de ellas. Y de ella.

El 19 de noviembre de 1933, las españolas votaron por primera vez en unas generales. Ganaron las derechas. Y la explicación llegó enseguida: las mujeres habían votado lo que les decía el cura. Una explicación muy cómoda para no analizar la derrota.

Pero hay un problema:

No existen resultados nacionales separados por sexo. Nadie puede saber cómo votaron las mujeres en 1933.

El historiador Alejandro Camino Rodríguez lo estudió en 2017. Su conclusión: el giro conservador lo provocaron otros factores, y se habría producido aunque las mujeres no hubieran votado.

En 1936 las mujeres volvieron a votar y ganó el Frente Popular. Esa vez, del voto de las mujeres apenas se habló. Nadie les dio el mérito.

Cuando ganaban los suyos, el voto de las mujeres no era noticia. Cuando perdían, era la explicación. Parece que nuestra capacidad de decidir solo se reconoce cuando votamos lo que se espera de nosotras.

El precio

Lo que cuesta no ser de nadie

Y la factura se la pasaron a quien había defendido el derecho:

1933

Clara Campoamor pierde el escaño. El Gobierno radical-cedista la nombra directora general de Beneficencia.

1934

Dimite tras la represión de la revolución de Asturias y rompe con su partido por su sumisión a la CEDA.

Después

Pide entrar en Izquierda Republicana. Le abren un expediente y votan su solicitud en público. Se la deniegan.

1935-1936

Escribe Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, donde defiende lo que hizo.

1936

Al estallar la guerra, se exilia.

1972

Muere en Lausana, Suiza, todavía en el exilio.

La izquierda la culpó. Su partido la dejó sola. La derecha usó su conquista. Y hoy todos se hacen la foto con ella.

Noventa años después

El mismo botín

A tres semanas de las generales del 29N, el voto de las mujeres sigue siendo un botín que conquistar. O la excusa para culparnos. Las mujeres somos más de la mitad del censo, y todos lo saben:

En 2023, según la lectura que hace el propio PP, el voto femenino, «históricamente arraigado a la izquierda», se movilizó en el 23J con el miedo a un Gobierno con Vox.

El PP, ahora, busca abiertamente el voto de las mujeres con un discurso de seguridad. Y lo apoya en datos como que las agresiones sexuales con penetración «han aumentado un 231 % desde 2018», una cifra que Newtral ya había desmontado.

Vox casi ha duplicado su apoyo entre las mujeres en tres años, según publica Artículo14. Ha aparcado su batalla contra el feminismo y ahora habla de las mujeres como víctimas de los inmigrantes.

Y la frase que cierra el círculo. Ante las críticas a sus votantes, Santiago Abascal preguntó con sarcasmo a las mujeres de un mitin: «¿O sois prácticamente esclavas que venís aquí obligadas por alguien?».

Es 1933 con los papeles cambiados. Si una mujer vota lo que no te gusta, la explicación es que alguien la manipula. Antes era el cura. Ahora, el miedo, el bulo o el marido. Nunca su propio criterio.

De cómo se enciende y se apaga el feminismo según haya campaña ya escribí en Feminismo On-Off.

Hablan por ti

Sin preguntarte

Te quieren para votar. Lo de escucharte ya es otra cosa. En otros artículos te he puesto varios ejemplos, como la ley trans o el «solo sí es sí»; hoy te voy a hablar sobre el permiso de maternidad:

Gráfica del permiso de maternidad y paternidad en España de 2006 a 2025: el de la madre se queda en 16 semanas mientras el del padre sube de 2 días a 16 semanas
El permiso de la madre, plano en 16 semanas. El del padre, de 2 días a 16 semanas. Y la línea de lo que pedían las madres, sin tocar.

El permiso de la madre estuvo congelado en 16 semanas desde 1989 hasta 2025. Más de treinta años sin moverse.

El del padre pasó de 2 días a 15 en 2007, y después a 4, 5, 8, 12 y 16 semanas en 2021. Hasta 2025, todas las mejoras fueron para el otro progenitor, el que no gesta, ni pare ni amamanta.

Dinero había. Según los datos de la Seguridad Social que recoge Artículo14, el gasto pasó de 1.586 millones en 2014, en permisos de maternidad, a 3.613 millones en 2024. Lo que se decidió fue en qué gastarlo.

La OMS recomienda seis meses de lactancia materna exclusiva. Unas 24 semanas. El permiso de la madre se acaba a los cuatro meses.

En 2007 salimos a la calle a pedirlo. El 8 de marzo, cientos de madres recogieron firmas en varias ciudades para una iniciativa legislativa popular que pedía seis meses de permiso de maternidad. Hacían falta 500.000 firmas. Yo misma recogí firmas y firmé. Pero éramos solo madres, y nadie escuchó esas demandas. Ni siquiera el feminismo de entonces, que lo veía como un retroceso: volver a atarnos a los cuidados. Su reivindicación eran las guarderías gratuitas de 0 a 3 años. Ese mismo año, el permiso que se creó fue el del padre: 15 días.

En 2018 lo advirtieron los pediatras. Mientras el Congreso tramitaba igualar los permisos en 16 semanas, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) pidió que el objetivo prioritario fuera «prolongar el permiso de las madres al menos durante 6 meses». Avisó de que, si no, las españolas seguirían con uno de los permisos pagados más cortos de Europa, junto a las maltesas. Se igualaron los permisos. El de la madre no se movió hasta 2025.

El feminismo «oficial» no luchó por ampliar el permiso de maternidad, sino por los permisos «iguales e intransferibles». Veía en la maternidad una atadura. Por eso, años después, nació PETRA Maternidades Feministas. Surgió de mujeres como yo, que entendimos que los derechos de las mujeres importan, pero que las que gestamos, parimos y amamantamos somos las mujeres, y esa diferencia hay que reconocerla. PETRA reclama un mínimo de seis meses y un permiso propio para el posparto.

¿Y la madre sola? Tuvo 16 semanas mientras una pareja sumaba 32. No lo arregló ningún Gobierno: lo arregló el Tribunal Constitucional en noviembre de 2024, después de que el Supremo se lo negara.

Por ser justa. Quienes defienden los permisos iguales tienen un argumento serio: cuando el permiso es transferible, los hombres se lo ceden casi siempre a las mujeres, y eso penaliza la carrera profesional de ellas. Y parte de la subida del gasto se debe a que también suben los salarios. Pero más de la mitad de los padres usa el permiso a la vez que la madre. No todos lo emplean en el cuidado del bebé. Y lo más importante: la lactancia no se turna.

La disciplina

Lo que cuesta votar con tu conciencia

El artículo 79.3 de la Constitución dice que «el voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable». Y aun así, los partidos multan a quien vota en conciencia:

Carmen Calvo (PSOE). Se abstuvo en la ley trans y su partido le impuso la multa máxima de su reglamento, 600 euros. Ella respondió que «siempre» asume las consecuencias de sus actos. Había salido del Gobierno en 2021, en plena pelea con Igualdad por esa ley. En 2024 la nombraron presidenta del Consejo de Estado. Primero la apartaron. Después la recolocaron.

Celia Villalobos (PP). Multada en 2005 por votar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y de nuevo por romper la disciplina con la reforma del aborto: en 2014 ya llevaba 1.300 euros en multas. Su frase: «Las mujeres del PP no necesitamos que nos digan lo que hacer».

Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Redactó una reforma del aborto siguiendo la doctrina de su partido. En 2014, Rajoy la retiró. Según Libertad Digital, sus asesores le advirtieron de que seguir adelante tendría un elevado coste electoral. Gallardón dimitió y dejó la política. Los antiabortistas se plantaron ante las sedes del PP para denunciar la «traición».

Estés a favor o en contra del aborto, fíjate en el patrón: la causa servía mientras daba votos. Cuando empezó a quitarlos, se guardó en un cajón.

Y luego está quien elige las siglas. El 20 de junio de 2023, María Guardiola (PP) dijo en Extremadura: «No puedo dejar entrar en el gobierno a los que niegan la violencia machista». Diez días después pactó con Vox. Su explicación: «Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños».

Campoamor eligió la causa y la echaron. Noventa años después, las reglas siguen siendo las mismas.

Para terminar

¿A quién le debes tu voto?

Hazte estas preguntas antes del 29N:

¿Votas a un partido porque te representa o porque «siempre se ha votado eso» en tu casa?

¿Cuándo fue la última vez que ese partido hizo algo que tú le hubieras pedido?

¿Te escuchan o solo te cuentan?

Las siglas no sienten lealtad por ti. Te quieren mientras votes lo que te dicen. En cuanto piensas por tu cuenta, pasas a ser la traidora, la manipulada o la que no entiende nada.

A Clara Campoamor le pasó con todos. Por eso hoy todos la reclaman: es más fácil hacerse la foto con una mujer muerta que soportar a una mujer viva que no obedece.

«Ni dios, ni patrón, ni marido» era el lema de La Voz de la Mujer, un periódico anarquista escrito por mujeres en Buenos Aires, en 1896. Yo le cambio el «patrón» por el «amo» y le añado una palabra más. Ya lo escribí en Ni amo, ni marido, ni dios, ni partido, y lo repito:

Los derechos no son de quien los concede. Ni dios. Ni marido. Ni amo. Ni partido.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 12 minutos

Fuentes Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 1 de octubre de 1931 · Maldita · El PSOE no votó en contra en 1931 · Maldita · Cómo se aprobó el voto femenino · elDiario.es · Rivera y Campoamor (el Partido Radical votó no) · Universidad de Valladolid · El sufragio femenino en el debate constituyente (desglose por grupos) · Moncloa.com · El PSOE usa a Campoamor en campaña (2019) · Vivir Ediciones · Campoamor, hija predilecta de Madrid · CODEX (UCO) · El voto femenino y el escaño de Nelken · Izquierda Diario · Kent y Nelken · Gutiérrez Lloret (2018) · Las mujeres católicas en las elecciones de 1933 · Camino Rodríguez (2017) · Las mujeres y las elecciones de 1933 · Camino Rodríguez (2018) · Las mujeres y las elecciones de 1936 · Biblioteca Nacional · Dossier Clara Campoamor · UAM · Exposición Clara Campoamor · CCOO · Campoamor e Izquierda Republicana · Vozpópuli · Feijóo y el voto femenino · Público · Feijóo y el dato del 231 % · Artículo14 · Vox mira al voto femenino · Vozpópuli · Entrevista a Isabel Pérez Moñino (Vox) · Financial Times (El Cronista) · Abascal y sus votantes · El Salto · Los permisos de maternidad en 30 años · El Derecho · Evolución del permiso de paternidad · Bebés y más · Recogida de firmas para ampliar a seis meses el permiso de maternidad (2007) · Bebés y más · La AEPap pide prolongar el permiso de maternidad a seis meses (2018) · La Razón · Lucía Etxebarria y el subcampeón que entrenó en la baja paternal (2021) · Artículo14 · Gasto en permisos y «padres ayudantes» · Público · PETRA y los seis meses · El Salto · Maternidades feministas: con las madres, también · El Salto · STC 140/2024, familias monomarentales · Maldita · Qué es la disciplina de voto · The Objective · Calvo y la sanción máxima · OKdiario · Calvo, presidenta del Consejo de Estado · Ara · El precio de saltarse la disciplina de voto · elDiario.es · Nueva multa a Villalobos por el aborto · elDiario.es · «Las mujeres del PP no necesitamos que nos digan lo que hacer» · Periódico de Ibiza · Gallardón dimite · Libertad Digital · Rajoy retira la ley del aborto · La Marea · Protestas antiabortistas · Onda Vasca · Guardiola, 20 de junio · Infobae · «Mi palabra no es tan importante» · La Voz de la Mujer (1896) · Wikimedia Commons · Fotografía de Clara Campoamor
¿Qué es una mujer? Dos y dos son cinco.

¿Qué es una mujer? Dos y dos son cinco.

Distopías que ya vivimos · 1984 · Segunda parte

¿Qué es una mujer? Dos y dos son cinco.

Hace diez años, la respuesta estaba en cualquier diccionario. Hoy, contestarla te puede costar el trabajo, una demanda o un acto reventado. Este es el caso que más me toca.

El traje nuevo del emperador hoy: una corona flota sobre un pedestal vacío, una niña con bufanda roja señala, y tres mujeres con los ojos vendados miran sin ver

En la primera parte te conté cómo funciona la cancelación. Casi siempre igual, en cuatro pasos:

La etiqueta que te hace culpable antes de escucharte.

La campaña.

El veto: que no te inviten, que te despidan, que te demanden.

El aviso para todas las demás.

Hoy te enseño el caso en el que más claro lo he visto. Te aviso: esto es opinión mía. Con datos.

Opinión · Dos y dos son cinco

No basta con decirlo. Hay que creerlo.

Al final de 1984, al Partido no le basta con que Winston diga que dos y dos son cinco. Quiere que lo crea. Que lo vea.

Si hace diez años nos hubieran dicho que el sexo no es binario, ¿qué habríamos pensado?

A fuerza de repetir mantras ideológicos, hemos llegado a negar la realidad biológica. Y hemos creado una neolengua para sustituir lo que ya no podemos definir.

La neolengua

Cambia la palabra. Desaparece la mujer.

Primero se cambian las palabras. Lo demás viene solo:

España, 2023. La ley trans garantiza la reproducción asistida a las «personas trans con capacidad de gestar». En el lenguaje institucional, la madre empieza a ser «persona gestante».

Philips, 2023. Una marca de biberones y sacaleches publica, en español, una guía de «lenguaje inclusivo» para nuevos padres. Propone «padres gestacionales», «leche paterna» o «leche del padre», y el pronombre «elle». Y advierte de que decir «lactancia materna» puede no encajar en todos los casos.

Brighton (Reino Unido), febrero de 2021. Un hospital público incorpora a su maternidad «chestfeeding» en lugar de «breastfeeding» (cambian «breast», mama, por «chest», torso) y «birthing parent» («progenitor gestante»). Se cree que fue el primero del país. El hospital aseguró que no excluía el lenguaje de mujer y maternidad. Una activista lo resumió así: es «intentar controlar el lenguaje de los demás».

Sanidad pública británica, marzo de 2025. Cuatro años después, sus ofertas de empleo para matronas seguían hablando de «birthing people» («personas que dan a luz») en vez de madres. Y eso, pese a que el ministro de Sanidad, Wes Streeting, había prometido acabar con ese lenguaje.

Mientras, en marquesinas del País Vasco, la asociación Chrysallis colgaba en enero de 2017 el cartel «Hay niñas con pene y niños con vulva». Ese mismo año, el autobús de HazteOír con la frase contraria, «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva», fue parado por la Policía Municipal de Madrid e inmovilizado por un juzgado. En julio, la Audiencia Provincial lo dejó circular: perseguir las ideas que molestan «no es democrático».

Una frase, en la marquesina. La contraria, inmovilizada.

La lógica

Una definición que no define

La pregunta «¿qué es una mujer?» ya es, en sí misma, una pregunta que señala. Hace diez años la contestaba cualquier diccionario. Hoy, según lo que respondas, te colocan en un bando.

Y la respuesta que más se oye es una definición circular: la que usa la propia palabra para definirla. Por ejemplo: «un reloj es un objeto que funciona como un reloj». Suena a respuesta, pero no dice nada. Si no sabes lo que es un reloj, sigues sin saberlo.

Pues eso es decir que mujer es «toda persona que se identifica como mujer». ¿Identificarse como qué?

Esquema de una definición circular: la palabra mujer lleva a «toda persona que se identifica como…», y una flecha roja vuelve a mujer. En el centro, ¿como qué?

En 2022, el comentarista estadounidense Matt Walsh dedicó un documental entero, What Is a Woman?, a hacer esa pregunta. A terapeutas, a médicos, a profesores universitarios, a gente por la calle. Y lo que encontró, una y otra vez, fue la definición circular.

En España, la escena más clara la vimos en el debate a tres de RTVE, en julio de 2023:

Santiago Abascal: «¿Qué es una mujer para ustedes? Yo lo tengo claro».

Yolanda Díaz: «Qué es una mujer, señor Abascal, para usted».

Abascal: «Se lo he preguntado yo».

Díaz: «No, le pregunto yo».

No contestó. Devolvió la pregunta. Porque sabe que el relato ya está instalado: si dices que una mujer es una hembra humana adulta, la etiqueta de tránsfoba llega sola. Lo verás más abajo con Ione Belarra y Paula Fraga.

Y quien no quiere esa etiqueta, no sabe qué responder. Hay cientos de vídeos en los que se hace esta pregunta a chicas jóvenes, a médicos, a profesores. Y se niegan a contestar con la realidad. O porque se lo han creído, o porque tienen miedo.

«¿Qué es una mujer?» La misma pregunta, la misma respuesta.

Durante años, a quienes decíamos esto nos llamaron TERF (siglas en inglés de «feminista radical trans-excluyente»), fascistas y tránsfobas, y nos acusaron de ser de ultraderecha. Solo por dar una definición. Pero que una idea no nos guste, o que la diga alguien que no nos gusta, no la convierte en mentira. Si Hitler dice que el agua moja, el agua sigue mojando.

Atacar a quien lo dice en vez de responder a lo que dice tiene nombre: falacia ad hominem.

Por ser justa. Matt Walsh es un comentarista conservador del medio The Daily Wire, que produjo el documental. En 2023, tres de las personas que aparecen en él dijeron a NBC News que les habían presentado el proyecto de otra manera. Lo cuento porque es justo lo que digo arriba: quién haga la pregunta no cambia que la pregunta no tenga respuesta.

Y a veces ni siquiera llega la definición circular. En junio de 2021, en La hora de La 1, la periodista Paloma Cervilla le preguntó a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, qué significaba «hije». Montero respondió «a las personas no binarias». Una y otra vez. Cuando Cervilla insistió, «o sea, que no son hombres ni son mujeres», la ministra pasó directamente a otra cosa:

«Tienen todo el derecho a existir [...]. Y el primer derecho es el derecho a existir, a existir también para las administraciones.»

Le preguntaron qué es. Contestó con un derecho.

Dos años después se lo preguntaron sin rodeos. Fue el 8 de marzo de 2023, en el acto institucional del Ministerio de Igualdad por el Día de la Mujer. La moderadora, Carlota Corredera, le pasó el micrófono a una joven feminista: «Pregúntaselo a ella, la tienes ahí». Y ella lo hizo: «Ministra, ¿qué es una mujer?». Esta fue la respuesta:

«Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza [...]. Ser mujer es eso. Es tener más riesgo de sufrir violencia.»

Irene Montero, 8 de marzo de 2023.

La joven insistió dos veces: «¿Pero qué es una mujer?». Y cerró con la pregunta que nadie le contestó: «No has respondido a la pregunta. ¿Cómo vais a luchar por los derechos de las mujeres si no sabéis definir qué es una mujer?»

Fíjate en la vuelta que da. Las mujeres sufren más violencia por ser mujeres. Y ser mujer es sufrir más violencia. Para saber quién es mujer, necesitas saber quién sufre esa violencia. Y para saber quién la sufre, necesitas saber quién es mujer. Otra definición que se muerde la cola.

Y no es solo Montero. En octubre de 2023, en Espejo Público, Daniela Requena, entonces responsable LGTBI del PSOE en Valencia, lo explicó así: «La figura de la mujer es un constructo social que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. […] Dentro de la palabra mujer hay una gran diversidad de mujeres». Una mujer es… un tipo de mujer. Y en ese mismo programa acusó de generar «bulos que conducen hacia el odio» a quien sí sabe definirla. Lo verás más abajo, con Lucía Etxebarria.

Nadie le niega a una persona no binaria el derecho a existir. Existe, vive, trabaja, vota. Lo que se discute es si el Estado debe convertir en dato oficial lo que cada uno siente que es. Pero eso es difícil de defender. Así que se cambia la palabra: discrepar pasa a llamarse «negar su existencia». Y ya no hay debate.

Lo mismo pasa con «validar». Yo puedo validar tu derecho a sentir lo que quieras. Pero eso no me obliga a aceptarlo como real, como bueno o como un hecho.

Yo puedo sentirme de 67. Nadie puede impedírmelo. Otra cosa es que vaya a la Seguridad Social a pedir la jubilación. Y que, si me la niegan, diga que me están negando el derecho a existir.

Una definición que no define no es inclusión. Es dejar una palabra vacía. Y de esa palabra dependen:

Las estadísticas.

El deporte.

Las cárceles.

Las cuotas.

La violencia de género.

Pedir que una palabra signifique algo no puede ser odio.

La consecuencia

Si «mujer» no es sexo, «lesbiana» tampoco.

Cuando la palabra se vacía, alguien paga la factura. En 2021, la BBC habló con varias lesbianas que decían sentirse presionadas para aceptar como pareja a mujeres trans. Es decir, a personas nacidas hombre, con cuerpo de hombre:

Jennie, 24 años. Solo le atraen las mujeres. Por decirlo, la han llamado tránsfoba, pervertida y «terf». Y alguien le dijo que preferiría matarla a ella antes que a Hitler.

Amy, 24 años. Su novia quería un trío con una mujer trans. Amy dijo que no. «Lo primero que me llamó fue tránsfoba.»

Veronica Ivy, ciclista trans, lo dejó escrito en Twitter en septiembre de 2019: «Las "preferencias genitales" son tránsfobas».

Quien les dio la razón a las lesbianas fue Rose of Dawn, youtuber y mujer trans. Dice que lo ha visto en sus propias amigas y que esa idea es «increíblemente tóxica»: la empujan activistas radicales y sus «aliados autoproclamados», no las mujeres trans que ella conoce.

Durante décadas, a las lesbianas les dijeron que lo suyo se curaba con el hombre adecuado. Ahora se lo dicen con otras palabras. Y si se niegan, el insulto ya no es «reprimida». Es «tránsfoba».

Por ser justa. Este artículo de la BBC fue muy discutido. La propia cadena retiró el testimonio de una de las entrevistadas por mensajes violentos que publicó después. En 2022, su unidad de quejas lo consideró «periodismo legítimo», pero concluyó que el titular original («Nos presionan para tener sexo algunas mujeres trans») era engañoso, y se cambió. También criticó que no dejara claro que la encuesta que cita no es representativa. Por eso aquí no uso esa encuesta: solo testimonios con nombre (ficticio) y edad.

La cancelación

El precio de decir lo obvio

Y decir lo obvio tiene precio. Tres casos:

Maya Forstater (Reino Unido). En 2019 perdió su trabajo por escribir en redes que las mujeres trans siguen siendo hombres. Un primer tribunal dijo que su creencia no estaba protegida. En 2021, el de apelación lo corrigió: esas creencias merecen respeto en una sociedad democrática. En 2022 le dieron la razón por discriminación y una indemnización de unas 91.500 libras.

J. K. Rowling. En diciembre de 2019 defendió a Forstater en un tuit. En junio de 2020, los actores que ella hizo famosos se desmarcaron en público: Daniel Radcliffe escribió que «las mujeres trans son mujeres». En 2021, unos activistas difundieron una foto ante su casa con la dirección a la vista. Ella contó que había recibido tantas amenazas de muerte que podría empapelar su casa con ellas.

Paula Fraga (España). En septiembre de 2025, en Todo es mentira (Cuatro), Ione Belarra le preguntó si una mujer trans es una mujer. Fraga dijo que no. Belarra lo llamó «delito de odio» y pidió que no le dieran espacio. Risto Mejide le contestó: «No vamos a cancelar a nadie en este programa».

Y la lista sigue. A Lidia Falcón la denunciaron por delito de odio y la Fiscalía lo archivó en 2020. A Posie Parker no la dejaron hablar en Auckland en 2023. A Lucía Etxebarria le pidieron 11.000 euros por escribir que en una foto veía a un hombre. Ganó en 2024: el juez vio «base fáctica suficiente», y en 2026 la Audiencia de Las Palmas volvió a darle la razón. Ella lo cuenta así: «Finalmente me absolvieron porque él había cometido un error, que era que en sus redes sociales había hablado de sí mismo en masculino». Según explica, el juez concluyó que no podía exigir a los demás lo que él no hacía consigo mismo. Si no… a saber. Y no fue lo único. En octubre de 2023, en Espejo Público (Antena 3), donde colaboraba con contrato, la activista Daniela Requena, entonces responsable LGTBI del PSOE en Valencia, la acusó en directo de generar en redes «bulos que conducen hacia el odio y la discriminación» y le aconsejó «que dejara de hacer el ridículo». Lucía le contestó: «Te rogaría que midieras tus palabras, basta ya de llamar tránsfobo a cualquiera». Según cuenta ella, cuando se quejó, la echaron a ella. Sall Grover creó una red social solo para mujeres en Australia, perdió en todos los tribunales y la aplicación ya no existe.

Fíjate en el patrón: de todas ellas, solo a una la ha condenado un juez, y fue en Australia. A las demás, ni falta que hizo. El proceso ya es el castigo: el despido, las amenazas, la demanda, el veto. Y todas las que miran aprenden la lección.

Llamar a alguien «tránsfoba» suena a acusación de delito. No lo es: el delito de odio exige incitar al odio o a la violencia, no opinar. Pero la etiqueta hace el mismo trabajo sin pasar por un juez.

Viñeta: una mujer saluda a un hombre con barba diciendo «Buenos días, señor», y otra mujer, furiosa, la señala gritando «¡Tránsfoba!»
La ley y la biología

Seis años para volver a lo obvio

En abril de 2025, el Tribunal Supremo británico dictaminó por unanimidad que, en su ley de igualdad, «mujer» se refiere al sexo biológico. Y recordó que las personas trans no pierden su protección contra la discriminación.

Hicieron falta seis años y el tribunal más alto del país para que la ley volviera a decir lo obvio.

Y no es el único. Finlandia (2020) y Suecia (2022) frenaron los tratamientos hormonales de transición en menores y los dejaron para casos excepcionales. Estados Unidos fijó en enero de 2025, por orden ejecutiva, que la ley federal reconoce dos sexos, definidos por la biología.

Mientras otros países están volviendo a lo obvio, en España seguimos empeñados en mantener la distopía.

La biología, mientras, no ha cambiado. Hay dos tipos de células sexuales: óvulos y espermatozoides. Las personas intersexuales existen y merecen todo el respeto, pero la intersexualidad no es un tercer sexo. Es una anomalía del desarrollo sexual, casi siempre de origen genético. Como el daltonismo: existe, pero no crea una tercera forma de ver los colores. Y los casos en que el sexo no se puede clasificar son alrededor del 0,018 % de los nacimientos. La cifra del 1,7 % que circula incluye condiciones que la mayoría de los médicos no consideran intersexuales.

Por ser justa. No hay ninguna ley en España que multe por decir que el sexo es binario. La ley trans (Ley 4/2023) sanciona la discriminación, con multas de 200 a 150.000 euros. Lo que yo señalo es otra cosa: no hace falta una multa para que la gente se calle; basta con el miedo a que te llamen tránsfoba. Y quienes usan «persona gestante» dicen que lo hacen para incluir a los hombres trans que pueden quedarse embarazados.

Para terminar

Lo que ven tus ojos

En El traje nuevo del emperador, de Andersen, unos sastres venden al rey una tela que, dicen, no pueden verla los tontos ni los indignos de su cargo. Nadie la ve. Pero nadie lo dice. Ni el rey, ni sus ministros, ni la multitud que aplaude el desfile. Nadie quiere ser el tonto.

Hasta que un niño, que todavía no ha aprendido lo que conviene decir, grita lo que todos están viendo: «¡Pero si va desnudo!».

Y aquí está lo que casi nadie recuerda del cuento: el emperador sabe que el niño tiene razón. Y sigue desfilando. Más erguido todavía.

Hoy, a ese niño lo llamarían tránsfobo.

Así que pregúntate de qué modo nos piden negar lo que ven nuestros ojos.

Como a Winston. Como a la multitud del emperador. Ya no decir, sino creer, que dos y dos son cinco.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 15 minutos

Fuentes El Salto · Claves de la ley trans · Orain · Campaña de Chrysallis (2017) · Última Hora · La Audiencia libera el autobús de HazteOír · Philips · Lenguaje inclusivo para nuevos padres (2023) · BBC · Brighton NHS Trust introduces new trans-friendly terms (2021) · The Telegraph · El NHS sigue llamando «birthing people» a las madres (2025) · La hora de La 1 · Irene Montero sobre «hije» (vídeo) · El Confidencial · Montero y el género no binario en TVE (2021) · What Is a Woman? (2022) · Ficha y polémica · Debate a tres de RTVE · Abascal y Díaz: «¿Qué es una mujer?» (vídeo) · Irene Montero, 8M 2023: «¿Qué es una mujer?» (vídeo) · El Desconcierto · La pregunta a Montero en el acto del 8M (2023) · The Objective · Feministas interpelan a Montero en el 8M (2023) · BBC · The lesbians who feel pressured to have sex and relationships with trans women (2021) · Wikipedia · Polémica y resolución de la BBC sobre ese artículo · El Salto · Archivada la denuncia contra Lidia Falcón · Ley 4/2023 · Infracciones y sanciones · Maya Forstater · Cronología del caso · Variety · Los actores de Harry Potter contra Rowling (2020) · Business Insider · Rowling y su dirección publicada · BioBioChile · Las amenazas a Rowling · RNZ · Así se deshizo el acto de Posie Parker en Auckland · Comisión Australiana de Derechos Humanos · Giggle v Tickle en apelación · PinkNews · Giggle pierde ante el Supremo australiano (2026) · Star Observer · El Supremo australiano rechaza el último recurso · Cuatro · Belarra y Paula Fraga en Todo es mentira · ESdiario · Belarra pide no invitar a Fraga · Hispanidad · Desestimada la demanda contra Lucía Etxebarria · Antena 3 · Etxebarria y Daniela Requena en Espejo Público (2023) · ESdiario · Requena llama tránsfoba a Etxebarria (2023) · Lucía Etxebarria cuenta su juicio (vídeo) · Diario de León · La Audiencia de Las Palmas avala a Etxebarria (2026) · Cuatro · Etxebarria: «Me pegaron por la calle» · Ara · El Supremo británico y la definición de mujer · Casa Blanca · Orden ejecutiva sobre la definición de sexo (2025) · AFP · Suecia frena los tratamientos a menores trans (2022) · Finlandia · Directrices de 2020 para menores (traducción no oficial) · Sax (2002) · Prevalencia de la intersexualidad

1984 ya está aquí. Y lo instalamos nosotros.

1984 ya está aquí. Y lo instalamos nosotros.

Distopías que ya vivimos · 1 · Sin filtros

1984 ya está aquí. Y lo instalamos nosotros.

No es un resumen del libro. Es un mapa de dónde lo estamos viviendo, con casos reales. Y de dónde no, aunque te lo vendan así.

1984 de Orwell hoy: un salón acogedor con sofá, televisor, altavoz y timbre con cámara, todos con un pequeño ojo, y una sola lucecita roja encendida

Imagina que compras un libro. Lo pagas. Lo subrayas. Tomas notas en los márgenes.

Imagina que una mañana lo buscas y ya no está. Nadie ha entrado en tu casa. Simplemente, alguien, muy lejos, ha decidido borrarlo.

Pasó en 2009. Amazon borró a distancia un libro de los Kindle de sus clientes. Era 1984 de Orwell. El libro sobre un Estado que borra el pasado.

Fue un lío de derechos de autor, no censura. Pero aquel día mucha gente aprendió algo incómodo: lo que tienes en tu casa puede no ser del todo tuyo.

Cuando Orwell escribió 1984, a finales de los años cuarenta, aquel año era un futuro lejano. Una pesadilla para dentro de casi cuatro décadas.

Para nosotros, 1984 ya es pasado. Yo tenía 13 años.

Cuanto más nos alejamos de esa fecha, más cerca parece que estamos de lo que describía.

Hoy no te voy a resumir el libro. Te voy a enseñar dónde lo estamos viviendo. Con datos. Y con una advertencia: no todo lo que llaman «orwelliano» lo es.

El libro

Qué cuenta 1984 en un minuto

1984 se publicó en junio de 1949. Orwell murió siete meses después, con 46 años. Lo esencial:

Winston Smith vive en Oceanía, un país en guerra permanente gobernado por el Partido.

En cada casa hay una telepantalla: emite propaganda y, a la vez, te vigila. En los carteles, el Gran Hermano.

Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, reescribiendo periódicos viejos para que el pasado diga lo que el Partido necesita hoy.

Los lemas del Partido: «La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza».

Winston empieza a dudar, escribe un diario a escondidas, se enamora. Y lo pagan. No voy a hacerte spoiler. Te animo a que leas el libro.

El autor

Orwell lo aprendió en España

Lo que casi nadie cuenta: Orwell no se inventó esto en un despacho.

Diciembre de 1936

Llega a Barcelona y se alista en la milicia del POUM. Combate en el frente de Aragón.

Mayo de 1937

Le disparan en el cuello. Vuelve a Barcelona y ve algo peor que el frente: su propio bando persiguiendo a su partido, y una propaganda que presenta a sus compañeros de trinchera como agentes de Franco.

Junio de 1937

Huye de España. Lo cuenta en Homenaje a Cataluña (1938). De ahí saldrán Rebelión en la granja y 1984.

Para que nadie se lo apropie: Orwell escribió en 1946 que todo lo que había escrito en serio desde 1936 iba contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático. Era de izquierdas. Y escribió el libro más feroz contra un régimen que se decía de izquierdas. Por eso incomoda a todos. Y por eso todos lo citan contra el otro.

1 · La telepantalla

La telepantalla la pagamos nosotros

En 1984, la telepantalla no se puede apagar. Nosotros sí podemos apagar las nuestras. La diferencia es que no queremos. Y que, además, las pagamos.

25 M$
Pagó Amazon en 2023 por las grabaciones de voz de niños en Alexa
5
Fabricantes de teles demandados en Texas por registrar lo que ves
5,8 M$
Pagó Amazon porque empleados de Ring habían podido ver vídeos de clientes

El altavoz. En mayo de 2023, Amazon pagó 25 millones de dólares para cerrar una demanda de la FTC, el regulador de consumo de EE. UU. La acusación: Alexa guardaba de forma indefinida las grabaciones de voz de niños, salvo que los padres pidieran borrarlas, y las usaba para entrenar sus sistemas. Ese mismo día pagó otros 5,8 millones porque empleados y contratistas de Ring habían podido ver vídeos de clientes. Amazon niega haber incumplido la ley.

La tele. Muchas teles inteligentes usan una tecnología (ACR) que reconoce lo que aparece en pantalla y lo convierte en datos para publicidad. En diciembre de 2025, el fiscal general de Texas demandó a Samsung, LG, Sony, Hisense y TCL por hacerlo sin un consentimiento claro. Samsung y LG han aceptado pedir permiso expreso.

En 1984 la telepantalla te la ponía el Partido. Nosotros la compramos en rebajas.

2 · El Gran Hermano

El Gran Hermano en una furgoneta

Reino Unido es el país europeo que más está usando el reconocimiento facial en directo: una cámara escanea las caras de quien pasa y las compara con una lista de personas buscadas.

En 2024, las furgonetas con cámara salieron al menos 256 veces, frente a 63 el año anterior.

En enero de 2026, el Gobierno anunció que pasará de 10 a 50 furgonetas. La Policía de Londres pondrá además cámaras fijas en el West End antes de fin de año.

Ninguna ley aprobada por el Parlamento menciona el reconocimiento facial. La policía se apoya en leyes generales. El Tribunal Superior rechazó en 2026 un recurso contra su uso y el Gobierno ha abierto una consulta para regularlo.

Y tu cara puede estar ya en una base de datos sin que lo sepas. Clearview AI, una empresa estadounidense, descargó fotos de internet sin permiso y montó una base de más de 30.000 millones de imágenes que vende a policías. En 2024, Países Bajos la multó con 30,5 millones de euros. Antes, Italia, Francia y Grecia, con 20 millones cada una.

¿Y en España? Aquí no hay furgonetas en la calle. La Policía Nacional usa desde hace poco un sistema que compara la foto de un sospechoso con unos 5 millones de fichas policiales, no tu cara al pasar. Pero quien más ha intentado escanearte no ha sido la policía:

Mercadona escaneó la cara de sus clientes en sus tiendas durante casi un año, hasta mayo de 2021. Protección de Datos la multó con 2,5 millones de euros por tratar a todos sus clientes, niños incluidos, como si fueran ladrones condenados.

LaLiga exigía la cara o la huella para entrar en las gradas de animación. Le cayó un millón de euros y tuvo que suspender el sistema: el DNI y el abono nominal ya bastaban.

La buena noticia: aquí los frenos funcionaron. La mala: alguien tuvo que frenarlos.

El mito chino. Seguramente has oído que en China cada ciudadano tiene una puntuación social que sube y baja según lo que hace. Según el instituto MERICS y el Brookings Institution, no existe una puntuación nacional única: el «crédito social» es un conjunto de sistemas dispersos, poco digitalizados y centrados sobre todo en empresas, con listas negras de morosos e incumplidores. Eso no quita que China tenga uno de los mayores aparatos de vigilancia del mundo.

Buena parte de esa imagen viene de la ficción. En «Caída en picado», un capítulo de Black Mirror de 2016, cada persona tiene una nota de 1 a 5 estrellas y de esa nota depende dónde puede vivir, qué coche alquila o a qué boda la invitan. Foreign Policy lo dijo claro en 2018: las listas negras chinas no se parecen en nada a las fantasías de Black Mirror.

Ilustración de una chica rubia con coleta que sonríe con el móvil en la mano, rodeada de hombres y mujeres que le lanzan estrellas desde sus pantallas; sobre su cabeza, una nota de cinco estrellas y la quinta, en rojo, cayendo
Nadie te obliga. Solo te puntúan todos, todo el rato.

Y aquí está la ironía: en «Caída en picado» no te puntúa el Estado. Te puntúan los demás, con una aplicación. Eso se parece mucho más a las estrellas que pones al conductor, al casero de las vacaciones o al restaurante de anoche. El capítulo no va de China. Va de nosotros.

Usamos el mito chino para tranquilizarnos: «eso pasa allí». Mientras tanto, aquí al lado, una furgoneta te escanea la cara al salir del metro.

3 · El Ministerio de la Verdad

Quien controla el pasado controla el futuro

Ilustración de una foto antigua de cuatro hombres paseando junto a un canal; el de la derecha se desvanece y solo queda su silueta en rojo
El comisario que desaparece: cuando alguien caía en desgracia, también lo borraban de las fotos.

Ese lema del Partido no se lo inventó Orwell.

Moscú, 1937. Stalin pasea junto al canal Moscú-Volga con tres de sus hombres. Uno es Nikolái Yezhov, el jefe de la policía política que dirigió las purgas. En 1940 lo fusilaron. Y después lo borraron de la foto: en su sitio pusieron agua.

Rusia, agosto de 2023. El Gobierno presenta un nuevo libro de texto de historia para los últimos cursos de instituto, coescrito por Vladímir Medinski, asesor de Putin. Reescribe por completo los años setenta a dos mil, añade un capítulo sobre la «operación militar especial», se hizo en unos cinco meses y es el libro único del Estado.

¿Y en España? Tenemos ejemplos de los dos bandos:

Gernika, 1937. El 27 de abril, el ABC de Sevilla titula: «Guernica, destruida por el fuego de los rojos». La prensa franquista culpó al lehendakari, a mineros asturianos, a «incendiarios y dinamiteros». La verdad: la bombardearon aviones alemanes de la Legión Cóndor e italianos, bajo mando franquista. La versión oficial aguantó décadas. Alemania pidió perdón en 1997.

Paracuellos, 1936. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre, al menos 2.500 presos de las cárceles de Madrid fueron fusilados y enterrados en fosas. Santiago Carrillo, entonces consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, con 21 años, dijo durante décadas que no sabía nada. Sí, el mismo Carrillo que fue secretario general del Partido Comunista de España de 1960 a 1982 y una de las caras de la Transición. El historiador Paul Preston considera «inconcebible» que no lo supiera.

Y el caso más de moda, por La bola negra, la película que representa a España en los Óscar: Lorca. Su asesinato tiene tres relatos, y una versión para niños:

El del régimen. Franco dijo que murió «mezclado con los revoltosos», uno de los «accidentes naturales de la guerra». Su partida de defunción dice «heridas producidas por hecho de guerra». Pero un informe de su propia policía, de 1965, lo describía como «socialista y masón», le atribuía «prácticas de homosexualismo» y contaba que lo habían fusilado. La verdad estaba en un cajón del Estado. Se conoció en 2015.

La versión dulce. En 2014, Anaya tuvo que retirar un libro de Lengua para niños de seis años. Contaba que Lorca «murió cerca de su pueblo», durante la guerra. Sin fusilamiento. Sin nadie que disparara. Y que Machado se fue a Francia con su familia y vivió allí hasta su muerte. Sin exilio. Lo denunció la oficina de memoria histórica de la Junta de Andalucía. La editorial dijo que no tenía postura ideológica y que los profesores podían completar la historia.

El de ahora. En Cannes, Javier Ambrossi, uno de los directores de La bola negra, lo dijo así: «Lorca no es una quimera, no es una idea, fue una persona. Y a Federico García Lorca lo asesinaron por maricón».

Lo que queda fuera del encuadre. Lorca se escondió en casa de los Rosales, una familia de falangistas, amigos suyos, que intentó salvarlo. El poeta Luis Rosales fue a interceder por él. Lo detuvo Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de la CEDA. Y el investigador Miguel Caballero sostiene que el detonante fueron las rencillas de décadas con los Roldán y los Alba, parientes de su padre, por tierras y lindes. Según esa tesis, La casa de Bernarda Alba retrataba a una familia emparentada con ellos y avivó el rencor.

El régimen tapó el crimen. El libro de texto lo endulzó. El relato de hoy lo simplifica. El pasado se controla de muchas maneras: borrándolo o contándolo a medias.

Los historiadores siguen sin ponerse de acuerdo en el motivo principal. Ian Gibson, el gran estudioso de Lorca, subraya la represión ideológica y la homofobia. Miguel Caballero no descarta los motivos políticos, pero pone por delante los familiares. Sus restos no se han encontrado.

Y luego hay versiones suaves del mismo vicio: el tuit que se borra, la declaración «sacada de contexto», el «yo nunca dije eso» cuando hay vídeo.

Un pasado que nadie consulta se puede reescribir sin tocarlo.

4 · La neolengua

Prohibido decir «guerra»

La neolengua de 1984 no añade palabras: las quita. Si no existe la palabra, no puedes pensarla. Y si no puedes pensarla, no puedes pedirla.

24 de febrero de 2022

Rusia invade Ucrania.

26 de febrero de 2022

El regulador ruso, Roskomnadzor, ordena a los medios borrar las noticias que hablen de «guerra», «invasión» o «ataque». La palabra oficial: «operación militar especial». Bloquea webs por usar la palabra «guerra».

Marzo de 2024

El propio portavoz del Kremlin admite que aquello ya es una guerra.

¿Y aquí? Mira cómo cambiaron las palabras con Ceuta:

31 de julio de 2026. Tras la entrada masiva, el presidente del Gobierno la llama «una violación y un ataque a la integridad territorial de España».

3 de septiembre. En el Congreso dice que la crisis «cambió de naturaleza» y pasó a ser «una crisis humanitaria». Ni ataque, ni integridad territorial, ni violación.

Él lo explica así: primero se estabilizó la frontera y luego llegó la emergencia en la ciudad. Pero lo que pasó el 30 de julio no cambió de naturaleza. Cambió la palabra con la que se recuerda.

Mismos hechos. Otras palabras.

Pero la neolengua no es solo de dictaduras. Es de empresas y de gobiernos de todos los colores:

«Ajuste de plantilla» en vez de despidos.

«Crecimiento negativo» en vez de que la economía cae.

«Daños colaterales» en vez de civiles muertos.

Orwell lo explicó en 1946, en La política y la lengua inglesa: el lenguaje político sirve muchas veces para que lo indefendible suene razonable. Y hay una versión más moderna: la etiqueta que no sirve para describir, sino para zanjar la conversación. «Facha», «nazi», «fascista». O, desde la otra orilla, «zurdo», «rojo», «progre». Te la pegan y ya no hace falta escucharte. Lo conté en Fascista es siempre el otro.

La neolengua funciona de dos maneras: te quita las palabras que necesitas o te hace tener miedo de usarlas. La segunda no necesita ningún ministerio.

5 · Los dos minutos de odio

Ahora los programa un algoritmo

En 1984, cada día, todo el mundo se para delante de una pantalla. Aparece la cara del enemigo y, durante dos minutos, la gente grita e insulta. Lo inquietante: Winston no puede evitar unirse.

Hoy no hace falta reunirse. Lo tienes en el bolsillo. En 2021, The Washington Post publicó documentos internos de Facebook:

Desde 2017, el algoritmo daba a los emojis de reacción (corazón, risa, sorpresa, tristeza y enfado) cinco veces más valor que un «me gusta» para decidir qué te enseñaba.

El motivo: las reacciones emocionales mantenían a la gente más tiempo en la red.

En 2019, sus propios científicos de datos confirmaron que los posts que provocaban enfado tenían más probabilidades de incluir desinformación, toxicidad y noticias de baja calidad.

Por ser justa: no era solo el enfado, valían lo mismo todas las reacciones. Y Facebook fue bajando el peso del enfado hasta dejarlo en cero.

El problema no es solo Facebook. Es el modelo: lo que te indigna te retiene, y lo que te retiene se paga. Ya lo vimos con la polarización política en España.

Y no solo en el móvil. La ley prohíbe emitir violencia gratuita en televisión y deja lo calificado para mayores de 18 entre las 22:00 y las 6:00. Pero a la hora de la merienda, muchas tertulias son gritos, interrupciones e insultos. Y eso no parece preocupar a nadie. Como si la violencia verbal no fuera violencia. Como si un niño aprendiera menos viendo a adultos despreciarse a gritos que viendo una escena para mayores.

Ilustración de una tertulia de televisión en directo: dos mujeres y dos hombres gritándose con bocadillos llenos de símbolos de insulto, uno con la cara roja de ira, y una cámara grabando en primer plano
A la hora de la merienda. En directo.

En 1984 el odio duraba dos minutos. Ahora no se acaba nunca.

6 · El doblepensar

Lo que tu partido piensa por ti

El doblepensar es creer dos cosas contrarias a la vez y olvidar que has cambiado de opinión. Si el Partido dice que dos más dos son cinco, son cinco. Y siempre lo fueron. ¿Exagerado?

Yale, 2003. El psicólogo Geoffrey Cohen dio a personas de izquierdas y de derechas planes de ayudas sociales, unos generosos y otros duros. Sin más datos, cada uno eligió lo esperable. Pero cuando les decía qué partido apoyaba cada plan, la gente seguía a su partido aunque defendiera lo contrario de lo que pensaba. Y juraba que lo había decidido sola.

EE. UU., noviembre de 2024. Tras las elecciones, la confianza en la economía de los republicanos subió 29 puntos en un mes, según Gallup. La de los demócratas bajó 10. La economía era la misma. En 2020 pasó lo mismo, al revés.

¿Y en España? Dos ejemplos, uno de cada lado:

La amnistía. Antes de las elecciones de julio de 2023, Pedro Sánchez decía que la amnistía no entraba en la Constitución. En noviembre, la ley que registró su partido decía que estaba lejos de ser inconstitucional. Él mismo reconoció después que había cambiado de opinión.

La regularización. En abril de 2024, el PP votó a favor de tramitar la iniciativa popular para regularizar a unos 500.000 inmigrantes (310 votos a favor; solo Vox en contra). Ese verano, su portavoz decía que había que darles una salida. En 2026, cuando el Gobierno la aprueba por decreto, el PP la llama «una barbaridad». Dice que en 2024 votó solo por respeto al procedimiento.

Cambiar de opinión es legítimo. Hasta sano. El doblepensar es otra cosa: que millones de personas cambien a la vez, el mismo día y en la misma dirección que su partido, y crean que lo han pensado ellas.

7 · El crimental

Ya no hace falta que te detengan

En 1984, el crimental es el delito de pensar lo que el Partido no aprueba. De eso se encarga la Policía del Pensamiento.

12.246
Casos en Rusia por «desacreditar al ejército» (2022-2025)
12.183
Detenciones en Reino Unido por mensajes ofensivos en 2023
46%
De alemanes que creen que se puede opinar de política con libertad (83 % en 1971)

Rusia. Desde 2022, criticar al ejército es delito. Hasta diciembre de 2025, sus tribunales habían visto 12.019 casos administrativos y 227 penales por «desacreditar a las Fuerzas Armadas». Si reincides, hasta siete años de cárcel. Por un post o una pancarta.

Reino Unido. Según datos que obtuvo The Times, la policía hizo 12.183 detenciones en 2023 por mensajes ofensivos o amenazantes enviados por internet o teléfono. Unas 33 al día, un 58 % más que en 2019. Por ser justa: ahí entran también amenazas y acoso de verdad. Pero la ley castiga los mensajes «gravemente ofensivos», y eso es muy elástico.

Alemania. El instituto Allensbach pregunta desde 1953 si se puede decir libremente lo que uno piensa de política. En 1971 decía que sí el 83 %. En octubre de 2025, el 46 %. Y según el Frankfurter Allgemeine, que encarga la encuesta, lo que más temen no es la ley, sino el castigo social.

Estados Unidos. En 2020, el 62 % decía tener opiniones políticas que no se atrevía a compartir, en todos los grupos políticos.

Chat Control. En la Unión Europea se negocia un reglamento para detectar abuso sexual infantil en los mensajes privados. Nadie discute el objetivo. El debate es el medio: la versión permanente permitiría obligar a las plataformas a escanear mensajes, incluso cifrados. La versión voluntaria, que permite escanear a quien quiera hacerlo, sigue vigente hasta abril de 2028. La permanente no está aprobada: la próxima reunión de negociación es el 8 de diciembre.

¿Y cómo se consigue que la gente se calle sin meter a nadie en la cárcel? La cancelación funciona casi siempre igual:

La etiqueta. Te ponen un nombre que te convierte en culpable antes de escucharte.

La campaña. Miles de mensajes, muchos de gente que no ha leído lo que dijiste.

El veto. Que no te inviten, que no te publiquen, que te cueste el trabajo o una demanda.

El aviso. Para todos los demás. No hace falta que un juez condene a nadie: el proceso ya es el castigo, y los que miran aprenden la lección.

En la segunda parte te cuento el caso que más me toca, con nombres y apellidos: el de quienes han pagado ese precio por responder a una pregunta muy sencilla. ¿Qué es una mujer?

La Policía del Pensamiento más eficaz no lleva uniforme. Es la que llevas dentro.

8 · El otro aviso

¿Orwell o Huxley?

Dos escenas: a la izquierda, una bota que baja sobre un libro abierto; a la derecha, una mujer en el sofá mirando el móvil junto a una estantería llena de polvo
Orwell temía que nos quitaran los libros. Huxley, que no nos quedaran ganas de leerlos.

En 1985, el ensayista Neil Postman comparó 1984 con Un mundo feliz, de Aldous Huxley, en el prólogo de Divertirse hasta morir. Su idea, resumida:

Orwell temía que nos prohibieran los libros. Huxley, que no hiciera falta, porque nadie querría leerlos.

Orwell temía que nos ocultaran la verdad. Huxley, que la verdad se ahogara entre cosas irrelevantes.

Orwell temía que nos destruyera lo que odiamos. Huxley, lo que amamos.

Mira los datos. En España, cada internauta pasa de media unos 220 minutos al día en internet, más de tres horas y media. Lo que más tiempo se lleva: WhatsApp, YouTube e Instagram. Nadie nos quita los libros. Simplemente, no queda tiempo para ellos.

No hay que elegir. En unos sitios funciona el modelo de Orwell: miedo, cárcel y libros de texto únicos. En otros, el de Huxley: entretenimiento infinito. Y a veces, los dos a la vez: te distraen para que no mires y castigan al que mira demasiado.

Huxley merece su propio artículo. Porque si Orwell escribió el aviso, puede que Huxley escribiera el retrato. Te lo cuento en Un mundo feliz. Por obligación.

¿Qué sabe de ti lo que tienes en el salón?

¿Qué palabra has dejado de usar por miedo?

¿A quién te han enseñado a odiar esta semana?

¿Cuándo fue la última vez que no estuviste de acuerdo con los tuyos?

Para terminar

Un aviso, no un manual

¿Estamos en 1984? No. Decirlo sería exagerar. En España puedes criticar al Gobierno, votar en contra y escribir un artículo como este.

Pero no hace falta llegar a 1984 para perder libertad. Se pierde a trozos:

Una cámara aquí.

Una palabra que ya no se usa allá.

Un comentario que borras antes de publicarlo.

En 1984 te vigilaban a la fuerza. Nosotros nos vigilamos encantados.

Orwell no escribió un manual de instrucciones. Escribió un aviso. Y los avisos solo sirven si alguien los lee.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 26 minutos

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GOBERNAR SIN PRESUPUESTOS tiene un precio. Y no lo paga el Gobierno.

GOBERNAR SIN PRESUPUESTOS tiene un precio. Y no lo paga el Gobierno.

Fiscalizar al poder · Presupuestos · Sin filtros

GOBERNAR SIN PRESUPUESTOS tiene un precio. Y no lo paga el Gobierno.

Dos accidentes de tren en diez meses. Un país entero preguntando dónde está el dinero. Y una legislatura sin presentar ni una vez las cuentas que dicen en qué se gasta.

Gobernar sin presupuestos: unos Presupuestos de 2023 con telarañas y el sello de prorrogado en 2024, 2025 y 2026, sobre una vía de tren con un tramo roto

Cuando preparé la lista de artículos de Fiscalizar al poder, sabía que tenía que hablar de los Presupuestos. Lo que no sabía es que la actualidad me iba a dejar tan dolorosamente clara la importancia de este tema.

Nada va a aliviar el dolor de quienes han perdido a alguien en Urda o en Adamuz. Pero precisamente por eso es más importante que nunca exigir responsabilidades.

Las muertes siempre son una tragedia. Pero cuando se podían evitar, ya no son solo una tragedia. Son otra cosa.

Es momento de tristeza. Pero, sobre todo, de indignación. 114 personas son el coste, imposible de medir, de una mala gestión que no es puntual. Es un patrón.

Así que, cuando leas este artículo, no pienses solo en cifras y datos. Ni en si los tuyos o los otros dicen tal o cual cosa. Piensa en cómo las decisiones que se toman desde un Gobierno pueden significar que alguien a quien quieres llegue o no a casa hoy.

Nota: este artículo forma parte de la serie Fiscalizar al poder. Los datos están contrastados y tienes todas las fuentes al final. Cuando algo sea opinión mía, te lo diré.

Esta semana, España vuelve a estar en shock. El miércoles 28 de octubre, a las 8:54 de la mañana, un AVE de Renfe chocó por detrás contra un tren de Iryo que estaba parado, entre Los Yébenes y Urda (Toledo). Varios vagones cayeron por un terraplén. Al menos 68 personas han muerto.

Diez meses antes, el 18 de enero, dos trenes descarrilaron en Adamuz (Córdoba). Murieron 46.

Y la pregunta que se hace casi todo el país es la misma: ¿cómo hemos pasado de ser un referente mundial en alta velocidad a esto?

114
Muertos en la alta velocidad española en 2026, entre Adamuz y Urda
194/163
Muertos en alta velocidad desde 1992: España frente al resto del mundo junto
72,6%
De las muertes mundiales en líneas exclusivas de alta velocidad son españolas

Sí, has leído bien. España suma más muertos en alta velocidad que todos los demás países juntos. Y no es solo cosa de este año: entre 2003 y 2023, ya era el país de la Unión Europea con más pasajeros muertos en tren, el 19,2 % del total.

Nota: la cifra de Urda es todavía provisional. Y los recuentos cambian según qué se cuente como alta velocidad: el de 194 incluye Angrois (2013), que ocurrió en un tramo de acceso; el del 72,6 % solo cuenta líneas construidas exclusivamente para alta velocidad. Con cualquiera de los dos, el resultado es el mismo.

Ahora todo el mundo pregunta dónde está el dinero de las inversiones en trenes e infraestructuras. Con razón.

No fue un rayo

Un carril roto no es una catástrofe natural

Un rayo no se puede evitar. Un volcán que entra en erupción, tampoco. Pero un carril que se rompe por una soldadura defectuosa, sí. Y un sistema de seguridad que falla, también.

  • Adamuz. La investigación apunta a la rotura de un carril en una soldadura defectuosa.
  • Urda. Falló el LZB, el sistema que controla la velocidad del tren y las señales de la vía. Según los audios publicados por la Cadena SER, tras el fallo se ordenó al maquinista desconectarlo, volver a conectarlo y seguir la marcha. El AVE avanzó con la señal en rojo y alcanzó al Iryo parado.

Y el LZB no falló solo ese día. El 5 de octubre, 23 días antes del accidente, el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, contó en la comisión del Senado sobre Adamuz que las desconexiones de ese sistema eran de las incidencias que más se repetían en el corredor Madrid-Sevilla. «Cada vez que la señal del tren se desconecta de la señal de tierra, el tren se para», explicó. Y lo definió así: «seguro, pero bastante antiguo».

Nota: las dos investigaciones siguen abiertas, y la de Urda está bajo secreto. Las causas oficiales todavía no están cerradas.

Y aquí va mi opinión. No fueron accidentes inevitables. Son fallos en sistemas mal vigilados, sin actualizar o sin modernizar. Y eso se arregla con dinero. Pero no de cualquier manera: gastando lo necesario, donde hace falta y a tiempo.

Algunos datos que apuntan en esa dirección:

  • Adif ha recibido en torno al 57 % de lo que el Estado se comprometió a darle para inversión entre 2021 y 2025, según sus propias cuentas.
  • En 2024 dejó sin gastar 131 millones del presupuesto de mantenimiento de la red. Casi el 11 %.
  • Desde 2009, los viajeros han subido un 65 %. La inversión por viajero y kilómetro, descontando la inflación, ha caído un 75 %.
  • España invierte unos 241.000 euros por kilómetro de vía. Francia, 444.000. Austria, 499.000.
  • La Asociación de Ingenieros de Caminos calcula que a la alta velocidad le faltan más de 150 millones al año en mantenimiento.

Por justicia: el gasto en mantenimiento ha subido, de 720 millones en 2017 a 1.120 en 2025 (un 25 % más, descontando la inflación), y en 2024 la inversión ferroviaria fue la más alta desde 2012.

Pero ese dato no está completo sin el otro lado: lo que más se ha multiplicado es el uso de esas mismas vías. Con la liberalización y la llegada de Ouigo e Iryo, por la red pasan hoy más de 100.000 circulaciones al año, cuando en 2020 no llegaban a 40.000. Y las plazas en los tres grandes corredores han subido un 74 % entre 2019 y 2024, según la CNMC.

Más trenes, más compañías y más viajeros sobre unas vías y unos sistemas que no han crecido al mismo ritmo. Por eso, aunque se gaste más, el mantenimiento por viajero y kilómetro es hoy un 10 % menor que en 2017.

Y una cosa más. En los dos accidentes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido muy rápido señalando a otros. Tras Urda, en cuestión de horas, ya hablaba de una «decisión errónea» del centro de control. Tras Adamuz, cuando las víctimas le pidieron la dimisión, les respondió: «Yo no he soldado el raíl».

Lo que consta, por ahora, es que los sistemas fallaron. Y no solo un día. Mientras ninguna investigación diga otra cosa, yo no voy a hablar de errores humanos. Y los sistemas que avisan, los que no se pueden saltar y los que se renuevan antes de quedarse viejos se pagan.

¿Y qué tiene que ver esto con los Presupuestos? Más de lo que parece. Con las cuentas congeladas desde 2023, los aumentos de inversión que estaban previstos para Adif no se podían aplicar sin más. Cada ministerio paga primero lo fijo, como nóminas y pensiones, y pelea con Hacienda por el resto. Y lo primero que se queda esperando suele ser la inversión.

Las vías no se rompen en el Consejo de Ministros. Pero se mantienen, o no, con lo que allí se decide.

El dinero decide

Lo que pasa cuando no se paga

Porque el dinero, y cómo se gestiona, es lo que decide tu día a día.

  • Si no pagas el seguro de tu casa y se quema, te quedas sin nada.
  • Si no pagas la luz, te la cortan. Y si en esa casa alguien depende de un respirador, no es una molestia. Es la diferencia entre vivir y morir.
  • Si no pagas el mantenimiento de una infraestructura, no se rompe el día que dejas de pagar. Se rompe después, cuando ya nadie se acuerda. Y entonces la factura ya no se paga en euros.

Con un país pasa lo mismo. Solo que el dinero no es del que lo gasta. Es tuyo. Y las consecuencias de gastarlo mal, o de no gastarlo donde toca, no las paga el que firma. Las pagan los que van en el tren.

Para eso existen los Presupuestos Generales del Estado: para que se sepa, se discuta y se vote en qué se gasta. Y por eso no tenerlos un año es un accidente. Pero no presentarlos en toda una legislatura es otra cosa.

Lo básico

Qué son los Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado son una ley. La que dice cuánto dinero va a ingresar el Estado en un año y en qué se lo va a gastar, partida por partida.

  • Lo que entra: impuestos, cotizaciones, tasas y la deuda que se emite para cubrir lo que falta.
  • Lo que sale: pensiones, sueldos de funcionarios, desempleo, defensa, carreteras y trenes, becas, investigación, el dinero que se transfiere a comunidades autónomas y ayuntamientos, y los intereses de la deuda.

Traducido: es el programa de Gobierno con números. Los discursos dicen lo que un Gobierno quiere hacer. Los Presupuestos dicen lo que de verdad va a hacer, y con cuánto.

Por qué importan tanto

La ley principal de cada año

Se la suele llamar «la ley más importante del año». No es una exageración. Lo dice, a su manera, el artículo 134 de la Constitución:

  • Solo el Gobierno puede elaborarlos. Y solo las Cortes pueden examinarlos, enmendarlos y aprobarlos. Es el reparto de poderes del que hablamos en Fiscalizar al poder, aplicado al dinero.
  • Son anuales y lo incluyen todo. Todos los gastos y todos los ingresos del sector público estatal, en un único documento.
  • Tienen fecha límite. El Gobierno «deberá presentar» el proyecto al Congreso al menos tres meses antes de que acaben los del año anterior. La Ley General Presupuestaria lo concreta en su artículo 37.1: antes del 1 de octubre.
  • Si no se aprueban a tiempo, se prorrogan solos. El 1 de enero siguen valiendo los del año anterior hasta que haya otros.

Fíjate en el detalle: la Constitución no dice «podrá presentar». Dice «deberá». Aprobarlos depende del Congreso. Presentarlos depende solo del Gobierno.

Y hay una razón de fondo. Los parlamentos nacieron, en buena parte, para algo muy concreto: que el rey no pudiera cobrar impuestos ni gastar sin permiso de los representantes. Aprobar los Presupuestos es eso: el momento en el que el Congreso autoriza al Gobierno a gastar tu dinero. Y le pide cuentas por cómo lo hace.

Sin Presupuestos, el Congreso no decide en qué se gasta tu dinero. Lo decide otro, con las cuentas de otro año.

El camino

De Hacienda al BOE

Unos Presupuestos no aparecen un día en el Congreso. Tienen un recorrido, con pasos que se ven y se pueden seguir:

1 · Orden de elaboración

Hacienda publica en el BOE la orden que pone en marcha el trabajo de todos los ministerios. Suele ser en primavera o verano.

2 · Senda de estabilidad y techo de gasto

El Consejo de Ministros fija los objetivos de déficit y deuda y el techo de gasto, lo máximo que el Estado podrá gastar. La senda se vota en el Congreso y en el Senado. Si el Congreso la rechaza, el Gobierno tiene que volver a presentarla.

3 · Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Presupuestos.

4 · Registro en el Congreso

Antes del 1 de octubre, según el artículo 134.3 de la Constitución.

5 · Debate de totalidad

Los grupos pueden presentar enmiendas a la totalidad. Si una prospera, el proyecto vuelve entero al Gobierno. Es la gran votación política.

6 · Comisión y enmiendas parciales

Se negocia partida por partida. Ojo: las enmiendas que suban el gasto o bajen los ingresos necesitan la conformidad del Gobierno.

7 · Senado

Puede vetarlos o enmendarlos. El Congreso tiene la última palabra.

8 · BOE

Lo ideal: publicados antes del 1 de enero. Si no, prórroga.

Durante esta legislatura, el Gobierno ha llegado varias veces al paso 1 y al paso 2. Nunca al 3.

La red de seguridad

Qué es una prórroga

La prórroga existe para que el país no se pare. Si el 1 de enero no hay Presupuestos nuevos, se siguen aplicando los del año anterior. Se pagan las pensiones, las nóminas y los intereses de la deuda. Nadie se queda sin cobrar.

Pero una prórroga es justo eso: una red. No está pensada para vivir en ella.

  • No hay partidas nuevas. Lo que no estaba en las cuentas de 2023 no existe en las cuentas prorrogadas. Cualquier política nueva hay que encajarla con decretos, modificaciones de crédito o fondos de contingencia.
  • Las cifras se quedan viejas. Se gestiona la economía de 2026 con un documento pensado para la de 2023: otra inflación, otros precios, otras necesidades.
  • Las subidas se hacen por decreto. La revalorización de pensiones o el sueldo de los funcionarios, que normalmente van en los Presupuestos, se aprueban por real decreto-ley.
  • El Parlamento pierde el control. Sin un proyecto nuevo, no hay debate de cuentas, ni enmiendas, ni votación. Es la parte que menos se ve y la que más importa.
Explicado fácil

Imagina tu comunidad de vecinos

Cada año, el presidente de la comunidad presenta las cuentas en la junta: cuánto vais a pagar de cuota y en qué se va a gastar. El ascensor, la limpieza, el jardín, el seguro. Los vecinos lo discuten, lo cambian si hace falta y lo votan.

Ahora imagina que el presidente deja de convocar la junta. Durante tres años.

  • Sigue cobrando las cuotas.
  • Sigue pagando el ascensor y la limpieza con las cuentas de hace tres años.
  • Y cuando surge algo nuevo (una obra, una derrama, una subida del seguro), mueve el dinero de una partida a otra él solo. Tú te enteras después, cuando miras el extracto.

¿Te parecería normal? Pues eso, a lo grande, es gobernar con unos Presupuestos prorrogados. Solo que la comunidad somos más de 49 millones de personas. Y la cuota son tus impuestos.

No es que no se sepa lo que se gasta. Es que nadie lo ha votado.

El dinero que se mueve sin votar

77.000 millones sin pasar por el Congreso

¿Y cómo se gobierna, entonces? Con modificaciones de crédito. Es decir: el Gobierno amplía partidas o pasa dinero de una a otra por su cuenta. La propia ley de Presupuestos de 2023 permite al ministro de Hacienda hacerlo cuando hay «necesidades ineludibles». Y eso, tres años después, es casi todo.

14.048
Millones movidos en 2023, con Presupuestos aprobados en vigor
≈77.000
Millones movidos en 2025, con las cuentas prorrogadas. Más que en 2020, el año de la pandemia
77.281
Millones movidos en 2026 solo hasta junio

Traducido: con Presupuestos aprobados, el Gobierno movía entre 14.000 y 19.000 millones al año. Sin ellos, cerca de 77.000. Más que en la pandemia. Y en 2026 superó esa cifra en solo seis meses.

Un ejemplo. El 22 de abril de 2025, el Gobierno aprobó 10.471 millones más para defensa, para llegar al 2 % del PIB que pide la OTAN. Sin votación en el Congreso.

Puedes estar a favor o en contra de gastar más en defensa. Esa no es la cuestión. La cuestión es que una decisión de ese tamaño no la votó ninguno de los diputados que elegimos.

Nota: estas cifras se conocen porque la Intervención General del Estado (IGAE) publica cómo se ejecuta el gasto, y el Tribunal de Cuentas revisa las cuentas años después. Así que datos hay. Lo que falta es lo de antes: un plan que el Congreso discuta, enmiende y vote. Rendir cuentas no es solo contar lo que has gastado. Es pedir permiso antes de gastarlo.

Un Gobierno sin Presupuestos no te dice en qué va a gastar tu dinero. Te lo cuenta después.

Por justicia: prorrogar es legal, y lo han hecho Gobiernos de distinto color. En democracia ha habido once prórrogas. Casi siempre duraban unos meses, el tiempo de cerrar unas cuentas nuevas dentro del mismo año. Rajoy, por ejemplo, empezó 2017 con las de 2016 prorrogadas hasta que pactó las suyas a mitad de año. Y Sánchez gobernó 2019 y 2020 con los Presupuestos de Montoro, los últimos del PP. Una prórroga puntual es parte del sistema.

Lo que no es normal es esto:

3
Años seguidos con los Presupuestos de 2023 prorrogados: 2024, 2025 y 2026
4
Años seguidos sin presentarlos en plazo: 2024, 2025, 2026 y 2027
1ª
Legislatura desde 1978 que termina sin un solo Presupuesto propio

Y en el conjunto de su etapa: desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, ha tenido Presupuestos propios tres años de ocho: 2021, 2022 y 2023. Hasta Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, lo calificó en junio de «increíble».

Y aquí viene lo irónico. En marzo de 2023, en el Congreso, Sánchez presumió de que su Gobierno había aprobado los Presupuestos «en tiempo y forma». Y añadió que «el partido monocolor del PP no consiguió aprobar dos presupuestos seguidos en tiempo y forma en siete años».

Newtral lo comprobó: las dos afirmaciones eran falsas. El Gobierno de Rajoy presentó en plazo los Presupuestos de 2013, 2014, 2015 y 2016. Cuatro años seguidos de los siete que duró su mandato.

El plazo era la vara de medir. Hasta que le tocó cumplirlo a él.

La hemeroteca

Las veces que dijeron que ya venían

Así que vamos a los datos. Estas son las veces que el presidente o sus ministros anunciaron que iban a presentar los Presupuestos en esta legislatura. Y lo que pasó después.

23 nov 2023

Una semana después de la investidura, el BOE publica la orden para elaborar los Presupuestos de 2024. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, promete que saldrán «en tiempo y forma».

13 mar 2024

Pere Aragonès adelanta las elecciones catalanas y el Gobierno renuncia a los de 2024. Montero: el adelanto «altera de forma clara el tablero político». Lo realista, dice, es trabajar ya en los de 2025.

27 jun 2024

Orden de elaboración de los Presupuestos de 2025.

23 jul 2024

Junts, PP y Vox tumban la senda de estabilidad, el primer paso. El 10 de septiembre, el Gobierno vuelve a aprobar exactamente la misma.

Abr–may 2025

Montero: «No podemos dar por hecho que no haya presupuestos de 2025». El 27 de mayo asegura que el Gobierno los presentará a las Cortes. Nunca llegan al Consejo de Ministros.

28 jul 2025

Balance de curso. Sánchez anuncia que presentará los de 2026 y que agotará la legislatura aunque no se aprueben.

1 sep 2025

Entrevista en TVE: «Los voy a presentar». Si no salen, prorrogará los de 2023. Dos días después, el BOE publica la orden de elaboración.

14 oct 2025

En la SER, Sánchez los sitúa «antes de que finalice el año».

20 oct 2025

Montero: los presentará «muy pronto».

18 nov 2025

Montero los retrasa a febrero. Entre noviembre y diciembre, el Congreso tumba la senda de déficit dos veces.

14 ene 2026

Montero, ya con un pie en las andaluzas: cuando se presenten, «ya no estaré aquí seguro». Sobre la fecha: «No está en mi mano».

18 mar 2026

Montero: los presentará «a lo largo de 2026». Ocho días después deja Hacienda. La sustituye Arcadi España.

3 jun 2026

En el Cercle d'Economia, Sánchez se salta los de 2026 y anuncia los de 2027: «los primeros y los últimos de la legislatura». Ese mismo día se publica el sumario del caso Leire.

19 jun 2026

En Bruselas: «Se lo voy a decir muy claramente, presentaremos los Presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027».

14 jul 2026

El Congreso tumba la senda de estabilidad 2027-2029: 167 votos a favor, 178 en contra. Junts, como en 2024 y 2025, vota con PP y Vox.

Finales de jul 2026

Sánchez: «Nuestra intención es presentarlos en 2026, nuestra voluntad es aprobarlos en 2026».

8 sep 2026

Arcadi España, tras el Consejo de Ministros: «Se presentarán antes de que acabe el año para tramitarse con normalidad en el Congreso».

30 sep 2026

Vence el plazo constitucional para los de 2027. No hay proyecto. Es el cuarto año seguido que el Gobierno no los presenta en plazo. El senador del PP Gerardo Camps hace la cuenta: 1.003 días con las cuentas de 2023. Tres días antes, Aitor Esteban, del PNV, socio del Gobierno, lo había dicho claro: si no hay Presupuestos, «tendrían que dar por finiquitada la legislatura y convocar elecciones».

5 oct 2026

Sánchez disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 29 de noviembre. Nada de 2027.

Nota: he recogido las declaraciones que he podido documentar con fuente. Seguro que hay más. Si tienes alguna con enlace, mándamela y la añado.

Haz el ejercicio: cuenta las promesas. Más de una docena. Cuenta los proyectos que llegaron al Congreso. Cero.

Anunciar unos Presupuestos no cuesta nada. Presentarlos, sí: tienes que enseñar las cuentas y perder la votación en público.

El Constitucional

¿Es obligatorio presentarlos?

Esa es justo la pregunta que tiene encima de la mesa el Tribunal Constitucional.

  • 22 de octubre de 2025. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprueba un requerimiento para que el Gobierno presente los Presupuestos de 2026.
  • 23 de diciembre de 2025. Como no los presenta, el Senado plantea un conflicto de atribuciones ante el Constitucional. Su argumento: el artículo 134 obliga a presentarlos y, al no hacerlo, el Gobierno impide a las Cortes ejercer uno de sus poderes principales. Pide además un plazo máximo para presentarlos.
  • Febrero de 2026. El pleno del Constitucional lo admite a trámite por unanimidad. A día de hoy, no hay sentencia.

Por justicia, la postura del Gobierno: no se le puede exigir que presente un proyecto que sabe que va a ser rechazado por falta de mayoría. La Constitución, dice, obliga a elaborarlos, pero no hay que leerla de forma «coercitiva» cuando no hay apoyos.

Y aquí va mi opinión, porque es eso, una opinión. Ese argumento tiene un problema: da por bueno que se gobierne sin mayoría para lo más importante. Si no tienes apoyos para aprobar tus cuentas, la Constitución te da dos salidas. Presentarlas y perder. O preguntar a los ciudadanos.

Lo curioso es que el propio Sánchez ya lo hizo así. En febrero de 2019, el Congreso tumbó sus Presupuestos en el debate de totalidad. Dos días después, convocó elecciones para el 28 de abril. Felipe González hizo lo mismo en 1995. El Senado lo llama «convención constitucional»: si caen los Presupuestos, se vota.

La hemeroteca, otra vez

«Un Gobierno sin Presupuestos no gobierna nada»

Y no hace falta que lo diga yo. Lo dijo él. El 5 de marzo de 2018, en la sede del PSOE en Ferraz, el Sánchez líder de la oposición le explicaba a Rajoy, que no conseguía apoyos para sus cuentas, qué tenía que hacer:

«Un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Gobernar no consiste en vivir en la Moncloa.»

Y le daba tres pasos, por este orden:

  • Primero: «intentar sacar adelante esos presupuestos».
  • Si no salen: «yo desde luego en su lugar anticiparía las elecciones para que hubiera una mayoría parlamentaria distinta que pudiera gobernar este país».
  • Y si no hace ni lo uno ni lo otro: «lo que tiene que hacer desde el punto de vista constitucional es someterse a una cuestión de confianza. Es su responsabilidad para con una ciudadanía y también su responsabilidad para con nuestra Constitución».

Ahora aplícale su propia receta. ¿Intentó sacarlos adelante? No llegó ni a presentarlos. ¿Anticipó elecciones cuando no salieron? Desde que renunció a los de 2024 hasta que convocó, pasaron más de dos años y medio. ¿Se sometió a una cuestión de confianza? Tampoco.

Ni presupuestos, ni elecciones, ni cuestión de confianza. Los tres pasos que le exigía a Rajoy.

En esta legislatura se ha evitado ese momento de la forma más sencilla: no presentándolos. Si no hay votación, no hay derrota. Y si no hay derrota, no hay que convocar.

Si no los presentas, no los pierdes. Pero tampoco gobiernas: administras lo que aprobaron otros.

  • ¿Te parecería normal que una comunidad autónoma o un ayuntamiento de otro color pasara tres años sin presentar presupuestos?
  • ¿Cuántas veces tiene que anunciarse algo que no llega para que deje de ser noticia?
  • Si un Gobierno no tiene apoyos para sus cuentas, ¿debe seguir o debe preguntar a los ciudadanos?
  • ¿Exigirás lo mismo al próximo Gobierno, sea del color que sea?
Para terminar

Los números no tienen partido

Cada vez que publico algo de esta serie pasa lo mismo. Unos se sienten atacados porque toco a los suyos. Otros me aplauden porque creen que estoy con los de enfrente. Y no va de eso.

Como ya conté en Fiscalizar al poder, vigilar a quien manda es cosa de todos. Nos gusten o no, sean de los nuestros o no, los hayamos votado o no, sus decisiones nos afectan.

Entiendo que se vote con el corazón, por lealtad o por vínculo. Pero si algo he aprendido trabajando con empresas es que lo que te pone los pies en la tierra son los números. Ni las ideas, ni las promesas, ni lo que a uno le gustaría. Los hechos. Y no hay dato más real, aunque sea frío, que el dinero.

En tu casa, el dinero decide si puedes pagar la comida, una medicina o que tus hijos estudien fuera. En un país decide lo mismo, a lo grande: si vamos a mejor o a peor. Y si los trenes llegan.

Por eso cada promesa hay que traducirla a euros. Subir el salario mínimo, expropiar viviendas, bajar todos los impuestos: suena muy bien. Pero ¿cuánto dinero hay de verdad? ¿En qué se va a gastar? ¿Para qué hay y para qué no? Prometer lo que no se puede pagar es como prometerles Disney a tus hijos cuando no llegas a la factura de la calefacción.

Esa es la conversación que se hace con unos Presupuestos. Y la que este Gobierno se ha saltado durante tres años. El próximo, sea quien sea, tendrá la misma obligación: presentar las cuentas antes del 1 de octubre. Con mayoría o sin ella.

Las ideas te dicen adónde quieres ir. Los números, adónde puedes llegar.

— Nohemí Hervada

Fuentes Infobae · Accidente de Urda (Toledo) · CNN · Resumen del accidente del 28 de octubre · The Objective · España suma más muertos en AVE que el resto de países · Libre Mercado · El 72,6 % de las muertes en alta velocidad · El Español · España ya lideraba las muertes ferroviarias en la UE · El Español · Sin Presupuestos, Adif recibe la mitad de lo prometido · El Debate · Más viajeros y menos dinero para las vías · The Objective · Adif dejó sin gastar el 11 % del mantenimiento en 2024 · Mundiario · El CEO de Iryo alertó de los fallos del LZB · Infobae (EFE) · El tráfico ferroviario se duplica desde la liberalización · CNMC · Informe anual del sector ferroviario · El Español · «Yo no he soldado el raíl» · BOE · Constitución Española, artículo 134 · BOE · Ley 31/2022 de Presupuestos Generales para 2023 · Valencia Plaza · Montero: «en tiempo y forma» · Valencia Plaza · El Gobierno renuncia a los Presupuestos de 2024 · The Objective · Montero y las catalanas · El Independiente · Junts tumba la senda de estabilidad (2024) · Última Hora · El Gobierno aprueba de nuevo la misma senda · Maldita · Hemeroteca de los Presupuestos · El Debate · Modificaciones de crédito según la IGAE (2026) · El Blog Salmón · Modificaciones 2020-2025 según la IGAE · Ara · Los 10.471 millones para defensa · Onda Vasca · Sin votación en el Congreso · Infobae · Montero asegura que los presentará (mayo 2025) · Orain · Sánchez presentará los de 2026 aunque no se aprueben · Forbes · «Antes de que finalice el año» · Deia · Montero: «muy pronto» · El Independiente · Montero los retrasa a febrero · Infobae · «Ya no estaré aquí seguro» · El Mira · Montero: «a lo largo de 2026» · La Moncloa · Arcadi España, ministro de Hacienda · El Debate · Los Presupuestos de 2027 en el Cercle · The Objective · «Presentaremos los Presupuestos en 2026» · El Independiente · El Congreso tumba la senda 2027-2029 · El Debate · Arcadi España: «antes de que acabe el año» · Newtral · El Gobierno vuelve a agotar los plazos legales · The Objective · Cuarto año sin presentarlos en plazo · El Debate · Primera legislatura sin un Presupuesto propio · Maldita · Elecciones el 29 de noviembre · Público · El Senado lleva al Gobierno al Constitucional · Mundiario · El Constitucional admite el conflicto · Valencia Plaza · 2019: el Congreso tumba los Presupuestos de Sánchez · The Objective · Sánchez a Rajoy: presupuestos, elecciones o cuestión de confianza (2018) · elDiario.es · Sánchez exigirá a Rajoy una cuestión de confianza · elDiario.es (YouTube) · Hemeroteca: Sánchez y los presupuestos · Newtral · Las veces que el Gobierno dijo que iba a presentar los presupuestos · Newtral · Sánchez, el PP y los Presupuestos «en tiempo y forma»

Nadie lo votó. Pero manda

Nadie lo votó. Pero manda

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Nadie lo votó. Pero manda.

Qué es un delegado del Gobierno, quién lo nombra, cuántos hay y qué controla en tu comunidad. Y qué hay detrás de las dos dimisiones de este otoño.

Qué es un delegado del Gobierno: un edificio de Gobierno del que bajan hilos a una fila de despachos, uno con la silla roja vacía

Sigo con la serie sobre cómo funciona el Estado. Hoy toca explicar qué es un delegado del Gobierno. Porque en 27 días han dimitido dos:

Ceuta, 28 de septiembre. Miguel Ángel Pérez Triano, señalado por los avisos del CNI antes de la entrada masiva de julio.

Madrid, 25 de octubre. Francisco Martín, en plena acampada de Sol y una semana después de quedarse fuera de las listas del PSOE.

Dos titulares. Y un cargo que casi nadie sabría explicar.

Sin embargo, el delegado del Gobierno es quien tiene la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en tu comunidad. Quien decide sobre las manifestaciones. Y quien dirige todos los servicios del Estado en tu territorio.

Primero, la figura. Luego, los escándalos.

La figura

Qué es y de dónde sale

Lo crea la Constitución, en su artículo 154: un delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en cada comunidad autónoma y la coordina con la administración autonómica.

La Ley 40/2015 (artículos 72 a 75) lo concreta:

Representa al Gobierno de la Nación en la comunidad autónoma.

Dirige y supervisa todos los servicios del Estado en ese territorio y los coordina con la comunidad y con los ayuntamientos.

Es un alto cargo con rango de subsecretario.

Ojo al matiz: representa al Gobierno, no al Estado. La representación ordinaria del Estado en cada comunidad la tiene su presidente autonómico. En Madrid, eso significa que el Estado lo representa Ayuso y el Gobierno lo representaba Martín. No es lo mismo. Y explica muchos choques.

Es el heredero de los antiguos gobernadores civiles, que desaparecieron en 1997. Su sitio en las provincias lo ocupan hoy los subdelegados.

Los números

Cuántos hay y dónde

19
Delegados: uno por comunidad, más Ceuta y Melilla
44
Subdelegados en las provincias
7
Directores insulares en Baleares y Canarias

19 delegados. Uno en cada una de las 17 comunidades autónomas, otro en Ceuta y otro en Melilla.

44 subdelegados. Uno en cada provincia de las comunidades con varias provincias. En las uniprovinciales, el delegado hace también de subdelegado. Madrid es la excepción: tiene los dos.

7 directores insulares. En las islas que no son sede de la subdelegación: Menorca e Ibiza-Formentera, en Baleares; Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, en Canarias.

La jerarquía

Quién nombra a quién

Presidente del Gobierno

Propone el nombre.

Consejo de Ministros

Lo nombra y lo cesa por real decreto. Sin concurso, sin oposición, sin pasar por el Congreso.

Delegado

Alto cargo con rango de subsecretario. Nombra y cesa a los subdelegados de su comunidad.

Subdelegado

Nivel de subdirector general. Tiene que ser funcionario de carrera del grupo más alto (A1), el que exige titulación universitaria. Se elige por libre designación.

Director insular

Lo nombra el delegado, también entre funcionarios. Depende de él o del subdelegado de su provincia.

Escalera de nombramientos: presidente del Gobierno, Consejo de Ministros, delegado del Gobierno, subdelegado y director insular
Quién nombra (y cesa) a quién. El único escalón al que no se le exige oposición es el del delegado.

¿Y a quién rinde cuentas el delegado? Las delegaciones están adscritas al Ministerio de Política Territorial. Pero en cada materia responde ante el ministerio que toca. En seguridad, ante Interior.

Fíjate en el detalle: al subdelegado se le exige ser funcionario de carrera del grupo más alto, con titulación universitaria. Al delegado, ni una cosa ni la otra. La ley solo pide que se le nombre con criterios de «competencia profesional y experiencia» y que cumpla los requisitos de cualquier alto cargo. Al de abajo se le pide oposición. Al de arriba, confianza.

Esta semana lo has visto en directo. El lunes, el delegado saliente en Madrid cesó a su subdelegada. El martes, el Consejo de Ministros la nombró delegada. Toda la cadena, en 48 horas.

Las funciones

Qué controla en tu comunidad

La seguridad ciudadana. La ley le da la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en su territorio, bajo la dependencia funcional de Interior.

Los derechos y libertades. Le toca protegerlos. En la práctica, las manifestaciones y concentraciones se comunican a la Delegación o a la Subdelegación, que puede pedir cambios o prohibirlas si hay riesgo para el orden público.

Los servicios del Estado en el territorio: extranjería, trabajo, sanidad, industria, agricultura, inspección educativa, protección civil, la unidad contra la violencia sobre la mujer…

La coordinación con la comunidad autónoma y los ayuntamientos: convenios, comisiones bilaterales, transferencias.

Informar al Gobierno de lo que pasa en su comunidad, incluido un informe anual sobre los servicios públicos estatales.

Es el ojo, la mano y la voz del Gobierno en tu territorio.

Con la Policía y las manifestaciones de por medio, debería ser un cargo neutral y técnico. Veamos qué pasa cuando no lo es.

El perfil

Un cargo de confianza política

Como lo elige el Gobierno, el delegado suele ser alguien del partido que gobierna. Ha pasado con todos:

Cristina Cifuentes (PP) fue delegada en Madrid de 2012 a 2015. De ahí saltó a candidata y a presidenta de la Comunidad.

Maria Eugènia Gay (PSC) dejó la Delegación en Cataluña en 2023 para ir de número dos de Jaume Collboni en Barcelona.

Miguel Ángel Pérez Triano era delegado en Ceuta y, a la vez, secretario general del PSOE de Ceuta y precandidato a presidir la ciudad en 2027.

Francisco Martín, militante socialista desde el año 2000, es del círculo de confianza de Pedro Sánchez. En 2017 presidió Bancal de Rosas, la asociación que recaudó las donaciones para su campaña de primarias: unos 128.900 euros. En 2025, en la comisión del Senado, se negó a entregar la lista de donantes alegando un compromiso de confidencialidad. Después fue secretario general de la Presidencia del Gobierno (2021-2023) y de ahí pasó a la Delegación.

La ley electoral les impide presentarse por su territorio mientras ocupan el cargo. Por eso, cuando toca lista, se van. Demasiadas veces, el cargo funciona como trampolín o como sala de espera.

Si el que tiene la jefatura de la Policía es del partido, cada decisión se lee como una jugada de partido.

Caso 1 · Ceuta

Los avisos que nadie recibió

Pérez Triano llegó a la Delegación en febrero de 2026. Lo que vivió la ciudad después ya lo conté en Ceuta no tiene foto. Hoy, la cronología del cargo:

Un móvil con un aviso de WhatsApp sobre una mesa vacía, con la valla fronteriza al fondo
29 de julio, 13:52: el aviso llegó al gabinete. Quién lo leyó es lo que investiga la Audiencia Nacional.
29 de julio · 13:52

El CNI escribe por WhatsApp al gabinete de la Delegación: en redes se convoca una entrada por la valla y por mar para el día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí. El jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, habla además 11 minutos por teléfono con un agente.

30 y 31 de julio

Entrada masiva: 72.000 personas, según Interior.

Agosto

El delegado sostiene que no le trasladaron esos mensajes. A finales de mes, Manos Limpias lo denuncia y un juzgado de Ceuta abre diligencias.

Septiembre

El Congreso reprueba al ministro del Interior por la crisis. El 11, dimite Gonzalo Sanz por la «evidente incompatibilidad» entre su versión y la del delegado: él asegura que sí se lo trasladó, en persona, ese mismo 29 de julio. A mediados de mes, la investigación pasa a la Audiencia Nacional, a la jueza María Tardón.

28 de septiembre

Dimite Pérez Triano. Denuncia un acoso constante, cuenta que le dejaron una corona fúnebre en la Delegación y anuncia que deja la política. Ese mismo día, la jueza abre diligencias previas sobre él.

29 de septiembre · 1 de octubre

El Consejo de Ministros nombra delegado a David de la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María. Al día siguiente, Sanz ratifica ante la jueza que entregó los mensajes.

Octubre

La jueza María Tardón blinda la causa con una pieza secreta. Dice ver «algunos indicios» de implicación de personas con altas responsabilidades públicas y de relaciones con personas vinculadas a gobiernos extranjeros. Cita a mandos policiales y a consejeros de Ceuta y pide al Ejército informes e imágenes de satélite. El 27 de octubre pide al Consejo de Ministros que desclasifique en 15 días más notas del CNI y la lista de autoridades que recibieron los avisos.

Sobre la cifra: los 72.000 son el dato que dio Interior el 4 de agosto. El Gobierno de Ceuta habla de 80.000 y Marruecos, de unas 40.000. No hay una cifra oficial publicada en la estadística de Interior.

Al dimitir, Pérez Triano dijo (según recogió Reuters) que la Delegación no tenía el control operativo de la frontera ni de las fuerzas de seguridad.

La ley dice que la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en su territorio corresponde al delegado. Puede que el mando del día a día esté en otras manos. Pero entonces la pregunta es otra: si el delegado no manda cuando llega la crisis, ¿para qué está?

Investigado no es culpable. La jueza María Tardón (Audiencia Nacional) abrió diligencias previas sobre Pérez Triano el 28 de septiembre, tras una querella de Abogados Cristianos, y pidió informe a la Fiscalía. Eso no determina ninguna responsabilidad, y por ahora no consta que lo haya citado a declarar como investigado. Los indicios sobre «altos responsables» de los que habla la jueza no tienen nombre público. Lo documentado son los mensajes del CNI y dos versiones incompatibles sobre si llegaron al delegado. El Gobierno sostiene que ningún aviso anticipaba la magnitud de lo que pasó.

Y fíjate en el orden de salida: primero el jefe de gabinete. Después, el delegado. El ministro, reprobado por el Congreso, sigue.

La cuerda siempre se rompe por el eslabón más bajo.

Caso 2 · Madrid

La plaza y las listas

Francisco Martín era delegado en Madrid desde marzo de 2023. Su etapa ha sido un choque permanente con la Comunidad y con el Ayuntamiento, los dos del PP. Ayuso llegó a llamarle «comisario político» de Sánchez. Los últimos frentes:

La acampada de Sol. Empezó el 26 de septiembre, tras la protesta por el desahucio de Maricarmen (lo analicé en la foto y los datos), impulsada por el Sindicato de Inquilinas. Martín se negó a desalojarla invocando el derecho de reunión. La Comunidad le dio 48 horas y fue a los tribunales; el TSJ de Madrid rechazó la medida cautelarísima el 5 de octubre. El Ayuntamiento suma más de 200 sanciones en la acampada y Almeida anunció el 27 de octubre una denuncia penal contra él por inacción.

Las cargas en Ciudad Universitaria. El 14 de octubre, primer día de huelga educativa, Martín pidió una «investigación de urgencia» sobre la actuación policial. Jupol y CEP, dos de los principales sindicatos de la Policía Nacional, exigieron su dimisión por cuestionar a los agentes antes de investigar.

Las listas. Una semana antes de dimitir, el PSOE lo dejó fuera de sus candidaturas al Congreso y al Senado para el 29N.

El 25 de octubre dimitió. Según El País, porque «no se dan las condiciones» para seguir. Él negó que fuera por la Policía, por su subdelegada o por las listas. En su despedida habló de aciertos y errores y dio las gracias a Pedro Sánchez.

Le sustituye Pilar Trinidad, su subdelegada desde diciembre de 2023.

Para unos, Martín fue el delegado que defendió el derecho de reunión frente a dos gobiernos que querían vaciar la plaza. Para otros, el que convirtió la Delegación en una trinchera contra Ayuso y, según Jupol, usó a la Policía «como escudo» cuando le convino.

Tiendas de campaña ante un edificio con reloj, un comercio con la persiana bajada y una boca de metro cerrada
Un mes de acampada: comercios con la persiana a medias y la estación de Metro cerrada.

Y aquí hay otra línea fina: la que separa manifestarse de quedarse con un espacio que es de todos.

Una acampada puede ser una forma de protesta y estar amparada por el derecho de reunión. Pero ese derecho no es ilimitado: cuentan la duración y el impacto en los demás (moverse, usar los servicios, la seguridad, el uso normal de la plaza).

El comercio. La Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem) cifra las pérdidas en cerca de 25 millones de euros y pidió por carta al delegado que pusiera fin a la situación. Hay comerciantes que hablan de caídas de ventas de hasta el 50 %.

El transporte. El 16 de octubre, Metro de Madrid cerró la estación de Sol tras detectar amoníaco en los pozos de ventilación, que atribuye a la orina y las heces acumuladas bajo la plaza.

Y sigue. Un mes después, la acampada ha reducido tiendas, pero no se va: «La acampada sigue, no hay retirada», dicen sus integrantes. Lo que queda se ha cerrado sobre sí mismo, con lonas que impiden ver el interior y accesos vigilados por activistas.

Sus propias normas. Según El Mundo, la acampada se ha dotado de dos comisiones, de Cuidados y de Mediación, con protocolos propios para gestionar conflictos, atender denuncias de agresiones y aplicar medidas disciplinarias.

Fíjate en lo que eso significa: en mitad de la plaza más céntrica del país, el kilómetro cero, hay un espacio al que no se puede acceder, con la entrada vigilada y sus propias reglas para resolver conflictos y agresiones. Eso ya no es solo ocupar la plaza de todos. Es poner dentro un orden paralelo. Y la seguridad de ese espacio también es competencia del delegado.

La pregunta que me hago es si de verdad la decisión de mantener el campamento se tomó por la libertad de reunión o por interés político. Cuando la Comunidad y el Ayuntamiento le pedían desalojar, el delegado respondía hablando de la «verdadera inactividad» de Ayuso y Almeida en vivienda. Eso ya no es gestionar el orden público. Es hacer oposición desde la Delegación.

Ojo, que el pulso fue de ida y vuelta. Metro, que depende de la Comunidad, cerró su estación. Cercanías, que depende del Ministerio de Transportes, mantuvo abierta la suya porque no vio problemas sanitarios. La misma plaza, dos diagnósticos. Cada administración la miró con su carné.

Lo que queda fuera del encuadre: cuando quien gestiona la seguridad es un cargo de partido, ya nadie discute la decisión. Se discute el carné.

La línea fina

Reunirse, sí. Reventar, no.

Este mes hemos visto otra decisión de delegado con consecuencias. Primero, cómo funciona:

Las manifestaciones no se autorizan: se comunican. Con 10 a 30 días de antelación (24 horas si es urgente), a la Delegación o a la Subdelegación.

El delegado puede prohibirlas o cambiarles el sitio, la hora o el recorrido, pero solo si hay razones fundadas de que se altere el orden público con peligro para personas o bienes (Ley Orgánica 9/1983, artículo 10).

Protestar contra un acto no es delito. Lo que sí lo es: impedir una reunión lícita o perturbarla gravemente. Con violencia, el Código Penal lo castiga con dos a tres años de prisión (artículo 514.4).

Dos grupos de manifestantes enfrentados en la misma plaza, separados por un cordón policial, y un objeto lanzado por el aire
Dos actos en la misma plaza y un cordón policial en medio. Protestar es un derecho; reventar, no.

Y ahora, los hechos:

A Coruña, 21 de octubre. Acto de Vox con Santiago Abascal en la plaza de María Pita. Galiza Nova había comunicado el 17 una protesta en la misma plaza. La Delegación del Gobierno en Galicia dice que la Policía no emitió informe desfavorable. Resultado: objetos lanzados contra los agentes, 12 policías heridos y 2 detenidos.

Mahón, 23 de octubre. Unas 400 personas se concentraron a pocos metros de otro mitin de Abascal. Según Vox, rodearon y golpearon su coche y lanzaron sillas a la Policía.

Vox se ha querellado contra los dos delegados, Pedro Blanco (Galicia) y Alfonso Rodríguez (Baleares). El ministro de Justicia lo ha llamado un intento de intimidar a cargos progresistas.

Los dos grupos tenían derecho a reunirse. Eso no se discute. La pregunta es otra: ¿era previsible el choque? Cuando ya sabes que hay un acto comunicado, poner la protesta en la misma plaza tiene un riesgo que ve cualquiera. Y la ley le da al delegado la herramienta para evitarlo: cambiar el sitio.

Si hubo delito, lo dirá un juez. Pero la decisión de no mover la protesta fue de la Delegación. Y eso, aunque no sea delito, es responsabilidad política.

Dos versiones. Vox sostiene que la Delegación de Galicia conocía el riesgo de incidentes y que en Mahón faltaron medios. La Delegación de Galicia responde que no hubo ningún informe policial desfavorable que le permitiera prohibir o modificar la protesta. La querella está en sus inicios.

Lo que tienen en común

Dimitir no es rendir cuentas

Las dos salidas se han explicado sobre todo por el entorno: el acoso, en un caso; que «no se dan las condiciones», en el otro. La pregunta de fondo sigue abierta: quién supo qué en Ceuta y con qué criterio se gestionó Sol.

Los dos estaban atados al partido. Uno era su líder local y precandidato. El otro se fue cuando el partido le cerró la lista.

La responsabilidad se queda abajo. Se van el jefe de gabinete y el delegado. Quien los nombra y quien dirige Interior, no.

Ya lo vimos en Cambiar de tema tampoco es una respuesta: la responsabilidad política no se agota en irse.

¿Por qué al subdelegado se le exige ser funcionario de alto grado y con título universitario, y al delegado no?

¿Sabes quién es el delegado del Gobierno en tu comunidad? ¿Y de qué partido es?

Si mañana hay una crisis en tu ciudad, ¿quién da la orden? ¿Y quién responde si no la da?

Para terminar

El poder que no sale en la papeleta

Votamos alcaldes, parlamentos y, a través del Congreso, al presidente del Gobierno. Pero buena parte del poder que toca nuestra vida diaria no pasa por las urnas. Se nombra.

El que decide si una manifestación cambia de recorrido o se prohíbe.

El que tiene la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en tu comunidad.

El que recibe, o no, los avisos cuando algo va a pasar.

No hace falta que te sepas el nombre de los 19. Pero sí que existen, quién los pone y a quién rinden cuentas. Porque cuando llega la crisis, la pregunta no es quién salía en la foto. Es quién tenía que actuar.

Nadie lo votó. Pero manda. Por eso conviene saber quién es y a quién obedece.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 19 minutos

Fuentes Constitución Española, art. 154 · Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 72-75 · La Moncloa · La Administración periférica del Estado · administracion.gob.es · Organización territorial de la AGE · EFE · Dimite el jefe de Gabinete del delegado de Ceuta · Maldita · Cifras de Interior sobre la entrada en Ceuta · Europa Press · La jueza abre diligencias previas sobre el exdelegado · Ceuta Actualidad · Sanz ratifica ante la jueza · Ara · Dimisión de Pérez Triano · Reuters · Declaraciones de Pérez Triano · Infobae · Tardón blinda la causa de Ceuta · Nueva Radio · Tardón amplía la investigación · Moncloa.com · Tardón pide desclasificar documentos · El Debate · Querella de Vox contra el delegado en Galicia · Galiciapress · La Delegación: no hubo informe desfavorable · El Español · Querella por la protesta de Mahón · Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, arts. 8-10 · Código Penal, art. 514.4 · Press Digital · Cocem cifra en 25 millones las pérdidas · Libertad Digital · Comerciantes de Sol · Moncloa.com · Cierre de Metro Sol · Motorpasión · Cercanías sigue abierto · El Mundo · Los acampados de Sol se blindan: «La acampada sigue, no hay retirada» · Legálitas · ¿Es legal acampar como protesta? · Demócrata · El Congreso reprueba a Marlaska · Infobae · Dimite el delegado en Madrid · Libertad Digital · Qué! · Martín niega los motivos · La Gaceta de Salamanca · El TSJM y la acampada · Vozpópuli · Denuncia penal de Almeida · El Debate · Jupol pide su dimisión · El Español · elDiario.es · Despedida y cese de la subdelegada · El Constitucional · Nombramiento de Pilar Trinidad · Libertad Digital · Relevo de Cifuentes (2015) · El Debate · Martín en el Senado sobre Bancal de Rosas · The Objective · La asociación de las primarias de Sánchez

La España y la antiEspaña: una bandera, dos trincheras

La España y la antiEspaña: una bandera, dos trincheras

Política · Identidad · Sin filtros

LA ESPAÑA Y LA ANTIESPAÑA una bandera, dos trincheras.

En Chile, poner la bandera es una fiesta. En España, una declaración de guerra. Conviene preguntarse por qué, y a quién le renta que estemos a la greña.

Ilustración sobre la polarización y la bandera de España: dos bandos enfrentados tirando de una misma bandera

El año pasado estuve en Chile justo en la semana de las Fiestas Patrias. Era mi tercer viaje a ese país, pero la primera vez en esas fechas. Fue alucinante ver todo el país (estuve en tres ciudades distintas) lleno de banderas y vivir ese ambiente festivo generalizado. Banderas en las casas, en los coches, en las tiendas, en los puestos de empanadas. Todo el país vestido de rojo, blanco y azul.

Nohemí Hervada en Santiago de Chile con la bandera chilena ondeando al fondo
Santiago de Chile, 2019, con la bandera chilena al fondo. En 2025 usé esta foto para el cartel de mi gira de trabajo allí. Y me pregunto si habría publicado una foto mía con la bandera de España detrás…

Allí, además, es obligatorio izar la bandera el 18 y el 19 de septiembre, y Carabineros puede multar a quien no lo haga con entre unos 69.000 y 346.000 pesos chilenos (aproximadamente, de 65 a 330 euros). Pero nadie con quien hablé lo vivía como una imposición.

«Si son las fiestas patrias, ¿cómo no vamos a querer celebrar la patria?» Me preguntaron si en España no era así, e imaginadme intentando explicarles qué nos pasa a los españoles con la bandera.

Me preguntaron cuál era nuestra fiesta patria… y ahí ya casi cortocircuito.

Yo nunca me he sentido muy apegada a ningún símbolo patriótico. Era de las que creían que «los cristianos no tienen patria ni bandera».

Y aun así:

Cuando veía algún evento deportivo internacional, como una final importante o las Olimpiadas, y ganaba España o algún deportista español, me emocionaba al oír el himno con la bandera detrás.

Cuando estando en el extranjero te encuentras con un bar de tapas con la bandera española y sonríes pensando en «casa».

Ahora escribo este artículo en un momento en el que casi todo se vive en clave de bandos. Y la bandera, en España, es el bando más visible de todos.

En España, una bandera en el balcón no dice «me gusta mi país». Dice «soy de los otros».

Cui prodest

¿A quién le renta la trinchera?

La polarización no es solo pensar distinto. Los estudios distinguen la ideológica (lo lejos que están las ideas) de la afectiva (lo mucho que detestas al de enfrente). España tiene niveles altos de polarización afectiva. Y un dato que me parece clave: una investigación de la UAB demuestra que creer que el país está muy polarizado aumenta el odio al adversario, aunque la distancia real entre partidos sea menor de lo que creemos.

Traducido: nos odiamos más de lo que discrepamos. Y a varios les viene de maravilla.

A los partidos. Un votante con miedo al otro bando no te pide cuentas: te vota para que no ganen «ellos». La trinchera sustituye al programa. El odio moviliza más que el programa.

A las plataformas. La indignación genera clics, comentarios y tiempo de pantalla. El algoritmo no premia el matiz. Adivina cuáles son mis posts más vistos.

A potencias de fuera. Una sociedad dividida decide más lento y confía menos en sus instituciones. No es una teoría: este mismo mes se ha documentado cómo cuentas extranjeras avivaron en redes las protestas de Francia.

A los que viven de la tertulia. El enfrentamiento llena horas de programa. El acuerdo no da audiencia. Y a más agresividad, más audiencia.

¿Cuántas veces te has indignado esta semana con algo que viste en redes y no comprobaste?

¿Votas a favor de algo o en contra de alguien?

¿Conoces de verdad a alguien que vote distinto a ti, o solo la caricatura que te han vendido?

El símbolo

Una bandera que no se puede llevar

Y aquí vuelvo a Chile. Porque la polarización tiene en España un termómetro muy visible: la bandera.

Cuando viajas, ves a franceses, italianos o argentinos con la bandera de su país en la maleta, en la mochila, en la funda del móvil. Nadie piensa nada.

Aquí, una pulsera con los colores de la bandera en la muñeca te coloca automáticamente en un bando. «Facha» es la palabra que sale sola.

La única excepción es el fútbol. Solo cuando juega la Selección la bandera deja de levantar ampollas durante noventa minutos. Y si gana, tenemos excusa para salir con ella a la calle y celebrar que somos españoles sin miedo ni vergüenza.

Ilustración de un podio con deportistas españolas campeonas, la bandera de España izada y la grada llena de banderas pequeñas
En un podio, nadie pregunta a quién vota la bandera.

Este verano lo vimos clarísimo. España ganó en julio su segunda estrella en la final del Mundial contra Argentina, y la actriz Macarena Gómez subió un vídeo pintándose la bandera en la cara, camino de ver el partido, y se echó a llorar. Explicó que lloraba de emoción porque por fin todos los españoles pueden estar unidos por algo, olvidándose de tanto mal rollo y tanto odio.

Que llorar por pintarte la bandera de tu país sea noticia ya es la noticia.

Un poco de historia

Cómo llegamos hasta aquí

1785

Carlos III elige la rojigualda como pabellón de la Marina, para que los barcos españoles se distinguieran en el mar.

1843

Isabel II la convierte en bandera de todo el país.

1931

La Segunda República adopta la tricolor, con franja morada.

1939–1975

El franquismo recupera la rojigualda con su águila y la convierte en símbolo del régimen. Aquí nace la herida: un símbolo de todos usado como símbolo de un bando.

1978–1981

La Constitución consagra la rojigualda y en 1981 se aprueba el escudo actual, sin águila. Es la bandera de la democracia, pero la memoria tarda más que las leyes.

2010

El Mundial de Sudáfrica llena los balcones. Por unas semanas, la bandera es de todos.

2017

Tras el 1 de octubre en Cataluña, la bandera vuelve a los balcones, pero esta vez como respuesta política.

2026

Segunda estrella. Otra vez, la bandera en la calle. Y otra vez, solo porque jugaba la Selección.

El Real Instituto Elcano lo describió hace años sin rodeos: tras la dictadura, exhibir una bandera española pasó a ser indicador de ideología conservadora, y hasta la palabra «España» resultó sospechosa, sustituida a menudo por «el Estado español», una expresión sin ninguna carga emocional.

Lo que no te cuentan

No es falta de orgullo. Es falta de permiso.

Aquí viene el dato que desmonta parte de mi propia intuición. Los españoles sí estamos orgullosos de serlo:

En una macroencuesta de 2023, el 79,3 % se declaraba muy o bastante orgulloso de ser español.

Casi el mismo porcentaje, un 80,7 %, se sentía orgulloso de su comunidad autónoma.

O sea: la mayoría siente las dos cosas a la vez y no ve contradicción. El problema no está en lo que sentimos. Está en lo que nos atrevemos a enseñar. El orgullo existe, pero vive en privado. Y lo que no se puede mostrar acaba pareciendo que no existe.

Para ser justos: España no es el único caso. Alemania vivió décadas de pudor con su bandera por el peso del nazismo, y fue también un Mundial, el de 2006 en su casa, el que empezó a normalizarla. La diferencia es que allí nadie la usa para señalar al vecino.

La paradoja

Patria sí, pero la de otros

¿Será el concepto de patria lo que le chirría a una parte del espectro político de nuestro país?, me pregunto. Pero luego veo cómo se emocionan con el «patria o muerte» cubano o cómo entienden perfectamente el orgullo nacional de los palestinos o de los mexicanos.

Así que no es el concepto genérico. No son las patrias en general, sino, al parecer, la nuestra. Nuestra «querida España», como cantaba Cecilia.

Pero seamos justos también aquí, porque la culpa no es de un solo lado:

La izquierda lo ha intentado. Pedro Sánchez presentó su candidatura en 2015 delante de una bandera gigante, y Podemos hizo de la palabra «patria» parte de su discurso. Se les criticó dentro de su propio espacio.

La derecha se la ha apropiado. Cuando un partido convierte la bandera en su uniforme de mitin, el resto deja de sentirla suya. Y entonces acusa a los demás de no quererla.

Resultado: unos la abandonan y otros la secuestran. Y el ciudadano que solo quería ponerla en la mochila o en su muñeca se queda sin bandera.

Puerta del Sol, 12 de octubre

Una protesta por la vivienda convertida en guerra de banderas

Lo que ha pasado estas semanas en Sol es el resumen perfecto de todo esto.

El motivo era la vivienda. La acampada empezó el 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. Un alquiler medio se come el 98,7 % del sueldo medio de un joven. Pocas causas hay más transversales.

El 12 de octubre, tras el desfile, llegaron grupos de jóvenes, muchos de ellos menores, con banderas de España, algunas preconstitucionales, y también de Falange, cantando el «Cara al sol». La acampada respondió con una cadena humana y consignas antifascistas. La policía tuvo que montar un cordón: dos detenidos y un agente herido.

El problema no es la bandera: es para qué se usa. Y sobre todo, contra quién, por llevarla o por negarla.

De lo que pasó ese día, seguro que has visto vídeos. Media España se escandaliza por lo que la otra media aplaude. En ambos sentidos. Y lo peor: AFP verificó que varios vídeos virales sobre la acampada estaban hechos con inteligencia artificial. Pero el daño ya estaba hecho.

¿Cuántos de los vídeos de Sol que te indignaron eran reales?

¿Y cuántos tenían el contexto completo?

Mientras discutimos de banderas, nadie habla de lo realmente importante. Y eso le viene muy bien a más de uno.

El otro orgullo

La senyera sí, la rojigualda no

Y toca hablar de cómo influyen las autonomías en la identidad de un país. Una ikurriña, una senyera o una bandera canaria en un balcón se leen como amor a la tierra. La bandera de España en el mismo balcón se lee como provocación.

El independentismo ha tenido mucho que ver: durante años ha construido su identidad contra España, no solo a favor de lo propio. Y eso ha calado más allá de sus votantes: la idea de que reconocer de dónde eres y estar orgulloso de tu cultura está bien… siempre que no sea la española.

Un ejemplo con nombre y apellidos: Gerardo Pisarello.

2015, Ayuntamiento de Barcelona. En la Mercè, un concejal de ERC colgó una estelada en el balcón; el del PP la quitó y puso la bandera de España. Pisarello, entonces primer teniente de alcalde, acabó retirando las dos, pero la imagen que se hizo viral fue la de él forcejeando para quitar la bandera de España. Él lo justificó después como respuesta a una «imposición» del concejal del PP, y dijo no tener ningún problema con la bandera cuando está «en manos de la gente sencilla».

2019, Congreso de los Diputados. Ya como miembro de la Mesa del Congreso, se publicó que había retirado la bandera de España de su despacho oficial. Preguntado por ello en televisión, en En boca de todos (Cuatro), no lo negó: explicó que en su despacho tiene la bandera de Barcelona y que se considera un diputado «orgullosamente catalán, orgullosamente latinoamericano».

¿Y español? Ante «ciertas formas impositivas de la hispanidad», como las del 12 de octubre, su respuesta fue clara: «Frente a eso no me siento español».

Orgulloso de Cataluña. Orgulloso de Latinoamérica. ¿Español? Depende del día. Sentado en el Congreso de España, el país del que cobra.

Como si querer a tu pueblo y querer a tu país fueran equipos rivales. Cuando el 80 % de la gente juega en los dos.

Las encuestas dicen que en la calle no están enfrentadas. Están enfrentadas en el discurso. Y el discurso lo fabrican los mismos que viven de la trinchera.

Para terminar

Símbolos que unen, usados para dividir

Dentro de un mes votamos. Vas a ver muchas banderas: unas para apropiársela y otras para rechazarla. Vas a ver vídeos que te encienden, titulares que te indignan y cuentas que no sabes de dónde salen. Antes de compartir, pregúntate a quién beneficia que te enfades.

Porque mientras discutimos quién es más patriota y quién es más facha, apenas se habla de lo que de verdad nos afecta a todos: la pérdida de poder adquisitivo. Que el sueldo dé cada vez para menos. Eso está detrás de casi todo, también de la vivienda. Y me parece que buena parte del ruido existe justo para que no hablemos de ello.

Los símbolos acompañan al ser humano desde hace miles de años. Precisamente porque significan cosas: otorgan identidad, cohesión y propósito.

No es casual que se utilicen justo para romper todo eso.

Yo quiero un país donde la bandera vuelva a ser lo que es en Chile, en Francia o en Italia: un trozo de tela que dice de dónde eres, no a quién votas.

Mientras peleamos por símbolos que deberían unirnos, alguien recoge las ganancias.

— Nohemí Hervada

VOTAR DESDE FUERA. ¿Decidir aquí?

VOTAR DESDE FUERA. ¿Decidir aquí?

Derecho al voto · Ley electoral · Sin filtros

VOTAR DESDE FUERA. ¿Decidir aquí?

Más de 2,7 millones de personas pueden votar en España sin vivir aquí. Muchas no han pisado nunca el país. Cómo funciona, qué dicen los datos y qué hacen otros países.

Ilustración sobre el derecho al voto de los residentes en el extranjero y el voto CERA

Con la polémica de la ley de nietos se ha abierto un debate que llevaba años dormido: ¿deben votar en España quienes no viven en España? Ya te conté en Fiscalizar al poder no es elegir bando cómo una instrucción del Ejecutivo amplió esa ley y cómo los tribunales la han frenado. Hoy toca la pregunta de fondo.

Mi postura, para que no haya dudas: no me parece justo que decida sobre lo que pasa en un país quien nunca ha vivido en él, no paga aquí sus impuestos y no va a vivir con las consecuencias de lo que vote. Pero una opinión vale lo que valen los datos que la sostienen. Así que vamos a los datos.

Lo básico

Cómo funciona tu voto

Si nunca te has parado a pensar en la ley electoral, esto es lo que necesitas saber:

No votas a un presidente: votas en tu provincia. Cada provincia (más Ceuta y Melilla) es una circunscripción que reparte un número fijo de diputados.

Los escaños se reparten por provincias, no por votos nacionales. Por eso el último escaño de una provincia puede decidirse por unos pocos cientos de votos.

Los españoles que viven fuera están en el CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Cada uno está inscrito en un municipio español, y su voto cuenta en la provincia de ese municipio.

El voto CERA se cuenta días después. El 23J se escrutó el 28 de julio, cinco días después, como marca la ley. Por eso los resultados de la noche electoral no son definitivos.

Voto CERA y voto por correo no son lo mismo. El voto por correo es el de quien vive en España y no puede ir a su mesa. El CERA es el de quien vive fuera.

La clave

Elegir provincia sin haber vivido allí

Aquí está lo que casi nadie sabe. Quien ha vivido en España vota por el municipio de su última residencia. Pero quien nunca ha vivido aquí tiene que declarar un municipio de adscripción.

El formulario consular le ofrece marcar el municipio de su última residencia, el de su mayor arraigo propio o el de mayor arraigo de sus ascendientes.

Hay solicitantes con ascendientes de varias provincias, lo que deja margen para escoger.

5.146

Nuevas altas en el CERA, desde la ley de nietos, en más de un centenar de municipios que ni siquiera existían entre 1936 y 1955, los años del exilio.

Nietos de exiliados que dicen tener arraigo en pueblos que sus abuelos no pudieron conocer.

El caso más claro es Tres Cantos (Madrid). Se creó en 1991, más de medio siglo después del exilio. Y su CERA ha crecido un 21% desde la ley. ¿Arraigo de los ascendientes en un municipio que no existía cuando se fueron?

¿Cómo es posible?

Nadie lo comprobaba

A quien nunca ha vivido en España no se le exigía justificar nada. El propio Gobierno lo reconoció en una respuesta parlamentaria: la obligación de aportar documentos solo regía para quien había vivido aquí y quería votar en otro municipio.

El elector elegía siempre. La ley permite a los consulados asignar el municipio de oficio, pero según la Oficina del Censo Electoral en la práctica nunca lo hacían.

La revisión era de papeles, no de fondo. La Oficina del Censo hacía un examen meramente formal, sin comprobar si el arraigo declarado era real.

¿Y ahora? ¿Se ha corregido? Solo a medias:

El 24 de septiembre, la Junta Electoral Central aprobó una nueva instrucción: quien nunca ha vivido en España debe justificar con documentos el municipio que elige. Los consulados ya la están aplicando en sus formularios.

Pero solo vale para las inscripciones nuevas. La mayoría de la Junta rechazó revisar las altas hechas desde 2023 sin justificar el arraigo. Cuatro de sus miembros votaron en contra y pidieron esa revisión.

Y el 15 de octubre, la Junta rechazó una petición de Vox para reforzar los controles del voto CERA, al considerar que la ley ya lo regula con detalle.

Mira lo que pasa en algunos pueblos pequeños, donde unas decenas de inscritos fuera lo cambian todo:

Pueblos con más votantes fuera que dentro

Electores residentes frente a electores en el extranjero (CERA), agosto de 2026

Viven en el puebloViven en el extranjero
VentrosaLa Rioja
45 dentro · 296 fuera (86,8%)
ValdepradoSoria
7 dentro · 38 fuera (84,4%)
Olmedo de CamacesSalamanca
82 dentro · 205 fuera (71,4%)
MadarcosMadrid
54 dentro · 58 fuera (51,8%)

Fuente: datos del INE recopilados por Historias de la Historia y El Debate.

Nota: en los pueblos pequeños, el voto CERA no elige al alcalde (para las municipales hay que estar empadronado), pero sí cuenta en las generales. Y un CERA que crece no prueba por sí solo que haya fraude: también crece por nacimientos y cambios de residencia. Lo que sí muestra es que el sistema permite que el voto exterior se concentre donde más pesa.

En una provincia, un escaño puede bailar por 1.758 votos.

No es teoría. Ha pasado, y en todas las direcciones:

Galicia, 2005. El recuento del voto emigrante en Pontevedra certificó que Fraga perdía la mayoría absoluta. Gobernaron PSdeG y BNG.

Galicia, 2020. Al revés: el voto de la diáspora arrebató un escaño al PSdeG en Pontevedra y dio al PP de Feijóo su mayoría más amplia, 42 escaños.

Madrid, 23J de 2023. El PP estaba a 1.758 votos de quitarle un escaño al PSOE. Con el voto CERA, se lo quitó. Fue la única circunscripción que cambió.

Los números

El voto exterior en cifras

2,7M
Electores en el CERA en julio de 2026 (2,3 millones en 2023)
9%
Participación del voto exterior el 23J
0,8%
Peso del voto CERA sobre el total de votos el 23J

Poco peso en el total, sí. Pero recuerda: no se decide en el total, se decide provincia a provincia. Y en algunas el CERA es enorme. En Galicia hay más de medio millón de electores en el exterior; en A Coruña y Pontevedra son el 16% del censo. En Madrid, casi 500.000, un 9%.

La participación, además, ha dado bandazos según lo fácil o difícil que se lo ponía la ley. Y aquí entra un concepto clave: el voto rogado.

Qué era: entre 2011 y 2022, el español que vivía fuera no recibía las papeletas en casa. Tenía que pedirlo («rogarlo») antes de cada elección, con plazos muy cortos.

Después, esperar a que llegara la documentación y votar por correo o en el consulado. Muchas veces las papeletas llegaban tarde o el voto no llegaba a tiempo al recuento.

Por qué se puso: PP, PSOE, CiU y PNV lo aprobaron con el objetivo de acabar con los casos de fraude en el voto emigrante.

Por qué se quitó: porque hundió la participación. Desde 2023, la documentación vuelve a llegar de forma automática a todos los inscritos en el CERA.

2008

Vota el 32% del CERA: unas 383.000 personas, el máximo histórico.

2011

PP, PSOE, CiU y PNV aprueban el voto rogado. La participación se hunde al 4,95%.

2022

Se elimina el voto rogado. El mismo año se aprueba la Ley de Memoria Democrática, con la llamada ley de nietos.

2023

El 23J votan 208.451 personas desde fuera, un 9% del censo exterior.

2026

El CERA llega a 2.736.522 electores. El Supremo suspende el voto de una parte de los nacionalizados por la ley de nietos.

La pregunta del millón

¿Votan distinto los de fuera?

Esta es la parte que más me ha sorprendido, y te la cuento tal cual. En el conjunto de España, el voto CERA se parece bastante al voto de dentro.

23J de 2023: fuera y dentro

Porcentaje de voto de cada partido

Voto exterior (CERA)Resultado en toda España
PP
33%
33%
PSOE
29%
31,7%
Sumar
14,8%
12,3%
Vox
11,2%
12,4%

Fuente: actas de las Juntas Electorales Provinciales (España Exterior) y Ministerio del Interior.

10N de 2019: fuera y dentro

Porcentaje de voto de cada partido

Voto exterior (CERA)Resultado en toda España
PSOE
27,5%
28%
PP
18%
20,8%
Vox
9,7%
15,1%

Fuente: actas de las Juntas Electorales Provinciales (España Exterior) y Ministerio del Interior.

¿Qué nos dicen estas gráficas?

Fuera se vota de forma muy parecida a dentro. Las diferencias entre partidos son de pocos puntos.

Gana fuera el mismo que gana dentro. En 2019 ganó el PSOE en los dos sitios; en 2023, el PP.

La única diferencia que se repite es Vox: en las dos elecciones sacó menos apoyo fuera que dentro.

Pero en una provincia concreta, una diferencia pequeña basta. Mira Madrid en 2023:

Madrid, 23J: el escaño que cambió

El PP sacó más fuera que en el total de la provincia, y el PSOE, menos. Esa diferencia movió un diputado.

Voto exterior de MadridTotal de la provincia
PP
43%
41,1%
PSOE
23,5%
28,2%

Fuente: España Exterior y Junta Electoral Provincial de Madrid.

Recoger votos fuera

Las campañas en el exterior

¿Y las campañas para recoger votos fuera? Existen, y no son de un solo color. En 2005, el PP de Fraga confiaba a la emigración su mayoría absoluta. Tras la reforma de 2011, el propio PSOE presumía de que siempre movilizaba ese voto.

Pero hay un caso reciente que va mucho más allá de movilizar:

En septiembre, OKDiario difundió una grabación atribuida a Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina entre 2022 y 2024.

En ella pide a un militante fotocopias de pasaportes españoles, el suyo, el de su padre «o el de alguno más», y llega a mencionar el de una pariente fallecida, para enviar votos por correo en las generales de 2023. Y explica su plan: «estoy armándote un circuito de compañeros que vayan a buscar votos».

La denuncia no vino de sus rivales, sino de militantes de su propio partido. El exsecretario de Organización, Gustavo López Pardo, transcribió la conversación y la llevó al Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires. Después, la dirección del partido lo apartó a él.

Suárez dimitió de la ejecutiva en agosto de 2024, alegando «falta de confianza». Según OKDiario, no se le abrió expediente y sigue en el partido. La agrupación argentina quedó en manos de una gestora controlada desde Ferraz.

El plan, según la denuncia, pretendía aprovechar justo el fin del voto rogado: con la documentación llegando sola a casa, el control es menor.

Nota: se trata de una grabación difundida por un medio y de una denuncia interna del partido. No me consta una resolución judicial, ni se puede saber si esos votos llegaron a emitirse: el voto CERA no se publica por país de emisión.

Por eso, para mí, el problema no es a quién beneficia. El problema es que el sistema lo permite, y que el censo exterior puede crecer cientos de miles de personas en pocos años.

Y el voto por correo

Lo que no se puede saber

Y vamos con el voto por correo, del que circulan muchas cifras. Aquí va un dato que desmonta muchos bulos, vengan de donde vengan:

El 23J se batió el récord: 2.622.808 solicitudes y unos 2,47 millones de votos por correo, el doble que en abril de 2019.

No se puede saber a quién votó el voto por correo. Los sobres se meten en la urna y se cuentan junto al resto. No existe un resultado oficial del voto por correo por partidos.

Lo que circula por redes con porcentajes por partido sale, como mucho, de encuestas del CIS, no de resultados.

Lo único que sí se publica por separado es el voto CERA, el de quienes viven fuera.

Nota: el voto por correo sí ha tenido casos de fraude probados, como en las municipales y autonómicas de 2023 en Melilla y Mojácar. Pero no hay ninguna prueba de fraude en el voto por correo de las generales de 2023.

¿Y Indra? Es otro de los nombres que más suspicacias genera. Conviene saber qué hace y qué no:

Indra no cuenta los votos. Los cuentan los ciudadanos de cada mesa electoral, en público, y lo firman en un acta.

Lo que hace Indra es transmitir y difundir los resultados provisionales de la noche electoral, con el contrato que le adjudicó el Ministerio del Interior en 2023 y que dura hasta marzo de 2027.

El resultado oficial lo dan las Juntas Electorales en el escrutinio general, cinco días después, a partir de las actas.

Lo que sí es un dato: con el adelanto electoral al 29N, el contrato no se ha podido abrir a la competencia e Indra seguirá siendo el único operador.

Y otro: el mayor accionista de Indra es el Estado, a través de la SEPI, que depende de Hacienda y tiene en torno al 28 %. Este año, el Gobierno chocó con su presidente, Ángel Escribano, por la fusión con la empresa de su familia. Escribano salió en el primer semestre, y desde junio preside Ángel Simón.

Que el Estado sea el mayor accionista y que el Gobierno se haya metido en quién la preside explica las suspicacias. Pero no cambia lo esencial: los votos no los cuenta Indra.

¿Y el DNI en el móvil? Este es otro capítulo:

Febrero de 2023: a petición del Ministerio del Interior, la Junta Electoral Central aceptó la app miDGT, el carné de conducir en el móvil, como documento para identificarse al votar, en persona y por correo. En 2025 aceptó también el DNI digital (miDNI).

El problema: esas apps llevan un código QR para comprobar que el documento es auténtico, pero en las mesas no se escaneaba. El PP pidió poner lectores de QR en cada mesa, y la Junta lo rechazó.

Según El Debate, la app se usó en nueve elecciones, incluidas las generales del 23J de 2023.

26 de marzo de 2026: tras las denuncias del PP y de la Junta de Andalucía, la Junta Electoral suspendió de forma cautelar las dos apps «hasta que la verificación de la identidad sea suficientemente segura». Para el 29N siguen suspendidas: hay que llevar el documento físico.

Nota: no hay ningún caso de fraude probado con estas apps, y la propia Junta dijo que no había habido problemas. Una captura falsa no basta para votar: hay que estar en el censo de esa mesa, y suplantar a alguien es delito. Pero un fraude que nadie detecta tampoco se denuncia. No hay fraude probado. Pero un sistema que no comprueba quién eres tampoco puede demostrar que no lo hubo.

Así que la sospecha razonable no está en el recuento, que es público. Está en quién entra en el censo, desde dónde vota y cómo se comprueba quién es.

Fuera de España

Lo que hacen otros países

Cada país decide si sus ciudadanos que viven fuera pueden votar y en qué condiciones. Hay de todo:

Irlanda e Israel: desde el extranjero solo votan diplomáticos y militares. El que se va, si quiere votar, vuelve.

Malta: no tiene voto desde el exterior. Eso sí, a sus censados que están fuera el día de la votación les paga el 90% del viaje si vuelven a votar.

Alemania: votan desde fuera quienes hayan vivido en el país al menos tres meses seguidos desde los 14 años, y hace menos de 25 años. Si no, tienen que demostrar que conocen y les afecta la política alemana.

Australia: conservas el voto si piensas volver en seis años (prorrogable).

Nueva Zelanda: el ciudadano que vive fuera solo vota si ha pisado el país en los últimos tres años.

Reino Unido: quitó en 2024 el límite de 15 años fuera. Pero solo vota quien haya vivido o estado censado alguna vez en el Reino Unido.

Italia, Francia y Portugal: los de fuera votan, pero en una circunscripción exterior con sus propios escaños: Italia, 8 diputados y 4 senadores; Francia, 11 diputados; Portugal, 4. Su voto no decide el escaño de una provincia en la que no viven.

Y un detalle que no es menor: Italia, el país de la gran diáspora, ha ido en dirección contraria a España. La llamada ley Tajani restringió la ciudadanía por descendencia, y su Tribunal Constitucional la ha avalado este año.

¿Por qué limitan? Los motivos se repiten:

Vínculo real: votar exige conocer el país y estar afectado por lo que se decide.

Consecuencias: quien vota impuestos, sanidad o vivienda debería vivir con el resultado.

Control: el voto lejano es más difícil de vigilar, y por eso más expuesto al fraude.

El otro lado

Lo que dicen quienes lo defienden

Para ser justa, estos son los argumentos de quienes defienden el voto exterior sin límites:

Ser ciudadano es ser ciudadano. Si tienes la nacionalidad, tienes los mismos derechos, vivas donde vivas.

Muchos no se fueron porque quisieron. Exilio, crisis, paro. La emigración de 2008 a 2014 es reciente y joven, y muchos piensan volver.

Las decisiones de aquí también les afectan: pensiones, nacionalidad de sus hijos, servicios consulares, propiedades o impuestos que pagan en España.

Los tribunales de otros países han ido quitando límites. El Supremo de Canadá tumbó en 2019 el límite de cinco años fuera.

Son argumentos serios. Pero fíjate que casi todos hablan de quien se fue. Ninguno resuelve bien el caso de quien nunca vino.

La polémica de ahora

La ley de nietos en cifras

600K
Nacionalidades aprobadas por la ley de nietos hasta agosto de 2026
408K
Nuevos electores en el CERA desde 2023, según el Supremo
163K
Personas con el voto suspendido para el 29N

8 de septiembre: a petición de Vox e Iustitia Europa, el Supremo suspende de forma cautelar los efectos electorales de esas inscripciones. No anula las nacionalidades.

12 de octubre: el Supremo rechaza el recurso del Gobierno y mantiene la suspensión para el 29N. Solo votará quien acredite de verdad que desciende de exiliados.

21 de octubre: el Constitucional inadmite, por 10 votos a 2, el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a esas 163.020 personas, porque el caso sigue abierto en el Supremo.

La Abogacía del Estado ha defendido ante el Supremo que el impacto sería pequeño, con el argumento de que históricamente vota muy poca gente desde fuera. Mi pregunta es otra: si el impacto es tan pequeño, ¿por qué tanto empeño en que voten? Para mí, que el Gobierno recurriera para defender el voto de todos los nacionalizados dice mucho del interés que tenía en ese voto.

Nota: lo que hay en el Supremo son medidas cautelares, no una sentencia sobre el fondo. Y Sofía Puente, que firmó la instrucción, está investigada, no condenada: tiene derecho a la presunción de inocencia. Que hubiera un intento de cambiar el censo es mi lectura de los hechos, no algo que haya declarado ningún tribunal.

Para pensar

Residencia, sí. ¿Nacionalidad, igual?

La polémica de la ley de nietos ha puesto otro debate sobre la mesa: ¿se está, en algunos casos, «regalando» la nacionalidad? Y si es así, ¿debería ser más difícil conseguirla?

Hay voces que proponen separar residencia y nacionalidad: un permiso de residencia con todos los derechos (trabajo, sanidad, pensión) y una nacionalidad más exigente, porque es la que da el voto en unas generales.

Otras defienden que quien ha hecho su vida aquí debe poder participar plenamente, también con su voto.

Para situarte, así está hoy en España la nacionalidad por residencia: 10 años en general, 2 años para quienes vienen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y para las personas de origen sefardí, y 1 año si te casas con un español. La ley de nietos, en cambio, no exige residencia.

Fuera, el péndulo se mueve en varias direcciones:

Alemania bajó en 2024 el plazo general de 8 a 5 años y abrió una vía de 3. En octubre de 2025, el Bundestag suprimió esa vía de tres años.

Italia ha recortado la ciudadanía por descendencia.

En la Unión Europea, un ciudadano comunitario que vive en otro país vota en las municipales y las europeas sin cambiar de nacionalidad.

No tengo una respuesta cerrada a esto. Pero es un debate que merece hacerse con datos y sin etiquetas, y la ley de nietos lo ha puesto encima de la mesa.

¿Debe decidir el escaño de tu provincia alguien que no ha vivido nunca en ella?

¿Deben ser lo mismo una residencia con todos los derechos y una nacionalidad con derecho a voto?

¿Por qué otros países piden haber vivido aquí, o volver de vez en cuando, y España no?

Si el voto exterior pesa tan poco, ¿por qué no crear una circunscripción propia, como Italia o Francia?

¿Quién comprueba que el municipio que eliges tiene algo que ver contigo?

Votar no es solo un derecho de papeles. Es decidir sobre la vida de quienes se quedan.

Para terminar

El voto con vínculo

Te seré sincera: este tema todavía tengo que darle una vuelta. Pero hay algo que sí tengo claro: me parece mucho más justo que votar exija un vínculo real con el país.

Te cuento por qué lo veo así. Mis padres vivieron unos años en Alemania. Yo casi nazco allí, y allí pasé mis dos primeros años. Nunca volví a vivir allí, ni tengo intención de que sea mi lugar de residencia. Y, aun teniendo alguna posibilidad, no alcanzo a pensar por qué querría yo decidir sobre la política de ese país. De hecho, la ley alemana tampoco me dejaría: exige haber vivido allí al menos tres meses seguidos después de cumplir 14 años. Eso es, justamente, pedir un vínculo real.

Entiendo la implicación emocional con un territorio. Las raíces pesan, y los recuerdos también. Pero votar es decidir sobre cosas reales: impuestos, sanidad, vivienda, pensiones. Cosas que afectan a la vida de las personas que viven allí. Creo que es importante separar el cariño de la decisión.

No se trata de quitarle el voto a quien se fue. Se trata de mirar lo que ya hacen otros países y preguntarnos si nos sirve:

Haber vivido aquí alguna vez, o tener una relación demostrable con España.

Una circunscripción exterior con sus propios diputados, para que el voto de fuera no decida el escaño de una provincia concreta.

Un municipio de inscripción con arraigo acreditado, no elegido sobre el mapa.

Los datos dicen que hoy el voto exterior no tiene un color fijo. Precisamente por eso es el momento de ordenarlo: antes de saber a quién beneficia, y no después.

Votar es decidir. Y decidir es vivir con lo que decides.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 20 minutos

Fuentes España Exterior · Voto CERA 23J por provincias · Maldita · El CERA quita un escaño al PSOE en Madrid · Maldita · Por qué no se sabe el voto por correo por partidos · El Faro de Ceuta · Datos de Correos del 23J · El Independiente · El voto rogado · Ara · El peso del voto CERA · The Objective · El voto emigrante en Galicia · elDiario.es · El CERA de Galicia y Madrid para el 29N · El Español · Elegir circunscripción · El Debate · Municipios que no existían en 1955 · El Debate · La JEC endurece la adscripción · Historias de la Historia · Ejemplos de municipios · Euronews · El CERA para el 29N · Demócrata · El Supremo y el censo exterior · Demócrata · 600.700 nacionalidades · Infobae · El Constitucional y el Defensor del Pueblo · Hispanidad · Votación 10 a 2 en el Constitucional · Infobae · La cautelar del Supremo y el censo · Comisión de Venecia · Voto desde el exterior · Bundeswahlleiterin · Alemanes en el extranjero · ACE Project · Requisitos por país · IDEA · Reino Unido elimina el límite de 15 años · Circunscripciones exteriores · ANSA / Tribuna do Sertão · Escaños exteriores de Italia · Insieme · La ley Tajani y el Constitucional italiano · Conesa Legal · Nacionalidad española por residencia · Migrando · Alemania suprime la naturalización en tres años · Tu Europa · Votar en otro país de la UE · Infobae · El Gobierno admite que no se justificaba el municipio · El Español · Cuatro vocales piden revisar las altas · Consulado de Burdeos · Nueva declaración PERE/CERA · España Exterior · La JEC rechaza la petición de Vox · OKDiario · El audio del PSOE en Argentina · Examedia · La denuncia de los militantes · Maldita · El papel de Indra en el 29N · The Objective · El contrato de Indra · Civio · Indra, un gigante al servicio del Estado (2014) · elDiario.es · La SEPI y la presidencia de Indra · Infodefensa · Ángel Simón, presidente de Indra · El Debate · El carné de conducir digital para votar · elDiario.es · La JEC suspende el DNI digital · Verificat · Captura falsa del DNI digital

Cambiar de tema tampoco es una respuesta

Cambiar de tema tampoco es una respuesta

Responsabilidad política · Senado · Sin filtros

CAMBIAR DE TEMA tampoco es una respuesta.

La responsabilidad política no la dicta un juez. Se demuestra respondiendo. Y en este país casi nadie responde.

Responsabilidad política: un compareciente recostado y sonriente ante una comisión del Senado, mientras la pregunta cae al suelo

En la primera parte te dejé una frase a medias. A mí me lo dijeron literalmente: «Sánchez se los ha merendado a todos». Fui a ver aquella comparecencia en el Senado. Y te prometí que te contaría lo que vi.

Lo que vi no fue a alguien ganando un debate. Fue a alguien que no respondía. Y desde ese día me aficioné a ver comisiones del Senado. Porque ahí, mucho más que en el Congreso, se ve la talla de cada político.

Lo que vi

Cinco horas y ninguna respuesta

El 30 de octubre de 2025, Pedro Sánchez compareció en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Fue algo excepcional: solo un presidente en ejercicio lo había hecho antes, Zapatero en 2004, por el 11-M.

+5h
Duró la comparecencia
2º
Presidente en ejercicio ante una comisión de investigación
50min
Por grupo para preguntar

Mucho tiempo para responder. Esto es lo que hizo con él:

  • Desacreditar el lugar. Llamó a la comisión «circo» y «comisión de difamación».
  • Atacar al que pregunta. Acusó al PP de convertir el Senado en una «máquina del fango» y sacó el sueldo de Feijóo en la Xunta.
  • Ironizar. «¿Cuántos viajábamos en el Peugeot?».
  • Burlarse del árbitro. Cuando el presidente de la comisión le llamó al orden, le agradeció con sarcasmo su «imparcialidad».
  • Y el tono. Media sonrisa, ir sobrado, respuestas largas que no contenían nada.

Dos técnicas de la primera parte, juntas: atacar a la persona y cambiar de tema. A eso lo llamaron «merendárselos».

Y aquí va mi opinión, porque es eso, una opinión: lo que yo vi fue una actitud profundamente soberbia. La de alguien que no estaba allí para dar explicaciones, sino para demostrar que no tenía por qué darlas.

Ver al presidente del Gobierno faltarle así al respeto a una de las dos cámaras que representan a la ciudadanía me parece profundamente descorazonador. Y vergonzoso. Sobre todo cuando después le escuchas decir que ha escuchado lo que quiere la gente.

Por justicia: esa comisión la controla el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, y tiene un claro interés político. Pero que la comisión sea de tus adversarios no te exime de responder. Te obliga a hacerlo mejor.

La diferencia

Penal no es político

Aquí está la trampa más repetida de la política española: «No hay nada judicial, así que no tengo nada que explicar». Son dos responsabilidades distintas:

  • La responsabilidad penal la decide un juez. Hay que probar un delito, y mientras tanto rige la presunción de inocencia. Es lo mínimo.
  • La responsabilidad política la decide la ciudadanía y la exigen sus representantes. No hace falta delito: basta con una mala gestión, una incoherencia, haber elegido mal a quien tenías al lado o no haber vigilado.
  • Se puede ser inocente y tener que irse. No por haber delinquido, sino porque ya no eres creíble en el cargo que ocupas.

Que no te condene un juez no significa que hayas hecho bien tu trabajo.

Las comisiones

Se viene a responder, no a ganar

Las Cortes Generales son el Congreso y el Senado. Las dos cámaras representan al pueblo español. Y la Constitución, en su artículo 76, les permite abrir comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público:

  • Comparecer es obligatorio cuando te citan, y no hacerlo tiene sanción.
  • Sus conclusiones no son una sentencia. No condenan a nadie, pero se pueden enviar a la Fiscalía.
  • Su función es política: que quien tiene poder explique, delante de los representantes de todos, lo que hizo con él.

Por eso me enganché. El formato del Senado es distinto: preguntas directas y más tiempo. Y con muchas comisiones abiertas por casos de corrupción, se ve con claridad quién responde, quién esquiva, quién no dice nada y quién se dedica a perder el tiempo.

Y hay algo curioso: cómo usan su turno los senadores del mismo partido que el compareciente. No preguntan. Lo dedican a criticar a los que sí preguntan y a hacer de abogados defensores del citado. En una sesión de la comisión de la SEPI, Amparo Marco, portavoz del PSOE, llegó a decir que la compareciente estaba allí por el «resentimiento, odio y envidia del PP», y la presidenta le llamó la atención. Y esto lo hacen todos los partidos cuando el que se sienta es de los suyos.

Una comisión de investigación no es un juicio con acusación y defensa. Es el Parlamento preguntando en nombre de todos. Y si la mitad de la sala se dedica a defender en lugar de preguntar, la pregunta se queda sin hacer.

Si te sientas en una comisión de investigación, es para responder. No para ganar.

Y hay otra forma de no responder, la favorita de muchos políticos en activo: «Está en los tribunales y no voy a hacer comentarios». Quien está investigado tiene derecho a no declarar ante un juez. Pero un cargo público no le debe explicaciones solo al juez. Se las debe a quienes le votan y le pagan.

  • Las causas duran años. Si hay que esperar a la sentencia, nadie explica nada durante toda una legislatura.
  • No todo lo que hay que explicar es delito. Puedes callar sobre lo penal y responder igualmente de lo político: a quién nombraste, qué sabías, qué hiciste cuando te enteraste.
Responsabilidad política: un político señala la puerta del juzgado mientras la pregunta sale volando por la ventana

Lo penal entra por la puerta y lo político sale por la ventana.

El relato

Montse Mínguez o la dimisión sin culpa

En La causa de esta temporada conté cómo la portavoz del PSOE clamaba en el Congreso contra los «fondos buitres» mientras su pareja tenía unos 30 pisos en alquiler. Lo que vino después es el ejemplo perfecto de cómo se nos vende una dimisión.

El 16 de octubre dimitió de todo: portavoz, escaño y cabeza de lista, a seis semanas de las generales. Un día antes, Sánchez la respaldaba «por supuesto». Tras la dimisión, dijo que estaba «rota» y culpó al odio que sufren los políticos. Es decir, se fue, pero no por incoherencia: según la versión oficial, se fue porque la acosaron.

Y hay un detalle que lo dice todo. En abril, como portavoz, Mínguez acusó de «victimismo» al alcalde de Móstoles (PP), que se negaba a dimitir y decía sufrir una «cacería política». Seis meses después, ella respondía a lo suyo llamándolo «ataque personal».

  • No hay responsabilidad penal. Alquilar pisos es legal y nadie la acusó de delito.
  • Pero sí política. No puedes señalar desde la tribuna lo que se hace en tu casa y pretender que no pase nada.
  • Y el odio existe. Los insultos y las amenazas hay que condenarlos siempre. Pero lo que la hizo caer no fue un insulto, fue una información publicada.

No es odio. Es hemeroteca.

En prime time

Responder a otra cosa delante de millones

El 22 de octubre de 2026, en La Revuelta, David Broncano le preguntó a Pedro Sánchez si un Gobierno debe criticar a los jueces. Su respuesta fue criticar dos sentencias que afectan a su entorno. Y en las dos usó el mismo truco: defender algo distinto de lo que se juzga.

Cambiar de tema: un político desvía con una señal la pregunta que le lanza una ciudadana

Su hermano. Dijo que a David Sánchez se le condena «por ser el hermano del presidente del Gobierno». Y para demostrarlo, habló de su currículum: que tiene «tres carreras», que estudió dirección de orquesta en San Petersburgo, que habla muchos idiomas. Ahora mira lo que dice la sentencia:

  • Qué es. La Audiencia de Badajoz le condenó el 14 de julio de 2026 a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
  • Por qué. Porque su puesto en la Diputación se rehízo a su medida: le cambiaron el nombre para ocultar que cambiaban sus funciones y le quitaron las incompatibilidades. El tribunal lo llama un «plan preconcebido».
  • Lo que no le condenaron. Le absolvieron de tráfico de influencias. O sea, el parentesco es justo lo que no se castigó.
  • Lo que nadie discute. Su formación. La sentencia no dice que no estuviera preparado. Dice que el puesto se creó y se modificó para él.
Argumento de autoridad: un político usa sus diplomas como escudo y la pregunta rebota

Su mujer. Dijo que a Begoña Gómez la acusan de influir «simplemente por ser la pareja del presidente», sin pedir nada. Y para defenderla, unió su causa a la lucha de las mujeres por tener una carrera profesional. Sin comentarios.

Esto es lo que se juzga:

  • Qué es. El 21 de septiembre de 2026 se abrió juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación.
  • La cátedra. En julio de 2020 reunió al rector de la Complutense en La Moncloa para presentarle el proyecto. Se creó en pocos meses, y el exvicerrector declaró en el Senado que se sintió «obligado» a crearla.
  • El software. Se le acusa de quedarse con un programa pagado con dinero de la cátedra. La Complutense cifra el daño en 113.509 euros.
  • La asistente. Su asistente en La Moncloa, contratada para apoyarla en sus funciones como mujer del presidente, también va a juicio. Se investiga si hacía trabajos para la cátedra, es decir, si se usaron fondos públicos para una actividad privada.
Hombre de paja: un político golpea a un espantapájaros mientras la pregunta de verdad sigue detrás de él

Por justicia: la Fiscalía y las defensas piden la absolución de Begoña Gómez, y todavía no hay sentencia. Es inocente mientras no la condenen. La de David Sánchez sí es una condena, aunque puede recurrirse.

Que sean inocentes o culpables no lo decide un plató. Lo que sí se puede analizar es cómo se defiende. Y ahí hay cuatro falacias de manual:

  • Elusión del asunto (ignoratio elenchi). En vez de responder al hecho concreto, desvía la atención hacia otra cosa: la formación de su hermano, la carrera de su mujer. Se defiende de algo de lo que nadie les acusa.
  • Argumento de autoridad (ad verecundiam). «Tiene tres carreras». Como si tener estudios hiciera imposible que te hagan un puesto a medida. Por cierto, solo nombró dos.
  • Hombre de paja. Convierte la acusación en «la juzgan solo por ser mi pareja», que es fácil de rebatir, y deja sin responder lo que de verdad se juzga: la cátedra, el software y la asistente.
  • Apelación a una causa noble. Si defender a alguien se convierte en defender una causa justa, cualquier crítica parece un ataque a la causa. Y así nadie mira los hechos.

En el lenguaje de la calle tiene un nombre más corto: cortina de humo.

Cortina de humo: un político echa humo para tapar la pregunta

Nadie juzga sus títulos. Se juzga lo que hicieron.

Es de todos

No es un partido. Es un método.

Si piensas que esto va de unas siglas, mira lo que hacen los demás cuando les toca:

  • Carlos Mazón (PP). Dimitió como presidente de la Generalitat Valenciana el 3 de noviembre de 2025, más de un año después de la DANA que dejó 229 muertos. También habló de agotamiento personal. Y se quedó con su escaño.
  • El alcalde de Móstoles (PP). Con una querella admitida por presunto acoso a una exconcejal de su partido, descartó dimitir y habló de «cacería política». Su partido cerró filas.
  • Y el Gobierno (PSOE). «Circo», «máquina del fango», «comisión de difamación». Y si alguien cae, la culpa es del odio.

El guion se repite: primero no dimito, porque no hay nada judicial. Y cuando ya no aguanto, me voy por cansancio, por acoso o por el bien del proyecto. Nunca porque me equivoqué.

  • ¿Cuándo fue la última vez que oíste a un político decir «me voy porque lo hice mal»?
  • ¿Por qué aceptamos que «no hay nada judicial» sea una respuesta?
  • ¿Aplaudes cuando tu partido esquiva igual que criticas cuando esquiva el otro?
  • ¿Para qué sirve una comisión de investigación si quien comparece viene a ganar y no a explicar?
Para terminar

La talla se ve al responder

La talla de un político no se mide por cómo habla en un mitin, ni por los aplausos que se lleve en un plató en prime time, ni por cuántos «zascas» se lleva a las redes. Se mide por cómo responde cuando le ponen delante los hechos.

Sánchez, en cambio, mide la talla de los demás. El 5 de octubre, al convocar elecciones, dijo que si la mayoría del Parlamento «da la espalda a la ciudadanía» en la vivienda, la ciudadanía debe elegir otro. Al parecer es un oráculo. Sabe lo que quiere la mayoría de los ciudadanos, y resulta que coincide con su propuesta, no con lo que votó la mayoría del Congreso. Como si a esos diputados no los hubiéramos votado nosotros.

Y curiosamente, el mismo Congreso que no le aprobó un solo presupuesto en toda la legislatura no le pareció motivo para convocar elecciones.

No espero que se quieran. Ni siquiera que se respeten entre ellos. Pero sí que respeten las instituciones y a quienes estamos al otro lado de la pantalla, que somos quienes les pagamos y les votamos.

Deberíamos exigirle a nuestra clase política una talla mayor. Hoy, la mayoría no la da.

Rendir cuentas no es una cacería. Es el precio del cargo.

— Nohemí Hervada

Femninismo ON-OFF

Femninismo ON-OFF

Causas de temporada · Feminismo · Sin filtros

FEMINISMO On-Off.

Primero fue la vivienda. Luego, las pensiones. Ahora vuelve el feminismo de campaña: la pancarta sale del cajón de las causas caducadas y se cuelga otra vez en la percha. Hasta el 29N.

Feminismo de campaña: la pancarta feminista sale del cajón de las causas caducadas y vuelve a la percha en elecciones

Artículo de opinión. Los datos están contrastados y tienes todas las fuentes al final.

Esta es la tercera entrega de Causas de temporada. En la primera conté cómo la ley trans fue LA causa mientras dio votos. En la segunda, cómo la vivienda tomó el relevo.

Desde entonces, la baraja de campaña no ha parado:

La vivienda. El 5 de octubre, Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre, después de que PP, Vox, Junts y UPN tumbaran sus decretos de vivienda.

Las pensiones. El 24 de octubre, miles de pensionistas se manifestaron en Madrid y las pensiones entraron en campaña.

El feminismo. El 23 de octubre volvió a salir la carta de siempre.

El interruptor

Quién lo encendió esta vez

Lo encendió Feijóo. En la Cadena SER anunció que, si gobierna, Igualdad dejará de ser un ministerio independiente y sus competencias pasarán a otra cartera. También quiere reabrir el debate sobre el permiso de los padres para que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar. Y para defender su feminismo soltó esto: «¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado con muchas más mujeres que hombres?».

VOX va más lejos, y desde hace tiempo. Su programa de 2023 ya proponía suprimir el Ministerio de Igualdad, crear uno de Familia y derogar la Ley Integral de Violencia de Género.

Y de repente, todos con la pancarta:

Pedro Sánchez: «Criarse entre mujeres no te hace feminista».

Irene Montero, a Feijóo: «Tu machismo mata».

Francina Armengol pidió una «movilización activa de las mujeres».

¿Por qué ahora? Porque las mujeres somos el 51,7% de los casi 36 millones de personas llamadas a votar.

Criarse entre mujeres no te hace feminista, de acuerdo. Pero militar en un partido tampoco. Y este post no va de Feijóo. Va de quienes se presentan como dueños del feminismo.

De los mismos de

«Soy feminista porque soy socialista»

La frase es de José Luis Ábalos. La difundió el propio grupo socialista: era feminista porque era socialista, porque la igualdad forma parte del ADN de su proyecto.

Antes, en 2019, Carmen Calvo ya había dejado claro de quién era el feminismo: «¿El feminismo es de todas? No, bonita».

24 años
Y 3 meses de cárcel: condena del Supremo a Ábalos, el 22 de junio de 2026
44.000€
Lo que cobró su expareja en empresas públicas sin trabajar
5 meses
Paradas en Ferraz las denuncias por acoso contra Paco Salazar

Ábalos fue condenado por unanimidad por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

La sentencia incluye el «enchufe» de su expareja, Jésica Rodríguez, en Ineco y Tragsatec, donde cobró casi 44.000 euros entre 2019 y 2024 sin hacer ningún trabajo. También el de Claudia Montes en Logirail, y el pago del alquiler del piso de Jésica por parte de la trama.

Dos trabajadoras de la Moncloa denunciaron por acoso sexual a Paco Salazar, alto cargo de la Moncloa y uno de los hombres de confianza de Sánchez. Las denuncias estuvieron cinco meses paradas en el canal interno del PSOE, hasta que se publicaron.

El feminismo no se lleva en el carné. Se demuestra con lo que haces.

Mientras la pancarta estaba en el cajón

Lo que hicieron con el feminismo

Esto es lo que pasó en las últimas legislaturas, cuando no había campaña.

Solo sí es sí: rebajas para agresores

La ley estrella del Ministerio de Igualdad acabó beneficiando a quienes debía castigar. Según el último recuento oficial del CGPJ, hubo 1.205 rebajas de pena y 121 excarcelaciones de condenados por delitos sexuales.

Abolición: la promesa eterna

2015

El PSOE promete en su programa una ley para abolir la prostitución.

2021

Sánchez lo convierte en compromiso personal: avanzar «aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres».

21 mayo 2024

La ley del PSOE no pasa ni el primer trámite: 122 votos a favor, 184 en contra y 36 abstenciones. Sumar y PP votan en contra; Vox y Podemos se abstienen.

2025

Tras los audios de Ábalos, Igualdad anuncia otro texto. Se queda encallado: ni siquiera está en el acuerdo de Gobierno con Sumar.

29N 2026

Elecciones. La ley sigue sin aprobarse, y el PSOE la vuelve a prometer.

Y luego está la otra izquierda, la que la blanquea llamándola «trabajo sexual»:

Ada Colau es hoy la candidata del Frente Amplio, la coalición de Sumar, Más Madrid, IU y Catalunya en Comú. Como alcaldesa, plataformas feministas le reprochan que su Ayuntamiento subvencionara en 2017 con 28.385 euros a Aprosex y a OTRAS, el llamado «sindicato» de la prostitución. Y que en el Orgullo de 2021 saliera al balcón del Ayuntamiento con sus líderes.

Su huella sigue en la normativa. En 2026, Barcelona tuvo que quitar la expresión «trabajo sexual» de la ordenanza de civismo, heredada de su etapa.

Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, defiende la legalización del trabajo sexual.

El regulacionismo incluso lo vende como «asistencia sexual», un supuesto derecho de las personas con discapacidad. Las abolicionistas responden que quienes lo reclaman son casi siempre hombres y quienes lo prestan, casi siempre mujeres.

Ni trabajo ni asistencia. Explotación.

La categoría mujer, a un trámite

De lo que la ley trans ha supuesto en las cárceles ya hablé en la primera entrega. Hoy, los datos:

15.818 personas han cambiado su sexo registral desde que se aprobó la ley.

58 de ellas estaban presas; 48 eran hombres que pasaron a ser mujeres. Interior reconoce que no lleva la cuenta de cuántos han pedido el traslado a un módulo de mujeres.

Pero hay algo de lo que se habla menos: los puestos de mujer en las listas cremallera.

Emma Colao se presentó en 2023 como la primera candidata trans a presidir el Gobierno de Canarias. No había hecho ninguna transición ni pretendía parecerse a una mujer. Con la ley no hace falta: basta con declararlo.

En México ya han visto adónde lleva esto. En Oaxaca, en 2018, 17 de las 19 candidaturas registradas como mujeres trans en el cupo femenino eran de hombres que no tenían nada que ver con la comunidad trans. En Tlaxcala, en 2021, un partido que no cumplía la paridad sustituyó a 18 candidatos por otros 18 que se declararon mujeres. Quienes lo denunciaron fueron las propias mujeres trans.

¿Y al revés? No he encontrado ni un solo hombre trans en el Congreso, el Senado o la Asamblea de Madrid. El único con cargo público en España es un concejal de Paiporta.

Lista cremallera: una ficha con la bandera trans ocupa el puesto de mujer y empuja fuera a la candidata
De los cinco principales candidatos a presidir el Gobierno el 29N, tres son hombres. España nunca ha tenido una presidenta.

Tiene lógica. En una lista cremallera, el puesto que escasea es el de mujer. Una mujer que se declara hombre no gana nada. Un hombre que se declara mujer accede al cupo reservado. La ventaja solo va en una dirección.

¿Y si lo cuestionas? La ley trans prevé multas de 200 a 150.000 euros; las expresiones vejatorias, de 200 a 2.000. No es delito, pero sale caro.

Que se lo pregunten a Lucía Etxebarría. La demandó Marcos Ventura, exdirigente de las Juventudes Socialistas y activista LGTBI, por decir que en sus fotos veía a un hombre. Tuvo que viajar de Madrid a Las Palmas con abogado y procurador, y calculó unos 7.000 euros en gastos. Ganó. Según ha contado ella misma en su canal de YouTube, porque el propio demandante se identificaba como hombre en su Twitter. Sin esa prueba, vete a saber.

No te condenan. Te agotan.

El dinero de las víctimas, en carreras de tacones

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género mueve unos 280 millones al año, que deberían ir solo a prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha documentado cerca de 250 casos de posible mal uso entre 2024 y 2026: carreras de tacones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje o charlas LGTB.

Ese dinero lo gastan ayuntamientos y comunidades, pero el Ministerio no lo controló. En 2025 tuvo que sacar una guía que excluye expresamente los temas LGTBI de esos fondos.

Así es como mucha gente ha acabado odiando la palabra feminismo: por un ministerio que no ha servido para lo que prometía.

Pulseras que no protegían

El Tribunal de Cuentas ve «graves deficiencias» en un contrato de 42,6 millones: fallos de geolocalización, cortes del servicio y baterías que duraban poco.

Según la Fiscalía, los fallos provocaron una «gran cantidad» de archivos y absoluciones de maltratadores.

La ministra Ana Redondo lo minimizó y fue reprobada por el Congreso. Aun así, Igualdad volvió a adjudicar el contrato a Vodafone, la misma empresa.

Las que avisaron, canceladas

Y las feministas de siempre, las que avisamos de todo esto, fuimos llamadas tránsfobas, canceladas y llevadas a juicio. Lo conté en Huérfana de bandos.

El relato

Ceuta: el silencio que no cabía en el relato

Desde la entrada masiva del 30 de julio, la Fiscalía contabilizó en Ceuta 23 agresiones sexuales a inmigrantes: cinco violaciones y nueve víctimas menores de entre 14 y 17 años. Muchas eran niñas que acababan de cruzar la frontera.

La ministra de Igualdad habló por primera vez el 14 de agosto, tras varios días de silencio y críticas de la oposición. Lo hizo para asegurar que las niñas no estaban «deambulando» por la calle.

El 15 de agosto, con quince agresiones ya confirmadas por la Guardia Civil, publicó en redes una condena por las mujeres de Afganistán.

Compareció en el Congreso el 31 de agosto y visitó Ceuta un mes después de la crisis, sin atender a la prensa.

No estuvo callada del todo. Llegó tarde y a remolque.

Peor fue el silencio de las que llegaron al poder con la bandera del feminismo, la misma que han vuelto a sacar ahora. Las que llenaban las redes y los platós condenando el machismo y la transfobia:

Irene Montero e Ione Belarra: no he encontrado ni un solo mensaje suyo de condena o de apoyo a esas víctimas. Varios medios denunciaron su silencio durante semanas.

Montero sí habló de Ceuta, el 27 de agosto. Fue para alertar de que llegaban «nazis» de toda España a «cazar migrantes».

A mediados de septiembre, centenares de mujeres y niñas se manifestaron en Ceuta para pedir protección, bajo el lema «Mujeres y niñas de Ceuta». Montero no estaba.

Ni siquiera que las víctimas fueran, en su mayoría, niñas inmigrantes les valió una palabra. Porque había un relato que proteger: que toda la inmigración es inocua, también la que viene de culturas profundamente misóginas.

Los datos, sin embargo, son los que son:

13,4%
De la población tiene nacionalidad extranjera (INE, 2024)
39,2%
De los detenidos o investigados por delitos sexuales en 2024 eran extranjeros (Interior)
×4
Más presencia por habitante entre los detenidos o investigados

Son 13 de cada 100 residentes, pero 39 de cada 100 detenidos o investigados por delitos sexuales. En proporción, un extranjero aparece unas cuatro veces más que un español.

En los condenados con sentencia firme por cualquier delito, la tasa de extranjeros es de 15,3 por cada 1.000 adultos, frente a 6,1 entre españoles: 2,5 veces más.

Para que nadie me acuse de manipular las cifras, los matices:

Nacionalidad no es origen. Quien se nacionaliza cuenta como español, así que el dato se queda corto, no largo.

Detenido no es culpable. Por eso doy también el dato de condenados.

Edad y sexo. La población inmigrante es más joven y más masculina, y eso infla cualquier estadística. Explica una parte de la diferencia, no toda.

Que la precariedad influya en los robos o los hurtos se puede entender. Pero aquí hablamos de agresiones sexuales. Para no violar no hace falta tener trabajo ni dinero. Eso no lo explica la pobreza. Lo explica cómo se mira a las mujeres.

Lo expliqué en ¿Es la multiculturalidad el nuevo caballo de Troya?, y lo repito: hablo de ideas y prácticas, no de personas. Si una cultura es misógina, cruzar una frontera no borra por arte de magia sus creencias ni sus actitudes. Negarlo no protege a nadie: solo impide buscar soluciones.

Ahora, en campaña

Lo que prometen

PSOE: blindar el aborto en la Constitución, aprobar la ley de violencia vicaria y, otra vez, abolir la prostitución.

PP: integrar Igualdad en otro ministerio y revisar el permiso de los padres para el aborto a los 16 y 17 años.

VOX: Ministerio de Familia, derogar las leyes de violencia de género, trans, aborto y eutanasia, y suprimir los planes de igualdad obligatorios.

Podemos: Irene Montero reivindica su reforma del aborto y pide garantizarlo en la sanidad pública.

Feministas críticas con el PSOE, que se presentan por primera vez: auditar los fondos del Pacto de Estado, una ley abolicionista que persiga al proxeneta y sancione al putero, y derogar la ley trans.

¿Dónde estaba la pancarta cuando se votó la ley abolicionista?

¿Por qué el dinero contra la violencia machista paga carreras de tacones?

¿Quién defiende los puestos de mujer, si se pueden ocupar con un trámite?

¿Por qué las niñas de Ceuta esperaron dos semanas a que la ministra de Igualdad hablara de ellas?

¿Volveremos a ver la pancarta el 30 de noviembre?

Para terminar

Feminismo On-Off

El feminismo de campaña se enciende cuando hay votos y se apaga cuando las víctimas no encajan en el relato, cuando el agresor es «de los nuestros» o cuando la ley que aprobaste saca violadores de la cárcel.

Hoy hay una parte de la población dispuesta a ceder en los derechos de las mujeres. Y no es casualidad. Quienes enarbolaron la bandera nos han vendido. Usaron los recursos en cosas que no han mejorado un ápice nuestros derechos, y sí para alimentar redes clientelares que, sin el paraguas del feminismo, nunca habrían conseguido esos apoyos.

Usar a las mujeres y nuestros derechos como ariete, para que luego pasen por delante otros grupos con demandas que se han vuelto en nuestra contra, no solo no es justo. Es inmoral.

Porque las mujeres no somos «una minoría». Somos la mitad de la población. Por eso es aún más sangrante que nuestros derechos se vendan al mejor postor.

Si el 29N cambia el color del Gobierno, habrá que ver qué derechos se restablecen y cuáles se recortan. Y ahí estaremos algunas para criticarlo, como hemos hecho siempre. Las menos, pero lo hemos hecho. Otras no tienen un historial que lo demuestre.

El feminismo no se cuelga en la percha cada cuatro años. Se demuestra los otros mil cuatrocientos días.

— Nohemí Hervada

Y tú más no es una respuesta

Y tú más no es una respuesta

Política · Debate · Sin filtros

Y TÚ MÁS no es una respuesta.

Cuando alguien no puede rebatir lo que le preguntas, ataca a quien pregunta. Se llama falacia ad hominem, y en España se ha convertido en la forma habitual de hacer política.

Falacia ad hominem: una ciudadana lanza una pregunta y desde el atril le devuelven un bumerán

Mi padre me llamaba «abogada de pleitos pobres». Supongo que en parte es mi carácter innato y en parte mis experiencias de vida: soy de las que saltan ante una injusticia aunque no vayan conmigo. He intentado evitarlo, créeme, porque dar la cara tiene un precio y casi siempre acabas sola. Pero es superior a mí: me cuesta callarme.

Mientras fui creyente, las injusticias del mundo me pesaban menos. Ya se encargaría Dios. Pero cuando abandoné mis creencias, ya no había «primo de Zumosol» al que reclamar. Asumí que lo de aquí nos toca arreglarlo a los de aquí. Sobre todo si te preocupa el mundo que dejas a tus hijos.

Ruth Bader Ginsburg decía que las mujeres tenemos que estar en todos los lugares donde se toman decisiones. No solo donde se recogen ideas, sino donde se actúa. Así que empecé a interesarme por la política y a observar los lugares donde se deciden las cosas en mi país. Me aficioné a ver las intervenciones en el Congreso y, últimamente, las comisiones de investigación del Senado, que se suelen retransmitir enteras en YouTube.

Y lo que he visto lo resumo así: aquí casi nadie responde a lo que le preguntan. Y cuando no puedes responder, atacas a quien pregunta.

De las comisiones del Senado, de quién responde y quién esquiva, y de por qué en España no dimite nadie, hablaré en la segunda parte. Hoy quiero centrarme en otra cosa: el insulto como argumento.

Lo que hay detrás

Qué es la falacia ad hominem

Una falacia es un argumento que parece válido pero no lo es. La falacia ad hominem («contra la persona», en latín) consiste en atacar a quien hace un argumento en lugar de responder al argumento. Tiene tres versiones, y las tres se ven cada semana en el Congreso:

  • La abusiva: el insulto. «Usted es un corrupto, un traidor, un indecente». No responde a nada; solo descalifica.
  • La circunstancial: tu familia, tu pasado, tus amistades. «Usted no puede hablar de esto porque su hermano, su suegro, su foto con tal persona…». Puede que lo que digas sea cierto, pero sigue sin contestar a la pregunta.
  • La «tú también» (tu quoque): el «y tú más». «¿Corrupción? Mire usted su partido». Que el otro haya hecho algo mal no convierte en bueno lo que hiciste tú.

Atacar al que pregunta no responde a la pregunta.

El «y tú más», en directo

No es de un partido. Es de todos.

Si piensas que esto es cosa de un solo bando, mira el catálogo. Están todos:

Falacia ad hominem en el Congreso: dos políticos se señalan mientras la pregunta queda en el suelo
Oct 2016 · ERC

En la investidura de Rajoy, Gabriel Rufián llama «traidores» a los diputados socialistas por abstenerse, habla del «PSOE Iscariote» y califica a Susana Díaz de «cacique».

Nov 2023 · PP

En la investidura de Sánchez, las cámaras captan a Isabel Díaz Ayuso, desde la tribuna de invitados, diciendo «hijo de puta» cuando Sánchez alude a ella. Su equipo dijo primero que había dicho «me gusta la fruta». Después lo reconoció y lo justificó como «lo mínimo» que merecía.

Nov 2023 · Vox

En la misma investidura, Santiago Abascal compara a Sánchez con Hitler y le acusa de dar un golpe de Estado. Se niega a retirarlo y sale del hemiciclo con su grupo sin escuchar la réplica.

Dic 2023 · Junts

En el debate sobre la comisión de la «Operación Cataluña», Míriam Nogueras llama «personas indecentes que deberían ser cesadas» a jueces como Pablo Llarena, a mandos de la Guardia Civil y a periodistas, y pide «poner nombres y apellidos». Señalar a personas concretas en vez de debatir los hechos.

Mar 2024 · PSOE

Feijóo pregunta por el caso Koldo. Sánchez no contesta: le exige que pida la dimisión de Ayuso, le recuerda su relación con el narcotraficante Marcial Dorado y remata: «Antes de hablar de ejemplaridad y de corrupción, tápese un poco». La prensa lo resumió como una fiesta del «y tú más».

Jun 2025 · PP, PSOE y Vox

En una sola sesión de control: Feijóo llama a Sánchez «lobo de la manada corrupta», Sánchez llama al PP «enciclopedia de corrupción» y Abascal le llama «corrupto y traidor» y se va sin escuchar la respuesta.

Oct 2025 · Vox

Tras la comparecencia de Sánchez en el Senado, Jorge Buxadé critica, con razón, sus «risitas y bromitas»… y en la misma declaración dice que ante el juez Peinado estuvo a punto de «hacerse caquitas». Criticar la falta de nivel bajando el nivel.

Feb 2026 · Podemos

Ione Belarra llama «despreciable» a Juan Roig, presidente de Mercadona, desde la tribuna del Congreso. Antes ya había llamado «corrupto» al juez García-Castellón, que la demandó.

May 2026 · PSOE

Otra pregunta de Feijóo sobre corrupción. Respuesta de Sánchez: «Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo».

Fíjate en el patrón: alguien pregunta algo concreto y la respuesta habla de otra persona. Del rival, de su familia, de su partido, de su pasado. Nunca de lo que se ha preguntado.

El caso extremo

Un ministro que insulta a ciudadanos

Si hay alguien que ha convertido la falacia ad hominem en estilo propio, es el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de X. Y lo grave no es solo con quién se pelea, sino que ya no se limita a otros políticos:

  • Junio de 2024. El activista y periodista Vito Quiles le acusa de usar el coche oficial para ir a un concierto. Puente responde que la matrícula era de un vehículo policial, y lo hace así: «Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda», añadiendo que se encargaría personalmente de que lo pagara «caro».
  • Febrero de 2025. Tras la cumbre de Patriots en Madrid, publica una foto de Santiago Abascal con los zapatos rodeados en rojo y se burla de su físico: la barba para disimular que «no tiene barbilla», que va de puntillas porque Le Pen es más alta, las camisas pequeñas para «lucir musculitos»… y remata con su «cerebro vacío» y un «ACOMPLEJADO de manual». Más de 6 millones de visualizaciones. Ni una sola idea rebatida: solo su cuerpo.
  • Julio de 2025. Llama a Feijóo «el personaje más inmoral que ha pasado por nuestra política» y vuelve a sacar su amistad con un narcotraficante.
  • Agosto de 2025. En plena oleada de incendios, usa X para atacar a Mañueco y a Juanma Moreno por no estar donde, según él, debían estar.
  • Su justificación: lo que él llama la «ley del embudo», es decir, que al PP se le permite insultar y a los socialistas no. Es la versión «tú también» en estado puro.
Tuit de Óscar Puente burlándose del físico de Santiago Abascal, ejemplo de falacia ad hominem
Tuit de Óscar Puente sobre Santiago Abascal (9 de febrero de 2025).

Puede que Vito Quiles no te guste. A mí no me hace falta que me guste nadie para ver el problema: un ministro no es un ciudadano más. Es el Gobierno de España hablándole a un ciudadano. Y si un ministro puede llamar «saco de mierda» a alguien que le critica, ¿qué le queda al resto?

Doble vara

¿Odio? Depende de quién

En marzo de 2026, el Gobierno presentó HODIO («Huella del Odio y la Polarización»), una herramienta para medir los discursos de odio y la polarización en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook, con un ranking semestral de plataformas. El mensaje fue claro: las redes tendrán que rendir cuentas por el odio que permitan.

Seamos precisos: no es lo mismo odiar que insultar. El delito de odio existe por algo, y todos entendíamos para qué servía: proteger a personas atacadas por lo que son. Llamar «saco de mierda» a alguien no es un delito de odio. Pero fíjate en lo que dice el nombre de la herramienta: odio y polarización. Y ahí la incoherencia salta a la vista:

  • Un Gobierno que quiere medir la polarización en redes tiene a uno de sus ministros entre las voces más polarizadoras de X.
  • Se exige a las plataformas que rindan cuentas por lo que publican otros, mientras nadie rinde cuentas por lo que publica un ministro con su nombre y su cargo.
  • Se habla de convivencia en los foros, y en el Congreso y en X el insulto es lenguaje cotidiano.

Y hay algo más, y esto es opinión mía: tengo la sensación de que el concepto de odio se ha ido ensanchando hasta servir para callar a quien discrepa. Lo he vivido en primera persona: en debates donde defender con hechos y evidencia algo tan básico como una definición se ha llegado a tachar de odio. Cuando cualquier desacuerdo con una causa se etiqueta como odio, la palabra deja de proteger a nadie y empieza a servir de mordaza.

El «y tú más»: un político señala a un espejo y su reflejo le señala a él

Si te nombras guardián contra el odio, el primer paso es no insultar tú.

Es la vieja historia de quien se coloca en el «lado correcto de la historia»: desde ahí, el insulto propio es ingenio y el ajeno es odio. Y eso, otra vez, vale para todos los que se ponen la etiqueta de buenos, se sienten en el banco que se sienten.

Por qué importa

Debatir es como negociar

Me dedico, entre otras cosas, a enseñar a negociar. Y hay una regla que aplico siempre: no te puedes sentar a negociar con quien no quiere negociar. Lo conté en el post sobre democracia: una de las patas de la democracia es aceptar que pierdes.

Con el debate pasa lo mismo. Hacer política implica tres cosas:

  • Escuchar la pregunta o el argumento del otro.
  • Rebatirlo con datos y razones, no con su biografía.
  • Aceptar cuando el otro tiene razón, o cuando te lo demuestra.

Lo que vemos es justo lo contrario: no se escucha, no se rebate, y nadie concede nada nunca. Se esquiva, te cambian de tema, se van por peteneras. Y la bancada aplaude, el vídeo se hace viral y nadie paga ningún precio. El único que pierde es quien quería una respuesta: tú.

Por eso te propongo algo para el próximo debate o la próxima sesión de control que veas. Hazte estas preguntas:

  • ¿Ha respondido a lo que le preguntaron, o ha hablado de otra cosa?
  • ¿Ha rebatido el argumento, o ha atacado a la persona que lo hacía?
  • ¿Ha aportado algún dato, o solo un adjetivo?
  • ¿Me parecería igual de mal si lo hubiera dicho alguien del partido que no voto?

La última es la más incómoda. Y la más importante.

Para terminar

El aplauso también es nuestro

Y ahora la parte incómoda: esto no es solo cosa de ellos. Cuando el zasca lo da uno de los nuestros, lo compartimos, nos reímos y sentimos una especie de orgullo: «¡qué repaso les ha dado!». Y casi nunca nos preguntamos si ha respondido a algo.

Público compartiendo y dando me gusta con el móvil a políticos que se señalan

A mí me lo dijeron literalmente: «Sánchez se los ha merendado a todos». Fui a ver aquella comparecencia en el Senado. Y lo que vi no fue a alguien ganando un debate, sino a alguien que no respondía. Pero eso te lo cuento en la segunda parte.

Mientras el insulto dé más aplausos que una buena respuesta, seguirán insultando. Y esos aplausos también son nuestros.

No les pido que se caigan bien. Les pido que respondan. Y a nosotros, que dejemos de aplaudir cuando no lo hacen.

— Nohemí Hervada

Nadie va a juzgar su violación

Nadie va a juzgar su violación

Justicia · Canarias · Sin filtros

Nadie va a juzgar su violación.

Tres hombres acusados de violar a una mujer en una patera rumbo a Lanzarote están en la calle. No porque una jueza los soltara por capricho, sino porque la ley no llega a alta mar. Y de ella, de la víctima, no habla nadie.

Esto es un artículo de opinión. Lo que vas a leer es lo que pienso yo, con mis argumentos y sin filtros. Los hechos están contrastados y tienes las fuentes al final. Y una cosa más: hablo siempre de presuntos agresores, porque nadie los ha juzgado. Ese es precisamente el problema.

Violación en patera: una patera con un punto rojo entre sus ocupantes, fuera del alcance de la ley que llega desde Lanzarote
Ayer me saltó en Instagram esta publicación, que resumía una entrevista en televisión:
Publicación de Instagram: «Una jueza deja en libertad a tres inmigrantes ilegales por violar a una mujer en una patera… Frente a ello, ni una protesta ni una queja del Gobierno de Canarias. Silencio absoluto.»
Publicación de @canariotodayoficial en Instagram, 20 de octubre de 2026.
Lo primero que sentí fue rabia, al leer la noticia y al escuchar el comentario del vídeo que la acompañaba. Hace años igual lo habría compartido sin más. Ahora no. Lo que hice fue investigar qué había de cierto en la información. Porque una noticia puede ser verdad y, a la vez, estar contada para que llegues a la conclusión equivocada. Medias verdades

Lo que dice el post y lo que calla

Es verdad que hay tres hombres acusados de violar a una mujer durante la travesía. Y que están en libertad.

Es verdad que fue la Fiscalía quien pidió que los soltaran.

NO ES VERDAD que una jueza los dejara libres porque sí. Los dejó libres porque la ley española no le permite juzgarlos.

NO CUENTA que la propia Fiscalía ha pedido a las Cortes que cambien la ley para que esto no vuelva a pasar.

NO CUENTA que la jueza ha mandado el caso a cuatro países para que alguien lo investigue.

¿Ves la diferencia? «Una jueza suelta a tres violadores» te lleva a pensar en una jueza blanda. En jueces que no hacen su trabajo. Otro cartucho más para minar la fe en la justicia, en un momento como el que vivimos, en el que la justicia parece el único contrapeso que resiste al Ejecutivo. La realidad es que el problema no está en el juzgado: ESTÁ EN LA LEY. Y los jueces no hacen la ley, aplican la que hay. Así que apuntar al sitio equivocado no solo no es justo: es inútil. Te expliqué quién hace qué en Fiscalizar al poder no es elegir bando. Pero el post de Instagram tiene parte de razón, y lo veremos después. Titulares

Mucho titular, poco dato

Que vivimos en la época de las fast news es un hecho. Cuando publico un reel de menos de un minuto, lo ven miles de personas. Cuando publico el artículo completo, con datos y fuentes, o el vídeo entero en YouTube, llega a muchísima menos gente. Sí, el algoritmo premia lo corto. Pero no es solo cosa del algoritmo. Nos hemos acostumbrado a quedarnos con el titular. Leemos tres líneas, sentimos algo, compartimos y seguimos.

Comprobar datos lleva tiempo. Indignarse, un segundo.

Un móvil con un titular enorme y, debajo, la letra pequeña que casi nadie lee, ampliada con una lupa roja
El titular se lee en un segundo. La letra pequeña, casi nunca.
Y así acabamos creyendo y difundiendo medias verdades. Que a veces son peores que una mentira:

Una mentira se desmonta con un dato. Una media verdad, no, porque lleva dentro algo cierto. «¿Están libres o no están libres?», te dirán. Y sí, lo están.

No es un descuido. Qué se cuenta y qué se calla se elige con una intención: apoyar un relato concreto.

Dirige la atención. Y el odio. Hacia la jueza, hacia los inmigrantes en bloque, hacia quien convenga en cada momento. Nunca hacia donde está el problema.

Una media verdad no busca informarte. Busca que mires hacia donde le interesa a quien la cuenta.

Los hechos

Qué pasó de verdad

16 de septiembreSalvamento Marítimo rescata una patera neumática que salió de Marruecos rumbo a Lanzarote. Está a unos 131 kilómetros al nordeste de la isla. Al llegar a Arrecife, una mujer guineana denuncia que tres hombres la violaron durante la travesía: dos malienses y un burkinés. Otro pasajero lo corrobora como testigo.
19 de septiembreEl juzgado envía a los tres a prisión provisional.
24 de septiembreLa Fiscalía comprueba que España no tiene jurisdicción y pide su libertad. Salen a la calle.
26 de septiembreLa Fiscalía de Canarias pide a las Cortes Generales una reforma legal para poder juzgar estos delitos.
20 de octubreLa jueza archiva la causa en España y manda el caso a Marruecos, Mali, Burkina Faso y Guinea para que alguno de ellos lo investigue.
Esquema: la ley española llega hasta las 12 millas de Lanzarote; la patera estaba a 131 km, en aguas internacionales
131 kilómetros de la costa. Fuera del alcance de nuestra ley.
El agujero legal

Por qué España no puede juzgarlo

Los tribunales españoles juzgan lo que pasa en España. Fuera de nuestras fronteras, solo en casos concretos:

En nuestro territorio y nuestras aguas, hasta las 12 millas. La patera estaba mucho más lejos.

En barcos con bandera española. La patera no tenía bandera.

Si el autor o la víctima son españoles. No lo eran.

Si viven habitualmente en España, gracias al Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres. Tampoco aplica.

La jueza no tenía ninguna puerta abierta. No podía hacer lo que todos pensamos que debía hacer al leer la noticia. Lo que sí podía hacer, y sí hizo, es dejar escrito que esto no puede impedir que otros países lo investiguen, y mandarles el caso. Eso el post no lo cuenta. Ahora es cuando sí podemos indignarnos con razón. En 2007, después de la crisis de los cayucos, España cambió la ley para poder juzgar a los patrones de las pateras aunque los detuvieran en aguas internacionales. Se da por hecho que la embarcación viene hacia España, y eso basta. Por eso casi cada semana hay un juicio contra un patrón en Canarias.
131km
Distancia de Lanzarote a la que ocurrió todo
2007
Año en que la ley se cambió para juzgar a los patrones, no a los demás
0
Tribunales españoles que pueden juzgar esta violación
O sea, que si el patrón te cobra por subirte a la patera, España puede juzgarlo. Si eres violada en esa patera, no.

Al patrón lo podemos juzgar. Al violador, no.

¿Tiene sentido? Para mí ninguno. Y no lo digo yo: lo dice la Fiscalía, que es quien ha pedido extender esa misma regla a las agresiones sexuales. La gran olvidada

Violada en tierra de nadie

Lee otra vez el post de Instagram. Habla de la jueza. De la Fiscalía. Del Gobierno de Canarias. De los tres hombres. De ella, ni una palabra. Y es la única persona de toda esta historia que lo ha perdido todo. Sobrevivió a una travesía en la que, según su denuncia, la violaron durante días en medio del mar, sin escapatoria posible. Rodeada de gente, y sin que nadie lo impidiera. Llegó, denunció, tenía un testigo que estuvo dispuesto a declarar, y lo hizo. Y ahora esa mujer sabe que nadie va a juzgar su caso en España. Que el expediente viaja a cuatro países donde, siendo realistas, lo más probable es que acabe en un cajón.

Una violación no deja de serlo porque ocurra a 131 kilómetros de la costa.

Un banquillo de los acusados vacío, con una carpeta roja encima, delante del estrado de un juzgado
Un banquillo que se quedará vacío. Y una denuncia que nadie juzgará aquí.
Y aquí me viene a la cabeza Ceuta. Ceuta

Cuando la víctima es de las que no cuentan

Tras la entrada ilegal masiva de finales de julio en Ceuta, la fiscal jefe de la ciudad habló de casi una agresión sexual al día. A primeros de septiembre había registradas 23 agresiones sexuales, nueve de ellas contra menores. ¿Y quiénes eran las víctimas? En buena parte, niñas y mujeres que habían cruzado esos días, solas y sin papeles. La propia fiscal advirtió de que son especialmente vulnerables y de que muchas no denuncian por miedo. Lo oí en televisión, en una tertulia de aquellos días. No recuerdo el programa ni quién lo dijo, pero la frase se me quedó grabada. Se estaba hablando de cómo se habían disparado las agresiones sexuales desde la entrada masiva, y alguien soltó, como quien aporta un matiz tranquilizador: «Bueno, pero la mayoría son a las propias inmigrantes». Otra persona de la mesa le contestó lo que había que contestar: qué más da la nacionalidad de las víctimas. De lo que se estaba hablando era de que las violaciones se habían multiplicado. Pero la frase ya estaba dicha. Y retrata muy bien una forma de pensar: eran mujeres y niñas violadas, pero como eran «de los suyos», como habían entrado con los mismos que las agredían, parecía menos grave. Casi un asunto interno. «Cosa de ellos». Ya te hablé de Ceuta en Ceuta no tiene foto. Esto tampoco la tiene. Y es lo mismo que veo ahora en Lanzarote. Unos usan el caso para hablar de inmigración. Otros lo esquivan para que no se hable de inmigración. Y a la mujer no la usa ni la defiende nadie.

¿Habría el mismo silencio si la víctima fuera una turista española en un barco de recreo?

¿Desde cuándo el pasaporte de una mujer decide si su violación importa?

¿Por qué quienes llegaron al poder con la bandera tomada del feminismo solo hablan cuando la víctima o el agresor les sirven para su relato?

Es lo que te contaba en la causa de esta temporada: hay víctimas que se convierten en bandera y víctimas que no le sirven a nadie. Y estas, como la mujer de la patera, se quedan solas. Es curioso cuánto oímos hablar de los derechos humanos y de la necesidad de aplicarlos a todos, tengan o no papeles. Y ES CIERTO. Pero, al parecer, no todas las violaciones de derechos importan lo mismo. Y si una mujer en una patera puede ser violada sin consecuencias, el mensaje que mandamos a quien quiera hacerlo es clarísimo: ese crimen sale gratis. A esas, nadie las va a defender.

Una víctima no es menos víctima por no tener papeles.

Lo que sí tiene razón

El silencio que sí existe

Decía que el post también acierta en algo. La Fiscalía ha hecho su trabajo: ha visto el agujero y ha pedido que se cierre. La jueza ha hecho lo que la ley le permite y algo más. Ahora la pelota está en el tejado de los políticos. Y ahí no se mueve nadie. Para esto no hay decreto urgente. El Gobierno de Canarias lleva años, con razón, exigiendo al Estado más medios y más herramientas para la ruta canaria. Pues aquí tiene una herramienta que falta, y que la ha señalado la propia Fiscalía. ¿Dónde está la reclamación? ¿Dónde está la iniciativa en el Parlamento canario o en el Congreso para cambiar la ley?

Nota: a día de hoy no consta ninguna declaración pública del Gobierno de Canarias sobre este caso. Si se produce, actualizaré el artículo.

Y no hace falta inventar nada para exigirlo. Es una reforma concreta, con un precedente concreto: la de 2007. Solo hay que extenderla a los delitos más graves que ocurren dentro de la patera, no solo al que la conduce.
Para terminar

La ley tiene que llegar a donde llega la patera

Este artículo está escrito para que te enfades. Pero sabiendo contra quién. Porque indignarse con el culpable equivocado es la mejor manera de que nada cambie. Hay una mujer que denunció, un testigo que la creyó y tres hombres que nunca se sentarán en un banquillo español. Hay una Fiscalía que ha pedido cambiar la ley. Y hay unos políticos que, de momento, no han dicho nada. Esa es la historia completa. Y es bastante más grave que la del post. Si has llegado hasta aquí, ya has hecho más que la mayoría: leer la historia entera antes de opinar. Y antes de compartir el próximo titular que te indigne, pregúntate qué no te está contando.

Una violación no deja de serlo en alta mar. Tampoco debería dejar de juzgarse.

— Nohemí Hervada

Un mundo de bandos

Un mundo de bandos

Geopolítica · Datos · Sin filtros

Un mundo de bandos.

OTAN sí, OTAN no. Salir de la OTAN vuelve a estar en los programas electorales. Antes de elegir bando, conviene ver el cuadro completo: lo que se repite, lo que se calla y los intereses que hay detrás.

Salir de la OTAN: dos personajes con aureola y sonrisa de santo, cada uno de un color, y detrás de cada uno una sombra con cuernos y ojos rojos

Lo confieso de entrada: en este tema no estaba al día. Me llegaban titulares sueltos, consignas, hilos indignados en un sentido y en el contrario. Así que hice lo que hago siempre que algo me chirría: buscar los datos, todos, no solo los que encajan.

Este artículo es para quien, como yo, no sigue cada noticia internacional pero quiere entender de qué va esto de salir de la OTAN antes de opinar. Y también es un ejemplo práctico de algo que repito mucho: con la mitad de los datos, cualquier relato parece verdad.

Lo básico

Qué es la OTAN y a qué nos compromete

Defensa mutua. El artículo 5 dice que un ataque contra un aliado es un ataque contra todos. Ojo: Ceuta y Melilla no están cubiertas, porque el tratado solo protege el territorio de Europa y Norteamérica.

Gasto en defensa. España llegó al 2% del PIB en 2025: pasó de 22.693 a 33.123 millones de euros en un año, un 43% más.

El famoso 5%. En 2025 los aliados acordaron llegar al 5% del PIB en 2035 (3,5% en defensa estricta y 1,5% en seguridad amplia). España es la única que no se ha comprometido: negoció quedarse en el 2,1%.

Misiones. España sigue aportando efectivos. En octubre de 2026 Defensa confirmó personal para el cuartel general de la misión de la OTAN en el Ártico.

Las bases de Rota y Morón no son de la OTAN. Son bases españolas que Estados Unidos usa por acuerdos bilaterales desde 1953.

¿Se puede salir? Sí: el tratado lo permite con un año de preaviso. Pero ningún país lo ha hecho nunca desde 1949.

85%
De los españoles apoya seguir en la OTAN (Elcano, 2025)
2,1%
Del PIB: el techo de gasto que negoció España, frente al 5% del resto
0
Países que han salido de la OTAN desde su fundación
Cómo hemos llegado aquí

La cronología en seis fechas

1982

España entra en la OTAN con el Gobierno de Calvo-Sotelo. El PSOE gana ese año las elecciones con el lema «OTAN, de entrada, no».

1986

Referéndum: el sí a la permanencia gana con el 56,85% de los votos válidos. Participación: 59%.

7 oct 2023

La masacre de Hamás en Israel mata a 1.221 personas, en su mayoría civiles, y unas 250 son secuestradas y llevadas a Gaza. Empieza la ofensiva israelí sobre la Franja.

Jun 2025

Cumbre de La Haya: todos se comprometen al 5%. España arranca una excepción y Trump empieza a señalarla en público.

Mar 2026

Estalla la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán. España niega el uso de Rota y Morón y Trump amenaza con cortar todo el comercio con España.

Jun 2026

El Congreso rechaza una moción para salir de la OTAN. Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre y la salida entra en la campaña.

Quién dice qué

Los partidos ante la OTAN

Quieren salir: Podemos (abandonar la OTAN «a la mayor brevedad», cerrar Rota y Morón, no subir el gasto) y el BNG. Desde el otro extremo, el pequeño partido Iustitia Europa propone referéndums para salir de la OTAN y de la UE.

Votaron a favor de salir en junio: Sumar, ERC y Bildu. El Gobierno de coalición votó dividido.

Votaron en contra: PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN.

Grietas internas: las Juventudes Socialistas aprobaron plantear la salida, en contra de la línea del propio Gobierno de Sánchez.

Fíjate en un detalle: la salida de la OTAN no es solo cosa de un extremo. La defienden partidos de izquierda y también alguno de la derecha más soberanista. Lo que los une no es una ideología, es la desconfianza hacia Estados Unidos.

Sigue el dinero

Estados Unidos, China y la cuenta de resultados

Se habla mucho de que España «se aleja de Estados Unidos y se acerca a China». Veamos qué dicen los números:

Estados Unidos compra apenas el 4,7% de lo que exporta España. Con los aranceles, en 2025 esas ventas cayeron un 10%: unos 1.800 millones menos. Aceite de oliva, vino, aceituna y jamón, entre los más tocados. Y les compramos más de lo que les vendemos: 13.458 millones de euros de déficit en 2025, un 34% más que en 2024.

China nos vende mucho más de lo que nos compra: un déficit de 42.278 millones de euros en 2025, un 12% más que en 2024 y alrededor del 74% de todo nuestro déficit exterior.

Sánchez ha viajado varias veces a Pekín buscando inversión. Pero en el primer cuatrimestre de 2026 el déficit con China siguió creciendo y la inversión china se estancó.

España es un gran proveedor de cerdo para China: cerca del 20% de sus importaciones.

Gráfica: en 2025 España vendió a China 7.972 millones y le compró 50.249; a Estados Unidos le vendió 16.716 y le compró 30.175
Lo que vendemos y lo que compramos a cada uno en 2025, en millones de euros.
Gráfica: el déficit comercial de España con China pasó de 37.700 a 42.278 millones entre 2024 y 2025, y con Estados Unidos de 10.013 a 13.458
El déficit con China sube un 12 % y con Estados Unidos, un 34 %.

Esto no es una alianza ideológica. Es comercio. Y con los dos salimos perdiendo.

El vecino del sur

Marruecos, el factor que casi nadie menciona

En el debate sobre la OTAN casi nunca aparece el único país con el que España tiene frontera terrestre fuera de Europa. Y es clave:

2020, los Acuerdos de Abraham: con Trump de mediador, Marruecos normalizó relaciones con Israel. A cambio, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre todo el Sáhara Occidental. Israel hizo lo mismo en 2023.

2026, más cerca todavía: en enero, Marruecos e Israel firmaron un plan militar conjunto. En septiembre, en la ONU y con Estados Unidos delante, acordaron abrir embajadas y reafirmaron el apoyo al Sáhara marroquí. Todo, en plena crisis de Ceuta.

Ceuta y Melilla: Marruecos nunca ha renunciado a reclamarlas. El acuerdo de septiembre no las menciona, pero algunas voces ya lo han planteado: un analista del think tank estadounidense AEI pidió en marzo reconocerlas como territorio marroquí ocupado, y un análisis en un diario israelí propuso usar los Acuerdos de Abraham para presionar por ellas.

¿Y la OTAN? Ceuta y Melilla quedan fuera de la defensa automática del artículo 5. El Gobierno sostiene que están protegidas porque la OTAN defiende la integridad territorial de cada aliado, y en caso de amenaza España podría pedir consultas a los aliados (artículo 4). Pero no hay garantía escrita.

Ceuta no es Gibraltar. Gibraltar está en la lista de la ONU de territorios pendientes de descolonización. Ceuta y Melilla, no: Marruecos intentó incluirlas y no lo consiguió. Ni siquiera la ONU las considera colonias.

Pero el relato colonial avanza. En julio de 2026, un informe de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE. UU. trató Ceuta y Melilla como territorios de Marruecos. Y en septiembre, en el Parlamento Europeo, la eurodiputada italiana Ilaria Salis (grupo de La Izquierda) llamó a Ceuta residuo del colonialismo europeo y dijo que «no es España»; una eurodiputada sueca de los liberales también cuestionó su pertenencia a Europa.

Lo que votó la Eurocámara: aun así, el Parlamento Europeo aprobó una resolución (339 votos a favor, 225 en contra) que califica de inaceptables las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla. Ahora bien, 225 votos en contra no son 225 eurodiputados que piensen que Ceuta no es española. La resolución, presentada por el PP europeo, no trataba solo de soberanía: también llamaba «invasión» a la entrada masiva de inmigrantes y pedía acelerar las devoluciones. Se votaba el texto entero, así que quien votó en contra pudo hacerlo por cualquiera de esas partes. Votaron no la izquierda europea y también el PSOE.

Mapa esquemático del Estrecho: Gibraltar, británico, cubierto por la OTAN; Ceuta y Melilla, españolas, fuera de la defensa automática del artículo 5
Gibraltar está cubierto por la OTAN. Ceuta y Melilla, no de forma automática.

Y aquí viene lo interesante: este mismo dato sirve a los dos bandos. Quien quiere salir dice: «la OTAN no protege Ceuta y Melilla, y nuestro gran aliado se lleva mejor con Marruecos que con nosotros». Quien quiere quedarse responde: «fuera de la OTAN estaríamos todavía más solos frente a un Marruecos respaldado por Estados Unidos e Israel». Los dos tienen parte de razón. Por eso hacen falta todos los datos.

La pregunta de fondo

¿Quedarse sin aliados en este mundo?

Salir de la OTAN no significaría quedarnos solos del todo. Pero conviene saber qué quedaría:

La UE tiene su propia cláusula de defensa mutua (artículo 42.7): si un país es agredido, los demás le deben ayuda «con todos los medios a su alcance». Pero no tiene planes operativos ni estructura militar detrás, y solo se ha activado una vez: Francia, tras los atentados de París de 2015.

Incluso los más europeístas la ven como complemento, no como sustituto: Macron y el primer ministro griego lo dijeron así en 2026.

Lo que hacen nuestros vecinos: Finlandia y Suecia, neutrales durante décadas, entraron en la OTAN en 2023 y 2024 tras la invasión rusa de Ucrania. Irlanda, Austria o Malta siguen siendo neutrales, pero ninguno tiene una frontera disputada en otro continente.

Y nuestro caso: tenemos la frontera más expuesta de Europa occidental, la que la OTAN no cubre de forma automática, junto a un vecino que la reclama y que cada vez tiene más apoyos. Y dentro de la UE, como hemos visto, ya hay voces que no distinguen Ceuta de Gibraltar.

Quien defiende salir responde que la alternativa es construir una defensa europea propia. Quien defiende quedarse responde que esa defensa europea hoy es un proyecto, no una realidad. Decidir eso exige poner todo esto en la balanza.

El sesgo

Los datos que se repiten y los que se callan

Aquí está el corazón de este artículo. Pero antes, una pregunta lógica: ¿qué pintan Israel, Irán o China en un debate sobre la OTAN? Pintan mucho, porque el conflicto de Oriente Medio ha acabado dibujando dos «bandos» que se proyectan sobre todo lo demás:

De un lado, Israel y su gran aliado, Estados Unidos, que es también el socio más poderoso de la OTAN. Por eso, para mucha gente, criticar a Israel acaba siendo criticar a Estados Unidos, y de ahí a cuestionar la OTAN hay un paso.

Del otro, Irán, el gran patrocinador de Hamás: según EE. UU., ha aportado la mayor parte de la financiación de su brazo armado, aunque no hay pruebas de que planificara el 7 de octubre. En 2026, además, está en guerra con Estados Unidos e Israel. Alrededor de Irán orbitan Rusia, que usó drones iraníes en la guerra de Ucrania (hoy ya los fabrica ella misma), y China, que compró más del 80% del petróleo exportado por Irán en 2025.

La trampa: como el primer bando hace cosas indefendibles, el segundo se presenta como «la resistencia» o «el antiimperialismo». Y quien se indigna, con razón, por Gaza, corre el riesgo de comprarse el paquete entero sin mirar qué hay dentro. Incluso de acabar negando el terrorismo o blanqueando a Hamás.

¿Y Afganistán? No forma parte de ese eje, pero lo incluyo por otra razón: es el mejor ejemplo de qué causas gritamos y cuáles dejamos en silencio cuando no encajan en el relato.

Con ese mapa delante, mira lo que cada bando elige contar. Y quien solo escucha a uno, solo ve la mitad del cuadro.

Una balanza inclinada: en un plato, un montón de bocadillos de diálogo repetidos; en el otro, algo tapado con una tela del que asoma una esquina roja
Lo que se repite pesa más. Lo que se tapa no desaparece.

El 7 de octubre de 2023: Hamás asesinó a 1.221 personas en Israel, en su mayoría civiles, y secuestró a unas 250. Atacaron kibutz y pueblos, y un festival de música, el Nova, donde murieron cientos de jóvenes. Una misión de la ONU concluyó que hay motivos razonables para creer que hubo violaciones, también en grupo, y encontró información clara y convincente de violencia sexual contra los rehenes durante el cautiverio. Medios como la BBC documentaron también mutilaciones.

Lo que vino después: la ofensiva israelí sobre Gaza fue la respuesta a ese ataque, dentro de un conflicto que viene de décadas. El Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, cifra en más de 73.000 los muertos, sin distinguir civiles de combatientes. El 82% de los españoles califica lo ocurrido de genocidio.

Irán, el régimen de los ayatolás: no siempre fue así. Antes de la revolución islámica de 1979, Irán era un país «casi occidental» en sus ciudades: las mujeres votaban desde 1963, llenaban las universidades, llegaron al Parlamento y en 1975 ganaron derechos de divorcio y custodia. Ojo, tampoco era una democracia: el sha era un régimen autoritario. La revolución cambió una dictadura por otra, y desde 1983 el velo es obligatorio a partir de los nueve años. Hoy, la represión no es solo contra las mujeres. Ejecutó al menos a 1.639 personas en 2025, la cifra más alta desde 1989, entre ellas 48 mujeres. Y cuando en enero de 2026 la población salió a la calle por la crisis económica, el régimen cortó internet y la represión dejó más de 5.000 muertos verificados, la mayoría manifestantes, y más de 10.000 detenidos, con juicios «rápidos» y el riesgo de nuevas ejecuciones.

Afganistán, el régimen talibán (otro régimen islamista, distinto del iraní): las niñas tienen prohibido estudiar secundaria desde 2021.

China: puesto 178 de 180 en libertad de prensa y el país con más periodistas encarcelados del mundo: 121.

Estados Unidos: el que se supone que es nuestro principal aliado amenazó en marzo de 2026 con cortar todo el comercio con España, porque el Gobierno no le dejó usar Rota y Morón para atacar Irán. Con Trump, los españoles ya sienten menos simpatía por Estados Unidos que por China.

Todos estos datos son ciertos a la vez. El problema empieza cuando unos se repiten hasta el cansancio y otros desaparecen, según quién cuente la historia. Ya lo vimos en Ceuta no tiene foto: lo que no sale en la imagen, no existe.

Que Israel haga cosas terribles no convierte a Irán en el bueno. Que Trump amenace no convierte a China en un amigo.

Y aquí un dato que me sorprendió: la mayoría de los españoles condena lo de Gaza y, a la vez, quiere seguir en la OTAN. La calle es menos binaria que los eslóganes.

La pregunta incómoda

¿Dónde vivirías con tus hijos?

Te dicen que tienes que irte a vivir con tus hijos a otro país. Solo tienes dos opciones: Israel o Irán. ¿Cuál escoges?

Antes de seguir, quiero que quede claro por qué hago esta pregunta. No es para que elijas un bando ni para defender a ningún gobierno. Es para que te hagas preguntas, para que cuestiones el relato venga de donde venga. Y, sobre todo, para que no acabemos blanqueando a un régimen totalitario solo porque su enemigo nos cae peor.

La hago porque en este tema la polarización es enorme. Mira lo que pasó hace un año:

14 de septiembre de 2025: la última etapa de la Vuelta Ciclista se suspendió en Madrid, a 56 km de la meta, por las protestas contra el equipo Israel Premier Tech.

Era un equipo israelí, sí, propiedad de un empresario amigo de Netanyahu. Pero de sus ocho corredores, solo uno era israelí.

El presidente del Gobierno expresó su admiración por quienes se movilizaron. El mensaje era claro: todo lo que venga de allí es el enemigo.

Ni todos los israelíes son Netanyahu, ni todos los gazatíes son Hamás, ni todos los iraníes son los ayatolás.

Igual que no todos los estadounidenses son Trump, ni todos los españoles somos el Gobierno.

Así que te digo lo que pienso: lo que ha pasado en Gaza me parece terrible, y a Netanyahu yo lo sentaría ante un tribunal. Ahora piensa en tu hija. En Irán, velo obligatorio desde los nueve años, 1.639 ejecuciones en 2025 y más de 5.000 muertos en las protestas de enero. En Israel hay elecciones, jueces y una prensa que critica a su propio Gobierno todos los días.

73
Israel · libertades, sobre 100 (Freedom House 2026)
10
Irán · libertades, sobre 100
2/22
Gaza y Cisjordania · sobre 100

Pero hay algo que no puedo callar: quien nace palestino en Gaza o en Cisjordania no puede hacerse esta pregunta. No elige. Allí la libertad es casi cero. Y dentro de Israel, los ciudadanos árabes siguen sufriendo discriminación.

Segunda pregunta, mismas condiciones: ¿Estados Unidos o China? Estados Unidos no es un paraíso, y con Trump menos: su nota en libertades ha bajado y en libertad de prensa ha caído al puesto 64. China está en el 178 de 180 y es el país con más periodistas en la cárcel del mundo.

81
Estados Unidos · libertades, sobre 100
9
China · libertades, sobre 100
178º
China en libertad de prensa, de 180 países (RSF)

En las dos parejas hay un gobierno que critico. Pero solo en una de cada pareja podría criticarlo sin acabar en la cárcel. Responder a estas preguntas no es elegir al bueno: es reconocer que no todo es igual.

Buenos y malos

No hay héroes. Hay intereses.

Al público general nos lo simplifican en buenos y malos. Pero si miras quién gana qué, aparece otra cosa:

Trump mezcla defensa y comercio: o gastas lo que te pido, o te pongo aranceles.

China busca aliados en Europa en plena guerra comercial con Estados Unidos, y España le ofrece una puerta de entrada.

Marruecos usa su amistad con Estados Unidos e Israel para consolidar el Sáhara y ganar peso frente a España.

El Gobierno español necesita exportar cerdo y aceite, atraer inversión y no recortar gasto social para pagar tanques.

Los partidos, a semanas de unas elecciones, buscan votos: unos agitando el antiamericanismo, otros el miedo a quedarnos solos.

Ninguno es un santo. Todos defienden sus intereses. Y eso no es un escándalo: es la política internacional de siempre. El escándalo es que nos lo vendan como una película moral para que elijamos bando sin hacer cuentas.

Antes de opinar

Preguntas incómodas

Si salimos de la OTAN, ¿quién nos defiende, y con qué presupuesto?

¿Tiene sentido quedarse sin aliados militares fuertes en un mundo cada vez más inestable?

¿Cambiar la dependencia de Estados Unidos por la de China es ganar autonomía?

¿Se puede defender a la población de Gaza sin callar lo que hizo Hamás?

¿Por qué indigna tanto lo que pasa en un país y tan poco lo que pasa en Irán o lo que les pasa a las mujeres en Afganistán?

¿Cuántas de mis opiniones sobre esto se basan en datos y cuántas en titulares?

Nota: las cifras de muertos en Gaza proceden del Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, y no distinguen entre civiles y combatientes; organismos internacionales las consideran en general fiables. El 85% de apoyo a la OTAN es del Barómetro del Real Instituto Elcano de mayo-junio de 2025. Las cifras de ejecuciones en Irán son de Iran Human Rights y ECPM; Amnistía Internacional eleva el total a 2.159.

Para terminar

Todos los datos, no solo los cómodos

Este post lo he escrito, antes que para nadie, para mí. Para estar segura de tener el dibujo lo más completo posible antes de opinar.

Porque yo también estuve en las manifestaciones gritando «OTAN no, bases fuera». Y si alguien me hubiera preguntado por qué, no habría sabido dar una razón más allá de creer que era lo correcto.

Quizá por eso hoy entiendo a la gente joven que lleva un pañuelo de Palestina y no sabe qué decir cuando le hablas de Hamás. O a quien detesta a Trump y sus políticas y, por eso, piensa que China será mejor aliado. No es mala fe. Es lo que pasa cuando nos dan una causa justa con la mitad de los datos.

Por eso hago estas preguntas: no para favorecer a nadie, sino para animarte a hacértelas tú. Puedes condenar lo que ha pasado en Gaza y, a la vez, negarte a aplaudir a un régimen que ahorca a mujeres y encarcela a periodistas. Criticar a un gobierno no te obliga a abrazar al de enfrente.

No te voy a decir si España debe quedarse o salir de la OTAN. Te voy a pedir algo más difícil: que antes de decidirlo pongas todos los datos sobre la mesa. Los que te dan la razón y los que te la quitan.

Porque cuando alguien te presenta el mundo en buenos y malos, casi siempre está escondiendo una cuenta de resultados.

El relato elige qué datos ves. Tú decides si te conformas con la mitad.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 20 minutos

Fuentes Galiciapress / Europa Press · The Conversation · EFE (gasto en defensa) · Moncloa.com · NPR · Libertad Digital · Referéndum de 1986 · The Objective · Política Electoral · Vozpópuli · Forbes (comercio con EE. UU. y China en 2025) · Onda Vasca (déficit comercial 2025) · The Objective (déficit con China en 2024) · China Briefing · El Español · Euronews · Barómetro Real Instituto Elcano · ICTJ (Gaza) · AFP (7 de octubre) · Euronews (Irán) · Reporteros Sin Fronteras · Libertad Digital (Ilaria Salis) · Yabiladi (Congreso de EE. UU. y eurodiputadas) · The Objective (resolución sobre Ceuta) · El Debate (resolución sobre Ceuta) · La Capital (Ceuta, Melilla y la ONU) · El Español (artículo 42.7) · Público (Marruecos, EE. UU. e Israel) · El Español (acuerdo de septiembre) · Bilbao Hiria (Ceuta, Melilla y Acuerdos de Abraham) · Infobae (Ceuta, Melilla y la OTAN) · Maldita (concepto estratégico de Madrid) · El Orden Mundial (Irán antes de 1979) · El Debate (mujeres en Irán, años 70) · EFE (informe ONU, 7 de octubre) · BBC (violencia sexual, 7 de octubre) · NTN24 / HRANA (protestas en Irán) · AFP (detenidos en Irán) · CNN (Irán y Hamás) · Reuters (drones a Rusia) · Euronews (Shahed) · Jerusalem Post / Kpler (petróleo iraní) · Freedom House 2026 (Israel, Cisjordania y Gaza) · Freedom House 2026 (Irán, Estados Unidos y China) · La Nación (Vuelta 2025) · Ara (propietario del Israel Premier Tech) · La Gaceta de Salamanca (el equipo) · Ciclismo a Fondo (corredores en la Vuelta) · Domestique (cambio de identidad del equipo)

¿Es la multiculturalidad el nuevo caballo de Troya?

¿Es la multiculturalidad el nuevo caballo de Troya?

Opinión · Cultura · Sin filtros

¿Es la multiculturalidad el nuevo caballo de Troya?

Conocer otras culturas es una riqueza. Aceptarlas todas por igual, también las que niegan los derechos que tanto nos costó conquistar, es otra cosa muy distinta.

Esto es un artículo de opinión. Lo que vas a leer es lo que pienso yo, con mis argumentos y sin filtros. Puedes no estar de acuerdo, y para eso están los comentarios. Donde doy un dato, tienes la fuente al final.

Multiculturalidad: un caballo de Troya de madera envuelto con un lazo de regalo

¿Prefieres verlo? Te lo cuento en vídeo, arriba. Y si prefieres leerlo, sigue aquí abajo.

Si pudieras viajar a cualquier época de la historia, seguro que habría muchas que te gustaría ver. Estar ahí como testigo de lo que pasó. Ahora cambia la pregunta: ¿te quedarías a vivir allí? ¿Elegirías, por ejemplo, la Edad Media?

¿Sabes cuál era la esperanza de vida? Rondaba los 30 años al nacer, sobre todo porque morían muchísimos niños.

¿Qué derechos tenía una mujer?

¿Y un campesino, atado a la tierra de su señor y sin nada que decir sobre su propia vida?

Una postal de un castillo medieval junto a un billete de ida y vuelta aprobado y uno de solo ida tachado
Visitarla, sí. Quedarse a vivir, no.

Visitarla, sí. Vivir en ella, no. Y sin embargo la romantizamos, como romantizamos tantas cosas: nos dejamos llevar por la emoción sin analizar lo que hay de cierto detrás.

Como sociedad hemos ido avanzando así: quedándonos con lo bueno de cada época y dejando atrás lo que nos quitaba calidad de vida o violaba nuestros derechos. Con la multiculturalidad nos está pasando lo mismo que con la Edad Media. Nos gusta la postal, pero no miramos lo que hay detrás.

Una palabra, dos ideas

Las dos multiculturalidades

Cuando oímos "multiculturalidad", la mayoría pensamos en algo bueno. Y lo es, si hablamos de esto:

La multiculturalidad del viajero. Conocer otras lenguas, otras comidas, otra arquitectura, otros paisajes, otras formas de vivir. Casi nadie ve eso como algo negativo. De hecho, viajar es de lo que más nos gusta hacer cuando nos lo podemos permitir.

La multiculturalidad política. Es otra cosa. Es la idea de que todas las culturas son igual de buenas y deseables, y de que incluso hay que favorecer a las minoritarias por el hecho de serlo.

Multiculturalidad del viajero, una maleta con pegatinas, frente a la multiculturalidad política, un atril con micrófono
Misma palabra, dos ideas muy distintas.

Y aquí está la trampa. Una cosa es luchar para que no se discrimine a ninguna persona ni a ningún grupo. Otra muy distinta es usar el hecho de ser minoría para validar todo lo que ese grupo hace.

Me recuerda a cuando me dedicaba al mundo de la crianza. Cuando decía que no quería criar a mis hijos a base de amenazas, castigos o azotes, como nos criaron a mi generación, mucha gente entendía: "Entonces hacen lo que quieren". Y había que explicar que no. Que evitar lo que no querrías que usaran contigo no significa que no haya normas ni límites.

No es todo o nada.

Con las culturas pasa igual. Reconocer que la mayoría tienen cosas interesantes y atractivas no nos obliga a dar cabida a las que chocan con la nuestra. Porque hay culturas incompatibles no ya con nuestro modo de vida, sino con nuestra Constitución.

Lo que nos costó

Siglos para llegar hasta aquí

Somos cultura occidental y mediterránea, y lo que tenemos hoy no ha salido de la nada. Es conocimiento acumulado y derechos pulidos a lo largo de generaciones, muchas veces a base de sangre:

Grecia

Nos deja la idea de la democracia.

Roma

Nos deja el derecho. Nuestras leyes se inspiran todavía en el derecho romano.

1517

La Reforma protestante, en parte contra los abusos de poder de la Iglesia. Le siguen guerras de religión sangrientas: gente dispuesta a matar y a morir porque creía rendir cuentas ante Dios.

1789

La Revolución francesa y la Ilustración. Las ideas que siguen inspirando nuestra cultura.

1978

Nuestra Constitución: ninguna confesión tendrá carácter estatal. La fe pasa a ser cosa de cada uno.

Nuestra cultura sigue impregnada de cristianismo, porque es parte de lo que somos, creas o no. Pero hemos aprendido a separar la fe de la ley. Y a poner por encima de todo unos derechos que hoy damos por hechos:

El derecho a la vida.

La libertad de pensamiento, de religión y de expresión. Creer lo que quieras sin imponérselo a los demás.

La igualdad entre hombres y mujeres. No somos iguales, pero tenemos los mismos derechos.

La libertad de amar a quien quieras sin acabar en la cárcel.

Rendir cuentas si haces daño a otro. Mi libertad termina donde empieza la del prójimo.

Por eso lo digo sin rodeos: sí, creo que hay culturas moralmente superiores a otras en esto.

Prefiero vivir donde me enseñan a perdonar que donde me permiten matar al que no piensa como yo.

Ojo: hablo de prácticas e ideas, no de personas. Que una cultura sea moralmente peor en algo no da derecho a nadie a hacer daño a quien nació en ella. Pero sí me da derecho a no querer esas ideas en mi casa.

Es lo que el filósofo Karl Popper llamó la paradoja de la tolerancia: si toleramos a los intolerantes sin límite, acaban con la tolerancia. Se pueden respetar todas las opiniones, salvo la que dice que no hay que respetar a los demás.

Una puerta abierta con un felpudo de bienvenida y un brazo que intenta cerrarla desde dentro
La paradoja de la tolerancia: la puerta abierta también se puede cerrar desde dentro.
El regalo envenenado

El caballo de Troya

Este verano se estrenó La Odisea, de Christopher Nolan. Y casi todo el mundo conoce el episodio más famoso de la guerra de Troya: el caballo de madera que los troyanos metieron en su ciudad como si fuera un regalo. Dentro iban los soldados que la destruyeron.

La expresión ha sobrevivido tres mil años porque describe algo que se repite: lo que entra disfrazado de regalo y acaba siendo el arma que te mata. En política tiene nombre: entrismo.

Nuestro sistema es garantista. Presume la inocencia de todo el mundo, incluso del que pillan con el cuchillo en la mano. Protege la libertad de expresión, de culto y de pensamiento. Eso es lo mejor que tenemos. Y es justo lo que el entrismo usa para entrar: nuestros propios mecanismos democráticos, para un día acabar con ellos.

Su herramienta favorita es el victimismo: "somos menos", "estamos oprimidos", "vuestros antepasados nos hicieron esto, así que nos debéis algo".

Que quede claro: no hablo de discriminación positiva. Sé lo que es y para qué sirve: corregir desigualdades históricas que todos conocemos. Hablo de otra cosa. De usar la etiqueta de víctima para colar ideas que van contra los derechos de todos.

Los datos

No es una teoría

Si crees que exagero, mira lo que dijo el propio Gobierno francés. En mayo de 2025 publicó un informe sobre los Hermanos Musulmanes y el islamismo político en Francia. Habla abiertamente de "entrismo islamista" y de un riesgo para la cohesión nacional:

139
Lugares de culto vinculados a los Hermanos Musulmanes en Francia
7%
De todos los lugares de culto musulmanes del país
280
Asociaciones en su órbita: escuelas, deporte, caridad, empleo

El informe describe una estrategia discreta y a largo plazo: entrar en escuelas, clubes, asociaciones e instituciones locales. Mi lectura es que lo que no se consiguió hace siglos por la fuerza se intenta ahora por otros medios: el número, la paciencia y nuestras propias libertades.

Nota: estas cifras son de Francia y no las extrapolo a España. La interpretación de la estrategia a largo plazo es mía. El propio informe insiste en distinguir el islamismo político del islam y de los musulmanes, y yo también.

Lo que sí necesitamos

El problema no es quien viene

Seamos claros también en esto: Europa envejece y necesita inmigrantes. Tenemos muy pocos hijos y vivimos más años. Sin relevo, no se sostienen ni las pensiones ni el cuidado de quienes ya no pueden trabajar. Aquí hay trabajo que en muchos países de origen no hay.

Y muchos inmigrantes vienen precisamente huyendo de lo que nosotros dejamos atrás:

De que les mutilen los genitales por ser niñas.

De tener que taparse porque se considera que incitan al pecado.

De ir a la cárcel, o algo peor, por su orientación sexual.

De no poder pensar, creer o hablar en libertad.

Una maleta con la etiqueta «Destino: libertad» que deja atrás una tormenta y va hacia el sol
Muchos vienen huyendo justo de lo que nosotros dejamos atrás.

Esas personas son las primeras víctimas de las ideas que algunos quieren traer aquí. Por eso:

El problema no es quien viene. Es lo que algunos pretenden imponer.

Hijos y nietos

Nacidos aquí, de allí por nostalgia

Lo más inquietante no son siempre los que llegan. Son a veces sus hijos y sus nietos, nacidos aquí, que nunca han vivido en una sociedad cerrada y autocrática, y que la idealizan. Otra vez la romantización: "allí sí me entienden, allí es donde pertenezco".

Tres generaciones de siluetas; la más joven sostiene un pasaporte y sueña con una postal idealizada
Otra vez la romantización: idealizar un lugar en el que nunca se ha vivido.

Hay que reconocer el contexto, porque negarlo sería mentir:

La discriminación existe. Como especie desconfiamos del diferente. Fue lo que nos salvó la vida durante milenios, y cuesta mucho desactivarlo.

A los inmigrantes se les suelen dejar los peores trabajos, los peor pagados y los que nadie quiere.

En países como Francia se les apartó en guetos a las afueras de las ciudades. Eso no favorece la integración: deja claro quién es de aquí y quién es de segunda.

El resultado está en las noticias: una generación con pasaporte europeo que no se siente ni francesa, ni británica, ni española, y que mira con nostalgia a un lugar con leyes mucho más duras y muchos menos derechos que los que disfruta aquí.

Buenismo

Pedir perdón no salva a nadie

Frente a todo esto, ¿qué hacemos? Muchas veces, flagelarnos. Es muy de cultura cristiana: cargar con el sufrimiento ajeno, pedir perdón por lo que hicieron otros hace siglos. Pero nosotros no somos Cristo. Disculparnos eternamente no mejora la vida de nadie. Solo abre la puerta a las ideas que van contra nosotros. Es lo que te contaba en qué es el buenismo.

Un látigo roto rodeado de notas que dicen «perdón»
Disculparse eternamente no le mejora la vida a nadie.

Yo misma me lo he creído durante años: que España tenía que pedir perdón por haber llegado a América, porque allí cometimos una masacre. Claro que hubo violencia y abusos, como en toda conquista. Pero no hubo un plan de exterminio. La mayor parte de la población indígena murió por las epidemias, no por las espadas. La Corona prohibió por ley esclavizar a los indígenas y los declaró súbditos, como cualquiera nacido en Valladolid o en Granada. Otra cosa es que esas leyes se cumplieran siempre. Y hubo mestizaje: buena parte de la población de esos países desciende de esa mezcla.

¿Por qué cargamos con la culpa, entonces? Porque el relato no lo gana quien tiene razón, sino quien tiene el altavoz. Nuestros rivales de entonces construyeron la leyenda negra. Y nadie le pide a un inglés que se disculpe por la India, ni a un belga por el Congo de Leopoldo II, donde murieron millones de personas. Esto da para otro post, y lo escribiré.

La propaganda funciona igual con las causas de hoy. En manifestaciones que no tienen nada que ver, como las de la vivienda de las que te hablé en la causa de esta temporada, aparecen banderas de Palestina por todas partes. El sufrimiento de la población de Gaza es real y nadie lo niega. Pero una cosa es ese pueblo y otra Hamás. Y yo le preguntaría a quien defiende a Hamás:

¿Sabes qué derechos tienes como mujer para Hamás?

¿Sabes qué le pasa en Gaza a un homosexual?

¿De verdad defenderías para ti lo que aplaudes para otros?

Se venden como luchas humanitarias causas que, detrás, esconden ideologías antiderechos. Y quien lo señala se gana la etiqueta. Ya lo conté en fascista es siempre el otro: grito "fascista" y así me blindo. El malo es el otro y yo soy el bueno.

Ser minoría no te pone en la cima moral.

Ceuta, Melilla y Canarias

El avestruz no ve venir nada

A veces ni siquiera esconden sus intenciones. En agosto y septiembre de este año, varios ministros marroquíes han vuelto a reclamar Ceuta y Melilla en público. Uno habló de un "derecho histórico y geográfico". Otro dijo en un mitin que Rabat no retrocederá "ni un palmo". Y con Canarias, el pulso es por las aguas que rodean las islas. Si eso lo dicen en público, imagina lo que se dice en privado.

Un avestruz con la cabeza bajo la arena mientras se acerca una tormenta
Hacer como el avestruz no hace que el problema desaparezca.

No es lo mismo que el islamismo, que quede claro. Pero ilustra la misma ingenuidad: la de creer que si no lo miramos, no pasa. Ya te hablé de Ceuta en Ceuta no tiene foto.

Hacer como el avestruz es un comportamiento infantil: me tapo los ojos y, como no lo veo, desaparece. El problema no desaparece por no afrontarlo. Al contrario: cuanto más lo ignoramos, más alas les damos a quienes trabajan para que crezca. Y, de paso, a quienes se aprovechan del miedo para señalar a todos los inmigrantes por igual.

Para terminar

Conocer, sí. Aceptarlo todo, no.

España es mezcla. Por aquí han pasado romanos, judíos, musulmanes y muchos pueblos más. Hemos paseado por Córdoba y por Granada, y miles de palabras de nuestro idioma vienen del árabe. Admiramos muchas cosas de la cultura islámica, igual que de la sefardí. Nuestra identidad es, en parte, todo lo que nos hemos quedado de cada una.

Arcos de herradura rojos y blancos inspirados en la Mezquita de Córdoba
Parte de nuestra identidad es esa mezcla.

Pero también tenemos claro lo que hemos dejado atrás, y por suerte: que el hombre está por encima de la mujer, que ser homosexual es delito, o que el padre, el imán o el que manda tienen derecho a maltratar al que no piensa como ellos.

Eso no se negocia. Ni en nombre de la tolerancia, ni de la hospitalidad, ni del buenismo.

Conocer todas las culturas, sí. Aceptarlas todas, no.

— Nohemí Hervada

El Constitucional explicado sin ser jurista

El Constitucional explicado sin ser jurista

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El Constitucional explicado sin ser jurista.

Amnistía, ley de nietos, choques con el Supremo y un presidente bajo sospecha. Qué es el Tribunal Constitucional, por qué existe y por qué ahora está en boca de todos.

Tribunal Constitucional: columna roja con la Constitución al lado de la pirámide de la justicia

Me lo habéis pedido varias veces: «explícanos lo del Constitucional, que ya no entiendo nada». Y es normal. Cada semana sale en los titulares, unas veces enmendando al Supremo, otras siendo acusado de trabajar para el Gobierno, y casi nadie te cuenta lo básico: qué es, de dónde sale y quién manda ahí.

Así que vamos por partes. Sin latinajos y sin tomar partido por nadie. Y con una advertencia de inicio: para entender al Tribunal Constitucional primero hay que olvidar una idea que casi todos tenemos en la cabeza.

El Constitucional no es «el tribunal más alto de España».

Lo básico

Qué es (y qué no es)

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Su trabajo no es juzgar delitos ni pleitos entre vecinos: es vigilar que las leyes y los poderes públicos respeten la Constitución. Y, ojo al dato: no forma parte del Poder Judicial. La Constitución lo regula en un título aparte (el IX), separado de jueces y tribunales (el VI).

Hace, sobre todo, cuatro cosas:

  • Recurso de inconstitucionalidad. Es la vía para pedirle que anule una ley por chocar con la Constitución. Pero no puede pedirlo cualquiera: solo el presidente del Gobierno, un grupo de al menos 50 diputados o 50 senadores (así puede hacerlo la oposición), el Defensor del Pueblo y los gobiernos y parlamentos autonómicos. Un ciudadano de a pie no puede recurrir una ley directamente.
  • Cuestión de inconstitucionalidad. Un juez que tiene que aplicar una ley y duda de que sea constitucional se lo pregunta antes de decidir.
  • Recurso de amparo. Cualquier persona que crea que le han vulnerado un derecho fundamental (igualdad, libertad, tutela judicial, voto…) puede acudir a él, pero solo después de agotar la vía de los tribunales ordinarios.
  • Conflictos de competencias. Arbitra cuando el Estado y una comunidad autónoma se pelean por quién manda en algo.
Un poco de historia

Por qué se creó y cuándo

La idea no es española. Es del jurista austriaco Hans Kelsen, que defendía que hacía falta un órgano especial, distinto de los jueces normales, para controlar que el Parlamento no se saltara la Constitución. Tras las dictaduras del siglo XX, buena parte de Europa adoptó el modelo como vacuna contra el abuso de poder.

1920

Austria crea el primer tribunal constitucional europeo, inspirado por Kelsen.

1931

La Segunda República española crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, el antecedente directo. La guerra y el franquismo acaban con él.

1978

La Constitución recupera la idea: un tribunal que garantice que la democracia no se deshace por la puerta de atrás.

1979-1980

Se aprueba su ley orgánica (la LOTC) y el tribunal se constituye en 1980.

2007

Colapsado por miles de amparos, se reforma: desde entonces solo admite los que tengan «especial trascendencia constitucional».

2010

Su sentencia sobre el Estatut catalán marca el inicio de una década en la que el tribunal pasa a estar en el centro de la política.

Quién manda ahí

Cómo se elige a los magistrados

12
Magistrados en el Pleno
9
Años de mandato, sin reelección
3/5
Mayoría que exige el Parlamento para elegir a los suyos

Aquí está la clave de casi todas las polémicas. Los doce magistrados no llegan por oposición. Los proponen:

  • 4 el Congreso y 4 el Senado, por mayoría de tres quintos.
  • 2 el Gobierno.
  • 2 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tienen que ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio. Se renuevan por tercios cada tres años y eligen entre ellos a su presidente por tres años.

La mayoría de tres quintos se pensó para obligar a pactar nombres de consenso. En la práctica, PSOE y PP se reparten los cupos y cada uno propone a «los suyos». De ahí que los medios hablemos de magistrados «progresistas» y «conservadores» y que se cuente quién tiene la mayoría. Hoy la tiene el bloque progresista. Durante años la tuvo el conservador. Y las renovaciones se han bloqueado una y otra vez, según a quién le conviniera esperar.

La pirámide

Cómo funciona la justicia en España

Para entender el choque entre el Constitucional y el Supremo hay que ver primero la escalera.

Pirámide judicial de España con el Tribunal Constitucional al lado, no encima
El Tribunal Constitucional no corona la pirámide: está al lado.

De abajo arriba:

  • Juzgados. Primera instancia, instrucción, de lo penal, de lo social, de lo contencioso… Es donde empieza casi todo.
  • Audiencias Provinciales. Revisan lo que deciden los juzgados y juzgan delitos más graves.
  • Tribunales Superiores de Justicia. Uno por cada comunidad autónoma.
  • Audiencia Nacional. Para asuntos que afectan a toda España: terrorismo, grandes fraudes, crimen organizado.
  • Tribunal Supremo. La cima del Poder Judicial, con cinco salas: civil (1.ª), penal (2.ª), contencioso-administrativo (3.ª), social (4.ª) y militar (5.ª). La Constitución dice que es el órgano superior «salvo en materia de garantías constitucionales».

Esa última coletilla es el origen de todo el lío. Porque fuera de la escalera hay más actores:

  • El Tribunal Constitucional. No es un escalón más: está al lado, y solo entra cuando hay en juego la Constitución o un derecho fundamental.
  • El Tribunal de Justicia de la UE (Luxemburgo), que interpreta el derecho europeo y obliga a todos los jueces españoles.
  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo), que vigila el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
  • El CGPJ, que no juzga: es el órgano de gobierno de los jueces (nombramientos, ascensos, sanciones).

El Constitucional no es el último escalón de la escalera. Es quien vigila que la escalera no se salte la Constitución.

Por qué ahora

La amnistía: el gran pulso

La ley de amnistía del procés llevó al Constitucional al centro del ring. Esta es la secuencia:

Junio 2024

Se aprueba la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para Cataluña.

2024-2025

El Supremo se niega a amnistiar la malversación de Puigdemont y otros líderes del procés: entiende que hubo beneficio personal, una de las excepciones de la ley.

2025-2026

El Constitucional avala la ley en sus sentencias, con votos particulares en contra del bloque conservador. Deja los amparos de los líderes del procés a la espera de Europa.

16 jul 2026

El TJUE concluye que la amnistía es compatible con el derecho europeo. Ojo: solo con el derecho europeo. Lo explico justo debajo.

6 oct 2026

El Constitucional, por mayoría progresista, da el amparo a Dolors Bassa y Jordi Turull: ordena al Supremo aplicar la amnistía a la malversación.

19 oct 2026

El juez del Supremo Pablo Llarena aplica la amnistía a Puigdemont y retira las órdenes de detención en España, aunque deja por escrito que sigue sin compartir el razonamiento del Constitucional.

Lo que la sentencia del TJUE sobre la amnistía miró y lo que no miró
«Europa avala la amnistía» es cierto, pero solo en el examen de derecho europeo.

Fíjate en el detalle: el Supremo cumple, pero dejando constancia de que discrepa. Eso es justo lo que hace saltar el debate del que hablaremos en un momento.

Por qué ahora (II)

La ley de nietos y el voto del 29-N

Hoy se cumplen exactamente cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática (21 de octubre de 2022). Una parte de ella, conocida como «ley de nietos», permite obtener la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que se exiliaron por la guerra y el franquismo, sin necesidad de vivir en España.

  • Qué ha pasado. A petición de Vox y de la asociación Iustitia Europa, la Sala Tercera del Supremo ha suspendido de forma cautelar el voto de los nacionalizados por esta vía para las elecciones generales del 29 de noviembre, salvo que se acredite que sus ascendientes fueron exiliados.
  • A cuántos afecta. A 163.020 personas.
  • Por qué. El Supremo invoca el interés general y la limpieza del censo electoral mientras estudia el fondo del asunto.
  • Quién se queja. El Gobierno lo critica abiertamente. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recurrido en amparo al Constitucional y pide medidas urgentes para que puedan votar.
  • Qué dice la oposición. El PP confía en que el Constitucional no enmiende al Supremo.

El origen del caso, la instrucción que según los recurrentes cambió la ley, lo conté en Fiscalizar al poder no es elegir bando.

Actualización, 21 de octubre: el Pleno del Constitucional ha inadmitido el recurso por 10 votos a 2. Lo considera prematuro, porque el caso sigue abierto en el Supremo, que ha dado plazo a los afectados para alegar. Esta vez no se ha votado por bloques: solo dos magistrados progresistas, Ramón Sáez y Juan Carlos Campo, querían admitirlo.

La pregunta incómoda

¿Una tercera instancia contra el Supremo?

Esta es la gran discusión de fondo. El recurso de amparo nació para proteger derechos fundamentales, no para revisar si los jueces interpretan bien las leyes. Eso es tarea del Supremo. La pregunta es si el Constitucional se está saltando esa frontera.

Jueces con toga tiran de una cuerda con la Constitución atada en medio

Lo que dicen los críticos:

  • En la sentencia de la amnistía, el Constitucional no se limitó a anular y devolver: le dijo al Supremo qué resultado debía dictar.
  • Los magistrados conservadores le acusan en sus votos particulares de asumir un «indebido rol de intérprete de la legalidad ordinaria».
  • Varios juristas sostienen que el amparo se está convirtiendo, de hecho, en una tercera instancia, y hay quien propone llevar el control constitucional a una sala del propio Supremo.

Lo que responden sus defensores:

  • La Constitución deja claro que el Supremo es el superior «salvo en garantías constitucionales»: en derechos fundamentales, la última palabra es del Constitucional.
  • El TJUE también concluyó que la amnistía encaja en el derecho europeo, así que el Constitucional no estaba solo en su lectura.
  • En la ley de nietos, el tribunal se ha frenado porque la vía ordinaria no se ha agotado: rechazó el recurso del Defensor del Pueblo por prematuro.

Y un dato para quitarle dramatismo (o ponérselo): los choques entre ambos tribunales no son nuevos. Ya en los noventa hubo una sonada «guerra de tribunales» por un caso sobre la intimidad de Isabel Preysler, y en 2004 el Supremo llegó a condenar a once magistrados del Constitucional a pagar una indemnización. Lo nuevo es que hoy el choque tiene Puigdemont, elecciones y Gobierno de por medio.

La voz de la toga

¿Y qué dicen los propios jueces?

Los jueces no pueden afiliarse a partidos ni a sindicatos (lo prohíbe la Constitución), así que su única forma de organizarse son las asociaciones profesionales. En España hay cuatro, y la afiliación es voluntaria: muchos jueces no están en ninguna. Conviene conocerlas para saber quién habla:

  • Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La mayoritaria, de perfil conservador.
  • Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). La progresista, de la que Conde-Pumpido fue portavoz.
  • Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). La segunda en número de miembros. Se presenta como defensora de la independencia y la neutralidad política.
  • Foro Judicial Independiente (FJI). Nació precisamente para no estar adscrita a ningún bloque.

Las dos «de en medio», la Francisco de Vitoria y el Foro, son las que mejor responden a tu pregunta. Esto es lo que han dicho:

  • Respetan, pero no comparten. Tras la sentencia europea, ambas mostraron respeto, pero recordaron que Luxemburgo no resolvió si la amnistía respeta la igualdad ante la ley de la Constitución española.
  • Marcan la línea roja. La Francisco de Vitoria advirtió de que el Constitucional en ningún caso puede actuar como un tribunal de casación por encima del Supremo, sustituyendo su criterio al aplicar el derecho penal.
  • Acatar no es aplaudir. El presidente del Foro, Roberto García Ceniceros, ha dejado claro que asume y acata la doctrina del Constitucional, aunque no la comparta.
  • Un recordatorio incómodo. Ya en 2022, el Foro recordaba que el Constitucional no es Poder Judicial, aunque muchos lo olviden.

Al otro lado, Juezas y Jueces para la Democracia defiende la plena constitucionalidad de la ley de amnistía.

Y el choque ya no es solo de asociaciones:

  • Dentro del propio Constitucional, cinco magistrados firmaron un voto discrepante en la sentencia de la malversación. Acusan a la mayoría de suplantar al Supremo, y de forma reiterada.
  • La Sala Penal del Supremo aprovechó el auto con el que amnistiaba a Bassa, cumpliendo la orden, para responder punto por punto, en doce folios, a los reproches del Constitucional.

Una cosa sí une a las cuatro asociaciones, progresistas incluidas. En noviembre de 2023 firmaron un comunicado conjunto contra el pacto PSOE-Junts. Les preocupaba la idea de investigar a jueces por «lawfare» desde el Congreso, porque lo veían como una quiebra de la separación de poderes.

Ojo con un matiz: la Francisco de Vitoria y el Foro no son «neutrales» en este asunto concreto. Ambas se opusieron a la ley de amnistía desde el principio por considerar que vulnera la igualdad. Que no estén alineadas con un partido no significa que no tengan posición.

¿Y Europa? La Comisión Europea lleva años avisando a España en sus informes sobre el Estado de derecho. Le reprocha el bloqueo en la renovación de los órganos judiciales y le pide acercarse a los estándares europeos: que sean los propios jueces quienes elijan a una parte de su órgano de gobierno. Es decir, menos partidos y más carrera judicial.

  • ¿Debe un tribunal elegido por cuotas de partido tener la última palabra sobre decisiones de jueces de carrera?
  • Si el Supremo discrepa por escrito de lo que le obligan a aplicar, ¿es independencia o desobediencia con buenos modales?
  • ¿Diríamos lo mismo del Constitucional si la mayoría fuera la contraria?
El presidente

Conde-Pumpido y el Gobierno

Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) preside el Constitucional desde enero de 2023. Su trayectoria explica tanto a sus críticos como a sus defensores:

  • Juez de carrera desde 1974 y magistrado de la Sala Penal del Supremo desde 1995.
  • Fiscal General del Estado entre 2004 y 2011, con el Gobierno de Zapatero. Es quien más tiempo ha ocupado ese cargo.
  • Fue portavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.
  • En 2014 aspiró a presidir la Sala Penal del Supremo; el CGPJ, de mayoría conservadora, eligió a Manuel Marchena, quien luego presidió el juicio del procés.
  • Llegó a la presidencia del Constitucional como el candidato que prefería el Gobierno de Sánchez, según publicó la prensa entonces.

Por qué le critican. El PP y Vox le acusan de afinidad con el Gobierno. Le recuerdan una frase de 2006, en plena tregua de ETA, sobre que los fiscales debían «mancharse las togas con el polvo del camino», y sus votos favorables al Ejecutivo en asuntos como el estado de alarma o la amnistía. Fue el ponente de la sentencia que obligó al Supremo a amnistiar la malversación.

Por qué le defienden. Sus partidarios subrayan una larga trayectoria técnica y sostienen que esa frase lleva años sacada de contexto. Y apuntan otro dato: el recurso de la ley de nietos se ha rechazado por 10 votos a 2, con el suyo entre los diez, y no es precisamente lo que quería el Gobierno.

Mi lectura: que el presidente del Constitucional haya sido Fiscal General de un Gobierno del mismo signo que el actual es, como mínimo, una mala foto institucional. Pero sería igual de mala foto con cualquier otro partido. El problema no es una persona: es un sistema que permite que los partidos elijan a quien les va a juzgar las leyes.

Una mano con traje maneja como marioneta a un juez que levanta el mazo contra otro juez
Para terminar

Guardián, no perro guardián.

El Constitucional se creó para algo muy valioso: que ninguna mayoría, por grande que sea, pueda saltarse la Constitución. Esa función sigue siendo imprescindible.

Pero hay una diferencia enorme entre un guardián y un perro guardián. El guardián protege la casa de todos. El perro guardián defiende a quien le da de comer y le ladra al resto. Hoy, la mitad de España piensa que el Constitucional ladra al dictado del Gobierno y la otra mitad piensa lo mismo del Supremo, pero al revés. Cuando cada uno solo se fía del guardián que le da la razón, el que se queda sin protección es el ciudadano.

Mientras PSOE y PP sigan eligiendo a los magistrados por cuotas, cada sentencia se leerá como un ladrido a favor de su dueño. Y eso no lo arregla ningún magistrado: lo arregla cambiar quién los elige.

La Constitución necesita un guardián, sí. Un guardián sin amo.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 16 minutos

Democracia sí, si gano yo

Democracia sí, si gano yo

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DEMOCRACIA SÍ, si gano yo.

Nadie se sienta a jugar una partida para cambiar las reglas cuando va perdiendo. En política, cada vez más gente lo intenta. Y algunos, con fuego.

Democracia sí, si gano yo: urna electoral frente a una calle en llamas

El ayuntamiento de Limoges se inauguró en 1883. Sobrevivió a dos guerras mundiales. El 17 de octubre de 2026 no sobrevivió a una protesta contra el coste de la vida: lo incendiaron y se derrumbó la torre del reloj. El prefecto lo da por «en gran parte perdido».

Ese mismo sábado salieron a la calle en Francia entre 550.000 y 800.000 personas. La inmensa mayoría protestó en paz, con razones que se entienden: institutos sin profesores, clases de 35 alumnos, alquileres imposibles. Unos cientos decidieron que su causa les daba derecho a quemar, saquear y destrozar lo que es de todos.

Y aquí, en España, hay quien lo mira con envidia. De eso va este artículo: de por qué hay gente que cree que la democracia solo vale cuando gana su lado.

+2.500
Detenidos en Francia desde el 17 de octubre
997
Policías y gendarmes heridos, siete de ellos graves
+3.000
Comercios saqueados, incendiados o destrozados
El origen

Qué es (y qué no es) la democracia

La palabra nace en Atenas hacia el 508 a. C., con las reformas de Clístenes: demos, pueblo; kratos, poder. Pero aquel «pueblo» era muy estrecho. Votaban solo los varones ciudadanos. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros residentes se quedaban fuera.

Veinticinco siglos después, la democracia moderna se apoya en tres patas, y ninguna funciona sin las otras:

  • Decide la mayoría. Se vota, se cuenta y gana quien suma más.
  • Con límites. La mayoría no puede quitarle a la minoría sus derechos básicos. Para eso están la Constitución y la separación de poderes, que ya expliqué en «Fiscalizar al poder no es elegir bando».
  • Y aceptando perder. Esta es la pata que más se olvida. El filósofo Karl Popper lo resumió así: la democracia es el sistema que permite echar a un gobierno sin derramar sangre. La contrapartida es que, si te echan a ti, te vas en paz y lo intentas en las siguientes elecciones.

En España las reglas están escritas. La Constitución de 1978 protege el derecho de huelga (art. 28) y la libertad de expresión (art. 20). Y el artículo 21 deja claro cómo se ejerce el derecho a salir a la calle:

«Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas».
Artículo 21 · Constitución Española

Pacífica y sin armas. Ahí está la frontera exacta.

Nuestro sistema, además, es generoso: no prohíbe ideas, solo conductas. Es lo que los juristas llaman una democracia «no militante». Puedes defender lo que quieras, incluso cambiar la Constitución entera. La Ley de Partidos solo permite ilegalizar a un partido por apoyar la violencia o el terrorismo, no por su ideología. Así se ilegalizó Batasuna en 2003, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo avaló.

La democracia no consiste en ganar. Consiste en saber perder.

La tesis

Las reglas no se cambian a mitad de partida

Lo que percibo, en general, es esto. Nos sentamos todos a jugar con unas reglas: se vota cada cuatro años, gana quien reúne la mayoría y quien pierde hace oposición. Mientras vamos ganando, las reglas nos parecen justas. Cuando vamos perdiendo, de repente están amañadas.

  • Si gana mi partido, «el pueblo ha hablado».
  • Si gana el otro, «la democracia está secuestrada».
  • Si la calle me da la razón, «la calle es del pueblo».
  • Si la calle se llena contra mí, «son cuatro ultras manipulados».

Eso no es defender la democracia. Es usarla mientras te conviene.

Democracia si gano yo: un jugador enfadado lanza el tablero cuando va perdiendo
Cuando vas perdiendo, no se tira el tablero.
Seamos honestos

Un sistema imperfecto

Que quede claro: la democracia no es un sistema perfecto. Yo siempre la he llamado «la tiranía de la mayoría», una expresión que popularizó Alexis de Tocqueville en el siglo XIX.

Y sé muy bien de lo que hablo, porque he estado en minoría casi siempre. Fui una niña que practicaba una religión diferente en un país en el que todavía se rezaba el Padrenuestro al entrar en clase. Ahí se aprende pronto que la mayoría no siempre tiene razón. Y también que lo que te protege cuando eres minoría no es la calle: son las reglas que obligan a la mayoría a respetarte.

Así que sí, el sistema tiene defectos que se ven a simple vista.

  • Se puede gobernar sin ganar. En julio de 2023 el PP fue el partido más votado, con 137 escaños frente a 121 del PSOE. Gobernó el PSOE, sumando apoyos de partidos con ideologías opuestas entre sí. Es lo que Rubalcaba bautizó en 2016 como «gobierno Frankenstein»: un cuerpo hecho con trozos de muchos cuerpos.
  • Se puede pactar con quien juraste no pactar.
    • Bildu. En 2015, Pedro Sánchez lo dejó clarísimo: con Bildu no iban a pactar, y se ofreció a repetirlo «cinco veces o veinte». Lo repitió durante años. En 2023, Bildu votó su investidura y hoy es uno de sus socios habituales.
    • Podemos. En 2019 dijo que no podría dormir tranquilo con ministros de Podemos en su Gobierno. Dos meses después firmaba la coalición con ellos.
    • Puigdemont. En el debate electoral del 4 de noviembre de 2019, Sánchez se comprometió «hoy y aquí» a traer a Puigdemont de vuelta a España para que rindiera cuentas ante la justicia. Cuatro años después, necesitó los siete votos de Junts para seguir en la Moncloa, y lo que llegó no fue el juicio: fue la amnistía.
  • Hay quien cuestiona el voto universal. Algunos pensadores, como el estadounidense Jason Brennan en Contra la democracia, proponen que vote solo quien demuestre ciertos conocimientos. Es la vieja idea ateniense con otro traje: votar como privilegio, no como derecho. En España las mujeres no pudieron votar hasta la Constitución de 1931, gracias a Clara Campoamor. Costó mucho llegar a «un ciudadano, un voto» como para regalarlo, aunque eso signifique permitir votar a quien lo hace con nulo criterio político. Una vez más: es mejor otorgar un derecho de más que de menos.
Gobierno Frankenstein: un muñeco hecho de retales de distintos colores cosidos entre sí
Piezas que no casan, cosidas a toda prisa para que el conjunto se sostenga en pie.

Un apunte: el gobierno Frankenstein se pudo formar legalmente porque nuestra Constitución lo permite. España es una democracia parlamentaria, y el artículo 99 establece que gobierna quien reúne la mayoría del Congreso, no quien queda primero. Nos puede gustar más o menos. Nos puede parecer incoherente, incluso inmoral, después de haber jurado no hacerlo. Pero esas eran las reglas cuando todos nos sentamos a jugar.

Legal es. Otra cosa es que sea éticamente lícito.

Y por eso tampoco valían las concentraciones violentas ante la sede del PSOE en la calle Ferraz en noviembre de 2023. La regla vale igual para todos los bandos.

Se puede debatir cómo mejorar el sistema. Lo que no vale es descubrir sus defectos solo cuando pierdes.

Francia, octubre de 2026

Quién quema y quién paga

Las protestas francesas empezaron el 18 de septiembre en los institutos de Créteil, a las afueras de París. Los estudiantes denunciaban falta de profesores, aulas abarrotadas, edificios cayéndose y clases a 40 grados durante las olas de calor. El 17 de octubre se sumaron chalecos amarillos, sindicatos y agricultores. Y la protesta se desbordó.

  • Quién estaba detrás de la violencia. El Gobierno francés habla de una «nebulosa muy organizada» de extrema izquierda. El primer ministro, Sébastien Lecornu, describió un patrón inédito: de día actuó la ultraizquierda, y por la noche, la delincuencia común. La táctica más repetida fue la de los black blocs, grupos vestidos de negro y encapuchados que rompen y desaparecen.
  • Lo que se destrozó. Al menos 3.000 comercios, según el Gobierno francés, con daños de cientos de millones de euros. El ayuntamiento de Limoges, ardiendo. En Lyon arrancaron la estatua del chef Paul Bocuse. En Marsella, unos encapuchados derribaron un busto de Marianne, el símbolo de la República. El alcalde de París habló de calles enteras «metódicamente arrasadas».
  • Quién lo pagó. Las tiendas de barrio: supermercados de proximidad y tiendas de telefonía, muchas de ellas franquicias de autónomos. No el «sistema». El vecino que levanta la persiana cada mañana.
  • El matiz. Hay investigadores franceses que piden no atribuirlo todo a la ultraizquierda, porque informes parlamentarios anteriores también detectaron grupos de ultraderecha en la violencia urbana. Y la extrema derecha de Bardella ya pide declarar terroristas a los antifascistas. Cada bando culpa al otro mientras la calle arde.

Actualización (20 de octubre): no ha habido víctimas mortales. Hay toques de queda nocturnos para menores en barrios de Marsella, Niza, Burdeos, París y Lyon, y en zonas de Lille. Los juicios rápidos ya han empezado y 149 detenidos siguen en prisión provisional, según el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitió una «pérdida de control» en algunas ciudades y presentó su dimisión, que Macron rechazó. Hay nuevas protestas convocadas para el sábado 24.

Macron lo dijo en una frase: «Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa». En eso, por una vez, debería estar de acuerdo todo el mundo.

Mientras tanto, en España

«No habrá paz» y otras frases

Seamos justos: ninguna de estas frases llama a quemar nada. La huelga y la manifestación son derechos. Pero léelas juntas y fíjate en lo que tienen en común:

  • Manuela Bergerot (Más Madrid), a Ayuso en la Asamblea de Madrid, tras el desahucio y la muerte de Maricarmen: «En las calles de Madrid no va a haber paz». El PP la denunció. Ella dice que no amenazaba, que solo describía lo que hay en la calle, y que no se arrepiente.
  • Irene Montero (Podemos): tenemos una «democracia secuestrada» por rentistas y especuladores, y hay que liberarla «paralizando el país con una huelga general».
  • Ione Belarra (Podemos): «Estar en el Gobierno no es tener el poder». Y sin gente en la calle, sin huelgas, «tampoco podremos cambiar las cosas».
  • Mar Espinar (PSOE de Madrid), defendiendo la acampada de Sol: «La gente tiene derecho a tomar las calles. Las calles, aunque el PP no lo entienda, les pertenecen a ellos».
  • Pepe Álvarez (UGT), sobre la huelga general del 11 de noviembre: «Quiero que las calles de mi país revienten de personas».

El hilo común no es la violencia. Es otro, más sutil: el poder de verdad está en la calle, no en las urnas. La democracia está «secuestrada». Gobernar «no es tener el poder». Las calles «les pertenecen».

Y aquí viene el dato que lo cambia todo: hay elecciones generales el 29 de noviembre. La huelga es el día 11. Dentro de unas semanas, cada español podrá decidir con su voto qué Gobierno quiere. ¿Por qué hablar de democracia secuestrada justo cuando está a punto de votar todo el país?

Y luego está quien ya no habla de calles llenas, sino del fuego. Laura Arroyo, analista de Canal Red, el medio de Pablo Iglesias, escribió sobre Francia en su sección «El Cierre», publicada el 20 de octubre:

«El poder lo llama violencia, nosotros lo llamamos revolución».

En la misma pieza, Francia es «una antesala», «un anuncio», «una alarma». Critica la actuación policial y pregunta «¿quién es el violento?». Y en ese «nosotros lo llamamos revolución» caben también el ayuntamiento quemado y los miles de comercios saqueados. Cuando quemar una ciudad pasa a llamarse revolución, ya no estamos hablando de protestar. Estamos romantizando la violencia.

Las calles son de todos. Por eso nadie tiene derecho a quemarlas.

Gratitud selectiva

Bardem da las gracias

Ese mismo fin de semana, en el Festival de Cine de Roma, le preguntaron a Javier Bardem qué mensaje mandaba a los jóvenes que protestan en Sol, en Francia y en Italia. Respondió:

«Más que mensaje, mando gratitud».

Dijo que esos jóvenes desmontan el mantra de una juventud que no piensa, que sus movilizaciones son un ejemplo de vitalidad y esperanza, y que los mayores tenemos que apoyarlas «como sea», «de todas las maneras posibles». Cuando le preguntaron si lo de Sol había contagiado a otros países, contestó: «Claro que sí», y citó Francia e Italia.

No agradeció los incendios, eso hay que decirlo. Pero tampoco dedicó una sola palabra a la violencia. Ni al ayuntamiento de Limoges, ni a los comercios saqueados, ni a los cientos de agentes heridos.

Bardem mandó gratitud. A Limoges no le mandó nada.

Y hay un detalle revelador. En la misma respuesta, Bardem habló de los jóvenes que, según él, están adoctrinados por los peores ideales. O sea: movilización sí, si es la mía. Exactamente lo mismo que «democracia sí, si gano yo».

La historia

Cuando las urnas no gustaron

Esto no es nuevo y no es de un solo bando. La historia está llena de gente que aceptó las reglas hasta el día en que perdió:

1934 · España

La CEDA, de derechas, había ganado las elecciones de 1933. Cuando entró en el Gobierno, el PSOE y la UGT lanzaron una huelga revolucionaria. En Asturias hubo más de un millar de muertos, y Companys proclamó el «Estado Catalán». La izquierda no aceptó el resultado de las urnas.

1936 · España

El Frente Popular ganó las elecciones de febrero. En julio, un golpe militar abrió la Guerra Civil. La derecha no aceptó el resultado de las urnas.

1973 · Chile

Salvador Allende había ganado las elecciones. Pinochet lo derrocó con un golpe de Estado.

1981 · España

El 23-F, Tejero asaltó el Congreso en plena votación de investidura de un presidente.

1992 · Argelia

El ejército anuló unas elecciones que iban a ganar los islamistas. Siguió una guerra civil.

2017 · Cataluña

Un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional, y una declaración unilateral de independencia. Saltarse las reglas comunes porque las de todos no daban el resultado deseado.

2018 · Andalucía

La noche en que Vox entró en el Parlamento andaluz, Pablo Iglesias proclamó la «alerta antifascista». Hubo concentraciones contra el resultado, algunas violentas. Él mismo reconoció después que fue un error.

2021 · Estados Unidos

Asalto al Capitolio para impedir que se certificara la victoria de Biden.

2023 · Brasil y España

En Brasilia, los seguidores de Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes tras la victoria de Lula. En Madrid, las concentraciones contra la amnistía ante la sede del PSOE en Ferraz acabaron en disturbios.

2026 · Francia

Medio millón de personas protesta en paz. Unos cientos queman un ayuntamiento centenario.

El historiador y diplomático Salvador de Madariaga dejó escrita una idea que conviene recordar: con la rebelión de 1934, la izquierda perdió la autoridad moral para condenar la de 1936. Quien rompe las reglas cuando pierde le regala al otro la excusa para romperlas también.

  • ¿Aceptarías el resultado de unas elecciones si gana el partido que más detestas?
  • ¿Te parece igual de grave quemar una calle por una causa con la que estás de acuerdo que por una que odias?
  • ¿Quién paga el escaparate roto: el «sistema» o el vecino que abre la tienda cada mañana?
  • Si las reglas te parecían justas cuando ganabas, ¿qué ha cambiado ahora, las reglas o el marcador?

Nota: las palabras de Javier Bardem proceden del vídeo de sus declaraciones en la Fiesta del Cine de Roma, recogidas también por varios medios. Las cifras se han actualizado el 20 de octubre: detenidos según el ministro de Justicia, Gérald Darmanin; heridos según el balance del Ministerio del Interior del domingo 18 (otros recuentos oficiales dan cifras menores, en torno a 600); comercios según el Gobierno francés, sin balance definitivo de daños.

Para terminar

Las reglas son para todos

Protestar es un derecho. Hacer huelga es un derecho. Llenar las calles de gente es un derecho. Pensar que el sistema es mejorable, también: yo lo pienso.

Lo que no es un derecho es quemar lo que es de otros. Ni llamar «secuestrada» a la democracia justo cuando no te da la razón. Ni descubrir que las reglas son injustas el día en que el marcador te va en contra.

Si quieres cambiar las reglas, adelante: hay un camino para eso, y se llama urnas, mayorías y reformas. Ese camino es lento, frustrante y a veces te toca perder. Precisamente por eso funciona.

Si te sientas a jugar, juegas hasta el final. Aunque vayas perdiendo.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 12 minutos

Pensiones: quien habla pierde

Pensiones: quien habla pierde

Pensiones · Campaña 29N · Sin filtros

PENSIONES: quien habla, pierde.

Con la vivienda quemada, la precampaña ha sacado la carta que nunca falla: el miedo a perder la paga. Pero las pensiones no se discuten, se esquivan. Basta una frase de más para perder unas elecciones, y el PP lo acaba de comprobar otra vez.

Pensiones en campaña electoral: micrófono tapado con cinta roja junto a una urna en la que entra un sobre con el símbolo del euro

En Causas de temporada conté que las causas políticas tienen fecha de caducidad: se defienden a muerte mientras dan votos y se cambian cuando empiezan a dar problemas. La vivienda era la bandera de esta campaña hasta que la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dimitió el 16 de octubre por los pisos de alquiler de su pareja. Con esa bandera manchada, toca otra. Y en la recámara siempre hay una que funciona: las pensiones en campaña electoral.

No es casualidad. Es aritmética. Y conviene separar el ruido de los datos antes de que nos lo mezclen todo hasta el 29 de noviembre.

¿Prefieres verlo? Te lo cuento en vídeo
1 · La situación real

Cuántos son y cuánto cobran

10,5M
Pensiones contributivas pagadas en septiembre de 2026, a más de 9,5 millones de personas
1.374€
Pensión media del sistema (todas las clases). La de jubilación: 1.576 €
1 de 4
Electores, aproximadamente, cobra una pensión contributiva (9,5 M sobre 38,7 M de censo)

La Seguridad Social paga cada mes una nómina de 14.498 millones de euros. Pero la media engaña, porque mezcla al jubilado de la minería del carbón con la viuda que nunca cotizó por su cuenta. Mejor mirarlo así:

Media. 1.374,6 € al mes en todas las pensiones; 1.576,1 € en jubilación; 976,3 € en viudedad. En 14 pagas y en bruto.

Mediana. La Seguridad Social no la publica, pero los tramos lo dejan claro: cuatro de cada diez pensiones de jubilación no pasan de 1.000 €. La pensión «del medio» está muy por debajo de la media: unos pocos cobrando mucho tiran del promedio hacia arriba.

Moda. El tramo donde más jubilados se concentran es el de 800 a 900 € al mes. Entre las mujeres jubiladas, casi una de cada cuatro cobra entre 800 y 1.050 €.

El otro extremo. Más de 1,8 millones de jubilados cobran 2.000 € o más, y la pensión máxima está en 3.359,60 € al mes en 2026.

Es decir: hay dos países de pensionistas. Uno, sobre todo de mujeres y de carreras cortas, que vive con menos que el salario mínimo. Otro, el de los boomers con carreras largas y bases altas, que se jubila ya con pensiones que muchos trabajadores en activo no cobran de sueldo. Las dos realidades son ciertas a la vez, y cada partido enseña la que le conviene.

¿Está blindada la subida?

El IPC: ley, no Constitución

La revalorización con el IPC está en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. La impulsó el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, con José Luis Escrivá de ministro, siguiendo la recomendación del Pacto de Toledo. Desde entonces, las pensiones suben cada enero según la inflación media de los doce meses anteriores, y nunca bajan aunque el IPC sea negativo.

El PP votó en contra de esa ley en 2021 (presentó incluso una enmienda a la totalidad, que fue rechazada).

«Blindada» es mucho decir. Es una ley ordinaria: cualquier mayoría en el Congreso puede cambiarla.

Y sin Presupuestos, cada año es una pelea. Con las cuentas prorrogadas desde 2023, la subida de cada enero necesita un real decreto-ley. En febrero de 2026, el Gobierno metió la subida en un decreto con otras medidas, el PP se negó a votar «pensionistas como rehenes» y al final hubo que separarlo. La subida del 2,7% para 2026 salió adelante con un único voto en contra: el de Vox.

La hemeroteca

Lo que hizo Rajoy cuando llegó

El PP llegó al Gobierno a finales de 2011 presentándose como el partido que protegía a los pensionistas, después de que Zapatero congelara las pensiones ese mismo año (salvo las mínimas y las no contributivas). Esto es lo que pasó después:

2011

Zapatero congela las pensiones. La «hucha» (Fondo de Reserva) alcanza su máximo: 66.815 millones.

2012

Rajoy las sube un 1% con un IPC de noviembre del 2,9%, y no compensa la diferencia, como marcaba la ley. Solo las mínimas suben con la inflación. Empieza a tirar de la hucha.

2013

Nueva subida del 1% (2% para las de menos de 1.000 €). El Gobierno cambia la ley: desvincula las pensiones del IPC y crea un índice con suelo del 0,25% y un factor de sostenibilidad.

2014-2018

0,25% cada año, suba lo que suba la vida. En 2018, el PNV le arranca a Rajoy un 1,6% a cambio de apoyar los Presupuestos. Cuando Sánchez llega al Gobierno, en la hucha quedan unos 3.000 millones.

2021

Ley 21/2021: vuelve el IPC. El PP vota en contra.

2023

Feijóo asegura en TVE que el PP siempre subió las pensiones con el IPC. La entrevistadora le corrige en directo y tiene que rectificar.

Para ser justos: en 2012 España estaba al borde del rescate y la Seguridad Social ya tenía déficit. Usar la hucha era precisamente para lo que se creó. Pero el dato no cambia: con Rajoy, la mayoría de los años las pensiones subieron menos que los precios. Como reconoció el propio Borja Sémper en 2023: el PP siempre las revalorizó, «no siempre con el IPC».

2 · El gancho electoral

Vota al que te asegure la paga

Con uno de cada cuatro votantes cobrando una pensión, y muchos más a pocos años de cobrarla, nadie con aspiraciones de gobernar puede permitirse dudar en público. Y en una semana de octubre se han dicho más cosas de las que convenía:

Vox: su responsable económico, José María Figaredo, dijo que el sistema es «un zombi» y está quebrado, y defiende un modelo mixto con capitalización individual, es decir, que parte de tu pensión dependa de lo que hayas ahorrado y de cómo le vaya a la bolsa.

PP: su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, dijo en un pódcast para jóvenes: «El sistema, como está en estos momentos, va a colapsar». Y lo explicó así: «Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión». Habló de la llegada de los boomers con pensiones altas y de cambiar el modelo «con valentía». Sin decir qué cambio.

Feijóo, al día siguiente: las pensiones son «innegociables», subirán con el IPC y el sistema público no se cuestiona. El PP recuerda, además, que registró en 2025 una proposición de ley para que la subida con el IPC sea automática.

PSOE y Gobierno: «ya se oye la motosierra», tranquilidad a los pensionistas y la promesa de aprobar la subida antes de fin de año… sin aclarar si será antes o después del 29N.

Del pódcast a los micrófonos

De «va a colapsar» a «está garantizado»

Dos días después, el 16 de octubre, la misma Ester Muñoz respondía así a los periodistas:

«Como no les ha funcionado la vivienda, quieren que estemos todo el día hablando de algo que todo el mundo sabe que está garantizado, que son las pensiones».

Lo interesante de esta frase es que confirma la tesis de este post: la vivienda se quemó y había que cambiar de causa. Lo dice el PP del PSOE. Pero el argumento tiene trampas que conviene ver una a una:

El martes el sistema «va a colapsar»; el jueves está «completamente garantizado». Las dos cosas no pueden ser verdad a la vez, y la diferencia entre una y otra es el público: jóvenes en un pódcast o cámaras de televisión en precampaña.

«Las cosas están garantizadas por ley», dijo también. Esa ley es la 21/2021, la que ata las pensiones al IPC. El PP votó en contra. Hoy la usa como garantía.

«Garantizadas para las personas que lo están cobrando ahora». Fíjate en el matiz: la garantía es para los pensionistas actuales. Para los futuros, la promesa es que el PP hará el sistema «sostenible». Sin decir cómo. Y «sostenible», en boca de cualquier partido, significa tocar alguna de las palancas que nadie quiere nombrar.

Quien sacó el tema no fue el Gobierno. Fueron Figaredo, de Vox, y la propia Muñoz en el pódcast. El PSOE solo recogió el regalo.

Entre el pódcast y esas declaraciones, el 15 de octubre, en RTVE, le tocó apagar el fuego a Borja Sémper, el mismo que en 2023 reconoció que el PP no siempre subió las pensiones con el IPC. Repitió que el sistema es «innegociable», «punto», y ante la insistencia del periodista cerró así:

«No va a cambiar el sistema actual. Las pensiones están garantizadas».

Contradice a su propia portavoz. Muñoz decía un día antes que el modelo se debe cambiar. Sémper, que «no va a cambiar el sistema actual». Las dos cosas no pueden ser el programa del PP a la vez.

El mensaje va dirigido a Vox. Sémper dijo que el PP no se va a sentar «con nadie» a negociar el cuestionamiento del sistema público. Ese «nadie» tiene nombre: el único partido que lo cuestiona es Vox, su socio en varios gobiernos autonómicos y su posible socio después del 29N.

Pidió que nadie use las pensiones «para meter miedo». Lo dijo un día después de que su portavoz anunciara en un pódcast que el sistema «va a colapsar».

«Los únicos que las congelaron fue el Gobierno de Zapatero». Es cierto: en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas. Pero el 0,25% del PP en años de inflación también hizo perder poder adquisitivo. Congelar no es lo mismo que subir menos que los precios, pero al bolsillo del pensionista le llega parecido.

La coletilla de siempre: también hay que garantizar que los más jóvenes puedan disfrutar del sistema. Es la misma promesa sin método que la de Muñoz.

Unos venden miedo a perder la paga. Otros, miedo a que no haya paga cuando te toque. El producto es el mismo: tu miedo.

¿Por qué el PP no debería ni mencionarlo?

El trauma de 2023

Se comenta que el PP quiere «tocar» las pensiones: recortarlas, no subirlas o privatizarlas en parte. Conviene separar lo que hay de lo que se supone:

Lo que hay: una portavoz que pide reformar el modelo sin concretar, una ponencia ideológica del congreso del PP de 2025 que apenas menciona el sistema público, un historial de subidas por debajo del IPC y un voto en contra de la ley que las ata a la inflación.

Lo que no hay: ningún documento del PP que proponga privatizar. La capitalización la propone Vox, su socio en varios gobiernos autonómicos.

Por qué callar es su estrategia: en 2023 las pensiones fueron una de las claves de la remontada del PSOE en la última semana. Hablar de reformas en campaña es regalarle el marco al adversario. De ahí el revuelo interno de estos días: no porque lo dicho sea falso o verdadero, sino porque resta votos.

No lo digo yo. Lo dijo sin rodeos el periodista Eduardo Inda el 14 de octubre en Horizonte, el programa de Iker Jiménez, el mismo día en que estallaron las palabras de Muñoz, nada sospechoso de simpatizar con el Gobierno. Pidió al PP que se callara con las pensiones hasta después de las elecciones, que hablaran «el día 30 de noviembre, el 1 de diciembre, el 10 de enero, cuando ya estén formando gobierno». Y se acordó expresamente de la entrevista de Feijóo con Silvia Intxaurrondo en 2023. La razón, según él: son 10 millones y medio de personas, más sus familias.

Iker Jiménez lo resumió con una comparación futbolera: «Tiene que ser listo, como pillo es un futbolista. No tiene que ser franco». E Inda remató:

«Tienes que ser franco hace ocho meses, pero ahora cállate con las pensiones».

Es la mejor descripción posible de cómo se hace una campaña: la verdad, para después de votar. Y vale para todos. El que pide callar hasta el 30 de noviembre da por hecho que, a partir del 30, habrá algo que contar que no conviene contar antes.

Calendario de noviembre con los días tachados con cinta roja hasta las elecciones del 29 y un bocadillo de diálogo que sale del día 30
Pensiones en campaña: la consigna es callar hasta el día 30.

En campaña no gana quien dice la verdad sobre las pensiones. Gana quien no la dice primero.

3 · La viabilidad real

No va a petar. Va a costar.

El sistema no «peta» en el sentido de que un mes no llegue la nómina: las pensiones se pagan y se van a seguir pagando, porque el Estado responde de ellas. Pero ahí está la trampa del debate. Que el Estado responda significa que, cuando las cotizaciones no llegan, la diferencia se paga con otro dinero. Y la pregunta que nadie contesta en campaña es la única que importa: quién lo paga y cómo.

2,31
Afiliados por cada pensionista (marzo de 2026). Hacen falta más para cuadrar
61.342M
Euros que el Estado transfirió a la Seguridad Social en 2025, vía impuestos
100,7%
Deuda pública de España sobre el PIB al cierre de 2025
Las cuentas

Lo que no pagan las cotizaciones, lo paga otro

Las cotizaciones ya no llegan. Desde 2012 no cubren todo el gasto. Sin las transferencias del Estado, el agujero de 2025 habría sido de unos 69.800 millones, más del 4% del PIB (cálculo de Fedea).

Esos 61.342 millones salen de los impuestos. Del mismo presupuesto que paga hospitales, colegios, carreteras o dependencia. Cada euro que va a tapar el agujero de las pensiones es un euro que no va a otra cosa.

Y lo que no se transfiere, se presta. La deuda de la Seguridad Social con el Estado superaba los 126.000 millones en 2024, casi el 8% del PIB, según el Tribunal de Cuentas.

En un país que ya debe más de lo que produce en un año. Con una deuda pública por encima del 100% del PIB, pagar con deuda las pensiones de hoy es pasar la factura, con intereses, a quienes hoy tienen 20 años. Es hipotecar a la siguiente generación para no incomodar a la que vota ahora.

La base de la pirámide

Un sistema pensado para otra España

El sistema de reparto funciona así: los que trabajan hoy pagan las pensiones de los que cobran hoy. Se diseñó para una España con muchos nacimientos, muchos trabajadores jóvenes y jubilaciones más cortas. Esa España ya no existe:

Pirámide de población de España en 1975 y en 2025: los menores de 15 años bajan del 27,3% al 12,6% y los mayores de 65 suben del 10,3% al 21,6%
De pirámide a columna: la base se estrecha y la cima se ensancha. Anchura de cada franja proporcional a su población por año de edad. Fuente: ONU, World Population Prospects 2024.

Natalidad bajo mínimos. En 2024, 1,10 hijos por mujer, la segunda tasa más baja de la UE. En 2025 nacieron 321.164 niños, casi 200.000 menos que en 2008. Mueren más personas de las que nacen.

Llegan los boomers. La generación más numerosa se está jubilando, con carreras largas y pensiones altas. Los pensionistas superarán los 16 millones hacia 2050.

Y se cobra durante más años. Vivimos más, así que cada pensión se paga durante más tiempo.

Con sueldos bajos en la base. Los que entran a trabajar cobran poco y cotizan poco. Más afiliados no es lo mismo que más ingresos.

Funciona como un multinivel: mientras entra gente por abajo, los de arriba cobran. Cuando la base se estrecha, alguien tiene que poner la diferencia.

Ojo con la comparación: el sistema público no es una estafa piramidal. Es legal, transparente, no promete rentabilidades imposibles y, sobre todo, se puede ajustar: edad, cotizaciones, cuantías, financiación. Una estafa explota porque no se puede corregir; el sistema de pensiones solo explota si no se corrige. Lo que comparte con la pirámide es la dependencia de la base. Y por eso la reforma hay que hacerla antes de que la base se estreche del todo, no después.

No somos Noruega

Sin petróleo y sin hucha

Noruega tiene el mayor fondo soberano del mundo, alimentado con los ingresos del petróleo. Oficialmente se llama Fondo de Pensiones del Gobierno. España no tiene petróleo ni hucha: el Fondo de Reserva, que llegó a los 66.815 millones en 2011, se gastó en la crisis. El que se está rellenando ahora se nutre, en parte, de transferencias del Estado mientras la Seguridad Social sigue en déficit, algo que la propia presidenta de la AIReF ha cuestionado: es como meter en la hucha dinero prestado.

Así que la cuenta solo se puede cuadrar de siete maneras, y en todas hay alguien que paga:

Más cotizantes. Más empleo y más gente trabajando. Depende del mercado laboral, no de un decreto.

Más cotización por trabajador. Ya ha empezado con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la subida de las bases máximas. Paga el que trabaja y la empresa, y encarece el empleo.

Más impuestos. Pagamos todos.

Más deuda. Pagan los que vienen detrás.

Jubilarse más tarde. Paga el futuro jubilado, con años de trabajo.

Pensiones que suban menos o que bajen. Paga el pensionista.

Más productividad y mejores sueldos. La única sin un perdedor claro… y la más lenta.

Lo honesto sería que cada partido dijera qué combinación elige y a quién le toca. Pero cualquiera de ellas resta votos, así que en campaña se elige la octava opción: no decir nada.

Ni apocalipsis ni balsa de aceite

Lo que también es verdad

Los agoreros ya fallaron. En los años 90 se preveía que hoy habría unos 16 millones de afiliados. Hay casi 22 millones, en buena parte gracias a los inmigrantes.

La AIReF da un aprobado… con letra pequeña. La regla de gasto de la reforma se cumple (gasto neto medio del 13% del PIB hasta 2050, por debajo del tope del 13,3%), pero el propio organismo advierte de que eso no garantiza la sostenibilidad y pide revisar la regla.

El pico está por llegar. El gasto bruto rondará de media el 14,6% del PIB hasta 2050 (AIReF). Ni siquiera el Gobierno discute que subirá: su propio modelo lo sitúa en el 15,3% del PIB hacia 2050.

Que el Estado responda de las pensiones está bien. Que explique con qué dinero y a costa de quién, mejor.

Sobre los fondos europeos y las pensiones: el Tribunal de Cuentas reveló en mayo de 2026 que, en noviembre de 2024 (no este año), el Gobierno usó 2.389 millones de créditos sobrantes de los fondos europeos de recuperación para pagar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, por falta de crédito con los Presupuestos prorrogados. La presidenta del Tribunal matizó después que no se desviaron fondos del Plan para pagar prestaciones de la Seguridad Social. La cifra de 8.500 millones en 2025 que circula por redes no está verificada. Lo trataremos en otro post.

4 · La brecha generacional

Abuelos contra nietos: todos al ring

Y aquí llega la polarización que más rinde, porque tiene una base real. Un joven de 30 años, sin casa, con un contrato precario y pagando un alquiler imposible, cotiza para pagar la pensión de quien ya tiene la casa pagada. Los datos lo respaldan:

90%
Hogares de mayores de 65 en vivienda propia. En los de menores de 30, solo el 27% (y solo cuentan los ya emancipados)
+30
Años: edad media de emancipación en España, frente a unos 26 en la UE
19,2%
Riesgo de pobreza o exclusión en mayores de 65: el más bajo. En menores de 16: 33,9%

Los jubilados son el grupo con menos riesgo de pobreza (15,4%), por debajo incluso de quienes trabajan (16,4%), según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

La renta mediana de los mayores de 65 en España supera la media europea en poder adquisitivo.

Los trabajadores ya pagan más. Desde 2023, cada nómina lleva una cotización extra (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional) que ha recaudado ya casi 11.000 millones, para pagar las pensiones futuras.

Pero antes de comprar la versión de «abuelos ricos, nietos pobres», hay que corregir varias cosas que se dan por hechas:

«Las medicinas, gratis al 100%». No. Los pensionistas pagan el 10% de los medicamentos, con un tope mensual según su renta (8,23 €, 13,37 €, 18,52 €; y el 60% sin rebaja si ganan más de 100.000 €). Solo están exentos los de rentas más bajas, los que cobran complementos a mínimos o pensiones no contributivas.

«Sanidad gratis por ser pensionistas». La sanidad pública es universal: la tiene igual el jubilado que el joven. Lo que sí es cierto es que el pensionista ya no cotiza.

«No pagan impuestos». Pagan IRPF por su pensión (salvo las más bajas, que están exentas) e IVA en todo lo que compran. Y las transferencias del Estado a la Seguridad Social salen de los impuestos de todos, también de los suyos.

«Los jóvenes pagan las pensiones de sus abuelos». Las pagan todos los que trabajan, tengan 25 o 64 años. Y el joven de hoy cobrará mañana de lo que coticen los siguientes. Así funciona el reparto.

«Transporte subvencionado». Depende de cada comunidad y ayuntamiento, y también hay abonos joven. No es un privilegio exclusivo de los mayores.

«Ya sin cargas». Muchos sí, pero en miles de familias son los abuelos los que cuidan a los nietos, avalan el alquiler o ayudan a pagar las facturas de los hijos.

¿Es justo que una pensión máxima suba lo mismo, en porcentaje, que una mínima, cuando la paga quien cobra menos que esa pensión?

¿Por qué ningún partido explica cuál de las palancas va a tocar: más años, más cotización, más impuestos o menos pensión?

¿Quién va a defender a un votante de 30 años que no tiene casa, no tiene hijos porque no puede y vota menos que su abuela?

¿Quién dice en voz alta que, con los trabajadores que cotizan hoy y los sueldos que cobran, el sistema no se sostiene?

La brecha existe, pero el enemigo no es el abuelo. El abuelo cotizó con las reglas que le pusieron. El problema es una clase política que lleva quince años sin aprobar una reforma completa con el acuerdo de todos, que gobierna sin Presupuestos y que usa a los mayores como escudo y a los jóvenes como munición, según le convenga la semana.

Para terminar

Nadie dirá quién paga

Hasta el 29 de noviembre vas a oír «petar», «motosierra», «innegociable» y «garantizado». Ya hemos visto lo que pasa cuando alguien dice algo más: el martes, el sistema «va a colapsar»; el jueves, está «completamente garantizado». Y desde la tertulia amiga, el consejo de callar hasta el día 30.

Pero la pirámide no espera a las elecciones. En 1975 había casi tres niños por cada mayor de 65; hoy hay más mayores que niños. Las cotizaciones de los que trabajan ya no pagan las pensiones de los que cobran, y la diferencia, más de 61.000 millones al año, sale de los impuestos y de la deuda de un país que ya debe más de lo que produce en un año. No somos Noruega: no hay petróleo que lo pague.

Hay siete maneras de cuadrar la cuenta y en todas paga alguien: el trabajador, la empresa, el contribuyente, el pensionista o el que todavía no ha empezado a trabajar. Elegir cuál es gobernar. No elegirlo es dejar que la factura se acumule para el siguiente.

Las pensiones son la causa perfecta para una campaña: no caducan, afectan a casi todos y se pueden usar en las dos direcciones. Al mayor se le asusta con que se las quitan; al joven, con que no las verá. Mientras tanto, nadie hace la pregunta que importa: con qué dinero y a costa de quién.

En campaña, quien habla pierde. Después del 30, pierde quien paga.

— Nohemí Hervada

La causa de esta temporada

La causa de esta temporada

Vivienda · Activismo · Sin filtros

LA CAUSA de esta temporada.

La vivienda es un problema real. Por eso mismo conviene preguntarse quién habla en su nombre, qué pide de verdad y por qué unos casos llegan a Moncloa y otros no.

La causa de esta temporada: el Sindicato de Inquilinas y la vivienda convertida en bandera política

En la primera parte conté cómo una causa se defiende a muerte mientras da votos y se abandona en silencio cuando empieza a dar problemas. Y terminé con un aviso: ahora toca la vivienda, y con ella, el Sindicato de Inquilinas.

El problema es real. Alquileres más altos que el propio sueldo, zulos alquilados como vivienda, gente en la calle, pisos patera… Nadie con dos ojos lo niega. Pero precisamente porque es grave, no debería convertirse en la bandera de nadie.

Y en las últimas semanas LA CAUSA ha tenido una cara, un nombre y una organización detrás: Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas.

El caso que lo cambió todo

Maricarmen, 87 años

Maricarmen Abascal fue desahuciada el 23 de septiembre de su piso del barrio de Retiro, en Madrid, donde vivía desde 1956. Ingresó en el Gregorio Marañón ese mismo día. Murió el 7 de octubre, horas antes de firmar el acuerdo que le permitía volver a su casa.

Su historia merece respeto. Y precisamente por respeto hay que contar también lo que pasó a su alrededor:

23 SEP

Desahucio. El Sindicato de Inquilinas lo acompaña y lo difunde.

26 SEP

Manifestación de Sol al Congreso y acampada en la Puerta del Sol. Desde el hospital, Maricarmen graba un vídeo, difundido por el sindicato, pidiendo a Sánchez un decreto con su nombre.

27 SEP

Sánchez le contesta desde un mitin del PSOE en Getafe: «Maricarmen, tengo un mensaje para ti». El Gobierno trabaja «contrarreloj».

29 SEP

El Consejo de Ministros aprueba el «decreto Maricarmen», partido en dos.

2 OCT

El Congreso tumba los dos decretos. El sindicato lanza octavillas desde la tribuna.

7 OCT

Muere Maricarmen. El mismo día, CCOO y UGT anuncian la huelga general del 11 de noviembre, sumándose a la convocatoria impulsada por el Sindicato de Inquilinas.

En dos semanas, un desahucio en Madrid movió al presidente del Gobierno, al Consejo de Ministros, al Congreso y a los dos grandes sindicatos. Nada parecido había pasado antes. Y aquí empiezan las preguntas.

La otra mitad de la historia

Mientras tanto, en L'Hospitalet

Dos semanas antes del desahucio de Maricarmen, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), pasó esto:

  • Olga Matute, 54 años, dos hijas, una de ellas menor. Vivía de alquiler social en un piso que el Banco Sabadell vendió en 2020 a Promontoria Coliseum, sociedad vinculada al fondo Cerberus. Ese sí es un fondo de inversión de manual.
  • La noche antes de su desahucio la atendieron por crisis graves de ansiedad y dijo que se quitaría la vida. Su abogado aportó informes médicos y pidió suspenderlo. El juzgado lo ejecutó igual, el 15 de abril de 2026.
  • El 7 de septiembre, Olga se suicidó.
  • El 30 de septiembre, un hombre de 60 años de la misma ciudad apareció muerto en el local donde vivía, poco antes de su desahucio. Según la policía, dejó una nota relacionándolo con él.

Si estás pasando por un momento difícil: en España, el teléfono 024 atiende de forma gratuita, todos los días y a cualquier hora.

Dos muertes en menos de un mes, en la misma ciudad. Y, sin embargo:

  • No hubo «mensaje para Olga» desde ningún mitin.
  • No hubo «decreto Olga».
  • Sánchez señaló a Ayuso y a Almeida por el caso de Maricarmen. No he encontrado ningún señalamiento comparable a Salvador Illa por el de Olga.
  • La Generalitat ni siquiera contestó a Maldita cuando preguntó por el caso.

Un desahucio en Madrid fue un escándalo nacional. Dos muertes en L'Hospitalet, una noticia local.

Los datos

¿Dónde se desahucia más?

Si el problema fuera lo que decide qué caso llega a Moncloa, el foco tendría que haber estado en Cataluña. Los datos son del Consejo General del Poder Judicial (2025):

6.814
Desahucios en Cataluña en 2025, la comunidad con más de España
2.267
Desahucios en la Comunidad de Madrid, la cuarta
3×
Cataluña casi triplica a Madrid, también solo en alquiler (5.025 frente a 1.931)
  • Por población, también. Cataluña tiene el 16,5 % de la población y concentró el 27,4 % de los desahucios por alquiler.
  • Con la ley de vivienda aplicada. Cataluña es la comunidad que antes y más a fondo aplicó el tope de precios de la ley estatal, desde 2024.
  • Con un Gobierno amigo. La Generalitat la preside el PSC, que también gobierna L'Hospitalet. Madrid la gobierna el PP.
  • Y bajando menos. Los desahucios por alquiler cayeron un 18,7 % en Madrid y solo un 7,7 % en Cataluña.

Para ser justa: el Sindicato de Inquilinas es de Madrid y actúa en Madrid. A Olga la acompañaron otros colectivos catalanes. La pregunta buena no es por qué el sindicato de Madrid se movió en Madrid. Es otra:

¿Por qué el Gobierno eligió Madrid, donde puede culpar a Ayuso, y no L'Hospitalet, donde tendría que mirarse al espejo?

¿Sindicato de quién?

Un nombre que vende

Empecemos por el nombre. Para el Derecho español, un sindicato es una asociación de trabajadores para defender sus intereses laborales (Constitución, arts. 7 y 28; Ley Orgánica de Libertad Sindical). Un inquilino no es empleado de su casero.

  • Legalmente, es una asociación. «Sindicato» es una marca, heredada de los tenant unions anglosajones. Y es una marca eficaz: suena a clase trabajadora, a fuerza colectiva, a legitimidad.
  • Por eso, para convocar una huelga general, necesita a los sindicatos de verdad. La del 11 de noviembre la firman CCOO, UGT, CGT y otros. El Sindicato de Inquilinas tenía unas 4.000 afiliadas a finales de 2024, según su propia web.

Sobre el dinero, lo que dicen ellos mismos:

  • «No recibimos subvenciones». Se financian con cuotas, donaciones y charlas o talleres pagados.
  • Tienen personal contratado.
  • No publican cuentas. Ni ingresos, ni gastos, ni cuánto cuesta la cuota. Su página de transparencia explica de dónde sale el dinero, pero no cuánto.

No tengo pruebas de que reciban dinero público, y no voy a insinuar lo contrario. Pero una organización que exige transparencia a fondos y caseros podría empezar por publicar sus cuentas.

El giro

De «cae el Gobierno» a «apoyad al Gobierno»

La acampada de Sol nació con un lema: «O cae el rentismo o cae el Gobierno». Una portavoz llegó a decir que, si no salía el decreto, el Gobierno debía plantearse su continuidad.

  • El martes, el sindicato rechazaba que el Gobierno partiera el decreto en dos.
  • El miércoles, pedía a todos los partidos, Podemos incluido, que apoyaran los dos decretos del Gobierno.
  • Y la diana cambió: las caceroladas y la acampada pasaron a apuntar al PP.
  • El decreto que pidieron apoyar incluía bonificaciones fiscales para los caseros, una exigencia de Junts. En su web, el sindicato dice que no se puede seguir «regalando dinero a los rentistas».

Puede que fuera pragmatismo: los decretos recogían buena parte de lo que pedían. Pero cuando una organización que se presenta como independiente acaba haciendo campaña por los decretos de un Gobierno, la pregunta de quién habla por quién es legítima.

Las caras

Quién habla por el sindicato

  • Carolina Vilariño, portavoz, es abogada de Provivienda. Esta entidad ha recibido 6,63 millones del Gobierno de Canarias y un préstamo de 5,65 millones de Cofides para comprar viviendas.
  • Javier Gil, fundador, es investigador del CSIC y ha participado en informes para el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy (Sumar).

Que quede claro: trabajar en una ONG o en un organismo público no es ningún delito, y muchas personas lo hacen con honradez. La pregunta no es moral, es de independencia: cuando quien te paga, o quien te encarga informes, es parte del conflicto que denuncias, ¿hasta dónde puedes criticarlo?

Y luego está Fernando de los Santos, otra de las caras de la acampada de Sol. Profesor de Filosofía del Derecho y vicedecano en la Autónoma, se presenta como un inquilino que sufre el problema «en sus propias carnes». Según The Objective:

  • En el Registro de la Propiedad, es heredero del piso de su madre en El Viso (Madrid), valorado en unos 1,3 millones.
  • En el Registro Mercantil, figura desde 2010 como apoderado de la constructora que fundó su padre.

Tener dinero o heredar una casa no tiene nada de malo. Lo llamativo es otra cosa: el día que la herede, si sigue viviendo de alquiler, esa casa será justo lo que su sindicato señala. Una vivienda que no es su residencia, que tendrá que alquilar o dejar vacía.

Rentista o vivienda vacía: las dos cosas que piden recuperar.

Lo que piden

¿Quién es el buitre?

Más allá del caso de Maricarmen, esto es lo que el Sindicato de Inquilinas de Madrid exige en su web:

  • Bajada inmediata de los alquileres al 50 %.
  • Expropiación de las viviendas de fondos, de la SAREB y de grandes tenedores, y recuperación de las viviendas vacías.
  • Contratos indefinidos, sin subidas anuales.
  • Fin de todos los desahucios.
  • «El fin de la compra de vivienda si no es para residir en ella».

Que con esa última demanda no podrías comprar ni la casa del pueblo ni un piso para tus hijos, y que la Constitución solo permite expropiar pagando, ya lo conté en No todos los derechos son iguales. Aquí solo hago una cuenta: ¿cuánto costaría lo que piden?

630K
Viviendas de grandes tenedores privados (más de 10 pisos), según el Catastro
3,8M
Viviendas vacías en España, según el censo del INE (2021)
7.000M€
Todo el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, para cinco años
  • Grandes tenedores: en España hay algo más de un millón de viviendas en manos de propietarios con más de 10, y unas 630.000 son de empresas, fondos y otros privados. A 100.000-200.000 € por vivienda, expropiarlas costaría entre 63.000 y 126.000 millones.
  • Viviendas vacías: casi la mitad están en pueblos de menos de 10.000 habitantes, así que serían más baratas. Aun así, a 50.000 € de media, más de 190.000 millones. Y luego, ¿quién va a vivir en ellas? En las 52 capitales de provincia solo hay unas 600.000 vacías. El resto está en pueblos y costas. ¿Quién puede vivir en un pueblo si tiene el trabajo en una ciudad a cientos o miles de kilómetros? Expropiar casas donde no está el trabajo no resuelve el problema de quien busca piso donde sí está.
  • En total, como mínimo, más de 250.000 millones. Más de 35 veces todo el Plan Estatal de Vivienda para cinco años.
  • Y la SAREB ya es del Estado. Desde 2022, el Estado tiene la mayoría a través del FROB. Exigir expropiarla es pedirle al Estado que se expropie a sí mismo.
  • La bajada del 50 % no la pagaría el Estado. La pagarían los caseros, y el 92 % de las viviendas en alquiler es de particulares, según el Banco de España.

Nota: es un cálculo propio y solo orientativo. Los precios medios son supuestos, los datos del Catastro y del INE son de años distintos y alguna vivienda puede estar en los dos grupos. Pero aunque me equivocara a la mitad, la conclusión no cambia: no hay dinero.

Exigir sin decir quién paga no es una propuesta. Es un eslogan.

Y el propio caso de Maricarmen enseña lo difícil que es encajar la realidad en el eslogan:

  • A Urbagestión se la presentó como «fondo buitre». Sus dueños, dos hermanos, sostienen que solo tienen ese piso y que la empresa ganó 2.990 euros el año pasado.
  • Los tribunales les dieron la razón, hasta el Supremo. El contrato se firmó en 1956 a nombre de su padre y pasó a su madre. Cuando esta murió en 2005, Maricarmen se subrogó, pero la ley solo permitía hacerlo por dos años. La Audiencia Provincial de Madrid declaró el contrato extinguido en 2022, y el Tribunal Supremo inadmitió su recurso en diciembre de 2023 por carecer «manifiestamente de fundamento». La sentencia es firme.
  • Y denuncian amenazas desde el día del desahucio. En enero presentaron una querella contra el sindicato por coacciones y revelación de secretos, y le reclaman 10.000 euros por llamarlos «fondo buitre» en un vídeo.
  • Mientras tanto, el sindicato intentó comprar el piso. Según un correo publicado por The Objective, el 17 de octubre de 2025 la abogada de Maricarmen propuso a Urbagestión venderlo al Sindicato de Inquilinas y a cooperativas de vivienda de su entorno, y preguntó a qué precio «podría ser viable». Urbagestión dijo que no estaba en venta y lo comunicó al juzgado.
  • La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 29 de septiembre: «En puridad tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera». Para entonces, la empresa ya había pactado con el Ayuntamiento que Maricarmen volviera a su casa.

Lo del piso merece una pausa. Probablemente la intención era que Maricarmen siguiera en su casa, y hay que decirlo. Pero su web exige «el fin de la compra de vivienda si no es para residir en ella». Y el sindicato estudió comprar un piso para no vivir en él.

Nota: lo de las cuentas es la versión de Urbagestión en una entrevista a OKDiario, y no he podido contrastarlo. Las resoluciones judiciales sí están publicadas: Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia 324/2022, y auto del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2023. Que es una empresa modesta con ese único piso lo publica también El Español. Lo incluyo porque, si es cierto, el «fondo buitre» de esta historia es una empresa familiar con un piso.

Llamar buitre a cualquiera que tenga un piso no protege a los inquilinos. Solo simplifica el enemigo.

La coherencia

Buitres son los de otros

El PSOE ha puesto la vivienda en el centro de su campaña para las elecciones del 29-N. El 2 de octubre, en el Pleno del Congreso, durante el debate de los decretos, Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, lo planteó así desde la tribuna:

«Vamos a ser claros, caretas fuera. Es normal que a ustedes no les gusten, pero díganlo. Díganlo, porque aquí de lo que se trata es de fondos buitres o de familias».

Once días después, el 13 de octubre, el periodista Javier Chicote publicó en Artículo 14 que Sergi Velez, pareja de Mínguez:

  • Dirige un grupo inmobiliario en Lleida con, al menos, 30 pisos en alquiler.
  • Ha llevado a inquilinos a los tribunales por impago, con hasta tres desahucios en marcha a la vez.

Ese mismo día, en Espejo Público (Antena 3), Susanna Griso le preguntó por ello. Le recordó la ofensiva de su partido contra los fondos buitre y los rentistas, y que ella misma tiene tres viviendas en propiedad. Estas fueron sus respuestas:

  • Sobre el negocio: es «una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad».
  • Sobre su pareja: «como gran tenedor paga sus impuestos […] y cumple la ley de vivienda».
  • Sobre su partido: «Nosotros defendemos a los propietarios, a las empresas de alquileres».
  • Sobre los desahucios: «Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia; si hay un inquilino que es una familia vulnerable y […] no tiene una alternativa habitacional, se protege».
  • Sobre quién es el buitre: el «dinero extranjero que compra edificios enteros para expulsar a la gente de su casa y convertir los barrios en pisos turísticos».
  • Sobre la información: un «ataque personal». Amenazó con desconectarse y deslizó que todo el mundo sabe quién financia a Alberto Chicote. Alberto es el cocinero; el periodista se llama Javier.
  • Y cuando Griso le habló de coherencia: «Coherencia total».

Para ser justa: alquilar pisos y pedir a un juez que eche a quien no paga es legal. Nada de lo publicado apunta a una ilegalidad, y un cargo público no responde por los negocios de su pareja. El problema no es el negocio. Es el doble rasero. Pongamos las frases juntas:

  • 29 de septiembre, la ministra de Vivienda: una pyme con un piso es «muy carroñera».
  • 2 de octubre, Mínguez en el Congreso: o fondos buitre o familias.
  • 13 de octubre, Mínguez en Antena 3: un gran tenedor con 30 pisos es una familia. El buitre es el dinero extranjero.

Una pyme con un piso, carroñera. Un holding con treinta, empresa familiar.

Doble rasero con los fondos buitre: la sombra de una casa pequeña es un buitre y la de un bloque de treinta pisos es un corazón

Cuando desahucia el casero de otro, es un buitre. Cuando desahucia mi pareja, es que la ley funciona.

Y eso es lo más revelador de una causa de temporada: hay que abanderarla aunque te obligue a condenar en público lo que haces en casa. La coherencia se sacrifica antes que el titular.

Para terminar

Una causa no elige a sus muertos

La vivienda es el gran problema de este país, y quien lo niegue no ha buscado piso en los últimos cinco años. Precisamente por eso no puede ser la causa de temporada de nadie.

Una causa de verdad no escoge el caso según quién gobierna donde ha pasado. No pide transparencia a los demás sin publicar sus cuentas. No pasa del «o cae el Gobierno» al «apoyad al Gobierno» en 24 horas. No llama buitre a la familia que compra un piso para sus hijos. Y no llama buitre al casero ajeno mientras en casa dice que, si un inquilino no paga, se le desahucia.

Maricarmen tuvo un mensaje del presidente. Olga, no. Las dos merecían lo mismo.

Una causa de verdad no elige a sus muertos. Una temporada, sí.

— Nohemí Hervada

Fuentes Euronews · Manifestación por Maricarmen · Infobae · Acampada y Urbagestión · Euronews · «Maricarmen, tengo un mensaje para ti» · La Jornada · Muerte de Maricarmen y huelga del 11-N · Newtral · Caso Olga · El Salto · El juez del desahucio de Olga · Maldita · Caso Olga · Telecinco · Segundo caso en L'Hospitalet · ESdiario · Ayuso sí, Illa no · Forbes · Datos del CGPJ 2025 · El Correo de Pozuelo · Cataluña y Madrid por población · BOE · Ley Orgánica de Libertad Sindical · Sindicato de Inquilinas · Transparencia · Sindicato de Inquilinas · Qué queremos (consultada el 15-10-2026) · Valencia Plaza · INE, viviendas vacías · Tinsa · Vivienda vacía en las capitales · elDiario.es · Grandes tenedores según el Catastro · Congreso · La SAREB, bajo control del Estado · Público · Banco de España: 92 % del alquiler en manos de particulares · LegalToday · Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 · Artículo 14 · Huelga general y afiliación · El Español · El giro del sindicato · Euronews · Apoyo a los decretos · The Objective · Los portavoces del sindicato · The Objective · Fernando de los Santos · The Objective · El intento de compra del piso de Maricarmen · EFE / Orain · Carolina Vilariño · El Español · La «pyme buitre» de la ministra · Law&Trends · Qué dijeron los tribunales (Audiencia y Supremo) · El Español · El Supremo y la subrogación · OKDiario · Entrevista a Urbagestión · Artículo 14 · La pareja de Montse Mínguez · PSOE Congreso · Intervención de Montse Mínguez (02/10/26) · Antena 3 · Montse Mínguez en Espejo Público · El Debate · Mínguez reconoce el «gran tenedor» · El Independiente · La vivienda en la campaña del PSOE · BOE · Constitución, art. 33

Fiscalizar al poder

Fiscalizar al poder

Democracia · Poder · Sin filtros

FISCALIZAR AL PODER no es elegir bando.

Se puede criticar a todo el mundo. Pero las cuentas se le piden a quien manda. Y si solo vigilas cuando gobiernan los otros, no estás fiscalizando: estás haciendo campaña.

Fiscalizar al poder: una lupa sobre la balanza de los tres poderes del Estado

En política se critica todo, y está bien que sea así. Pero hay una diferencia que se pierde en el ruido: criticar no es lo mismo que fiscalizar al poder. Criticar puedes criticar a cualquiera. Las cuentas, en cambio, se le piden a quien tiene la autoridad.

Y la autoridad, al final, la tiene el Estado, que es quien tiene el monopolio de la violencia legítima. Puede multarte, expropiarte, subirte los impuestos o meterte en la cárcel. Y dentro del Estado, quien toma las decisiones del día a día es el Gobierno. Lo hayas votado o no, sus decisiones te afectan.

Por eso, cuando alguien exige explicaciones al Gobierno, no está automáticamente posicionándose a favor de la oposición o diciendo que esta sea mejor. Está haciendo lo que toca: mirar con lupa a quien puede cambiarte la vida con una firma.

El origen

Separar el poder para que nadie lo tenga todo

¿Conoces la canción de Molotov que dice «SI LE DAS MÁS PODER AL PODER, MÁS DURO TE VAN A VENIR A COGER»?

La idea no es nueva. John Locke la apuntó en 1690 y Montesquieu la desarrolló en El espíritu de las leyes, en 1748. Su razonamiento es sencillo: quien tiene poder tiende a abusar de él, así que hace falta que el poder frene al poder.

Si la misma persona hace las leyes, las aplica y juzga a quien las incumple, no hay a quién acudir. Por eso las democracias reparten el poder en tres poderes distintos e independientes:

  • Legislativo: hace las leyes. En España son las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Aprueban leyes y presupuestos y controlan al Gobierno. Lo conforman diputados y senadores según lo que votamos en las elecciones generales.
  • Ejecutivo: gobierna. Es el Gobierno: el presidente y sus ministros. Decide en qué se gasta el dinero (Presupuestos Generales), dirige la Administración y las fuerzas de seguridad y aprueba decretos, reglamentos e instrucciones. Es el poder que más directamente toca tu vida.
  • Judicial: aplica la ley a cada caso. Lo conforman los jueces y tribunales. La Constitución, en su artículo 117, dice que deben ser independientes y estar sometidos únicamente al imperio de la ley.

El que hace la ley no la ejecuta. El que la ejecuta no la juzga. Y el que juzga no hace la ley.

Es un círculo de contrapesos: cada poder vigila a los otros y ninguno tiene la última palabra sobre todo.

Un matiz sobre cómo funciona España: no elegimos directamente al presidente como en otros países. Lo elige el Congreso, así que el Gobierno sale de la mayoría parlamentaria. Puede que quien gobierna no haya sido el partido más votado, sino el que consigue la mayoría de apoyo de la Cámara. Eso hace que la frontera entre Legislativo y Ejecutivo sea más fina de lo que parece. Por eso los otros contrapesos son todavía más importantes.

Un ejemplo de manual

Cuando una instrucción reescribe una ley

La llamada ley de nietos, una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022, permite pedir la nacionalidad española a hijos y nietos de quienes tuvieron que exiliarse a partir del 1936. Y en España, la nacionalidad lleva consigo el derecho al voto (no es así en todos los países).

  • La ley la aprobó el Legislativo. Exigía la condición de exiliado.
  • El Ejecutivo la desarrolló con una instrucción, firmada en octubre de 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Según quienes la han recurrido, esa instrucción daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955, sin tener que probar persecución. El abogado Luis María Pardo lo resume diciendo que se cambió una «y» por una «o».
  • Y el Judicial ha puesto el freno. Ese cambio modifica sustancialmente la ley. Por eso Iustitia Europa, un partido pequeño conocido sobre todo por sus pleitos, que se presentó a las europeas de 2024 y ahora recoge avales para concurrir por Madrid, recurrió ante el Tribunal Supremo, que ha suspendido de forma cautelar los efectos electorales de esas nacionalizaciones: sin certificación consular de los requisitos de exilio, no hay voto. A día de la publicación de este artículo mantiene esa suspensión de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Por la vía penal, además, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Sofía Puente por presunta prevaricación tras una querella de Hazte Oír. Vox también se ha querellado.

Nota: el Supremo todavía no ha dictado sentencia sobre el fondo; lo que ha adoptado son medidas cautelares. Y Sofía Puente está investigada, no condenada: tiene derecho a la presunción de inocencia.

Más allá de la resolución del caso, nos sirve para ilustrar lo importante de esta separación de poderes: si el Ejecutivo se extralimita, tiene que haber otro poder que pueda pararlo.

La justicia

Los jueces no los deben poner los partidos

Los jueces son personas, ciudadanos, con derecho a tener su propia ideología. ¡Faltaría más! El problema empieza cuando juzgan según su ideología y no según la ley, o cuando quien los nombra espera que lo hagan "agradeciendo" el puesto.

Aquí toca hablar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que gobierna a los jueces y decide, entre otras cosas, quién llega al Tribunal Supremo y quién preside los tribunales. Tiene 20 vocales:

  • Hasta 1985, los 12 vocales de origen judicial los elegían los propios jueces.
  • Desde 1985, los elige el Parlamento. El Constitucional lo dio por bueno en 1986, pero advirtió del riesgo de que los partidos acabaran repartiéndose los puestos por cuotas. Es exactamente lo que ha pasado.
  • Y todos los partidos lo critican desde la oposición y lo mantienen cuando gobiernan. El PP prometió devolver a los jueces esa elección y, aun con mayoría absoluta, no lo hizo. El PSOE intentó en 2020 rebajar la mayoría necesaria para poder elegirlos, pero tras los avisos de Bruselas lo congeló y en 2021 lo retiró.
1748
Montesquieu publica El espíritu de las leyes
12/20
Vocales judiciales del CGPJ que elige el Parlamento, no los jueces
1985
Año en que los partidos asumen esa elección

Ahora una opinión personal: no me parece sano que los jueces entren en política y luego vuelvan a juzgar. Ni que los fiscales salten a un ministerio y de ahí a dirigir la Fiscalía. Y esto pasa en los dos lados:

  • Fernando Grande-Marlaska, juez de la Audiencia Nacional, ministro del Interior con el PSOE.
  • Margarita Robles, magistrada del Supremo, ministra de Defensa con el PSOE.
  • Dolores Delgado, fiscal, ministra de Justicia y después fiscal general del Estado.
  • Enrique López, exmagistrado del Constitucional, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid con el PP. En 2023 se dio de baja del partido para volver a la judicatura y después optó a presidir la Audiencia Nacional.

No dudo de su honestidad (a priori). El problema es otro: un juez no solo tiene que ser imparcial, también tiene que parecerlo. Si un día eres ministro de un partido, ¿cómo convences al día siguiente a quien te toca juzgar de que no le juzgas con el carné del partido? En esto yo sería tajante: quien entra en política no debería volver a la carrera judicial.

La Fiscalía

El fiscal: ¿de la ley o del Gobierno?

Entre el Gobierno y los jueces está la Fiscalía. No juzga: acusa. Según el artículo 124 de la Constitución, su trabajo es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público, de oficio o a petición de los interesados. Es decir, no tiene que esperar a que alguien denuncie: si conoce un posible delito, debe actuar.

  • Debe regirse por la legalidad y la imparcialidad. Pero también por la dependencia jerárquica: los fiscales responden ante sus superiores, y en la cúspide está el fiscal general.
  • Y al fiscal general lo propone el Gobierno. Lo nombra el Rey a propuesta del Ejecutivo, tras oír al CGPJ. Ahí está la grieta.

En noviembre de 2019, en una entrevista en RNE, Pedro Sánchez lo dejó claro. Preguntó: «¿De quién depende la Fiscalía?». El periodista respondió «del Gobierno», y él remató: «Pues ya está». Después lo matizó en redes, pero la frase quedó ahí.

Y lo que vino después también:

  • Dolores Delgado pasó directamente de ministra de Justicia a fiscal general del Estado.
  • Álvaro García Ortiz, su sucesor, fue condenado por el Supremo en noviembre de 2025 a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados: un correo en el que el abogado de González Amador, pareja de Ayuso, reconocía dos delitos fiscales para negociar un acuerdo.
  • En los casos de la familia del presidente, la Fiscalía no ha acusado. En el de su hermano, David Sánchez, pidió la absolución de todos. La Audiencia de Badajoz lo condenó en julio a nueve años de inhabilitación por prevaricación, con la acusación sostenida solo por las acusaciones populares. La sentencia todavía se puede recurrir.
  • En el de su mujer, Begoña Gómez, la Fiscalía sostiene que los hechos no son delito y pide la absolución. Aun así, irá a juicio con jurado, acusada por las acusaciones populares.

Que la Fiscalía concluya que no hay delito es legítimo: si no ve delito no tiene que acusar. Pero cuando nunca ve delito en los de su cuerda o cuando su criterio coincide una y otra vez con lo que le conviene al Gobierno que nombra a su jefe, la duda está servida. Y cuando un tribunal condena donde el fiscal pedía absolución, algo no cuadra.

Tampoco esto es cosa de un solo partido. En 2016 se publicaron las grabaciones del ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, buscando material contra políticos independentistas. Una de sus frases: «Esto la Fiscalía te lo afina».

Una Fiscalía que depende del Gobierno vigila a todos menos al Gobierno.

Cosa de todos

La acusación popular: fiscalizar sin ser víctima

En España, cualquier ciudadano o asociación puede personarse en un proceso penal aunque el delito no le afecte directamente. Se llama acusación popular y la recoge el artículo 125 de la Constitución.

  • Acusación particular: la ejerce la víctima o perjudicado por el delito.
  • Acusación popular: la ejerce cualquiera, en nombre del interés general. Hay que presentar querella, a veces pagar una fianza, y conlleva gastos. Ese aspecto es quizás el que la hace más inaccesible para la inmensa mayoría de ciudadanos (aparte del desconocimiento de las leyes).

Gracias a ella han llegado a juicio casos que, seguramente, nunca habrían llegado. Y la han usado todos:

  • Gürtel. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) fue la primera acusación popular. El PP fue condenado como partícipe a título lucrativo: tuvo que devolver 245.492 euros por haberse beneficiado de la trama. Ojo: no fue una condena penal, sino civil. Aun así, la sentencia de 2018 provocó la moción de censura que echó a Rajoy.
  • Nóos. Manos Limpias fue quien sentó en el banquillo a la infanta Cristina, aunque acabó absuelta. Años después denunció a Begoña Gómez.
  • El hermano de Sánchez. Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, el PP, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y Liberum sostuvieron solos la acusación contra David Sánchez, sin la Fiscalía, y el tribunal le condenó en primera instancia.
  • La pareja de Ayuso. En la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, que está pendiente de juicio, el PSOE y Más Madrid son acusación popular.
  • La ley de nietos. Hazte Oír y Vox, por la vía penal. Iustitia Europa, por la contencioso-administrativa, que no es acusación popular, pero responde a la misma idea: ciudadanos organizados que acuden a los tribunales con sus propios medios.

Y fíjate en el patrón. Cuando ADADE apretaba al PP en Gürtel, el PP la acusaba de ser una tapadera del PSOE. Hoy el PSOE dice lo mismo de Hazte Oír o de Manos Limpias. Y en enero de 2025 presentó una proposición de ley para limitar la acusación popular que, según sus críticos, habría impedido investigar Gürtel. La presidenta de la principal asociación de jueces lo dijo claro: todos los partidos han abusado de esta figura, incluido el que proponía recortarla.

La acusación popular solo molesta a quien gobierna. Por eso todos quieren limitarla cuando gobiernan.

El cuarto poder

Una prensa que pregunte, no que aplauda

La expresión «cuarto poder», que se suele atribuir a Edmund Burke, no aparece en ninguna Constitución. Pero su papel es clave: mientras el resto de la sociedad está ocupada viviendo, trabajando o simplemente no entiende de política ni quiere entender, la prensa está para hacer las preguntas incómodas e investigar. Para informar, no para opinar.

Aquí seré muy crítica: hoy buena parte de la prensa opina más de lo que informa. Hay más tertulia que dato y más trinchera que pregunta. Demasiados medios hacen propaganda para los suyos en lugar de vigilar al que manda. Periodistas y tertulianos repitiendo el argumentario oficial sin cambiar una coma. «Opinión sincronizada», lo han bautizado.

Un ejemplo de esa prensa cómoda. En enero de 2026, tras el accidente ferroviario de Adamuz, el ministro Óscar Puente fue a La hora de La 1, en la televisión pública que pagamos todos. Silvia Intxaurrondo le preguntó qué se podía hacer ante la «campaña de intoxicación» contra él, dando por hecho que las críticas lo eran. Al terminar, ella le despidió con un «gracias por las explicaciones y por habernos acompañado». Y él respondió: «Gracias, así da gusto». Esa misma semana canceló la entrevista que tenía en Espejo Público.

Si el poderoso sale de la entrevista diciendo «así da gusto», es que el periodista no ha hecho su trabajo.

Lo que vino después, con la dimisión de Puente y la pregunta de si la extrema derecha debe «tener cabida» en la tele pública, lo cuento en El cuarto poder y sus dos varas.

Prensa que abanica al poder en lugar de fiscalizar al poder: una periodista abanica a un político repantingado en un plató

Pero cuando un periodista sí hace su trabajo y molesta al poder, la reacción suele ser la misma: atacar al mensajero. Bulos, fango, pseudomedios. El mismo Pedro Sánchez popularizó los términos «máquina del fango» y «pseudomedios» en abril de 2024, en su carta a la ciudadanía, cuando se tomó cinco días para pensar si dimitía.

Todo el mundo aplaude el Watergate. Es el ejemplo de manual de lo que debe hacer la prensa. Pero conviene recordar cómo fue:

  • Junio de 1972. Detienen a cinco hombres colándose en la sede del Partido Demócrata, en el edificio Watergate de Washington.
  • Dos periodistas jóvenes del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, tiran del hilo hasta la Casa Blanca, con ayuda de una fuente anónima a la que llamaron «Garganta Profunda». En 2005 se supo que era Mark Felt, número dos del FBI.
  • La Casa Blanca no colaboró y atacó al periódico. Durante meses, sus informaciones apenas calaron.
  • En noviembre de 1972, Nixon arrasó en las elecciones y ganó la reelección mientras el escándalo crecía.
  • En agosto de 1974 dimitió. Es el único presidente de Estados Unidos que lo ha hecho. El Post ganó el Pulitzer.
Watergate: cinta roja en la cerradura de una puerta y una máquina de escribir, símbolo de la prensa que fiscaliza al poder
Un vigilante descubrió la cinta adhesiva en la cerradura. Dos periodistas hicieron el resto.

O sea: mientras investigaban, eran unos periodistas sin pruebas, con fuentes anónimas, contra el presidente más votado. Solo cuando ganaron se convirtieron en héroes. Hoy aplaudimos el Watergate, pero cuando la exclusiva toca a los nuestros, lo llamamos fango.

A Woodward y Bernstein también los habrían llamado máquina del fango o pseudomedio.

El caso de Ketty Garat lo resume bien:

2021

Publica en The Objective una semana de exclusivas sobre por qué Ábalos salió del Gobierno. En Todo es mentira (Cuatro), Risto Mejide se burla del medio llamándolo «el ojeti», y el programa le dedica una canción a la periodista. Según un audio que publicó después el propio medio, Koldo García celebró esas burlas.

2024

En febrero estalla el caso Koldo.

2025

En noviembre, Ábalos y Koldo entran en prisión provisional.

2026

En junio, el Supremo los condena en firme: 24 años y 3 meses a Ábalos y 19 años y 8 meses a Koldo, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Garat recibe el Premio APM al Mejor Periodista de 2025. Por cierto, Ketty Garat aún sigue esperando las disculpas que merece.

No es el único caso:

  • Alejandro Entrambasaguas publicó en El Debate una reunión entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil. Ella lo desmintió y el ministro del Interior también. La investigación del juez Pedraz la ha confirmado. El caso sigue en instrucción.
  • Javier Chicote publicó en Artículo14 que la pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, tiene decenas de pisos en alquiler y ha desahuciado a inquilinos, mientras ella cargaba contra los «fondos buitre». Su respuesta en Espejo Público fue preguntar quién financia a «Alberto» Chicote, equivocándose de nombre. El 16 de octubre dimitió. Lo conté en La causa de esta temporada.
Un político lanza barro desde un atril contra una periodista que se protege con su libreta roja

Y para que nadie piense que esto va de un solo partido, el otro lado hace lo mismo cuando tiene poder:

  • Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, respondió a la exclusiva de elDiario.es sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta con un mensaje a una periodista: «Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar». También difundió la foto de dos periodistas de El País con una acusación falsa. La Fiscalía pide ahora 3 años y 9 meses de cárcel para González Amador, que está pendiente de juicio.
  • El propio Chicote denuncia que la cúpula de Hacienda de Cristóbal Montoro, con el PP en el Gobierno, lo investigó por haber molestado al ministro. Montoro llegó a advertir a ABC de que lo llevaría a los tribunales si «se pasaban de la raya».

Sobre la financiación: querer saber quién paga un medio es una cuestión legítima para entender su línea editorial. Pero no hace verdadera ni falsa una información. Lo que la valida son las pruebas, y en estos casos las pruebas han acabado en sentencias e investigaciones judiciales.

Una información no es falsa por quién la paga. Es falsa si no es verdad.

  • ¿Exiges al Gobierno de ahora lo mismo que le exigías al anterior?
  • ¿Te parece bien la acusación popular solo cuando acusa a los otros?
  • Cuando una exclusiva señala a «los tuyos», ¿preguntas si es verdad o quién la paga?
  • ¿Te molesta un juez en política o solo el juez del partido contrario?
Para terminar

La misma vara, gobierne quien gobierne

Fiscalizar al poder no te convierte en militante del otro bando. Te convierte en ciudadano. A quien hay que exigir más es al que tiene la capacidad de hacer cosas, y hoy es este Gobierno, como mañana será el siguiente.

Lo que sí te convierte en militante es callar cuando cambie el color. Si mañana gobiernan los otros y dejas de hacer las preguntas que haces hoy, nunca estuviste fiscalizando. Estabas haciendo campaña.

Al poder no se le aplaude. Se le vigila.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 20 minutos

Fuentes El Debate · Iustitia Europa recurre ante el Supremo · Moncloa.com · Vista sobre las cautelares · ESdiario · El Supremo mantiene las cautelares · Vozpópuli · Diligencias contra Sofía Puente · Moncloa.com · Querella de Vox · Poder Judicial · Sentencia Gürtel en el Supremo · Público · El PP, partícipe a título lucrativo · ICAM · ADADE en Gürtel · El Independiente · El PP contra ADADE · El Debate · Qué es Manos Limpias · The Objective · La ley del PSOE y la acusación popular · The Objective · Causa contra González Amador · Deia · Sánchez y la «máquina del fango» · The Objective · Koldo y las burlas de Todo es mentira · Planeta · Ketty Garat, Premio APM · RTVC · Condena a Ábalos y Koldo · Artículo14 · El Supremo confirma las condenas · El Debate · Entrambasaguas y Leire Díez · Antena 3 · Montse Mínguez en Espejo Público · elDiario.es · Miguel Ángel Rodríguez y la amenaza · El Salto · Petición de pena para González Amador · El Debate · Intxaurrondo y Puente en La hora de La 1 · FormulaTV · Puente cancela en Espejo Público · El Independiente · «¿De quién depende la Fiscalía?» · RTVC · Condena al fiscal general · Infobae · Condena a David Sánchez · El Debate · La Fiscalía pide absolver a David Sánchez · The Objective · La Fiscalía pide absolver a Begoña Gómez · Público · «Esto la Fiscalía te lo afina» · GIJN · Watergate · NBC News · Mark Felt, «Garganta Profunda» · RTVE · Dimite Montse Mínguez · Público · El PP y la elección del CGPJ · Menorca.info · El Gobierno retira la reforma del CGPJ · elDiario.es · Enrique López opta a presidir la Audiencia Nacional · Ara · Chicote y la Hacienda de Montoro

Causas de temporada

Causas de temporada

Activismo · Ley trans · Sin filtros

CAUSAS de temporada.

Hay causas, como la ley trans, que se defienden a muerte mientras dan votos y titulares. Y que se abandonan en silencio cuando empiezan a dar problemas que nadie quiere explicar. Entonces llega la temporada siguiente.

Causas de temporada: la ley trans y el activismo que cambia de causa cuando deja de dar titulares

Hay gente que se mete en una causa porque no puede no hacerlo. Pone horas, pone dinero de su bolsillo y se gana enemigos. Eso es activismo.

Y hay gente que ha convertido la causa en su carrera: una nómina, una subvención que renovar cada año o un cargo público que depende de que esa causa siga dando votos y titulares. Eso es otra cosa.

El mecanismo

Se defiende mientras rinde, se cambia cuando cuesta

No hablo de quien trabaja por una causa. Hay abogadas, psicólogas y educadoras sociales sin las que mucha gente estaría sola, y ese trabajo merece un sueldo. Hablo de quien usa la causa como medio de vida o como escalera hacia un sillón. Para esa gente, el objetivo ya no es resolver el problema. Es la atención mediática que da. Y eso tiene dos consecuencias:

  • Mientras la causa rinde, se defiende a muerte. Quien avisa de un problema no es una compañera con dudas: es una enemiga. Se la etiqueta, se la aparta y, si hace falta, se la denuncia.
  • Cuando la causa empieza a costar, se cambia. Como quien cambia de ropa por temporada. Sin explicar nada, sin rectificar nada.

La ley trans es el ejemplo más claro que hemos vivido en España en los últimos años.

2020-2023

LA CAUSA, en mayúsculas

Mientras Podemos estuvo en el Gobierno, la causa trans y no binaria fue la bandera. Había otras cosas en la agenda (la ley de vivienda de 2023 la negociaron ellos), pero ninguna tenía ese altavoz:

El colectivo más oprimido, a todas horas, en todas partes.

El Ministerio de Igualdad pasó de 181 millones en 2019 a 573 millones en 2023, una «cifra histórica», en palabras del propio Ministerio. El 46 % fue a violencia de género y el 41 % a igualdad de oportunidades. Lo revelador no es el reparto del presupuesto. Es dónde pusieron el altavoz.

573M€
Presupuesto de Igualdad en 2023, el mayor de su historia
10,7M€
Publicidad prevista para «sociedades diversas y no discriminación» (2022)
7M€
Publicidad prevista contra la violencia machista ese mismo año
  • Más campaña para diversidad que contra la violencia machista, en un ministerio que se presentaba como feminista.
  • Mientras tanto, las pulseras antimaltrato. El contrato de 2023, unos 35 millones, lo firmó Ángela Rodríguez «Pam», la número dos de Montero. Los fallos en el cambio de proveedor se relacionaron con sobreseimientos y absoluciones de maltratadores, e Igualdad acabó pidiendo perdón en 2025.
Las que avisaron

Se rieron del aviso

Las feministas que llevaban décadas en esto avisaron por activa y por pasiva. Una ley que no sabía definir el sujeto político «mujer». Sin ningún mecanismo contra el fraude. Con efectos previsibles en cárceles, deporte, cuotas y estadísticas.

  • Pidieron reunirse con la ministra. No las recibió. En octubre de 2020, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denunció que Montero llevaba meses negándose a recibir a los colectivos críticos y que solo se reunía con grupos afines.
  • Se rieron del aviso. En enero de 2023, en un acto de Podemos, Pam se burló entre risas de «los violadores a la calle», presentándolo como la secuela de otro aviso que también le parecía ridículo: que la gente iría al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas. Se rió a la vez de los dos avisos.
  • Preguntar ya era tránsfobo. En marzo de 2023 le preguntaron si la ley podía usarse con fines delictivos. Respondió que pensar eso era una mirada «profundamente tránsfoba».
  • Y luego lo reconoció. Pam admitió que, si alguien cambia de sexo en el registro y después agrede a una mujer, no se aplicaría la ley de violencia de género. Exactamente el agujero que habían señalado.
  • Para la ministra, todo era transfobia. En el Congreso, respondiendo a las feministas del PSOE, Montero dijo que eran «conscientes de la transfobia en el debate público». En mayo de 2023, cuando un grupo de jóvenes feministas interrumpió su mitin, respondió con un «fuera transfobia».

Avisar tenía un precio, incluso dentro del Gobierno. Que se lo pregunten a Carmen Calvo, vicepresidenta primera y feminista del PSOE:

  • Julio de 2021: tras meses de choque con Montero por la ley trans, sale del Gobierno en la remodelación, días después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto.
  • Abril de 2022: más de cien asociaciones trans piden al PSOE que la aparte de la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso.
  • Diciembre de 2022: se abstiene en la votación de la ley («de acuerdo con que exista una ley, pero no esta») y su partido le impone la multa máxima de su reglamento. En febrero de 2023 vuelve a abstenerse.
  • Y el mensaje interno: un nuevo cargo del PSOE presumió de haber apartado de la primera línea a «ciertas voces que han hecho mucho daño» con posiciones contrarias a la ley.

Si eso le pasaba a la número dos del Gobierno, imagina lo que esperaba a una psicóloga o a una abogada sin cargo.

La pregunta

¿En qué otra ley basta con decirlo?

Piensa en cualquier derecho, ventaja o mecanismo para compensar una discriminación. Todos exigen demostrar que te corresponde:

  • Discapacidad: valoración de un equipo, informes y un certificado con porcentaje. Aunque te falten las piernas y sea evidente.
  • Víctima de violencia de género: necesitas un título que lo acredite, como una orden de protección o un informe de los servicios especializados.
  • Familia numerosa: un título oficial, con el libro de familia, que hay que renovar.
  • Incapacidad laboral o una beca: tribunal médico, informes o declaración de ingresos. Todo se revisa para evitar la trampa.

Solo uno no

Cambio de sexo registral desde 2023: una declaración y ratificarla tres meses después. Sin informes, sin pruebas, sin requisitos.

La buena fe que la ley no presupone nunca, aquí se dio por hecha. Y plantear la posibilidad de trampa te convertía en sospechosa.

La ley incluye una salvaguarda: el cambio no borra la responsabilidad por violencia de género cometida antes de hacerlo. Pero no hace falta borrar nada para salir ganando. Basta con cambiar de módulo.

  • Para un violador o un asesino, una cárcel de mujeres es mejor destino. Es un entorno mucho menos violento que un módulo de hombres.
  • Y es meter al lobo en el redil. Las presas no pueden irse, ni cambiar de celda, ni elegir con quién se duchan. Son las únicas mujeres que no pueden huir.
  • No es una hipótesis. En Reino Unido, Karen White, con un historial de violaciones, fue enviada en 2017 a la cárcel de mujeres de New Hall y agredió sexualmente a dos reclusas. Fue condenada a cadena perpetua y el Ministerio de Justicia pidió perdón.
  • Los datos oficiales británicos: entre 2010 y 2019, 7 de las 124 agresiones sexuales en cárceles de mujeres las cometieron presos trans. Eran en torno al 1 % de la población reclusa femenina y cometieron el 5,6 % de las agresiones.
  • Reino Unido rectificó. Hoy, quien conserva genitales masculinos o está condenado por delitos sexuales no va al módulo general de mujeres salvo casos excepcionales. Según el Gobierno británico, desde que endureció los controles no ha habido agresiones sexuales de mujeres trans en cárceles de mujeres. Los controles funcionan. Justo lo que aquí se llamó transfobia.
  • Canadá, con datos de su propio servicio de prisiones: de las personas trans presas con delitos sexuales, el 85 % son hombres de nacimiento, y casi todas cometieron esos delitos antes de identificarse como trans. Más de la mitad agredieron solo a mujeres, y casi la mitad, a menores. Allí cada traslado se evalúa caso por caso, y la mayoría de las mujeres trans presas sigue en cárceles de hombres.
  • En Cataluña, en cambio, Justicia explica que la norma es ubicar a cada interno en el módulo del sexo con el que se identifica.
  • Y en España, Interior ni siquiera sabe cuántos presos han cambiado su sexo registral desde 2023.
Un lobo entre ovejas dentro de una celda: los riesgos de la autodeterminación en las cárceles de mujeres
Lo que «nunca iba a pasar»

Pues está pasando

No estamos diciendo que toda persona trans sea sospechosa. Pero una ley no se mide por cómo la usan los que actúan de buena fe. Se mide por lo que permite a los que no.

Jonathan de Jesús Robaina mató y violó a su prima Vanessa Santana, de 21 años, en Betancuria (Fuerteventura).

2018

La noche del 4 de junio entra en casa de Vanessa con una llave robada y la mata a martillazos mientras dormía.

2021

Desde prisión, a través de su abogado, pide que le llamen Lorena. Días antes se había aprobado la ley canaria de identidad de género.

Juicio

Los forenses concluyen que sabía lo que hacía y no aprecian criterios de disforia de género.

Supremo

Le condena a 38 años y rechaza su argumento de que, al sentirse mujer, no pudo violar a Vanessa.

2023

Desde la prisión mixta de Las Palmas II, donde tiene celda individual, pide el traslado a una cárcel de mujeres. Cuando las feministas preguntan por su caso en el Portal de Transparencia, Interior se niega a responder. Y cuando se pide solo el número de presos trasladados a módulos de mujeres, el Consejo de Transparencia avala a Interior: protección de datos. Ni siquiera una cifra sin nombres. Se protege con todo cuidado la intimidad del hombre condenado por violar y matar a una mujer. La seguridad de las presas que podrían compartir con él celda, ducha o enfermería no parece merecer la misma protección.

  • El celador de Olot asesinó a 11 ancianos, la mayoría mujeres de entre 80 y 96 años, y cumple 127 años de condena. En 2026 se publicó que se ha inscrito como mujer y que, desde principios de año, está en el módulo de mujeres de la cárcel de Figueres, con una treintena de reclusas, la mayoría jóvenes.
  • En la cárcel de Asturias, en marzo de 2023, recién aprobada la ley, dos presos pidieron el cambio registral y otros cuatro anunciaron que lo harían, para poder pedir el traslado a un módulo femenino.
  • El cabo Roberto, en Ceuta (2024), se hizo viral posando en minifalda de camuflaje tras cambiar su sexo registral. Hasta la FELGTBI+ lo calificó de «fraude de ley».
  • De hombre a mujer: en los primeros meses de la ley, el 61,5 % de los cambios registrales fue en ese sentido.

Y ya hay personas transexuales diciéndolo. María José Hernández, expresidenta de Transexualia, lo dijo así: «No todo es transfobia. La mujer tiene derecho a defender su espacio». Las propias personas transexuales son las primeras perjudicadas cuando cualquiera puede meter la cuchara en su puchero por ley.

El silencio

Ya no la promueven: la usan como arma

Desde que los casos empezaron a ser noticia, no he encontrado ni una declaración de Montero ni de Belarra sobre el celador de Olot. La causa que lo era todo ya no se defiende. Solo aparece cuando sirve para atacar.

En septiembre de 2025, en Todo es mentira (Cuatro), Ione Belarra debatía con la abogada penalista Paula Fraga sobre Israel. El debate no iba de esto. Pero Belarra conocía la postura de Fraga y le soltó la pregunta trampa: «¿Una mujer trans es una mujer?».

  • Fraga respondió que no.
  • Belarra pidió a Risto Mejide que no volviera a invitarla: no debía dar espacio a «personas tránsfobas con un discurso de odio».
  • Fraga no se achicó: «No es transfobia, es realidad biológica. Vale, pues denúnciame».

No era un debate. Era una trampa.

Una mujer a la que tapan la boca mientras la amenazan con un mazo judicial, un sello institucional, el dinero y las redes sociales

A una abogada penalista no la asustas con una denuncia. A una psicóloga o a una activista sin recursos, sí. Y el proceso ya es el castigo, aunque al final se archive:

  • Carola López Moya, psicóloga sevillana, fue denunciada en 2021 por dos asociaciones por unos tuits críticos con la identidad de género. La Junta de Andalucía le abrió un expediente sancionador por promover terapias de conversión, el primero de España. Se enfrentaba a multas de 60.000 a 120.000 euros y a la inhabilitación. Se archivó en 2022: no había infracción. Gobernaba el PP. El arma funciona gobierne quien gobierne.
  • Aquí, en Canarias, el Cabildo de Gran Canaria canceló en octubre de 2022 el III Congreso Estatal Mujeres y Deporte. El motivo: una mesa titulada «La defensa de las categorías deportivas femeninas», con la abogada deportiva Irene Aguiar. Las áreas implicadas, Deportes e Igualdad, estaban en manos del PSOE y de Podemos. Dinero público para cancelar un debate sobre mujeres deportistas.
  • El congreso se trasladó a Tenerife, y allí Podemos y Diversas LGTBI pidieron vetarlo. Los colectivos amenazaron con abandonar la Mesa Insular de Diversidad y pidieron medidas cautelares amparándose en la ley trans canaria. Entre las ponentes «tránsfobas» había una mujer trans, jugadora de fútbol sala. El Cabildo aguantó y el congreso se celebró en marzo de 2023.

Por qué cuesta tanto escuchar un aviso cuando viene «del otro bando» lo conté en Huérfana de bandos.

Cambio de temporada

Ahora toca la vivienda

La causa trans ya no da titulares favorables: da problemas que nadie quiere explicar. Así que ha llegado la nueva temporada. Ahora la causa es la vivienda. Es un problema real y grave, como lo son la discriminación y la violencia. Pero cuando se convierte en la causa a la que hay que suscribirse para tener votos y focos, conviene preguntarse quién habla por ella, quién la financia y por qué se eligen unos casos y no otros.

No es la primera vez. El Sáhara fue bandera de la izquierda durante décadas. En marzo de 2022, el Gobierno de Sánchez cambió de posición y respaldó el plan de autonomía de Marruecos. Podemos lo criticó, pero siguió en el Gobierno.

De eso va la segunda parte.

Para terminar

¿Causa o temporada?

No todo activismo con nómina es sospechoso. Pero cuando una causa se defiende a muerte mientras rinde y se abandona en silencio cuando cuesta, deja de ser el fin y pasa a ser el medio. Y quien la usaba busca la siguiente.

Las feministas que avisaron no tenían campañas de 10 millones ni cargos que cuidar. Avisaron, las llamaron tránsfobas y las cancelaron. Y lo que dijeron que pasaría está pasando. Las que avisaron no cobraban por avisar.

Una causa de verdad no cambia con la temporada. La nómina, sí.

— Nohemí Hervada

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No todos los derechos son iguales

No todos los derechos son iguales

Derechos · Constitución · Sin filtros

No todos los derechos son iguales.

La vivienda y la huelga no están a la misma altura. Y no lo digo yo: lo dice nuestra Constitución.

No todos los derechos son iguales: un podio de tres alturas con una casa en el escalón más bajo, una llave en el medio y una pancarta en el más alto, y una figura roja que lo mira con un interrogante

«Es un derecho.» Esa frase se ha convertido en un escudo. Si votas «no» a un decreto de vivienda, estás contra el derecho a la vivienda. Si criticas una huelga, estás contra el derecho a la huelga. Fin de la conversación.

Pero la Constitución no trata todos los derechos igual. Los ordena por niveles de protección. Y entender esos niveles es la mejor vacuna contra el relato.

Los tres pisos

La Constitución tiene categorías

El Título I de la Constitución recoge los derechos en tres bloques. No pesan lo mismo:

Derechos fundamentales (arts. 14 a 29). La vida, la libertad de expresión, la educación… y la huelga. Se regulan por ley orgánica (mayoría absoluta del Congreso), no se pueden tocar por decreto ley, se pueden defender ante el Tribunal Constitucional con un recurso de amparo y, para cambiarlos, hace falta la reforma más difícil de la Constitución.

Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38). Por ejemplo, la propiedad o el trabajo. Se regulan por ley ordinaria y no tienen amparo.

Principios rectores (arts. 39 a 52). Aquí está la vivienda. No son derechos que puedas reclamar directamente ante un juez: son mandatos a los poderes públicos, y solo se pueden alegar en los términos de las leyes que los desarrollen (art. 53.3).

La huelga está en el piso de arriba. La vivienda, en el de abajo.

¿Y la propiedad?

¿Quién es un buitre?

La propiedad está un piso por encima de la vivienda, aunque tampoco es fundamental. La Constitución permite limitarla por su función social (art. 33.2), manda impedir la especulación (art. 47) e incluso permite expropiar. Pero con una condición: «mediante la correspondiente indemnización» (art. 33.3). Es decir, pagando.

Ahora mira lo que pide el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en su web:

«La expropiación de las viviendas en manos de fondos buitre», de la SAREB y de los grandes tenedores.

«La recuperación de viviendas vacías».

«El fin de la compra de vivienda si no es para residir en ella».

Lee despacio la última. Si solo se puede comprar una casa para vivir en ella, quedan fuera:

La casa del pueblo o la de vacaciones.

El piso que compras para tus hijos.

El piso que alquilas para completar tu pensión.

¿Eres un buitre por tener una casa para tus hijos? Según esa lógica, tu compra estaría prohibida igual que la de un fondo.

Y si nadie puede comprar para alquilar, ¿quién alquila? Según el Banco de España, el 92 % de las viviendas en alquiler es de particulares. Solo el 8 % es de empresas. Y el parque público no llega al 2,5 % del total.

¿Y quiénes son esos caseros? Según el Observatorio del Alquiler, la edad media es de 59 años, y uno de cada tres usa la renta para complementar su pensión.

El Sindicato no dice cómo se pagarían esas expropiaciones. Otros sí lo han dicho:

Sin pagar. Desde la izquierda anticapitalista se defiende «la expropiación sin indemnización» de los pisos vacíos de bancos, fondos y grandes propietarios. Y ya en 2019, una candidata de Podemos a la Asamblea de Madrid propuso expropiar hasta 200.000 viviendas de fondos y bancos «sin pagar indemnización». Eso, sencillamente, no cabe en la Constitución.

Pagando. En septiembre de 2026, Podemos llevó al Congreso expropiar el uso de 650.000 viviendas de grandes propietarios. Comprarlas costaría, a 100.000-200.000 euros por piso, entre 65.000 y 130.000 millones. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tiene 7.000 millones para cinco años.

Limitar la propiedad es constitucional. Vaciarla, no. Quien pone la vivienda por encima de la propiedad sin decir quién paga ni quién alquila no está defendiendo la Constitución. Está defendiendo un eslogan.

Vivienda

Un derecho que no es fundamental

El artículo 47 dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias…».

Fíjate en el verbo: promoverán. La Constitución no te da una casa. Obliga a los poderes públicos a crear las condiciones. Y no dice cómo: eso se decide votando leyes.

La competencia es autonómica. La vivienda la gestionan las comunidades autónomas (art. 148.1.3ª). La primera ley estatal, la Ley 12/2023, llegó 45 años después de la Constitución, y el Constitucional anuló varios de sus artículos en 2024 (STC 79/2024).

Choca con otros derechos. Con la propiedad (art. 33), que está un piso más arriba.

Convertirla en fundamental no es fácil. Haría falta la reforma del artículo 168: dos tercios de cada cámara, disolver las Cortes, que las nuevas lo vuelvan a aprobar por dos tercios y un referéndum.

Por eso, quien vota «no» a un decreto de vivienda no vota contra un derecho. Vota contra una forma concreta de desarrollarlo. Y eso, en un principio rector, es exactamente lo que la Constitución espera del Parlamento: que discuta el cómo.

El caso que lo encendió todo, el desahucio de una mujer de 87 años, lo conté en Elecciones en caliente: el desahucio era legal, lo avaló el Supremo, y la ley que lo permitía la aprobó un Gobierno socialista.

Huelga

Un derecho fundamental con una ley de 1977

El artículo 28.2 dice: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses». Es un derecho fundamental, de los de arriba. Y aun así:

Nunca ha tenido su ley orgánica. Se sigue regulando por el Real Decreto-ley 17/1977, anterior a la Constitución. El intento de ley de 1992-1993 decayó al disolverse las Cortes.

No necesita autorización. Solo un preaviso de 5 días (10 en servicios públicos). Los servicios mínimos los fija la autoridad gubernativa.

La huelga política es ilegal. El artículo 11 del decreto de 1977 declara ilegal la huelga que «se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquiera otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados».

Pero hay matiz. El Tribunal Constitucional (STC 11/1981) admitió las huelgas que reclaman a los poderes públicos medidas de política económica y social que afectan a los trabajadores. Son las llamadas huelgas sociopolíticas, y son legales.

La paradoja: el derecho fundamental se regula con una norma preconstitucional. El que no es fundamental es el que todos llaman «derecho».

11-N

Una huelga general contra la oposición

Ahora, los hechos. En una semana:

2 oct

El Congreso tumba los dos decretos de vivienda.

5 oct

Sánchez anuncia elecciones para el 29 de noviembre. CCOO y UGT acuerdan una huelga general.

6 oct

El BOE disuelve las Cortes. El Consejo de Ministros vuelve a aprobar los decretos, ahora para la Diputación Permanente. Y Montero habla.

8 oct

Bolaños «hace suyas» las palabras de Montero.

16 oct

La Diputación Permanente vota los decretos.

11 nov

Huelga general, la primera de CCOO y UGT desde 2012.

13 nov

Empieza la campaña electoral.

El 6 de octubre, desde la sede del PSOE andaluz, María Jesús Montero, exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, hoy secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del partido, lo explicó así:

«Habitualmente, para que los ciudadanos lo sepan, las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición».

Ella misma lo llamó «una situación inédita […] que no hemos visto nunca». Y dio el motivo: «a raíz de que la oposición a este gobierno ha derribado el decreto de vivienda», para dar «una respuesta […] de rechazo, de enfado, de negativa» a lo que «protagonizó la derecha […] en el Congreso de los Diputados».

Es decir: el objetivo declarado no es un empresario ni un Gobierno. Es una votación del Parlamento y los partidos que la ganaron.

Lo dice alguien que hasta hace seis meses era el Gobierno: dejó Hacienda en marzo para ser candidata en Andalucía. Sabe mejor que nadie contra quién se convocan las huelgas generales. Y sabe que esta, por primera vez, no va contra ellos.

Hasta ahí, un partido haciendo campaña. Lo llamativo vino dos días después, cuando habló el Gobierno. Al ministro de Justicia, Félix Bolaños, le preguntaron si estaba de acuerdo. Su primera respuesta fue otra: el Gobierno comparte «esas dos reivindicaciones», salarios y vivienda, aunque los sindicatos dirán que lo hecho «está bien, pero que es insuficiente».

El periodista insistió: «Usted no llega tan lejos como la señora Montero». Y Bolaños:

«Para que no haya duda, hago mías las palabras de la señora Montero de antemano».

En una sola respuesta, la huelga pasó de ser por la vivienda a ser contra la oposición. Y esta vez no lo dice un partido: lo dice un ministro.

Las versiones

¿Contra quién es la huelga?

Depende de a quién preguntes:

Montero: contra la oposición, por tumbar el decreto.

Bolaños: por salarios y vivienda… y luego, contra la oposición.

UGT: «contra todas las administraciones».

CCOO: por los salarios. Unai Sordo: «Si tiene que ver con los salarios, no sé dónde ve la ilegalidad».

Y Sordo tiene razón en una cosa: la convocatoria habla de subir salarios, reducir la jornada, desbloquear los convenios y frenar la especulación con la vivienda. Con esos motivos sobre el papel, la huelga es probablemente legal.

Cuatro respuestas para una sola huelga. Cuando nadie se pone de acuerdo en el motivo, el motivo suele ser otro.

El calendario

Una huelga se hace contra quien puede ceder

Contra el empresario que paga tu nómina. Contra el Gobierno que decide. Ahora, haz el ejercicio con esta:

Si va contra la oposición por tumbar los decretos, ¿por qué es el 11 de noviembre, casi un mes después de que la Diputación Permanente vote esos mismos decretos el 16 de octubre?

Con las Cortes disueltas, ¿quién puede ceder el 11 de noviembre?

¿Por qué justo dos días antes de la campaña? Según publica la prensa, la fecha se eligió para evitar un conflicto ante la Junta Electoral Central.

Cuando ya no queda ninguna votación que ganar, solo queda un destinatario: el votante.

Eso tiene un nombre. El Diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE lo define: huelga política, la que «se inicia o sostiene por motivos políticos».

¿Ilegal? Eso lo decidiría un juez, a partir de los motivos que figuren en la convocatoria, no de lo que diga un ministro. ¿Neutral? Ni de lejos.

Nota: la ley electoral (LOREG, art. 50) prohíbe a los poderes públicos, desde la convocatoria, organizar o financiar actos que hagan propaganda de sus logros. Unas declaraciones en un coloquio no encajan necesariamente en esa prohibición. Lo que sí rompen es la neutralidad institucional que se espera de un Gobierno en periodo electoral.

Para terminar

Derechos, no armas

Se puede defender el derecho a la vivienda y criticar unos decretos. Se puede defender el derecho a la huelga y criticar una huelga concreta. No es una contradicción: es pensar.

Lo que no se puede es usar los derechos como munición:

Llamar «ataque a un derecho» a una votación parlamentaria sobre un principio rector.

Convertir un derecho fundamental de los trabajadores en un acto de precampaña que el Gobierno aplaude y apunta contra quien no gobierna.

Cuando los derechos se usan como armas, los primeros que pierden son quienes de verdad los necesitan: los que no pueden pagar un alquiler y los que pierden un día de sueldo por hacer huelga.

Un derecho no es un eslogan. Y una huelga no es un mitin.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 10 minutos

Fascista es siempre el otro

Fascista es siempre el otro

Superioridad moral · Política · Sin filtros

Fascista es siempre el otro.

Si todo es fascismo, nada lo es. Y cuando llegue el de verdad, la palabra ya no servirá para avisar.

Qué es el fascismo: un megáfono rojo del que salen etiquetas grises

Cuando yo era adolescente, los neonazis eran claramente identificables. Sabías quiénes eran, qué pensaban y de qué eran capaces. Y "facha" era lo que hoy reconocemos en Torrente: el casposo de barra de bar, nostálgico de Franco, racista y machista.

Quién me iba a decir a mí que, con los años, me llamarían las dos cosas: facha, por criticar al poder, y feminazi, por ser feminista. Hoy, si discrepas o criticas al poder, del color que sea, puedes ser nazi antes de terminar la frase.

Dos escenas:

Puerta del Sol, septiembre de 2026. Acampada por la vivienda. A quien llega a grabar sin ser de la cuerda se le despide al grito de "fuera fascistas de nuestros barrios".

Universidad Complutense, marzo de 2020. Frente Obrero, un partido marxista-leninista enfrentado a Podemos, interrumpe un acto de Pablo Iglesias al grito de "fuera vende obreros de la universidad". Parte del público les responde: "Fuera fascistas de la Universidad".

Si la misma palabra sirve para echar de una plaza a cualquiera que no sea de la cuerda, sean youtubers, reporteros o cadenas de televisión, y a unos jóvenes que se declaran comunistas, la pregunta es obligada: ¿qué es el fascismo?

Si todo es fascismo, nada es fascismo.

La definición

Qué es el fascismo.

Nace en Italia. En 1919, Benito Mussolini funda los Fasci di combattimento, y en 1922 llega al poder tras la Marcha sobre Roma. El nombre viene del "fascio", el símbolo de autoridad de la antigua Roma: un manojo de varas atadas alrededor de un hacha. Una vara sola se rompe con facilidad; atadas, no. La idea es la unidad por la fuerza: todos juntos, todos iguales, y el hacha para quien se salga.

El fascio romano, origen de la palabra fascismo: varas atadas con correas rojas alrededor de un hacha y, al lado, una vara suelta rota
El fascio: varas atadas alrededor de un hacha. Sola, una vara se rompe.
1919
Mussolini funda los Fasci di combattimento
1922
Marcha sobre Roma: el fascismo llega al poder
1945
Cae con la derrota en la Segunda Guerra Mundial

El historiador Robert Paxton, en Anatomía del fascismo (2004), explica que el fascismo no es una sola idea, sino varias cosas que van juntas. Dicho en sencillo:

"Nuestro país está hundido y nos han humillado." Parte de la sensación de que todo va a peor y de que alguien tiene la culpa.

"Tenemos que ser uno, fuertes y puros." Todos iguales, todos a una, y fuera lo que "contamina": el diferente, el extranjero, el que piensa distinto.

"El partido es la patria." Un movimiento que arrastra a las masas, con militantes que lo viven como una fe y un líder al que se sigue sin preguntar.

"Las libertades estorban." Elecciones, prensa libre, jueces independientes: todo lo que frena al líder sobra.

"La violencia limpia." Pegar, encarcelar o eliminar al "enemigo" se vive como algo necesario, incluso bueno, y sin límites legales ni morales.

Una sola de estas cosas no hace a nadie fascista. Las cinco juntas, sí.

Fascista y nazi no son sinónimos. El fascismo pone en el centro al Estado y a la nación. El nazismo añade algo más: la raza. Divide a la humanidad en superiores e inferiores, y de esa idea salió el Holocausto. Todo nazi es fascista, pero no todo fascista es nazi. Por eso llamar "nazi" a alguien no es subir un grado el insulto: es acusarle de la peor idea que ha producido el siglo XX.

Los historiadores insisten en no usar la palabra a la ligera. Julián Casanova recuerda que lo que define al fascismo es la violencia organizada: fuerza paramilitar, terror, propaganda y culto al líder. Emilio Gentile, en Quién es fascista (2019), advierte de que el "todo es fascismo" es peligroso. Y Paul Preston llega a decir que "Franco no era fascista. Era algo peor".

Hoy

¿Existe todavía?

Sí. Y no hace falta adivinarlo, porque se presentan como tales:

En España, Falange Española de las JONS, heredera del fascismo español de los años 30, y Democracia Nacional, de corte neofascista.

En Grecia, Amanecer Dorado, declarado organización criminal por la justicia en 2020.

En Italia, CasaPound. Y Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, procede del MSI, fundado por exfascistas en 1946, y conserva la llama en su logo.

¿Y Vox? La mayoría de los politólogos lo clasifica como derecha radical populista, no como fascista. Tiene rasgos que recuerdan al repertorio: la "anti-España", la inmigración presentada como amenaza. Pero no tiene milicias ni propone abolir las elecciones. Tener rasgos no es serlo. Si lo fuera, casi nadie se libraría, como vamos a ver.

¿Podría presentarse a elecciones un partido fascista en España? Sí, y se presenta: Falange es legal. Los historiadores la consideran el partido fascista español por excelencia, aunque ella siempre lo haya negado. Hasta Falange dice que fascista es el otro. Nuestro sistema persigue los actos, no las ideas. Un partido solo se ilegaliza si justifica la violencia, ataca los derechos fundamentales o apoya el terrorismo.

Lo que todos reconocemos

El fascismo en cuatro gestos.

Umberto Eco describió en El fascismo eterno (1995) catorce rasgos del fascismo. No hacen falta todos para reconocer su olor. Hay cuatro que cualquiera identifica. La pregunta incómoda es quién los practica hoy.

1No dejar hablar al que disiente

Eco lo resumía así: para el fascismo, el desacuerdo es traición.

Complutense, 2010: Pablo Iglesias e Íñigo Errejón participan en el boicot a una conferencia de Rosa Díez, entonces líder de UPyD, al grito de "fuera fascistas de la Universidad". En 2020, al propio Iglesias lo boicotean en el mismo auditorio, y parte del público responde a los que le interrumpen con… el mismo grito. Diez años después, la etiqueta había cambiado de diana sin cambiar una coma.

Barcelona, 2022: la Casa del Libro anula la presentación de un libro crítico con la ley trans tras los enfrentamientos de manifestantes con los Mossos. Badalona, 2023: se cancela la de unas feministas acusadas de "ideas transfóbicas".

Desde el otro lado: en Valdemorillo, en 2023, la nueva concejalía de Cultura, de Vox, cancela una obra basada en el Orlando de Virginia Woolf.

2Decidir quién entra y quién informa

La acampada de la Puerta del Sol reclamaba más espacio público y menos privado. Y lo hizo ocupando el espacio público y decidiendo quién podía estar en él. No fue un hecho aislado:

28 de septiembre: un grupo de manifestantes expulsa a un equipo de EDATV al grito de "No pasarán". Ese mismo día, varios youtubers y creadores de contenido salen entre gritos de "fuera fascista". Alguno, según las imágenes, llevaba un espray de pimienta. Pero que alguien sea un provocador no te da derecho a decidir quién informa en una plaza pública.

El periodista Fernando Díaz Villanueva cuenta que los accesos tenían controles, que no le dejaron entrar con cámara y que dentro se impedía hacer fotos.

6 de octubre: Rebeca Crespo, reportera de Horizonte (Cuatro), intenta conectar en directo. Le tapan la cámara con un paraguas, hay empujones y la acusan de difundir bulos. Su resumen: "No nos han dejado hacer nuestro trabajo".

Primeros de octubre: en un directo de Malas Lenguas (TVE) desde Sol se cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el desalojo. No era exactamente así: el tribunal solo había rechazado la medida cautelarísima, el desalojo urgente, y no había entrado en el fondo. La abogada Jimena Zabala lo corrige en voz alta desde fuera de plano: "Eso es mentira, decid la verdad". Según su relato, un activista la agarra del brazo y el reportero la acusa a ella de agresión. Su pregunta: "Yo no puedo hablar en un directo, pero ¿vosotros sí podéis mentir en un directo?"

Parla, octubre de 2026: según el vídeo publicado por el propio medio, una responsable local de Podemos y su pareja reciben a un equipo de Okdiario con "nazi de mierda, fascista, vete de aquí", "tú no sabes quién soy" y "tu cara la va a ver todo el mundo".

No es un hecho aislado. Es un patrón.

3El lenguaje de guerra

Asamblea de Madrid, 8 de octubre de 2026. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, a Isabel Díaz Ayuso tras la muerte de Maricarmen: "En las calles de Madrid no va a haber paz". El PP la denuncia por amenazas. Ella responde: "Yo no estaba amenazando, lo único que estoy diciendo es lo que hay en las calles". Y añade que no se arrepiente.

Desde el otro lado: la "anti-España", o el mensaje de Vox sobre una periodista peruana: "Los que propagan odio y violencia… también se van. Todos".

Una cosa es lo que alguien quiso decir. Otra, lo que dice una portavoz parlamentaria desde la tribuna, cuando la calle ya está caliente.

4La violencia por una causa

Tras el boicot violento a un acto en la Universidad de Navarra, en octubre de 2025, en el que fue agredido un periodista, una tertuliana de TVE lo resumió así: "Esto no es violencia, es responder a su violencia". Del otro lado, las piedras contra un mitin de Vox en Vallecas en 2021 tuvieron su respuesta en las noches de disturbios de Ferraz en 2023.

Gritar "fascista" no te vacuna contra parecerte a uno.

Por qué funciona

Pedro y el lobo.

La etiqueta funciona porque ahorra el argumento. Es la falacia de toda la vida: atacar a la persona, no a lo que dice.

El filósofo Leo Strauss la bautizó en 1953 como "reductio ad Hitlerum": si Hitler pensaba algo, eso basta para descartarlo.

En 1990, Mike Godwin formuló su famosa ley: cuanto más se alarga una discusión en internet, más probable es que alguien acabe comparando al otro con Hitler o los nazis.

Las feministas conocemos bien el mecanismo. "Feminazi", popularizado en los años noventa por el locutor estadounidense Rush Limbaugh, sirvió para ridiculizar ante la opinión pública lo que eran demandas de un colectivo que luchaba por sus derechos. Es exactamente el mismo truco, en sentido contrario.

Y aquí está el peligro. Si cualquiera que discrepa es nazi, la palabra se gasta. Como en el cuento de Pedro y el lobo, cuando llegue el de verdad, nadie nos creerá. O peor: no sabremos reconocerlo.

Si todos somos nazis, cuando llegue el de verdad no lo veremos venir.

Hannah Arendt

La banalidad de la etiqueta.

En 1963, Hannah Arendt publicó Eichmann en Jerusalén, su crónica del juicio a uno de los organizadores del Holocausto. Esperaba encontrar a un monstruo y encontró a un hombre "terriblemente normal": un burócrata incapaz de pensar por sí mismo, que hablaba a base de frases hechas. Lo llamó la banalidad del mal.

Su idea no era que el mal sea poca cosa, sino que lo cometen personas corrientes que dejan de pensar. Y eso es lo que hace una etiqueta: es una frase hecha que te ahorra pensar en lo que el otro dice.

Hay además otra banalización, más grosera. Llamar nazi a quien te lleva la contraria es una ofensa a los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto, y a todas las víctimas de lo que de verdad fue el nazismo.

La prueba del algodón

Ocho años y la ley mordaza sigue.

Las palabras son gratis. Los hechos, no. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, la aprobó el Gobierno de Rajoy, y derogarla fue una de las promesas estrella de la izquierda.

Junio 2018

Pedro Sánchez llega al Gobierno.

2023

La reforma decae por las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.

Octubre 2024

Se retoma el trámite en el Congreso.

Octubre 2026

Vuelve a decaer con las Cortes disueltas. Podemos exigía la palabra "prohibición" para las pelotas de goma; el PNV no aceptaba los cambios sobre desobediencia a los agentes; Interior, según The Objective, nunca mostró entusiasmo. El acuerdo cubría casi el 90 % del texto.

Ocho años de Gobierno "progresista" y la ley sigue en vigor. Gritar "fascista" no cuesta nada. Derogar una ley que recorta libertades, sí.

¿Quién decide qué lucha es justa?

¿Quién reparte los carnés del derecho a pensar y a opinar?

¿A cuánta gente has llamado fascista este año? ¿Cuántos lo eran?

¿Sabrías explicar qué es el fascismo sin buscarlo en Google?

¿Sabrías reconocer a uno de verdad?

Para terminar

Llamar a las cosas por su nombre.

El antifascismo de verdad no es un grito. Es defender las libertades de todos, también las de quien te parece insoportable: que pueda hablar, que pueda informar, que pueda equivocarse.

En cuanto decides quién merece esas libertades y quién no, has empezado a parecerte a aquello contra lo que dices luchar.

Llamarlo todo fascismo no te hace antifascista. Te deja sin palabras cuando llegue el de verdad.

— Nohemí Hervada

El Cluedo obsceno

El Cluedo obsceno

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El Cluedo obsceno.

"¿Quién mató a Maricarmen?" es la pregunta que todos se apresuran a responder. Y la que nadie debería estar haciendo.

Muerte de Maricarmen: un tablero de Cluedo con fichas grises y una sola casilla vacía marcada en rojo

Hasta hace dos semanas, casi nadie en España sabía quién era. Hoy su nombre está en los decretos, en las pancartas de la Puerta del Sol, en los plenos y en las tertulias. La muerte de Maricarmen se ha convertido en el tema del que todo el mundo habla.

Y en el mismo momento en que murió, empezó la partida. No para entender qué falló. Para decidir a quién se le carga.

Si hay algo peor que instrumentalizar una historia, es instrumentalizar una muerte.

La víctima

Maricarmen, 87 años

71
Años viviendo en el mismo piso del Retiro
23·9
Día del desahucio
14
Días después, muere en el hospital Gregorio Marañón

Fue desahuciada el 23 de septiembre y no volvió a salir del hospital. Murió el 7 de octubre.

Mientras vivía, se convirtió en símbolo: la acampada de Sol, las portadas y hasta un decreto con su nombre.

Al día siguiente de su muerte, unas 20.000 personas marcharon desde Sol hasta su casa, según la Delegación del Gobierno.

De qué murió exactamente, no hay una causa oficial publicada. Durante su ingreso se habló de un cuadro de agotamiento severo.

Ya escribí sobre su caso en la foto y los datos. Hoy no voy a hablar de la ley. Voy a hablar de lo que hicieron con ella.

Su voz

La voz que nadie escuchó entera

La víspera del desahucio, en una entrevista en RTVE, le preguntaron a quién responsabilizaba de lo que le estaba pasando. Respondió sin pestañear. Y no dio un nombre. Dio cuatro:

Pedro Sánchez, porque no se entera de la cantidad de desahucios que hay.

Isabel Díaz Ayuso, a quien, dijo, el cargo "le viene un poco grande".

José Luis Martínez-Almeida, que según ella solo se dedica a "cargarse Madrid".

Y Urbagestión, la empresa propietaria: "unos inhumanos".

¿Qué vídeo corrió por las redes? Uno en el que solo decía "a Pedro Sánchez". Lo demás, recortado. Lo verificó Maldita.es.

El mismo día de su muerte, Vox lo volvió a publicar: 11 segundos de vídeo y un texto que decía "la responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen". Más de 2 millones de visualizaciones. Ayuso, Almeida y Urbagestión no aparecían.

Y el otro lado hizo lo mismo en dirección contraria: se quedó con "Urbagestión, unos inhumanos" y con su petición de un decreto, y se olvidó de los demás nombres.

Cada bando se quedó con el trozo de su voz que le servía. Nadie la escuchó entera.

El tablero

La política como juego de mesa

En el Cluedo hay una víctima, un tablero y seis sospechosos. Gana quien acusa primero y acierta.

Eso es lo que hemos visto estos días. No una conversación sobre qué falló, quién pudo hacer algo y no lo hizo, o qué ley hay que cambiar. Una carrera por señalar al culpable antes que el otro.

Todos sabían quién la había matado antes de saber de qué había muerto.

Los sospechosos

"Ellos la mataron"

Fíjate en que nadie se salva. La acusación sale de todas partes:

El Sindicato de Inquilinas: "La especulación y el rentismo matan cada día". Maricarmen "no ha muerto, la han matado".

Irene Montero (Podemos): "No es una muerte, es un asesinato".

Rita Maestre (Más Madrid): "Malditos buitres y quienes les apoyan". Y en el pleno, a PP y Vox: "Todos ustedes son responsables de la angustia de una anciana".

Vox, en X: "Han matado a Maricarmen". Acusa al Gobierno de haber utilizado "sin ningún escrúpulo" su sufrimiento… en un mensaje que utiliza su sufrimiento.

Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox: "Procede una autopsia de Maricarmen". La relacionó con una supuesta trama del Gobierno contra la jueza Biedma y con sus acusaciones a Sánchez "como máximo culpable", y habló de una "súbita muerte". La de una mujer de 87 años que llevaba dos semanas hospitalizada.

Vito Quiles escribió que la izquierda era "capaz de haberla asesinado" para culpar a la derecha.

Y si el asesino es algo sin cara, como "la especulación" o "el rentismo", el sospechoso puede ser cualquiera que no piense como tú.

El tablero no tiene límites. El columnista Chapu Apaolaza, que entrevistó al casero, cuenta en ABC que le llaman asesino por redes y por WhatsApp. Su columna lleva un título que resume la partida: "Yo maté a Maricarmen".

Pero ojo, porque esa entrevista también tuvo su papel: sirvió para que el casero la describiera como alguien que había abusado durante décadas de los propietarios. Unos la convirtieron en mártir. Otros, en aprovechada. Ninguno la dejó ser solo una persona.

El arma n.º 1

El vídeo recortado

El 28 de septiembre, en Horizonte (Cuatro), entrevistaron al propietario de Urbagestión, que acababa de anunciar un principio de acuerdo para que Maricarmen volviera a su casa. Beatriz Talegón preguntó si el decreto se seguiría llamando Maricarmen. Carmen Porter respondió: "Hasta luego, Maricarmen".

Puedes pensar que fue un chiste de mal gusto. Es una opinión legítima. Pero se dijo con ella viva, y hablando del decreto.

Cuando murió, el fragmento volvió a circular como si se hubieran reído de una mujer muerta. Y entre quienes lo compartieron estaba un ministro del Gobierno: Óscar Puente.

El mismo ministro que, según contó el presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, respondió a quienes le pedían la dimisión que él no había soldado el raíl. Un accidente con 46 muertos, una investigación judicial abierta y ninguna responsabilidad política asumida. Pero tiempo para difundir un corte sacado de contexto, sí.

En un programa con tantos colaboradores también ha habido voces de distinto tono: uno de ellos llegó a insinuar que Maricarmen había sido elegida "en un cásting" por Moncloa. Pero la opinión de un tertuliano no es la voz del programa, igual que un corte de diez segundos no es lo que se dijo. Juzgar a todos por una frase sacada de contexto es, precisamente, el juego que estoy criticando.

El arma n.º 2

El minuto de silencio

El 8 de octubre, la izquierda pidió minutos de silencio en varios parlamentos. La derecha los rechazó en casi todos:

Asamblea de Madrid: PP y Vox no lo respaldaron. El PP explicó que no iba a contribuir a "su utilización política".

Ayuntamiento de Madrid: sin homenaje oficial. Más Madrid y PSOE hicieron el suyo. Almeida, el PP y Vox se quedaron sentados.

Senado: la Presidencia lo rechazó por no haber precedentes. Cortes de Aragón: PP y Vox, en contra.

Corts Valencianes: se aprobó, con el voto de Vox incluido. Pero la mayoría de sus diputados se ausentaron durante el homenaje.

Hasta ahí, se puede discutir. Lo obsceno vino después. En el mismo pleno, Almeida se dirigió a la izquierda: "Cuarenta segundos ha durado el minuto de silencio que ustedes han hecho por Mari Carmen".

No lo secundan. Pero lo cronometran.

Y como arma arrojadiza, recordó a Olga, otra mujer desahuciada que murió en L'Hospitalet, y por la que nadie guardó un minuto de silencio. Tiene razón en que nadie lo hizo. Lo que no se entiende es que usara su muerte para ganar un turno de palabra.

Nota: si estás pasando por un momento difícil, puedes llamar al 024, la línea de atención a la conducta suicida. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas.

El arma n.º 3

El nombre

El "decreto Maricarmen" no lo bautizó el BOE. Fue el Sindicato de Inquilinas quien presentó a los grupos parlamentarios su propio "real decreto Maricarmen". Luego lo adoptaron medios y políticos.

Ponerle nombre de persona a una ley es muy eficaz. Convierte una votación en un juicio moral: quien vota en contra ya no discrepa de una medida. Vota "contra Maricarmen". Lo conté en el que vota no también es diputado.

Y cuando la persona muere, el nombre se convierte en otra cosa: una lápida que cada uno usa como atril.

¿Quién gestionó su caso cuando todavía había tiempo?

¿Por qué la norma que acabó con su contrato lleva tres décadas en vigor, con gobiernos de los dos colores?

¿Cuántas Maricarmen hay hoy, sin cámara, sin nombre y sin decreto?

Para terminar

Señorita Escarlata, en la cocina, con el candelabro

Esto es lo que se ha convertido la política: un tablero en el que importa más derrotar al rival que legislar, gobernar o gestionar lo de todos. Problemas que se magnifican cuando conviene y se ningunean cuando no.

Y mientras algunos seguimos trabajando, sabiendo que buena parte de lo que generamos se va en impuestos que gestiona esta gente, ellos siguen con su partida.

Lanzan los dados. Mueven la ficha. Acusan.

En el Cluedo, al final siempre hay un culpable. En esta partida, la única que no juega es la víctima.

— Nohemí Hervada

No es país para autónomos

No es país para autónomos

Autónomos · Sesgos · Sin filtros

No es país para autónomos.

Los autónomos no somos el enemigo. Somos el 95 % de las empresas de este país, y aun así hemos pasado a ser el blanco de la rabia de los de abajo.

Autónomos: una fila de comercios con las persianas bajadas y una sola, en rojo, abriéndose

Hace unos días, el ministro Óscar Puente defendió en televisión las vacaciones de Pedro Sánchez durante la crisis de Ceuta. Criticarlas, dijo, era "una infinita crueldad": "Esto de que el presidente del Gobierno no tenga derecho, como el resto de mortales, a tener unas vacaciones, es algo que no entiendo". Y añadió que el presidente "lleva el despacho en su bolsillo, como hacemos todos los políticos".

Así que subí un reel de menos de un minuto, sarcástico, con cara de pena: resulta que los autónomos también tenemos "derecho a vacaciones", y a mí se me había pasado pedirlas. El problema es que no sé a quién. Derecho a vacaciones, igual que todos tenemos derecho a una vivienda.

Lo que vino después no me lo esperaba. No por la discrepancia, que siempre es bienvenida, sino por la cantidad de odio contra los autónomos.

Que si cobramos todos en negro.

Que si no sabemos hacer cuentas.

Que las vacaciones nos las pidamos a nosotros mismos.

Que si no nos gusta, que aprobemos una oposición.

Y mi favorito: una señora que, como argumento, me recomendó ir al dermatólogo a quitarme las verrugas.

Lección gratis

La falacia ad hominem

Ese comentario, tan cortito, es un regalo. Es el ejemplo perfecto de una falacia ad hominem: cuando no puedes rebatir lo que alguien dice, atacas a la persona. Su cara, su voz, su vida. Cualquier cosa menos el argumento.

Si hablo de un tema social, político o económico y la respuesta es que te dan asco mis verrugas, no me has rebatido nada. Me has dado la razón sin darte cuenta.

Nota: por cierto, estoy tan orgullosa de mis verrugas que mi diseñadora me hizo un logo con mis labios rojos y una de ellas. Así que gracias por la publicidad.

Detectar el sarcasmo exige un mínimo de comprensión. Y si el informe PISA nos dice que la comprensión lectora está cayendo, sospecho que con la comprensión de lo que escuchamos pasa lo mismo: oímos lo que queremos oír.

Es muy valiente criticar desde un nick a quien da la cara con su nombre y apellidos.

Quiénes somos

¿En quién piensas cuando dices "autónomo"?

Igual te imaginas a alguien en la playa con un mojito y una cuenta en Suiza. Mira a tu alrededor, porque los autónomos somos:

La tienda del barrio que abre a las 6:30 para que tus hijos compren el bocadillo antes del instituto, y sigue abierta a las 11 de la noche.

El bar donde te tomas el café, la frutería, la papelería donde compras el material del cole.

El dentista, la fisioterapeuta, el psicólogo, la podóloga, el oftalmólogo. Incluso en muchos centros médicos privados, buena parte de los profesionales son autónomos.

El taxista, el repartidor, la mensajera.

El fontanero, el electricista, la pintora, el albañil y el cerrajero al que llamas a las 12 de la noche porque se te ha roto la cerradura.

Los distribuidores que arriesgan su dinero para que en la tienda haya lo que buscas.

Arquitectas, abogados, gestores, diseñadoras, consultores y quien te hizo la página web.

El restaurante donde celebras tu cumpleaños y el chiringuito de la paella.

Músicos, actrices, artistas: la gente que te alegra la vida en un concierto o en una película.

La academia donde tus hijos aprenden inglés o recuperan las asignaturas.

Haz el ejercicio: ¿de cuántos autónomos dependes en una semana normal? Pagando, faltaría más. Pero dependes.

Los datos

El tejido que sostiene el país

3,48M
Autónomos en España (septiembre de 2026, récord histórico)
95%
Empresas sin asalariados o con menos de 10 empleados
63%
Autónomos que ingresan menos que el salario mínimo (ATA)

De las 3,31 millones de empresas activas en España, el 54,4 % no tiene ni un solo asalariado y otro 40,7 % tiene entre 1 y 9 (INE, 2025).

Es decir: 95 de cada 100 empresas son autónomos o microempresas, muchas de ellas familiares.

Y según la Asociación de Trabajadores Autónomos, el 63 % de los autónomos ingresa menos que el salario mínimo. Así que lo de los millonarios con mina en Venezuela, mejor lo dejamos.

Se ha conseguido que el 95 % del tejido empresarial del país sea visto como el enemigo.

Los impuestos

¿Quién paga más?

Los datos de la Agencia Tributaria sobre el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades (lo que se paga de verdad sobre los beneficios, después de deducciones) hablan solos:

4,75%
Empresas de más de 5.000 trabajadores
15,3%
Microempresas (1 a 10 empleados)
18,6%
Pequeñas empresas (10 a 50 empleados)

Todas tienen el mismo tipo nominal, el 25 %. La diferencia está en que las grandes deducciones solo están al alcance de las grandes empresas. Las pequeñas pagan, en proporción, tres o cuatro veces más.

Y aun así, el foco de la rabia no está en las grandes. Está en el bar de la esquina.

Lo que no se ve

Las vacaciones, la baja y los marrones

Las vacaciones. Claro que podemos cogerlas. Pero si estás sola en tu negocio, un mes sin trabajar es un mes sin ingresos y con todos los gastos.

La baja. Si un autónomo enferma, no cobra nada los tres primeros días. Después cobra el 60 % de su base de cotización hasta el día 20 y el 75 % a partir del 21. Y durante los dos primeros meses de baja sigue pagando su cuota. La mayoría cotiza por bases bajas, así que la prestación muchas veces no cubre ni los gastos del negocio.

Los pagos. Las grandes empresas pagan a sus proveedores a 90 días. Muchos pequeños pagamos por adelantado, antes de recibir la mercancía.

Los marrones. Cuando hay una crisis en tu negocio, tus vacaciones pasan a segundo plano. Todos hemos perdido algún billete de avión. Y te aguantas.

Por eso me indignó tanto escuchar que el presidente tenía derecho a sus vacaciones "como el resto de mortales" en plena crisis de Ceuta, mientras guardias civiles, policías y sanitarios veían cómo se les suspendían las suyas. Cualquier persona que dirige un negocio o un equipo sabe que, cuando hay una crisis, el responsable da la cara.

Y lo más revelador vino en la misma entrevista. La periodista le recordó que, un año antes, con los incendios de Castilla y León, él mismo había escrito sobre el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco: "Las vacaciones están sobrevaloradas, que se vuelva de Cádiz a Castilla y León". ¿Su respuesta? "Yo creo que son cosas distintas": en los incendios, el responsable máximo debía estar al frente.

Si el que está de vacaciones es de los otros: que vuelva, que las vacaciones están sobrevaloradas.

Si es de los míos: criticarlo es "una infinita crueldad", porque lleva el despacho en el bolsillo.

La vara de medir no depende de lo que haces, sino de quién lo hace.

Los marrones, para arriba. Los premios, para abajo. Eso es liderar. Lo contrario es disfrutar de los privilegios del cargo.

Si quieres el poder, el margen de maniobra y los beneficios del cargo, tienes que asumir sus consecuencias. Y me da igual que te llames presidente, ministro o director general de una multinacional.

Fiscalizar el poder

Critico al que manda

Algunos me escribieron que "ya veremos cuando gobiernen los otros". Lo tengo claro: no milito en ningún partido. Cuando digo que soy "apolítica", lo que quiero decir es que soy apartidista.

Si mañana gobierna A, criticaré a A cuando lo haga mal.

Si gobierna B, criticaré a B.

Porque se fiscaliza a quien tiene el poder. Para eso existe.

La base de la democracia es que nadie tiene poder absoluto: el legislativo, el ejecutivo y el judicial se vigilan entre sí, y la prensa y los ciudadanos vigilamos a todos. Cuando dejamos de fiscalizar al poder por lealtad a unos colores, dejamos de ser ciudadanos y pasamos a ser hinchas.

Un político no es tu padre, ni tu marido, ni el líder de tu secta. No le debes lealtad: le debes exigencia. Lo escribí hace un tiempo: ni amo, ni marido, ni Dios, ni partido.

El fondo

Los gladiadores y el César

Hay un ejemplo que llevo años usando en mis formaciones. En el circo romano, cada gladiador pensaba que su enemigo era el que tenía enfrente. Era matar o morir.

Pero ¿de verdad el enemigo de un gladiador era otro gladiador? ¿O era quien los había puesto ahí, a pelear entre ellos por sobrevivir, mientras él miraba desde la tribuna?

Es lo mismo que cuenta la película El hoyo: los de arriba se sirven primero y los de abajo se pelean por las sobras. Y nadie mira hacia arriba.

¿Qué te ha hecho el autónomo que te pone el café para que lo veas como el culpable de lo que va mal?

¿Por qué nos peleamos entre los de abajo por las migajas en vez de exigir a quien gestiona lo de todos?

¿Queremos subir todos o que el de al lado baje a nuestro nivel?

Parte del problema es ese buenismo que nos impide señalar al responsable y nos empuja a pelearnos con quien tenemos más cerca.

Defender a los autónomos no es atacar a los asalariados ni a los funcionarios. Un Estado necesita funcionarios para funcionar, y yo he sido de ideología obrera toda mi vida. No se trata de quitarle a nadie lo que tiene, sino de que todos podamos tener más.

Para terminar

Mira para arriba

Mis abuelos, con un solo sueldo de vigilante nocturno y cuatro hijos, pudieron comprarse un piso para veranear en Benidorm. Yo me independicé con 19 años compartiendo piso. Mi hijo tiene 20, ya trabaja, y no puede ni plantearse irse de casa.

Hemos perdido poder adquisitivo y calidad de vida. Y en vez de exigir a quien tiene la responsabilidad, nos peleamos con el de al lado.

Así que la próxima vez que te dé rabia un autónomo, haz como deberían haber hecho los gladiadores: mira para arriba.

Los autónomos no somos el enemigo. Somos el país que te abre la persiana cada mañana.

— Nohemí Hervada

Trampas legales, no legítimas

Trampas legales, no legítimas

Actualidad · Política · Sin filtros

Trampas legales, no legítimas.

El Congreso tumbó los decretos de vivienda. Cuatro días después, con las Cortes disueltas, el Gobierno los vuelve a aprobar para colarlos por la Diputación Permanente. Que algo sea legal no lo hace legítimo.

Trampas legales, no legítimas: una gran puerta gris cerrada y, al lado, una pequeña puerta roja abierta

El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda: 178 votos contra 172 y 184 contra 166. Lo conté en El que vota no también es diputado.

El 5 de octubre, Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre y disolvió las Cortes.

El 6 de octubre, el Consejo de Ministros volvió a aprobar los dos decretos para que los convalide la Diputación Permanente. Con algunos retoques, sí: el veto a los fondos se alarga hasta 2030, se añade una deducción para inquilinos y un plan de préstamos. Pero son, como reconoce la propia prensa, «ajustes técnicos» que no tocan la arquitectura de las normas.

El ministro Félix Bolaños lo defiende así: la Diputación Permanente está para «las decisiones relevantes», y los reparos de la oposición son «bastante absurdos».

Cuatro días. Eso es lo que ha durado el «no» del Congreso.

La Constitución

¿Qué es la Diputación Permanente?

La regula el artículo 78 de la Constitución. Es un órgano reducido de cada Cámara que funciona cuando el Parlamento no está reunido o ha sido disuelto:

Tiene un mínimo de 21 miembros, que representan a los grupos «en proporción a su importancia numérica» (art. 78.1).

Si las Cámaras están disueltas, asume sus facultades en casos tasados: convalidar decretos ley (art. 86) y los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116). Y debe «velar por los poderes de las Cámaras» (art. 78.2).

Cuando se constituye el nuevo Congreso, tiene que darle cuenta de lo que ha decidido (art. 78.4).

Su razón de ser es sencilla: que el país no se quede sin respuesta ante lo urgente mientras no hay Parlamento. No está para conseguir lo que el Pleno acaba de negar. Está para proteger la voluntad de las Cámaras, no para esquivarla.

Las cuentas

Donde sí salen los números

La Diputación Permanente del Congreso tiene 68 miembros más la presidenta: PP 27, PSOE 24 más Armengol, Sumar 6, Vox 6, y ERC, Junts, PNV, Bildu y el Grupo Mixto, uno cada uno.

35
Gobierno, socios y PNV
34
PP, Vox y Junts
1
Voto de diferencia: el del PNV

El PNV ya ha anunciado que votará sí al primer decreto (desahucios y fondos) y no al segundo, al que llama «un parche». Así que el primero saldrá adelante por un voto, en un órgano donde Junts pesa 1 de 69, cuando en el Pleno pesaba 7 de 350.

Si no te votan en el Pleno, busca otra mesa.

La mujer del César

Legal no es legítimo

«La mujer del César no solo ha de ser honrada, sino parecerlo». Que algo no esté expresamente prohibido no lo convierte en legítimo. Y mucho menos en ético.

Los juristas están divididos, y eso ya dice mucho:

Gema Rosado (Universidad Carlos III): «Jurídicamente, no se vulnera la literalidad de la Constitución». Pero sin cambios reales, «sería un intento de cambiar fraudulentamente la voluntad» del Congreso.

Ana Valero (Universidad de Castilla-La Mancha): un «uso indebido» y «oportunista» de la Diputación Permanente.

Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional: si es «el mismo decreto», sería inconstitucional.

El juez Miguel Guerrero: «Reaprobar el texto días después, reservando la convalidación a un órgano que sustituye a las Cortes porque ahí sí da la aritmética de votos es, evidentemente, un fraude de ley».

Para ser justas: Miguel Presno (Universidad de Oviedo) cree que llamarlo «fraude constitucional» no es un juicio jurídico.

Lo resumió el juez Luis Sanz mejor que nadie:

«No es gobernar sin el Parlamento. Sería gobernar contra el Parlamento».

En la vida real

Pedírselo a la abuela

Es algo habitual en cualquier familia: papá dice que no, así que el niño espera a que se vaya de viaje y se lo pide a la abuela. Nos hace hasta gracia. Es un niño.

Nadie esperaría que un Gobierno usara ese truco para gobernar un país. De hecho, ni en nuestra comunidad de vecinos lo aceptaríamos: el presidente pierde la votación de la derrama en la junta, espera a agosto y la aprueba en la comisión de tres vecinos que él mismo eligió. «Es legal, los estatutos lo permiten». Claro. Y al día siguiente nadie le volvería a votar.

Que algo sea habitual entre niños para salirse con la suya no lo hace aceptable en los adultos que gobiernan.

Cuando lo hace un Gobierno, lo que se vacía de sentido es la democracia: respetar la voluntad de la mayoría, también cuando no te da la razón.

El precedente

Si se repite, es un patrón

El Gobierno se defiende: ya se hizo antes. Y es verdad. Lo hizo él mismo:

Enero 2019

El Congreso deroga el decreto de alquiler con 243 votos en contra. Es la primera derrota de Sánchez con un decreto.

Marzo 2019

Con las Cortes disueltas, el Gobierno aprueba otro decreto de alquiler, renegociado con Podemos.

Abril 2019

La Diputación Permanente lo convalida por 33 votos contra 31. Decide, otra vez, el PNV.

Enero 2020

El Tribunal Constitucional anula dos artículos de ese decreto por no justificar la urgencia.

Y aun así hay diferencias: en 2019 pasaron dos meses y el texto se renegoció. En 2026 han sido cuatro días y «ajustes técnicos».

Que haya un precedente no lo valida. Al contrario: demuestra un patrón. Cuando las normas de la democracia no le dan la razón, busca otra puerta.

Por encima de la legitimidad

El patrón y su patrón

Porque no es la primera vez. Es una forma de gobernar:

Pactar con quien juró que nunca pactaría. «Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, lo digo cinco veces o veinte» (2015). «Ni yo ni el 95 % de los españoles dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno» (2019). La amnistía «no entra dentro de la Constitución» (2022-2023). Y después, una investidura con Podemos y Bildu, y con el apoyo de partidos de ideología nada afín, como Junts (a cambio de la amnistía) o el PNV.

Gobernar sin presupuestos. Presentarlos es la primera obligación del Gobierno (art. 134 de la Constitución). Para los de 2026 se prometieron, sucesivamente: el plazo constitucional de octubre de 2025, el «primer trimestre», «antes de que acabe el mes» de marzo y «durante este año». En junio, Sánchez renunció. El plazo de los de 2027 venció el 30 de septiembre sin proyecto. Ni un solo presupuesto en toda la legislatura.

Incumplir la promesa de los desahucios. En 2015 dijo que con un Gobierno socialista no habría más desahucios en España (vídeo). Desde 2018 ha habido 272.417. Curioso que la prisa le entre ahora.

«¿La Fiscalía de quién depende?» «Del Gobierno», le respondieron en RNE en noviembre de 2019. «Pues ya está». Rectificó al día siguiente, pero la frase retrata cómo se entiende una institución que debe servir a la justicia, no al Gobierno. Su fiscal general fue condenado en 2025 por revelación de datos reservados.

Las «cloacas». La Audiencia Nacional investiga una presunta trama, el caso Leire Díez, para entorpecer causas judiciales que afectaban al PSOE. Anticorrupción estudia pedir la imputación del PSOE como partido.

La cúpula de la Guardia Civil imputada. En julio de 2026, el juez Pedraz imputó a la directora general, Mercedes González, y al DAO, Manuel Llamas, por prevaricación y obstrucción a la justicia. Marlaska la mantiene en el cargo.

El «lawfare» como coartada. El término entró en el acuerdo PSOE-Junts de noviembre de 2023. En abril de 2026, tres ministros cargaron contra el juez Peinado y el Consejo General del Poder Judicial pidió «respeto» por unanimidad. En junio, el ministro Óscar López llegó a decir que «hay jueces que prevarican». Y en septiembre, Óscar Puente atacó a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, elegida por el sector progresista.

La ley de nietos, estirada por instrucción. Una instrucción de 2022 creó una «presunción general de exilio» que la ley no decía. El Supremo suspendió en septiembre, de forma cautelar, el efecto electoral de esas altas en el censo: unas 300.000 personas.

Contra los fondos buitre… salvo cuando gestionan lo público. En 2023, Sánchez prometió que la Ley de Vivienda «prohibirá que se venda a fondos buitre». Una semana antes de votar los decretos, su ministra de Vivienda preguntaba: «¿Con la gente que sufre o con los buitres que les desahucian?». Mientras tanto, la Sareb, que es pública, adjudicaba a Aliseda, filial de Blackstone, un contrato de 52,45 millones para gestionar sus viviendas, incluidos los desahucios, y preparar las que pasarán a la nueva empresa pública de vivienda.

Ceuta. En 2021 entraron entre 8.000 y 10.000 personas. En julio de 2026, entre 50.000 y 80.000 según la fuente. Sánchez habló de «una violación y un ataque a la integridad territorial de España», pero elogió la «cooperación» de Marruecos y al día siguiente se fue de vacaciones a La Mareta. El mando único llegó 26 días después. Y cuando le preguntaron por los menores que seguían en la calle, respondió: «Eso a Vivas, pregúntele».

Los jueces

La misma toga, otro acusado

La expresión «fachas con toga» la popularizó Podemos tras la ley del «solo sí es sí» de Irene Montero. Esa ley supuso, según el Consejo General del Poder Judicial, 1.127 rebajas de condena y 115 excarcelaciones de agresores sexuales. Se les había advertido. En vez de asumir el error, culparon a los jueces que aplicaban la ley.

Desde entonces, esa idea repetida le ha venido muy bien a un Gobierno con varios casos de corrupción investigados, incluido el expresidente Zapatero. Y sin embargo:

Fue un tribunal con un juez progresista, José Ricardo de Prada, el que en 2018 condenó al PP por la Gürtel. Esa sentencia llevó a Sánchez a la Moncloa.

Entonces era justicia. Hoy, cuando los jueces investigan a su entorno, es «lawfare». Los mismos jueces, la misma toga. Lo único que cambia es a quién investigan. Y mientras tanto, se mina la confianza de todo un país en su justicia.

La prisa

No es urgencia, es soberbia

Con elecciones ya convocadas, dentro de siete semanas habrá un Parlamento nuevo que podrá aprobar lo que quiera, con legitimidad plena. ¿A qué viene la prisa?

No es por la vivienda: como vimos en Legislar a golpe de decreto, estos decretos no aumentan la oferta, que es el problema de fondo. Y el Banco de España advierte de que este tipo de controles traen pérdidas de bienestar a medio y largo plazo.

Es por el relato: llegar a la campaña con un «yo sí lo aprobé», aunque haya que buscar la única mesa donde salen las cuentas.

Salirse con la suya, aunque el Congreso haya dicho que no.

Para terminar

Lo que uno se prohíbe

La democracia no es solo lo que la ley permite. Es también lo que uno se prohíbe a sí mismo por respeto a los demás. Perder una votación y aceptarlo. Esperar al nuevo Parlamento. No buscar a la abuela cuando papá ha dicho que no.

Cuando un Gobierno convierte cada resquicio en una puerta, el problema ya no es un decreto. Es la idea de que las normas son para los demás.

Una trampa legal sigue siendo una trampa. Y si se repite, es un patrón.

— Nohemí Hervada

¿Que viene el Coco?

¿Que viene el Coco?

Política · Pensamiento crítico · Sin filtros

¿Que viene el Coco?

Si no votas a los de siempre, viene la ultraderecha. Llevo años oyéndolo. Y a mí ese miedo ya me caducó.

Que viene el Coco: una gran sombra gris de monstruo y, delante, una pequeña figura roja con los brazos cruzados

La mayoría de la gente con la que puedo compartir ideología (algo así como la socialdemocracia: yo nunca me he considerado de derechas, ni de lejos, aunque comparta algunas ideas mal llamadas conservadoras y esté a favor de que el Estado intervenga poco) tiene un argumento estrella. Si no votas a los de ahora, viene la ultraderecha.

Es un argumento que no me canso de oír, en todas sus versiones:

«Los otros son peores».

«Hay que evitar que gobiernen los otros».

«Vox es lo peor para los derechos».

«El lado correcto de la historia», «evitar el mal mayor», «levantar un muro a la ultraderecha».

Eslóganes. Solo eso.

La pregunta

¿Qué duele más: el contrario o los tuyos?

¿Qué es peor: que te gobierne alguien con quien no compartes políticas ni forma de mirar la economía o la sociedad, o que te gobiernen «los tuyos» mintiéndote descaradamente?

¿Que cambien las políticas de su propia ideología disfrazándolas de tu cuerda a base de relato?

¿Que gobierne un partido con un programa que no votaste… o que los que tú votaste hagan justo aquello que prometieron, hasta la saciedad, no hacer?

¿Duele menos la traición de los tuyos que las decisiones del contrario?

No lo sé. Pero a mí me jode más que me traten de idiota.

Porque cuando tienes enfrente a alguien que hace cosas que no te gustan, alguien que no es de tu cuerda, te rebelas y exiges cambios. Pero cuando quienes lo hacen son de los tuyos, lo que provocan es disonancia cognitiva. Y la disonancia se resuelve casi siempre igual: justificando lo injustificable.

Como manifestarse contra el Gobierno siendo vicepresidenta de ese Gobierno. Yolanda Díaz, el 27 de septiembre, en la fiesta del PCE, apoyando la acampada de Sol contra los decretos de vivienda que su propio Gobierno no lograba sacar adelante:

«La derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos».

Obediencia

De la polarización a los soldados

Ya no es solo la polarización de la sociedad. Es la transformación de una sociedad en soldados acríticos y obedientes.

Y yo creía que, como sociedad, habíamos dejado claro en los juicios de Núremberg que la obediencia no puede estar por encima de la humanidad. Lo dice el Principio IV que la ONU formuló en 1950:

«El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción». Principios de Núremberg, Comisión de Derecho Internacional de la ONU (1950).

Por mucho que sean los tuyos.

La superioridad moral

Los buenos por definición

El «que viene el Coco» funciona porque se apoya en una idea muy arraigada: la izquierda son los buenos. ¿De dónde sale?

1789

En la Asamblea francesa, los contrarios al veto del rey se sientan a la izquierda. Desde entonces, la izquierda se identifica con el «progreso».

Años 30

Gramsci teoriza la hegemonía cultural: ganar el sentido común antes que el poder.

1975-1982

En España, el antifranquismo da a la izquierda una legitimidad que, como escribió ABC, «valía para perdonar cualquier cosa». De los GAL a Filesa.

Lo reconoce hasta un autor de izquierdas, Ignacio Sánchez-Cuenca, en La superioridad moral de la izquierda (2018): «tener razón es muy difícil de gestionar». Y Andrés Trapiello lo resumió así: «La izquierda se considera moral y culturalmente superior a la derecha porque cree que la cultura es cosa de izquierdas».

La psicología también lo ha estudiado. Según Jonathan Haidt y sus colegas (2012), cuando se pide a la gente que adivine los valores morales del bando contrario, los progresistas son los que más se equivocan. Y un estudio con población española (2025) encontró que incluso las personas de derechas ven más morales las causas de izquierda.

Pero la historia no respalda esa superioridad. Las ideologías de extrema izquierda han sido tan culpables como las de extrema derecha de millones de muertes:

6-20M
Muertes bajo Stalin, según el historiador
15-55M
Muertes del Gran Salto Adelante de Mao
25%
De la población de Camboya, asesinada por los Jemeres Rojos

El nazismo exterminó a 6 millones de judíos y a millones de personas más. Ningún extremo tiene autoridad moral para dar lecciones.

¿Socialdemocracia?

Lo que se ha hecho en su nombre

Lo que más me molesta no es que la izquierda se crea superior. Es que se lo crea mientras gobierna en contra de los principios que dice defender. Algunos ejemplos de lo que la socialdemocracia clásica defendería y aquí no se ha hecho:

Vivienda pública. La vivienda social es el 1,2-2,5 % del parque en España. En Dinamarca, el 21 %.

Impuestos justos. El IRPF no se ajusta a la inflación: pagas más aunque tu sueldo real baje. En 2025, 2.300 millones extra, según la propia Hacienda.

Igualdad ante la ley. Amnistía a cambio de votos. El propio Tribunal Constitucional, aunque la avaló, anuló dos artículos por vulnerar la igualdad.

Solidaridad entre territorios. Perdón de 83.252 millones de deuda autonómica y «financiación singular» para Cataluña. Emiliano García-Page, del PSOE, la llamó «el mayor daño a la ideología del PSOE de su historia».

Instituciones neutrales. El CIS de Tezanos, exmiembro de la dirección del PSOE, sobreestimó a la izquierda en 41 de 42 elecciones. RTVE se cambió por decreto ley para nombrar a su consejo por mayoría simple, y Bruselas habla de «injerencia política».

Cuentas públicas. Ni un solo presupuesto en toda la legislatura.

Familias. La Ley de Familias, bloqueada en el Congreso desde 2024.

El rumbo

Ni Venezuela ni Dinamarca

Seamos justas con los datos: los tres grandes índices de calidad democrática (The Economist, V-Dem y Freedom House) siguen considerando a España una democracia plena. Venezuela es una autocracia. No somos Venezuela.

Pero la socialdemocracia que muchos votaban miraba a Dinamarca. Y allí, la socialdemócrata Mette Frederiksen gobierna con superávit (4,5 % del PIB), deuda por debajo del 30 % y una política migratoria tan estricta que en inmigración se ha alineado con Meloni frente a Sánchez.

Aquí: déficit, 2.389 millones de partidas del plan de fondos europeos reasignados a pagar pensiones y ni un solo presupuesto aprobado en toda la legislatura.

Nota: el Tribunal de Cuentas detectó en la Cuenta General del Estado de 2024 modificaciones presupuestarias por 2.389 millones que recortaron créditos del Plan de Recuperación para financiar clases pasivas y complementos a mínimos de pensiones. Cuestionó su justificación, pero no concluyó que hubiera un uso ilegal. Su presidenta y la Comisión Europea niegan que se usaran fondos europeos para pagar pensiones.

Mientras tanto, Bruselas le saca a España tarjeta amarilla por la corrupción, los ataques a los jueces, el bloqueo del CGPJ y la injerencia en RTVE.

No somos Venezuela. Pero cada año nos parecemos menos a Dinamarca.

Mi voto

Feminismo no vota traidores

En las municipales de 2023 fui a votar con una camiseta que decía: «mujer: hembra humana adulta». Ese era mi mensaje, aunque ninguna papeleta lo recogiera.

Camiseta negra con la definición mujer: hembra humana adulta, con la que fui a votar en 2023
Mi publicación en Instagram en mayo de 2023: con esta camiseta fui a votar.

Más de 100 colectivos feministas pidieron entonces no votar a PSOE, Podemos ni Sumar, con el lema #FeminismoNoVotaTraidores, por la ley del «solo sí es sí», la ley trans y la abolición de la prostitución que nunca llegó.

En las generales de julio, el feminismo que yo defiendo ni siquiera estaba en las papeletas. El Partido Feminista de España, de Lidia Falcón, uno de los partidos emblemáticos de la izquierda de nuestro país, había sido expulsado de Izquierda Unida en febrero de 2020: su Asamblea Político y Social lo aprobó con el 85 % de los votos. Oficialmente, por «mantener posiciones contrarias a las aprobadas en los órganos de IU». En la práctica, por ser crítico con la ley trans.

Es decir: la izquierda traicionó a uno de los partidos feministas más antiguos de España, fundado en 1977. A su presidenta, una mujer que fue detenida hasta siete veces y torturada durante el franquismo por defender la libertad, se la acabó tachando de «terf» (trans-exclusionary radical feminist, «feminista radical trans-excluyente», un término que se usa como insulto) y de «facha», e incluso fue denunciada por delito de odio. La Fiscalía archivó la denuncia: no era odio, era libertad de expresión.

Torturada por el franquismo. Expulsada por la izquierda.

Así que escribí en mi papeleta: «Feminismo no vota traidores».

Hace años que me desengañé de quienes, diciendo que estaban «de mi lado», gobernaron en mi contra. Lo conté en Demasiado feminista. Así que no: lo de «que viene el Coco» a mí hace muchos años que me caducó.

Prefiero luchar y criticar, como lo he hecho desde que empecé a hacer política, a quienes a priori están alejados ideológicamente de mí. Me preocupa más que me gobierne gente que quiere cargarse la separación de poderes o que intenta que el cuarto poder sea su altavoz político para las masas.

Para terminar

Huérfana de partido, no de valores

No sé qué voy a votar este 29N. Pero tengo meridianamente claro a quién no voy a votar.

Evidentemente, no votaré a quienes no comparten mi ideología. Pero menos aún a quienes pretenden utilizarme disfrazándose de lo que tengo claro que no son.

Si eres de los muchos decepcionados con tu partido, quizá la solución no es votar con la nariz tapada, sino buscar alternativas.

Votar con la nariz tapada: una figura roja con una pinza en la nariz mete la papeleta en una urna de la que sale mal olor

Igual toca votar en blanco, masivamente, para que de una vez llegue el mensaje a una clase política más interesada en el escaño que en nuestro bienestar.

Sé que el voto en blanco no deja escaños vacíos: cuenta como voto válido y solo complica la entrada a los partidos pequeños. Pero existe hasta un partido para eso: Escaños en Blanco. Nació en 2011 con una única propuesta: si obtiene escaños, los deja vacíos y renuncia a las subvenciones. Un asiento vacío en el Congreso es el mensaje más claro que se le puede mandar a quien solo quiere ocuparlo.

Prefiero criticar a quien está lejos de mí que vivir con la vergüenza de apoyar a quien me mea encima y me pide que diga qué bonita es la lluvia.

Si nada cambia… nada cambia.

— Nohemí Hervada

Elecciones en caliente

Elecciones en caliente

Actualidad · Política · Sin filtros

Elecciones en caliente.

Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre. No es casualidad que sea ahora: se legisló a golpe de lágrima y ahora se quiere que votemos igual.

Elecciones en caliente: un foco rojo ilumina una pequeña tienda de campaña mientras una pila de expedientes grises queda en la sombra

Este lunes, 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció en una declaración institucional, sin preguntas, que convoca elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. Tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda (178 votos contra 172 y 184 contra 166).

Sus palabras: «hay insatisfacción», «hemos cometido errores», «para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente».

Llevo tres posts hablando de esto: de cómo se señaló a quien votó no, de legislar a golpe de decreto y de qué es la política. Hoy toca unir los puntos.

La farsa no es convocar elecciones. La farsa es el momento y el marco.

El punto de partida

Un Gobierno que no ganó las elecciones

137
Escaños del PP en el 23J (2023): primera fuerza
121
Escaños del PSOE
179
Votos de la investidura, sumando a 7 partidos más

Sánchez fue investido en noviembre de 2023 con los votos de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Es legal, así funciona el parlamentarismo. Pero tuvo un precio, y lo pagó con partidos con los que había prometido no pactar, incluidos partidos de derechas como Junts, PNV o CC:

Junts: ley de amnistía para los condenados del procés.

ERC: condonación de 15.000 millones de deuda y el traspaso de Rodalies.

PNV: traspasos, entre ellos la gestión de la Seguridad Social.

Coalición Canaria: inversiones y 100 millones para La Palma.

Lo que decía antes:

2015

«Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, lo digo cinco veces o veinte».

2019

«Ni yo ni el 95 % de los españoles dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno».

2022-2023

La amnistía «no entra dentro de la Constitución».

¿Y Bildu? No hay pruebas de un pago. Pero hay datos:

En 2021, la competencia de prisiones pasó al Gobierno vasco.

En marzo de 2023 se acabó la dispersión: todos los presos de ETA, en cárceles vascas o navarras.

Hoy, 73 de los 112 presos de ETA están en tercer grado o en régimen flexible (datos de Sare, la red de apoyo a los presos).

Las grabaciones de Koldo García apuntan a contactos de Santos Cerdán con Bildu en Navarra que nadie ha explicado.

Nota: la relación entre el apoyo de Bildu y la política penitenciaria es una sospecha política, no un hecho probado. El Gobierno siempre lo ha negado. Ahí quedan los datos.

Sin mayoría

Ni un solo presupuesto

La investidura le dio el cargo. No le dio una mayoría para gobernar. La prueba: en toda la legislatura no ha aprobado ni un solo presupuesto. Seguimos con los de 2023, prorrogados en 2024, 2025 y 2026. El plazo para presentar los de 2027 venció el 30 de septiembre sin que los presentara.

¿Cómo se gobierna sin presupuestos y sin mayoría? Por decreto.

196
Decretos ley de Sánchez desde 2018
129
Los de Felipe González, en 14 años
10
Decretos tumbados por el Congreso en esta legislatura
El relato

El caso Maricarmen y el decreto exprés

María del Carmen Abascal, 87 años, vivía en un piso de renta antigua del Retiro (Madrid), con un contrato de 1956. La desahuciaron el 23 de septiembre. Las imágenes, sacándola en camilla, dieron la vuelta a España.

Ese mismo día, desde Nueva York, Sánchez dijo: «Si hubiéramos convalidado el decreto ley, no se habría producido este desahucio».

Lo que no se contó tanto:

El edificio no lo compró un fondo buitre, sino Urbagestión, una microempresa de 7 empleados que se define como «una sencilla pyme».

El desahucio era legal y lo avaló el Supremo en marzo de 2026: según la ley de alquileres de 1994 (aprobada por un Gobierno socialista), la subrogación del contrato se extinguió en 2007.

La propia Maricarmen dijo en RTVE, horas antes, que Sánchez «no se entera o no quiere enterarse» de los desahucios que hay cada día.

Y con la emoción a flor de piel, el Gobierno aprobó dos decretos a toda prisa. Al presentarlos, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció: «Tengo un cacao». El Congreso los tumbó.

«No va a haber más desahucios en España cuando haya un Gobierno socialista. Ese va a ser mi compromiso». Pedro Sánchez, 2015.

Lo dijo más de una vez. Míralo en vídeo.

272.417
Desahucios desde junio de 2018 (CGPJ)
+74%
Precio de compra de vivienda (2018-2026)
+23%
Salarios en el mismo periodo

El alquiler ha subido un 45 % en esos ocho años y la inflación, un 27 %. Tres años después de la Ley de Vivienda de 2023, el alquiler ha subido un 30,7 % y la oferta ha caído un 69 % en Barcelona. Y en 2019 el propio Sánchez rechazaba las medidas de Podemos sobre alquiler por «intervencionismo».

¿Quién es un buitre?

Depende de lo cerca que estés del Gobierno

El relato es sencillo: quien vota sí está con el derecho a la vivienda; quien vota no, con los fondos buitre. Pero los datos dicen otra cosa:

Más del 90 % del alquiler en España es de personas físicas. Las empresas tienen el 8 % (Banco de España).

Muchas de esas personas alquilan un segundo piso para completar ingresos escasos, asegurarse la jubilación o guardarlo para sus hijos. Y se les llama buitres.

Mientras tanto, en el partido que reparte el calificativo:

23 de los 121 diputados del PSOE tienen 3 o más inmuebles, y 17 declaran ingresos por alquiler.

La diputada Mercè Perea tiene 13 inmuebles y cobra 18.041 € al año de alquileres.

El ministro Félix Bolaños, 11.797 €. Pedro Sánchez, 12.845 €.

Y la escena de la semana: El Gran Wyoming, que ha reconocido tener 19 pisos («he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero»), entrevistando en El Intermedio a la portavoz del Sindicato de Inquilinas sobre lo mal que está especular con la vivienda.

Ser buitre no depende de cuántas casas tengas, sino de lo cerca que estés del partido.

La indignación

Es real, pero no es la que te cuentan

Es cierto que la sociedad está indignada. Pero no hablo de la pretendida secuela del 15M acampada en la Puerta del Sol. Hablo de un hartazgo general que viene de lejos.

En noviembre de 2023, cuando se creó el Ministerio de Vivienda, la vivienda era el 12.º problema de los españoles para el CIS. Desde diciembre de 2024 es el primero, y llegó a su récord en febrero de 2026: 42,8 %. No es un problema que este Gobierno heredara. Es un problema que ha empeorado con él, también por medidas que espantan al pequeño propietario: alargar los desahucios de inquilinos que no pagan (la deuda media del moroso subió a 8.489 € en 2025) o el riesgo de cometer coacciones si le cortas los suministros, aunque los sigas pagando tú.

Pero no es solo la vivienda:

Poder adquisitivo: la inflación de septiembre es del 4,9 %, la más alta desde 2023. La cesta de la compra cuesta un 40 % más que en 2021. La gasolina, a 1,83 €/L. Y los salarios reales siguen un 2 % por debajo de 2021 (OCDE).

Sanidad: 853.740 pacientes esperando una operación, un récord, con 122 días de espera media. Solo el 21,8 % consigue cita con su médico de familia en 24-48 horas.

Educación: PISA 2025 da los peores resultados de la serie: lectura 451 (−23 puntos) y matemáticas 457 (−16).

Seguridad: el total de delitos se mantiene, pero suben los violentos: homicidios +7,7 % en 2025; delitos sexuales +4 % y riñas +10 % en el primer semestre de 2026.

Servicios públicos

«A la cabeza del mundo»

En noviembre de 2025, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciaba trenes a 350 km/h para «mantener a la alta velocidad española a la cabeza del mundo».

Dos meses después, el 18 de enero de 2026, un Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba) y chocó con un Alvia: 46 muertos y 292 heridos, el peor accidente ferroviario desde 2013. Lo que se sabe:

Un carril se rompió 40 cm por una soldadura defectuosa.

El sistema que debía alertar de la rotura estaba mal ajustado, y los inspectores no tenían la experiencia exigida (informe de la Guardia Civil).

El sindicato de maquinistas había avisado en agosto de 2025 del desgaste de la vía.

Adif dedica el 84 % de su presupuesto a obra nueva y solo el 16 % a mantenimiento.

Según el ministro, la vía estaba «supuestamente en perfecto estado». Dos días después, en Gelida, un tren de Cercanías chocó con un muro caído sobre la vía: un maquinista en prácticas muerto. Y en agosto, el mejor mes del año, solo el 52,9 % de los trenes de Rodalies llegó a su hora.

Un ministerio cuyo anterior titular cumple 24 años de cárcel.

Las víctimas

Los que se quedan sin foto

La Palma: cinco años después del volcán, cientos de familias siguen en módulos y caravanas. No se ha terminado ninguna vivienda pública y faltan 250 millones por repartir.

DANA: 233 muertos. Nueve meses después, el Estado había pagado solo el 15 % de sus ayudas directas.

Ceuta: en julio, decenas de miles de inmigrantes entraron en 48 horas, con los centros de menores al 1.600 %. El presidente de la ciudad dijo que el Gobierno «no entendía la dimensión».

Incendios: 2025 fue el peor año desde 2006, y 2026 ya roza las 300.000 hectáreas, el triple de la media.

Por qué ahora

El foco y la sombra

Si estas elecciones se hubieran convocado hace un mes, la campaña habría girado en torno a esto:

José Luis Ábalos, exministro de Transportes: condenado por el Supremo a 24 años y 3 meses de prisión. Koldo García, a casi 20.

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE: estuvo en prisión provisional y sigue investigado.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: condenado por revelación de datos reservados.

El hermano del presidente: condenado en primera instancia a 9 años de inhabilitación.

La mujer del presidente: enviada a juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación.

El PSOE: la Audiencia Nacional investiga sus pagos en metálico, y Anticorrupción estudia pedir su imputación como partido en el caso de las «cloacas» de Leire Díez.

Hoy todo eso se apaga bajo el foco de luz intensa que ilumina a un grupo de enfadados acampados en la Puerta del Sol, gritando consignas con poca verdad y mucha demagogia.

Trabajan más los spin doctors que los ministros. Se emplean más recursos en crear y difundir el relato que en hacer política.

Y así, del mismo modo que se legisla en caliente, a golpe de lágrima, se quiere que votemos en caliente. Aprovechando una ola de indignación por un problema real, la falta de oferta de vivienda, sobre todo en las zonas tensionadas, como si estas elecciones fueran un referéndum: o le votas a él, o estás con los que votaron no a los decretos. Es el viejo «que viene la ultraderecha», y por qué a mí ya no me funciona lo cuento en ¿Que viene el Coco?

Para terminar

No es un referéndum. Es un balance.

No es un 15M. Es una clase media que paga más por todo, espera más para todo y recibe menos de todo. Y a esa indignación no se la apaga con un decreto en caliente ni con una campaña de siete semanas.

El 29 de noviembre no se vota si estás a favor o en contra del derecho a la vivienda. Se vota la gestión de ocho años.

Antes de votar, enfría la cabeza. Y mira los datos, no la foto.

— Nohemí Hervada

Decretos de vivienda: legislar a golpe de decreto

Decretos de vivienda: legislar a golpe de decreto

Vivienda · Decretos · Sin filtros

Legislar a golpe de decreto.

Ayer hablé de las formas: las amenazas a quien votaba no. Hoy toca el fondo: qué se votó, cómo se hizo y qué dicen los datos.

Decretos de vivienda: una pila de decretos sobre una casa pequeña con la puerta en rojo

En la primera parte conté cómo se trató en el Congreso a quienes votaron en contra de los decretos ley de vivienda. Pero quedarse ahí sería hacer lo mismo que critico: hablar del ruido y no del contenido.

Así que hoy la pregunta es otra: ¿eran buenos esos decretos? Y, sobre todo, ¿es así como se debe legislar sobre el problema que más preocupa a los españoles?

Lo que se votó

Qué decían los decretos

Eran dos reales decretos ley, aprobados en el Consejo de Ministros el 29 de septiembre:

  • El primero (RDL 26/2026) prorrogaba los contratos de alquiler, limitaba las subidas anuales al 2 %, suspendía desahucios de personas vulnerables hasta 2030 e incluía medidas contra los fondos de inversión.
  • El segundo (RDL 27/2026) establecía la prórroga automática de los contratos: el propietario tendría que justificar por qué no renueva y, en algunos casos, indemnizar al inquilino.

Proteger a quien está a punto de perder su casa es un objetivo que casi nadie discute. El debate no es el qué, sino el cómo. Y el cómo empieza por la herramienta elegida.

La herramienta

La excepción convertida en costumbre

La Constitución reserva el decreto ley para casos de "extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 86). Es una vía rápida: el Gobierno aprueba la norma, entra en vigor al día siguiente y el Congreso solo puede convalidarla o tumbarla, sin cambiar una coma.

196
Decretos ley de Pedro Sánchez desde junio de 2018
107
Los que firmó Mariano Rajoy en casi siete años
53/37
Decretos ley frente a leyes ordinarias en esta legislatura
  • Felipe González firmó 129 en catorce años. Aznar, 127. Zapatero, 108.
  • En esta legislatura (desde noviembre de 2023) se han aprobado 37 leyes por la vía ordinaria, con presentación, debate y enmiendas: 9 orgánicas y 28 ordinarias, según el registro del Senado. En el mismo periodo, el Gobierno ha aprobado 53 decretos ley. Más decretos que leyes.
  • Y la tendencia va a más: en el último curso político (2025-2026) salieron adelante 10 leyes y 21 decretos ley convalidados. Por cada ley debatida, dos decretos.
  • De esos 53 decretos, el Congreso ha tumbado 10, 8 de ellos solo en 2026.
  • Cuando un Gobierno no tiene mayoría para aprobar leyes, el decreto se convierte en atajo: se aprueba primero y se negocia después, o no se negocia.
  • Y cuando se gobierna así, el Parlamento deja de ser el lugar donde se construyen las leyes y pasa a ser el lugar donde se aceptan o se rechazan en bloque.

Un decreto ley no se debate. Se acepta o se tumba. Y por eso exige más rigor, no menos.

Lo que está en juego

Tres poderes, no uno

Esto no es un tecnicismo jurídico. Va al corazón de lo que hace que una democracia lo sea. Montesquieu lo resumió hace casi tres siglos: para que nadie abuse del poder, el poder tiene que frenar al poder. Por eso se reparte en tres:

  • El legislativo (las Cortes) hace las leyes. Es donde están representados todos los ciudadanos, también los que no votaron al Gobierno (artículo 66 de la Constitución).
  • El ejecutivo (el Gobierno) gobierna y aplica esas leyes (artículo 97).
  • El judicial (jueces y tribunales) resuelve los conflictos aplicando la ley. Y la Constitución le reserva en exclusiva "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" (artículo 117.3).

Cada uno tiene su terreno. Y cada uno vigila a los otros dos. El equilibrio se rompe en cuanto uno de ellos empieza a ocupar el terreno de los demás.

Primer paso: el Gobierno legisla. Cuando el decreto ley deja de ser la excepción y se convierte en la forma normal de gobernar, el ejecutivo hace el trabajo del legislativo. El Parlamento ya no construye las leyes: solo puede decir sí o no a lo que le llega cerrado. Y cuando dice no, como el viernes, a sus diputados se les señala con nombre y apellidos.

Segundo paso: se esquiva al juez. Un desahucio no es una decisión del propietario. Es el final de un proceso judicial, con sus plazos, sus garantías y su derecho a defensa, que termina en una sentencia. La Constitución dice que es "obligado cumplir las sentencias firmes" (artículo 118). Cuando, como pasó con el caso de Maricarmen o como se pide en estos decretos, se pretende dejar sin efecto la ejecución de una sentencia por decisión política, el mensaje es muy claro: lo que diga un juez vale hasta que al Gobierno le conviene que no valga.

Proteger a una persona vulnerable es una obligación de los poderes públicos. Pero la forma de hacerlo en un Estado de derecho es que el Estado le dé una alternativa: una vivienda social, una ayuda, un realojo. No es suspender la sentencia y trasladar el coste a un particular que hizo exactamente lo que la ley le permitía: acudir a un juez.

  • Si el Gobierno hace las leyes, sobra el Parlamento.
  • Si el Gobierno decide qué sentencias se cumplen, sobran los jueces.
  • Y si sobran los dos, lo que queda se sigue llamando democracia, pero ya no funciona como tal.

La separación de poderes no es un trámite. Es lo único que te protege cuando el que gobierna no es de los tuyos.

La prisa

Cuatro días para ocho años

29 sep

El Consejo de Ministros aprueba los dos decretos. En la rueda de prensa, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, busca entre sus papeles para explicar qué se ha aprobado: "Tengo un cacao". Y añade: "Tengo que revisar la última versión, que no la tengo aquí".

29 sep - 1 oct

Negociación a contrarreloj con los socios. El texto incluye una disposición que deja a salvo la normativa propia de Cataluña, leída como un guiño a Junts.

1 oct, medianoche

Junts anuncia que votará no.

2 oct

PSOE y Sumar piden votar a viva voz. Los dos decretos caen: 172 a 178 y 166 a 184.

Los decretos se presentaron como una respuesta urgente. Pero la vivienda no se ha convertido en un problema esta semana. El propio Gobierno lleva ocho años en el poder, y en ese tiempo:

  • Se han producido 272.417 desahucios (datos del Consejo General del Poder Judicial desde junio de 2018). Unos 191.000 por impago del alquiler.
  • Se aprobó una Ley de Vivienda en 2023, con topes al alquiler en zonas tensionadas. Tres años después, el Gobierno necesitaba dos decretos de urgencia.
  • La vivienda social ha pasado del 2,5 % al 3,4 % del total, según la propia ministra. La media de la Unión Europea está muy lejos: harían falta 1,2 millones de viviendas sociales más para alcanzarla.

Ocho años para el problema. Cuatro días para la solución.

La hemeroteca

Lo que decía el PSOE

Hay algo que llama la atención en estos decretos: algunas de sus medidas son justo las que el PSOE rechazaba hace poco.

  • En febrero de 2021, el entonces ministro con las competencias de vivienda, José Luis Ábalos, rechazaba intervenir los precios del alquiler: "El PSOE prefiere promover que no imponer".
  • Y defendía que la vivienda "es un derecho, pero también es un bien de mercado" que genera actividad económica y necesita seguridad jurídica.
  • Cinco años después, el mismo partido firma la prórroga automática de los contratos y un tope del 2 % a las subidas.

Cambiar de opinión es legítimo. Lo que no es legítimo es no explicar por qué, y menos aún llamar "rentista" o "vendido a los buitres" a quien hoy defiende lo que tú defendías ayer.

Los expertos

Lo que nadie quiso escuchar

No hace falta ir a los economistas de un partido. Las advertencias venían de instituciones sin bandera:

  • El Banco de España (Informe Anual, junio de 2026): los controles de precios son "especialmente eficaces a corto plazo", pero sus beneficios se compensan con "pérdidas de bienestar a medio y largo plazo". Y avisa de un efecto concreto: en 2024, los contratos nuevos ya entraban un 16,5 % más caros que la media de los existentes. Cuando se congela lo que ya está alquilado, lo paga el siguiente inquilino.
  • José García Montalvo, catedrático de Economía: la prórroga automática "genera una situación de inseguridad jurídica" que perjudica a la oferta que hace falta.
  • Arantxa Goenaga, abogada especialista en derecho inmobiliario: el decreto "traslada al propietario una función que corresponde al Estado".

Nota: también hay expertos que defienden las regulaciones de precios, sobre todo como medida temporal mientras se construye vivienda. El problema no es que haya debate. Es que un decreto ley no deja espacio para tenerlo.

Lo que ya se ha probado

Mirar fuera de casa

Ninguna de estas medidas es nueva. Se han aplicado en otros sitios, y los resultados están ahí para quien quiera mirarlos:

  • Cataluña (2024-2026). Los topes en zonas tensionadas han frenado los precios: según el Incasòl, en Barcelona el alquiler ha bajado un 3,3 % desde 2024. Pero, según un estudio de Fedea, los anuncios de alquiler cayeron un 22 % en Barcelona, frente al 7 % fuera de Cataluña. Los pisos que se alquilan son más pequeños, y cada anuncio recibe 462 contactos, 4,5 veces más que en Madrid. Más barato, sí. Para quien lo consigue.
  • Berlín (2020-2021). Congeló los alquileres por ley. El Tribunal Constitucional alemán la anuló, y los precios repuntaron nada más caer.
  • Viena. El modelo que todos citan. Funciona, pero no por topar precios: lleva un siglo construyendo vivienda pública, y hoy cerca de la mitad de la población vive en vivienda subvencionada. Eso no se hace con un decreto en cuatro días.
  • Un estudio de 16 países durante más de un siglo (Kholodilin y Kohl, 2023) concluye que la regulación más restrictiva del alquiler se asocia con menos inversión y menos vivienda construida.

Los países que mejoran el acceso a la vivienda no son los que más prohíben. Son los que más construyen.

Los primeros días

Lo que pasó en 72 horas

Entre el 28 y el 30 de septiembre, según el Observatorio del Alquiler, desaparecieron de los portales 4.290 viviendas más de lo esperado por la tendencia previa. Las mayores caídas, en el País Vasco, Cataluña y Canarias. El propio Observatorio lo calificó de "inusual por su intensidad y rapidez".

Nota: el Observatorio advierte de que sus datos "no permiten aún atribuir la totalidad de esta reducción" a los decretos. Idealista dice no tener constancia, por ahora, de una caída así, y Maldita.es no ha podido verificarlo. Por eso el dato que importa no es el de tres días, sino el de Cataluña tras dos años de topes: un 22 % menos de oferta.

El extremo

Cuando la medida se lleva al límite

El debate en España no se queda en los topes. El 26 de septiembre, Irene Montero e Ione Belarra (Podemos) pidieron expropiar 650.000 viviendas de fondos para destinarlas a alquiler social. Montero insistió el 3 de octubre: que se haga por decreto, antes de convocar elecciones.

No hace falta imaginar adónde llevan estas ideas cuando se aplican hasta el final. Hay países que lo hicieron, y estos son sus datos:

  • Argentina (2020-2023). La Ley de Alquileres del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner alargó los contratos a tres años y fijó las subidas por índice. La oferta se hundió. Tras su derogación en diciembre de 2023, la oferta creció en torno a un 150 %, según el Colegio de Corredores Inmobiliarios, y el precio de los pisos anunciados en Buenos Aires bajó un 32 % en términos reales. Matiz: lo que pagan quienes ya tenían contrato subió, según el INDEC. Bajó lo nuevo, no todo.
  • Venezuela (2011). La ley de alquileres de Chávez congeló precios, blindó a los inquilinos y vino acompañada de expropiaciones. Quince años después, en julio de 2026, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, reconoció que la ley es "muy regresiva" y que unas 200.000 viviendas siguen vacías porque sus dueños tienen miedo a alquilar. No lo dice la oposición. Lo dice el régimen.
  • Cuba (1960). La Ley de Reforma Urbana confiscó las viviendas (cada familia podía conservar una) y prohibió vender y alquilar. Resultado oficial: un déficit de 883.050 viviendas (el 22,5 % del parque, 2017) y un 59 % de casas en estado regular o malo. No se volvió a permitir comprar y vender hasta 2011.

¿Significa esto que un tope al alquiler lleva inevitablemente a Cuba? No. Alemania, Países Bajos o Austria regulan sus alquileres y no expropian. Y la pobreza de Cuba o Venezuela tiene muchas más causas que su política de vivienda.

Pero todos estos casos enseñan lo mismo: cuando el propietario deja de confiar, el piso no pasa al inquilino. Desaparece del mercado.

Puedes obligar a alguien a no subir el alquiler. No puedes obligarle a alquilar.

La factura

¿A costa de quién?

El relato de estos días ha sido sencillo: inquilinos frente a fondos buitre. Pero los datos dibujan otro mapa:

  • Según el Banco de España, en torno al 92 % de las viviendas en alquiler pertenece a particulares. Los grandes tenedores rondan el 8 %.
  • El propio Ministerio de Consumo (con datos fiscales, 2023) matiza que el 61 % del alquiler está en manos de propietarios con más de una vivienda y de empresas. Pero el 39 % es de personas que alquilan un solo piso.
  • Es decir: el decreto no recaía solo en un fondo de Nueva York. Recaía también en la jubilada que alquila el piso de su madre o en la familia que lo compró como complemento de una pensión que no le llega.

Y aquí está, para mí, el fondo del problema. Se legisla para proteger a un grupo trasladando el coste a otro, en vez de asumirlo el Estado con vivienda pública. Se le pide a quien ya paga impuestos, IBI, comunidad y derramas que haga además de servicio social, sin compensación.

El resultado es previsible: quien puede, retira su piso del mercado. Hay menos oferta, los precios de los contratos nuevos suben y el problema que se quería resolver se agrava para el siguiente que busca casa. Un sistema que exprime a quien lo sostiene acaba volviéndose contra sí mismo.

  • Si la vivienda es la gran urgencia del país, ¿por qué se legisla con prisas y no con un pacto de Estado?
  • ¿Por qué se ignoran los avisos del Banco de España y la experiencia de Cataluña o de Berlín?
  • ¿Es justo que el coste de una política social lo paguen particulares y no el Estado?
  • ¿Y quién protege al inquilino que mañana no encuentre ningún piso que alquilar?
Para terminar

Lo urgente y lo importante

Nadie discute que hay personas que lo están pasando muy mal para pagar un techo. Precisamente por eso, merecen leyes pensadas, no improvisadas.

  • Leyes que se debatan y se puedan mejorar, no decretos que se aceptan o se tumban en bloque.
  • Leyes que escuchen a los expertos, también a los que incomodan.
  • Leyes que miren qué ha funcionado fuera antes de repetir lo que ha fallado.
  • Y leyes que no resuelvan el problema de unos creando el de otros.

La semana que viene publico un artículo sobre por qué tanta gente dice "no me interesa la política". Después de estos dos días, ya te imaginas por dónde va.

Gobernar a golpe de decreto es fácil. Lo difícil es que funcione.

— Nohemí Hervada

Qué es la política

Qué es la política

Política · Sesgos · Sin filtros

Apolítica, decía yo.

Durante años presumí de que no me interesaba la política. Hasta que una amiga me desmontó el discurso con una sola frase y entendí qué es la política de verdad.

Qué es la política: un hemiciclo de puntos grises partido en dos y un punto rojo fuera

Lo he dicho muchas veces. "A mí no me interesa la política." "Yo soy apolítica." Lo decía con cierto orgullo, como quien se mantiene limpia en medio del barro.

Hasta que un día una amiga me miró y me dijo:

"Tú eres la persona más política que conozco."

Me quedé callada. Y tenía razón.

  • No estaba afiliada a ningún partido. No era militante ni partidista.
  • Pero llevaba años hablando, divulgando y peleando a mi manera por lo público. Desde donde podía hacer algo o influir en alguien.

Ese día entendí que había confundido dos cosas. Y que no era la única. Así que vamos al principio: qué es la política y por qué casi todos la confundimos con otra cosa.

La palabra

Qué significa política

El diccionario de la RAE da varias acepciones. Dos importan aquí:

  • "Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos." Es la que todos tenemos en la cabeza: gobiernos, partidos, escaños.
  • "Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos." Es la que hemos olvidado. Y es la tuya.

La palabra viene del griego polis, la ciudad. De ahí politikós: lo que tiene que ver con los ciudadanos y con lo común. Pasó al latín como politicus y en castellano ya aparece en el siglo XIII, con Alfonso X. Nebrija, en 1495, definía "político" como "cosa de ciudad".

  • Aristóteles escribió que el ser humano es un "animal político": no podemos vivir solos, vivimos en comunidad, y esa comunidad hay que organizarla.
  • Pericles, según el historiador Tucídides, lo dijo más claro hace 2.400 años: a quien no se ocupa de los asuntos públicos no lo consideramos un hombre tranquilo, sino un inútil.

Nota: circula mucho que en Grecia "idiota" era quien no se interesaba por la política. No es exacto. Idiōtēs significaba "particular", "persona privada" o "lego". El sentido despectivo llegó después.

La política no es un oficio. Es una condición.

Explicar, pedir, aportar, exigir, quejarse, contribuir. Todo lo que haces y afecta a la vida en sociedad es política. Aunque no lleves carné.

El malentendido

Política, partidismo y activismo

Hoy, cuando alguien dice "política", casi nadie piensa en lo común. Piensa en partidos, tertulias y broncas en el Congreso. Hemos fundido en una sola palabra tres cosas distintas:

  • Política: ocuparse de lo que nos afecta a todos. Gestionar lo público.
  • Partidismo: poner unas siglas por encima de lo común. Defender a "los míos" hagan lo que hagan.
  • Activismo: luchar por una causa concreta. La ecología, los animales, la igualdad.

El politólogo Mariano Torcal lo llama "megaidentidad partidista": el partido ya no es una opción de voto, es una identidad. Decide qué consumes, qué medios lees y con quién te tomas un café.

Y la militancia sectaria es, paradójicamente, más partidista que política. Porque cuando lo importante es que gane tu equipo, el bien común pasa a segundo plano.

El activismo cautivo

Causas de todos, con dueño

El activismo, en principio, debería estar por encima de los colores. Que no se contamine el agua, que no se maltrate a un perro o que una mujer cobre lo mismo que un hombre no es de izquierdas ni de derechas.

Pero el patrón se repite:

  • El activismo se acerca a los partidos para que se oigan sus demandas.
  • Los partidos le regalan los oídos, adoptan la causa y la incorporan a su agenda.
  • Y poco a poco mueven la reivindicación hacia sus intereses. La causa deja de ser de todos y pasa a ser "de los nuestros".

El feminismo es el ejemplo más claro.

  • La autodeterminación de género, lo que muchos llaman ideología de género, entró en las agendas de partidos de distinto color. En Madrid la aprobó el PP de Cifuentes en 2016. En Canarias, la ley trans de 2021 salió por unanimidad: PP incluido. A nivel nacional, en 2023, el PP votó en contra. Misma ley, distinto voto según dónde y cuándo.
  • Eso demuestra que no hay directrices ideológicas claras. O que, cuando interesa, se las saltan.
  • El resultado fue una fractura dentro del propio feminismo. Carmen Calvo, exvicepresidenta socialista, se abstuvo en la votación y su partido la multó por romper la disciplina de voto.
  • Ese año, el 8M llegó con manifestaciones separadas. El feminismo que reivindicaba los derechos de las mujeres por razón de sexo quedó apartado del relato oficial.

No es solo el feminismo. La Ley de Bienestar Animal de 2023 salió adelante excluyendo a los perros de caza por una enmienda del PSOE, contra el criterio de las asociaciones animalistas. La causa se ajustó al mapa electoral.

Quien paga, manda

Hay un segundo mecanismo, más silencioso: el dinero.

  • Muchas asociaciones se financian, en buena parte, con subvenciones públicas.
  • Ejemplo: en 2022, el Ministerio de Igualdad repartió 1,6 millones de euros entre asociaciones feministas.
  • Y no es cosa de un solo color: las fundaciones de PP y PSOE, como FAES o la Fundación Pablo Iglesias, llevan años recibiendo dinero público.

Cuando tu supervivencia depende de la subvención, morder la mano que te da de comer sale caro. Así se crean redes clientelares en las que el activismo acaba al servicio del amo.

Hay excepciones que demuestran que se puede hacer de otra manera. Médicos Sin Fronteras España se financia en más de un 99 % con fondos privados, sobre todo cuotas de socios. Y en 2016 renunció al dinero de la UE y de sus gobiernos para poder criticarlos. Esa independencia no se regala: se paga con socios.

Un activismo que vive del poder difícilmente va a vigilar al poder.

Los datos

¿Nos interesa o no?

90%
De los españoles desconfía de los partidos (Eurobarómetro 2023)
3,5%
Está afiliado a un partido político (CIS, 2024)
54,5%
Dice que le interesa mucho o bastante la política (CIS, 2024)

Este último dato hay que mirarlo con lupa. Por dos motivos:

  • Viene del CIS. Su presidente, José Félix Tezanos, fue secretario de Estudios y Programas del PSOE hasta su nombramiento en 2018. Desde entonces, el CIS ha sobrestimado al bloque de izquierda en 41 de las 42 elecciones celebradas, según un análisis de El País. Con ese historial, cualquier cifra del CIS pide contraste.
  • No cuadra con la serie histórica. En 2010, la Encuesta Social Europea situaba a España en la cola de Europa: solo el 28 % se declaraba muy o bastante interesado por la política, frente al 58 % de Alemania. En 2012, con la crisis y el 15M, el interés subió hasta cerca del 35 %.

¿Ha crecido el interés en esta década? Probablemente sí: crisis, 15M, nuevos partidos, pandemia. Pero pasar del 35 % a más de la mitad es un salto que conviene contrastar con encuestas independientes antes de darlo por bueno.

Nota: las cifras de 2010 y 2012 y la de 2024 proceden de encuestas distintas, con preguntas y escalas que no son idénticas. No son comparables al milímetro, pero sí marcan la tendencia.

Y aun así, el dato más revelador no es cuánto nos interesa la política. Es esto: nos interesa más lo público que los partidos. Lo que hay en España no es desinterés. Es desafección.

  • Cuando el CIS pregunta por qué la gente no participa, las respuestas son falta de interés, falta de tiempo y no sentirse preparado.
  • Pero dos de cada tres de los que no participaron lo habrían hecho si hubieran conocido la iniciativa.

Ganas hay. Lo que falta es confianza.

Y aquí está la pregunta que dejo para la segunda parte. Si lo público sí nos importa, ¿qué han hecho los partidos con nuestro desencanto?

Spoiler: no ha sido intentar recuperarnos. Ha sido enfadarnos.

Para terminar

Política, sin carné

Desentenderse de la política no te deja fuera de ella. Solo te deja sin voz, mientras otros deciden por ti.

Max Weber definió el Estado como quien tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Es decir: el Estado decide, obliga y sanciona. Y puede usar ese poder para protegerte o contra ti.

Preocuparte de cómo se usa ese poder no es partidismo. Es política.

No me interesaba la política. Hasta que entendí que la política decide sobre mi vida, mi bienestar, mi presente y mi futuro. Que me importe eso no me hace partidista. Me hace ciudadana.

— Nohemí Hervada

Polarización política en España

Polarización política en España

Política · Crispación · Sin filtros

Un enemigo en vez de un proyecto.

La polarización política en España no nace en la calle. La fabrican quienes prefieren tenerte enfadado antes que convencido.

Polarización política en España: dos bloques de puntos grises enfrentados y un punto rojo en medio

En la primera parte contaba cómo pasé de decir "soy apolítica" a entender que la política es ocuparse de lo común, no llevar un carné.

Y los datos decían algo importante: en España no hay desinterés por lo público. Hay desafección. El 90 % desconfía de los partidos.

Hoy toca la otra cara: qué ha hecho la clase política con ese desencanto. Y sobre todo, por qué hablamos tanto de polarización política en España cuando, como verás, la mayoría no vivimos en una trinchera.

La función olvidada

Gestionar lo público o perpetuarse

La función de un político es sencilla de enunciar: gestionar lo público y mejorar el bienestar de la población. No es mantenerse en el poder a toda costa. No es usarlo en beneficio propio.

El problema está estudiado desde hace más de un siglo, y por autores de todos los colores:

Max Weber (1919) distinguía entre quien vive para la política y quien vive de la política. El segundo necesita, ante todo, seguir en el cargo.

Robert Michels (1911), sociólogo que había militado en el socialismo alemán, formuló la "ley de hierro de la oligarquía": toda organización, por democrática que nazca, acaba sirviendo a quienes la dirigen.

James Buchanan, premio Nobel y referente liberal, lo resumió así: los políticos no son ángeles. Responden a sus propios incentivos, como todos. Y el primero es ser reelegidos.

La ciudadanía lo percibe. En el barómetro del CIS de septiembre, "el Gobierno y partidos o políticos concretos" es el primer problema del país para el 15,4 % de los encuestados. Los políticos ya no se perciben como quienes resuelven los problemas, sino como uno de ellos.

La estrategia

Dibujar un enemigo

Y aquí viene lo grave. Si a una población desencantada ya no la movilizan los proyectos, ¿qué la saca de casa para votar?

La respuesta que han encontrado los partidos es tan vieja como eficaz: darle un enemigo.

Carl Schmitt, jurista conservador, definió la política como la distinción entre amigo y enemigo.

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, teóricos de la izquierda, propusieron construir un "ellos" para crear un "nosotros". Fue la base intelectual del primer Podemos.

El politólogo Steven Webster lo midió en Estados Unidos: la ira moviliza más que la adhesión. Cada vez más gente no vota a favor de alguien. Vota contra alguien.

En España lo hemos visto en todos los colores:

"La casta", de Podemos.

El "muro" frente a la derecha, de Pedro Sánchez en su investidura de 2023. Hoy se repite como "si no nos votas, viene la ultraderecha": lo desmonto en ¿Que viene el Coco?

La "anti-España", de Vox.

"Que te vote Txapote", nacido en el entorno de Vox y amplificado por políticos de PP y Vox.

Y el último capítulo: "quien vote no a los decretos de vivienda está con los fondos buitre", con votación a viva voz para que cada diputado se retratara. Lo conté en El que vota no también es diputado.

Y hay un atajo todavía más barato que el eslogan: la etiqueta. Hoy, quien no está de acuerdo con el Gobierno es "facha". Cuando no, directamente "nazi".

Ceuta, la ciudad de las cuatro culturas, donde cristianos, musulmanes, judíos e hindúes llevan décadas conviviendo. Cuando sus vecinos salieron a la calle a pedir seguridad, tuvieron que empezar defendiéndose: "No somos racistas". Y un dato que desmonta la etiqueta: cuando en agosto desembarcaron en la ciudad un grupo neonazi y el eurodiputado Alvise Pérez, fueron los propios ceutíes quienes los echaron al grito de "Ceuta sí, nazis no".

Irene Montero, en enero de 2026: "Ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante". Podemos dijo después que era ironía.

La otra trinchera tiene su propio diccionario: "traidor", "felón", "comunista" para cualquiera que no piense igual.

Si todo el que discrepa es facha, la palabra deja de significar nada. Y los fascistas de verdad lo agradecen.

Movilizar con ira es más barato que convencer con argumentos.

Pero hay un dato que desmonta la idea de que somos un país dividido en dos trincheras. Según el CIS, al 75 % no le incomoda nada tener vecinos que voten a otro partido. Y al 64 % no le importaría que su hijo se casara con alguien de otro partido.

En cambio, uno de cada tres españoles dice sentir "asco" hacia Sánchez o hacia Abascal.

No nos odiamos entre vecinos. Nos han enseñado a odiar a los líderes del otro.

La crispación viene más de arriba que de abajo. Es una estrategia, no un clima.

La memoria

De la Transición a la trinchera

No hace tanto, este país hizo algo muy difícil. Saliendo de una guerra civil y de casi cuarenta años de dictadura, gente que se había enfrentado se sentó a pactar.

No fue un cuento de hadas. Fue algo más valioso: la única forma posible de redactar una Constitución y caminar hacia la democracia. Un pacto, con renuncias por todas partes.

1978

Siete ponentes de UCD, AP, PSOE, PCE y la minoría catalana redactan la Constitución. Del franquismo reformista al comunismo, en la misma mesa. En el referéndum, cerca del 88 % vota sí.

1981

El 23-F demuestra que había quien añoraba el régimen anterior. Pero el golpe fracasó, y días después más de un millón de personas salieron a la calle en Madrid por la democracia. La sociedad dejó claro que no quería volver atrás.

2026

De aquellos siete "padres de la Constitución", cinco han muerto. Siguen vivos Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca.

Hubo violencia en esos años, claro. Pero conviene llamar a cada cosa por su nombre:

ETA nació contra el franquismo, pero siguió matando en democracia, y la mayoría de sus víctimas fueron civiles. Eso no era política. Era terrorismo.

Los GAL tampoco eran política. Eran guerra sucia y terrorismo de Estado.

Con aquella generación ya casi desaparecida, ha llegado otra que hace justo lo contrario: reabrir heridas que la mayoría de sus votantes no vivió. Leyes de memoria por un lado, leyes de "concordia" por el otro, y la Guerra Civil convertida de nuevo en munición electoral.

Es más fácil reavivar un odio que diseñar un proyecto.

Es más fácil fanatizar a una base que gestionar con cabeza.

Es más fácil buscar un culpable que tener visión de Estado.

¿Cuándo fue la última vez que votaste a favor de un proyecto y no en contra de alguien?

¿Sabrías decir tres propuestas concretas del partido al que votas?

¿Las causas que defiendes siguen siendo tuyas, o ya tienen dueño?

Para terminar

Ni trinchera ni silencio

La crispación no es un clima que cae del cielo. Es una estrategia. Y como toda estrategia, solo funciona si picas.

No hace falta afiliarse a nada para dejar de picar. Basta con hacer política sin carné:

Infórmate en fuentes de distinto color. Si todas te dan la razón, no te estás informando.

Exige gestión, no gestos. Resultados medibles, no eslóganes. Los datos de estos ocho años, en Elecciones en caliente.

Desconfía de quien te ofrece un enemigo en lugar de un proyecto.

Defiende tus causas sin entregarlas a unas siglas.

Nos quieren enfadados porque enfadados no pensamos. Y quien no piensa, vota lo que le digan.

— Nohemí Hervada

El que vota NO también es diputado

El que vota NO también es diputado

Congreso · Vivienda · Sin filtros

El que vota no también es diputado.

Lo que pasó en el Congreso con los decretos de vivienda no fue un debate. Fue un señalamiento. Y eso dice más de nuestra política que el resultado de la votación.

Decretos de vivienda en el Congreso: un hemiciclo y un solo escaño señalado en rojo

"No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo."

Nota: la frase se atribuye casi siempre a Voltaire, pero no es suya. La escribió su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall, en 1906 (The Friends of Voltaire), para resumir lo que él pensaba. Un detalle muy apropiado para un artículo sobre relatos.

Hoy esa frase suena casi a ciencia ficción. Y si no, mira lo que pasó en el Congreso.

El viernes 2 de octubre, el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda del Gobierno. Hasta aquí, democracia normal: el Gobierno propone, el Parlamento decide.

Lo que no fue normal fue todo lo demás:

  • Diputados y ministros que, en lugar de defender por qué votar sí, se dedicaron a amenazar a quien votara no.
  • Una votación a viva voz pedida para que cada "no" se oyera con nombre y apellidos.
  • Y un final de sesión con gritos, octavillas y reproches a "los otros".

No voy a hablar hoy de si los decretos eran buenos o malos. Voy a hablar de algo que me preocupa más: de cuándo empezamos a tratar al que discrepa como a un enemigo.

Los hechos

Qué se votó y cómo acabó

172/178
Primer decreto (prórroga de contratos, tope del 2 % y freno a desahucios). Sí / No
166/184
Segundo decreto (prórroga automática de los alquileres). Sí / No
0
Abstenciones. Nadie se quedó en medio
  • Votaron "no" a los dos: PP, Vox, Junts y UPN.
  • El PNV apoyó el primero y rechazó el segundo, por falta de negociación y por el riesgo de reducir la oferta de alquiler.
  • Votaron "sí": PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís.
La escenografía

"Quedaos con sus caras"

A las 8:48 de la mañana, horas antes del pleno, PSOE y Sumar registraron una petición: que la votación fuera pública y por llamamiento. Es decir, que cada diputado se levantara y dijera su voto en voz alta.

Es legal. El Reglamento del Congreso lo permite si lo piden dos grupos. Pero conviene saber una cosa: el voto electrónico normal ya es individual y público. Al día siguiente puedes consultar qué votó cada diputado, con nombre y apellidos.

Así que el llamamiento no aportaba ni un dato nuevo. Solo aportaba escenario. Y la diputada de Sumar Tesh Sidi se encargó de explicarlo mejor que nadie: publicó la petición en redes con un mensaje de cinco palabras.

Tuit de Tesh Sidi con la solicitud de votación por llamamiento de los decretos de vivienda
"¡Quedaros con sus caras!". Tuit de Tesh Sidi (Sumar) con la solicitud de votación por llamamiento firmada por Patxi López y Verónica Martínez Barbero.

No era transparencia. Era una diana.

Las palabras

Argumentos, pocos. Amenazas, muchas.

Esto es lo que se escuchó en el Congreso para pedir el sí. Fíjate en que casi ninguna frase explica qué hacía el decreto. Todas apuntan a quien vota en contra:

  • Pedro Sánchez: "La culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos. La tendrán aquellos que voten no." Y también: "La Historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan".
  • Pablo Bustinduy (ministro, Sumar), ante los periodistas antes del pleno: "Quien vote que no a estos decretos de vivienda hoy, quien vote que no le estará poniendo su nombre y apellido a cada desahucio que suceda, a cada contrato que se acabe, a cada euro de más que le roben a las familias trabajadoras en España. El brazo político del rentismo hoy va a demostrar de qué lado está y a quién defiende" (vídeo). Y ya en la tribuna: "Pueden gritar muy alto 'España' o 'Catalunya', pero van a votar contra su pueblo".
  • Alberto Ibáñez (Compromís): "Votar no a este decreto es empujar a que cientos de personas pierdan sus vidas". Y preguntó a los diputados si querían "firmar también los suicidios". Ya en el patio, a la portavoz del PP, Ester Muñoz: "¡Lo vais a pagar!"
  • Gerardo Pisarello (Sumar): "Malditas sean las derechas rentistas rendidas a los buitres que con su voto permitirán que nuestras abuelas, nuestras vecinas, queden en la calle o pierdan la vida". Y remató: "Quien hoy perpetre esta infamia con su voto no va a quedar impune".
  • Gabriel Rufián (ERC): "Salgan a la calle a descojonarse de esto si son tan valientes, pero sin escolta".
  • Águeda Micó (Compromís): "PP, Vox y Junts venderían hasta a su madre por una caricia de los poderosos".
  • Isabel Rodríguez (ministra de Vivienda): "Los próximos desahucios serán responsabilidad de esta Cámara".

Al acabar la votación, la diputada de Podemos Martina Velarde se fue a gritos hacia la bancada de Vox. Ella misma lo explicó después en redes: les gritó que "no tenían vergüenza" porque, según ella, se habían reído durante la sesión. Desde la tribuna de invitados se gritó "sinvergüenzas" y la presidenta de la Cámara tuvo que desalojarlos. Y horas después, el PSOE de Asturias publicó en redes los nombres y apellidos de los diputados de PP y Vox que habían votado no.

Cuando no puedes convencer, intimidas. Cuando no puedes argumentar, señalas.

Para ser justos

La demagogia no tiene color

Sería fácil convertir este artículo en un "los malos son los de un lado". Pero no sería verdad. El análisis de los datos que se dieron en el debate deja exageraciones en todas las bancadas:

  • Vox dijo que España era el país con más inflación de la OCDE. Falso: en agosto estábamos en el 4,4 %, por debajo de Rumanía, Lituania o Chipre. Y habló de "cinco millones de personas" llegadas en cinco años, cuando la población creció en unos 2,1 millones.
  • PP y Junts atribuyeron al decreto la retirada de 4.290 pisos del alquiler, cuando el propio estudio advierte de que todavía no se puede atribuir.
  • Junts respondió con su propio relato: "No nos da miedo el chantaje". El PP, con el suyo: "Han tratado de arreglar en cuatro días lo que han destrozado en ocho años".

La retórica y la demagogia son tan viejas como los parlamentos. La diferencia está en el grado. Una cosa es exagerar un dato. Otra muy distinta es decirle a un diputado que tendrá muertos en la conciencia por votar lo que considera.

Lo que dice la Constitución

Discrepar no es traicionar

Hay dos artículos de la Constitución que más de uno debería releer:

  • Artículo 67.2: los diputados "no estarán ligados por mandato imperativo". Nadie, ni su partido ni la calle, puede obligarles a votar algo.
  • Artículo 79.3: el voto de los parlamentarios es "personal e indelegable".

Es decir: votar "no" es tan legítimo como votar "sí". Para eso existe un Parlamento. Si el voto contrario fuera ilegítimo, no haría falta votar.

Detrás de cada amenaza hay una idea peligrosa: que quien piensa distinto no puede tener razones, solo intereses. Que si votas "no" es porque eres "rentista", "vendido a los buitres" o "indolente al sufrimiento". Nunca porque creas, con datos, que esa ley va a empeorar el problema.

Y datos para dudar había. El Banco de España advertía en junio de que los controles de precios son eficaces a corto plazo, pero que sus beneficios se compensan con "pérdidas de bienestar a medio y largo plazo". Se puede discrepar del Banco de España. Lo que no se puede es fingir que quien le hace caso es un villano.

Opinar diferente no es estar equivocado. Creer que sí, es soberbia.

La responsabilidad

¿Quién pone nombre a los desahucios?

Hablemos entonces de responsabilidad, ya que fue la palabra del día.

272.417
Desahucios en España desde junio de 2018 (CGPJ)
196
Decretos ley de Sánchez. Rajoy firmó 107 en siete años
10
Decretos ley derogados en esta legislatura
  • Más de 272.000 familias han sido desahuciadas desde que gobierna el actual Ejecutivo. Ese dato no es de la oposición: es del Consejo General del Poder Judicial. ¿También llevan el nombre de alguien?
  • El decreto ley está pensado para casos de "extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 86). Se ha convertido en la forma habitual de gobernar: 196 desde 2018, más que González, Aznar, Zapatero o Rajoy.
  • Y se hizo con tanta prisa que, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la propia ministra de Vivienda buscaba entre sus papeles para explicarlo: "Tengo un cacao", "tengo que revisar la última versión, que no la tengo aquí".
  • Para intentar ganar el voto de Junts, el decreto incluía además una disposición que dejaba a salvo la normativa propia de Cataluña. No excluía a Cataluña, pero sí le daba un trato que no tenían otras comunidades.

Hay un nombre que se usó estos días y que merece todo el respeto: Olga. Tenía 54 años y vivía desde hacía más de veinte en el mismo piso de L'Hospitalet de Llobregat. Fue desahuciada en abril. Murió en septiembre. Su casa había acabado en manos de una sociedad vinculada a un fondo de inversión, y los servicios sociales del ayuntamiento y de la Generalitat conocían su caso desde 2020.

Su historia no se puede usar como arma arrojadiza contra quien vota "no". Ocurrió antes de este decreto, en un territorio con su propia ley de vivienda y con las tasas de desahucio más altas de España (83,9 por cada 100.000 habitantes, frente a 31,9 en Madrid). Si la muerte de Olga señala a alguien, señala a todas las administraciones que la conocían y no llegaron a tiempo.

Si estás pasando por un momento difícil, no estás solo ni sola: llama al 024, la línea de atención a la conducta suicida. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas.

Y hay otro detalle que ilustra hasta qué punto se ha perdido la noción de responsabilidad política. El ministro que pedía poner nombre y apellidos a cada desahucio es hijo de Ángeles Amador, ministra de Sanidad entre 1993 y 1996. Ese Gobierno aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, la que fijó el final de los contratos de renta antigua. La misma ley que hoy explica desahucios como el de Maricarmen.

No lo cuento para culpar a un hijo de lo que hizo su madre. Lo cuento porque demuestra algo que ningún diputado dijo en la tribuna: la crisis de la vivienda es el resultado de décadas de decisiones de todos los gobiernos. Nadie puede señalar a los demás sin señalarse también.

  • Si votar no te convierte en responsable de cada desahucio, ¿quién es responsable de los 272.000 de los últimos ocho años?
  • ¿Por qué se pide votar a viva voz justo cuando se sabe que se va a perder?
  • ¿Desde cuándo representa a toda la sociedad quien más ruido hace en la calle?
  • ¿Qué pasará con el siguiente diputado que dude, si sabe que su "no" acabará en un tuit con su cara?

Lo vimos con el caso de Maricarmen: se visibiliza la parte del relato que hace ruido, la que toma la calle y acampa en Sol. Es legítimo protestar. Pero una protesta no es la voz de todo un país, y un Parlamento no puede votar con miedo a la plaza.

Para terminar

La política no es esto

Lo que vimos el viernes tiene un nombre: la estrategia del enemigo. Es más barato movilizar con rabia que convencer con argumentos. Y funciona, porque nos obliga a elegir bando antes de pensar.

Pero si hoy aplaudes que se señale al que vota "no", prepárate para cuando el señalado seas tú. Porque las reglas que aceptas contra tu adversario son las mismas que se usarán contra ti.

Mañana, en la segunda parte, entro en el fondo: qué decían los decretos, qué advertían los expertos y qué ha pasado donde ya se han probado medidas así.

Y la semana que viene publico un artículo sobre por qué tanta gente dice "no me interesa la política". Spoiler: no es desinterés. Es esto.

Un Parlamento donde solo se puede votar sí no es un Parlamento. Es un aplausómetro.

— Nohemí Hervada

Ceuta no tiene foto

Ceuta no tiene foto

Ceuta · Sesgos · Sin filtros

Una cara conmueve. 80.000, no.

Por qué una historia con nombre propio moviliza a un país y una ciudad entera lleva dos meses sin foto.

Crisis de Ceuta: una multitud de puntos grises y uno solo en rojo

En las mismas semanas, dos historias han competido por nuestra atención.

  • Una tiene nombre, cara y silla de ruedas: Maricarmen. En pocos días hubo concentraciones, portadas, declaraciones y una respuesta política.
  • La otra tiene código postal: Ceuta. Una ciudad de unos 83.000 habitantes que lleva dos meses viviendo una crisis que la mayoría de España sigue de reojo.

No voy a volver sobre quién tenía más o menos razón en el caso de Maricarmen (ya lo analicé con datos aquí). Hoy la pregunta es otra: ¿por qué una historia mueve a un país y la otra no?

Los hechos

Qué está pasando en Ceuta

72.000
Personas que cruzaron la frontera el 30-31 de julio
+60%
Delincuencia desde agosto respecto al año anterior (TSJA)
37
Agresiones sexuales investigadas desde julio. 14 a menores
  • De esas 72.000 personas, unas 53.000 volvieron a Marruecos en cuestión de horas. Miles se quedaron.
  • El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma que la delincuencia ha subido un 60 %. El juzgado de violencia sobre la mujer ha tenido que duplicar su personal.
  • Unas 3.000 personas viven en asentamientos irregulares en la playa del Trampolín. El 11 de septiembre ardieron 42 chabolas, vehículos y contenedores.
  • La fiscal superior lo resume en tres palabras: "difícil, compleja, insoportable".
La respuesta

Mucho decreto, poca solución

Sería injusto decir que no se ha hecho nada. Se ha aprobado un plan de 309 millones, se ha declarado por primera vez en la historia una "situación de interés para la seguridad nacional" y se ha creado un mando único.

Pero también es un hecho que:

  • Las alertas previas del CNI están siendo investigadas por la Audiencia Nacional.
  • Han dimitido el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno y el propio delegado.
  • El Congreso ha reprobado al ministro del Interior.
  • Y dos meses después, la vida diaria de los ceutíes no ha vuelto a la normalidad.

Llegar tarde también es una forma de no hacer nada.

La psicología

Por qué la multitud no nos conmueve

Que una sola persona nos movilice más que 80.000 no es casualidad. Tiene nombre y está estudiado:

  • El efecto de la víctima identificable. Los investigadores Small, Loewenstein y Slovic demostraron que la gente dona más dinero a una niña con nombre y foto que a una estadística de millones de personas en la misma situación.
  • El adormecimiento psíquico. Paul Slovic lo llama psychic numbing: a partir de cierto número, las cifras dejan de sentirse. Uno es una tragedia; mil son un dato.
  • El desvanecimiento de la compasión. Cuantas más víctimas hay, menos compasión sentimos por cada una. No sumamos empatía: la diluimos.
  • La distancia. La inmensa mayoría de los españoles no vivimos junto a una frontera que se puede cruzar a pie. No notamos de un día para otro la inseguridad en nuestra calle, en la puerta del colegio o en el camino al trabajo. Lo que no vivimos, no lo sentimos.
  • El relato. La historia de Maricarmen tenía protagonista, antagonista y final abierto. Una crisis de 80.000 personas no tiene protagonista. Y sin protagonista, no hay historia que contar.
Lo que nadie quiere ver

Las víctimas sin foto

Hay un grupo que sufre esta crisis más que nadie y del que casi nadie habla.

  • Desde el 30 de julio se investigan 37 agresiones sexuales en Ceuta. 14 de las víctimas son menores. La mayoría son mujeres y niñas inmigrantes.
  • El 1 de septiembre, un joven fue detenido por agredir sexualmente a tres niñas de 10 y 11 años en un albergue temporal.
  • El 27 de septiembre, en la playa del Trampolín, una menor de 17 años tuvo que ser reanimada por la policía. Al día siguiente no se presentó a declarar. Sigue sin ser localizada. Los dos detenidos quedaron en libertad.

¿Por qué muchas no denuncian? Porque lo tienen todo en contra:

  • Miedo a ser devueltas.
  • Están solas, sin familia y viviendo en centros o asentamientos.
  • Dependen del mismo entorno en el que se produce la agresión.
  • El idioma, el desconocimiento del sistema y el estigma que cargan las víctimas de violencia sexual.
  • ¿Dónde están las concentraciones, los lemas y los minutos de silencio que sí vimos en otros casos?
  • ¿Por qué quienes se movilizaron, con razón, contra otras violencias sexuales hoy apenas levantan la voz?
  • ¿Importa menos una víctima cuando es pobre, extranjera y no tiene quién la nombre?

Si la violencia sexual nos importa, nos importa siempre. No solo cuando encaja en el relato.

La trampa

La emoción como mapa político

La compasión selectiva no es inocente. Marca la agenda.

  • Se legisla donde hay foto. Donde hay una cara, hay decreto. Donde hay 80.000, hay silencio.
  • Los problemas estructurales, como las fronteras, los recursos policiales o la protección de menores, se quedan sin relato y, por tanto, sin solución.
  • Y quienes los sufren aprenden algo peligroso: que para ser escuchado no basta con tener un problema. Hay que tener una buena historia.
Para terminar

Mirar fuera del encuadre

No se trata de empatizar menos con Maricarmen. Se trata de empatizar también con quien no tiene cámara.

  • Con los ceutíes que llevan dos meses sin tranquilidad en su propia ciudad.
  • Con las niñas agredidas que nunca van a salir en un telediario.
  • Con todo lo que no tiene nombre propio y, por eso, no nos duele.

La próxima vez que una historia te conmueva, hazte una pregunta: ¿a quién no estoy viendo?

Una cara nos mueve. Pero un país no se gobierna con caras. Se gobierna con datos. Y en Ceuta, los datos llevan dos meses gritando.

Fuentes Infobae · La crisis de Ceuta cumple dos meses · Infobae · TSJA: +60 % de delincuencia · Euronews · El Debate · El Faro de Ceuta · El Español · Small, Loewenstein y Slovic (2007), Sympathy and callousness · Slovic (2007), "If I look at the mass I will never act"

Caso Maricarmen, la foto y los datos

Caso Maricarmen, la foto y los datos

Vivienda · Sesgos · Sin filtros

La foto y los datos.

Lo que el caso Maricarmen dice de nosotros, y de cómo estamos legislando.

Caso Maricarmen: una cámara encuadra a una anciana en silla de ruedas mientras, fuera del plano, el propietario espera con las llaves

Hay imágenes que ganan un debate antes de que empiece. Una mujer de 87 años en silla de ruedas, sacada de un piso en el que ha vivido 70 años. No hace falta nada más: la foto ya ha dictado sentencia.

Pero una foto no es un argumento. Y cuando legislamos con fotos, lo que sale son malas leyes.

Así que hoy te propongo algo incómodo: dejar la foto a un lado y mirar los datos.

Antes de nada

Por qué la fragilidad nos parece bondad

Conviene entender qué nos pasa por dentro cuando vemos una imagen así.

  • Tipificación moral. La psicología social (Gray y Wegner) ha demostrado que dividimos a las personas en agentes (quienes actúan) y pacientes (quienes reciben la acción). Cuanto más frágil vemos a alguien, más lo colocamos en la casilla de víctima y menos capaces somos de imaginar que sus decisiones tengan consecuencias para otros.
  • "Entrañable pero incompetente". El estereotipo de la persona mayor combina mucha calidez con poca capacidad (Fiske). Y confundimos calidez con razón.
  • Confundimos no poder con no querer. Si alguien no puede hacer daño físico, suponemos que no puede perjudicar a nadie. Pero ocupar durante años algo que no te pertenece, pagando una fracción de su valor, también perjudica a alguien, aunque ese alguien no salga en la foto.

Ser compasivos con la fragilidad de una persona es humano. Serlo también con todas sus decisiones es otra cosa.

Los hechos

Lo que dicen los datos

500€
Alquiler mensual que pagaba (renta antigua)
1.700–3.500€
Precio de pisos similares en la zona
19 años
Con el contrato legalmente extinguido (2007-2026)
1956

El padre de Maricarmen firma un contrato de renta antigua por un piso de unos 92 m² en Retiro, una de las mejores zonas de Madrid. La legislación de la época imponía la prórroga forzosa: indefinido de hecho y con rentas prácticamente congeladas.

1960

Muere el padre y la madre se subroga.

1985

El Decreto Boyer acaba con la prórroga forzosa para los contratos nuevos.

1994

La Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada con un Gobierno socialista, limita las rentas antiguas: una segunda subrogación solo dura dos años, salvo que el heredero tenga una discapacidad igual o superior al 65 %.

2005

Muere la madre. Maricarmen se subroga y su contrato queda con fecha de caducidad legal: 2007.

2018-2020

La propiedad cambia de manos. Los nuevos propietarios le ofrecen comprar el piso por 240.000-250.000 €, una fracción de su valor de mercado, o firmar un contrato nuevo a 1.650 €/mes. Rechaza ambas opciones.

2022-2023

La Audiencia Provincial y después el Tribunal Supremo dan la razón al propietario: el contrato terminó en 2007. Su discapacidad reconocida es del 50 %, por debajo del umbral que fija la ley.

2025-2026

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid le ofrecen plaza en varias residencias. Un donante anónimo se ofrece a pagar la diferencia del alquiler. Todo se rechaza. El argumento es siempre el mismo: quiere quedarse en "su casa".

El relato

"Su casa"

Esa expresión lo ha condicionado todo.

La repiten ella, los medios, los políticos y quien comparte la noticia. Y a fuerza de repetirla, se ha convertido en una verdad emocional que sustituye a la verdad jurídica.

Pero no era su casa. Era la casa de otra persona, en la que vivía de alquiler con un contrato que la ley extinguió hace casi dos décadas.

Y hay algo que el relato no cuenta: durante décadas, el propietario original sufrió una especie de expropiación de hecho. Tenía un piso que no podía recuperar, con una renta congelada que no cubría su valor y con la obligación de conservar el inmueble.

Durante todo ese tiempo, el propietario también existía. Solo que nunca tuvo foto.

La pregunta incómoda

La vulnerabilidad como argumento

Nadie discute que a los 87 años, con movilidad reducida, salir del lugar donde has vivido toda la vida es duro. Pero duro no es lo mismo que injusto.

Y cuando una situación se presenta como "vulnerabilidad extrema", conviene preguntarse:

  • ¿Vulnerable frente a quién? ¿Frente a quién paga 1.500 € de alquiler con un sueldo menor que su pensión?
  • ¿Vulnerable con cuatro alternativas encima de la mesa, incluida la compra del piso muy por debajo de su valor?
  • ¿Qué ocurre con las listas de espera de residencias públicas cuando un caso mediático recibe varias ofertas en pocos meses? ¿Quién se queda detrás?

La vulnerabilidad es un criterio para priorizar recursos escasos. Si la usamos como argumento emocional, deja de servir para lo que existe.

El uso político

Lo que este caso no es

El caso ha servido para reactivar propuestas de moratoria de desahucios y de "protección permanente". Pero conviene tener claro qué dice realmente:

  • No es un fondo de inversión que echa a una inquilina que paga el precio de mercado.
  • Es la aplicación de una ley de 1994, votada hace más de treinta años, que dio a los herederos de las rentas antiguas un periodo de transición. En este caso, ese periodo se alargó de facto casi veinte años más por la vía judicial.

Y el mensaje de fondo que queda es preocupante: ser propietario y cumplir es sospechoso; acogerse al paraguas de la vulnerabilidad, aunque haya alternativas, se aplaude.

Epílogo

Cuando una sociedad legisla con la foto

Una sociedad que legisla a partir de la imagen más emotiva, y no de los datos, paga un precio. No de golpe, sino poco a poco:

  • Menos vivienda en alquiler. Cada vez que la ley protege a quien no paga o paga por debajo de mercado a costa de un particular, ese particular retira su vivienda del mercado. Es exactamente lo que ocurrió con la renta antigua: décadas de pisos deteriorados y propietarios que prefirieron cerrar antes que alquilar.
  • Alquileres más caros. Los propietarios que siguen alquilando incluyen el riesgo en el precio: más fianzas, más avales, más requisitos. Y quien lo sufre no es la persona de la foto, sino el joven de 28 años con contrato temporal, al que nadie va a entrevistar.
  • Recursos públicos mal asignados. Si la visibilidad mediática decide quién recibe una plaza o una vivienda, los verdaderamente vulnerables, los que no tienen cámara, quedan detrás.
  • Menos seguridad jurídica. Si una sentencia firme del Tribunal Supremo se presenta como una "afrenta", el mensaje es que cumplir la ley es opcional según el relato que se consiga construir.
  • Ciudadanos que razonan con emociones. Nos acostumbramos a quedarnos con la foto y no con la película. Y quien controla la foto controla la ley.
  • Perversión de los incentivos. Si ser presentado como víctima da más resultados que cumplir, la sociedad empieza a producir víctimas en lugar de soluciones.

El problema de la vivienda en España es real, grave y medible: faltan viviendas, sobra burocracia y falta seguridad para quien construye y alquila. Ninguna de esas tres cosas se arregla con una moratoria inspirada en una fotografía.

Legislar exige mirar lo que no sale en el encuadre. Porque la foto dura un día y las leyes, décadas.

Qué es el buenismo y por qué caemos en él tan fácilmente

Qué es el buenismo y por qué caemos en él tan fácilmente

Buenismo · Sesgos · Sin filtros

Buenismo: la bondad como excusa.

Cuando la bondad se convierte en excusa para no dar argumentos. Y quien cumple, paga la factura.

Buenismo: una careta sonriente delante de una cara seria, sin expresión
Una historia personal

La casa de mis padres

Cuando yo era niña, mis padres compraron una casa en una urbanización familiar, algo alejada del centro, con su colegio y sus pocas tiendas. Como tantas familias de trabajadores en los años ochenta, se hipotecaron para tener algo propio. Pagaron, cumplieron, año tras año.

Página del proyecto original de Parque Ansaldo, viviendas sociales en San Juan de Alicante
Parque Ansaldo, viviendas sociales en San Juan de Alicante. Proyecto de 1978, construido entre 1979 y 1982.

Al cabo de un tiempo, la región sufrió una catástrofe natural, una riada muy grave. Y ahí empieza lo que quiero contar. La versión oficial fue: «estas viviendas se ceden a los damnificados de la riada». Sonaba bien. Sonaba justo. Nadie podía oponerse a ayudar a quien lo había perdido todo.

Pero eso no fue exactamente lo que pasó. La mayoría de esas viviendas no fueron para los afectados por la inundación. Fueron para otras familias, algunas ya señaladas por conflictos y tráfico de drogas, y más tarde, para familias que venían de vivir en chabolas.

  • Nadie las acompañó.
  • No hubo ningún plan, ninguna integración, ninguna gestión real.
  • Solo la entrega de las llaves, y ya está.

¿Qué pasó después? El barrio se fue degradando. En pocos años se convirtió en una zona controlada por clanes, un punto de venta de droga donde ni la policía entraba con normalidad. Las familias que habían pagado su hipoteca, que habían hecho todo lo que se les pidió, empezaron a irse, una a una, porque ya no se podía vivir allí.

Con el tiempo, aquello se convirtió en un símbolo de lo que no debía repetirse. Se llamaba Parque Ansaldo, en San Juan de Alicante, y en 2004 lo derribaron entero. No quedó nada.

Mis padres nunca fueron indemnizados por perder su propiedad.

Ni un euro de lo que pagaron durante años les fue devuelto. Hicieron todo lo que se les pidió: pagar, cumplir, esperar. Perdieron la casa, perdieron el barrio, y nunca hubo una indemnización, ni una disculpa, ni nadie que respondiera por lo que pasó. El coste de una decisión que no tomaron ellos lo pagaron ellos solos.

No cuento esto por rencor, ni para señalar a nadie en concreto. Lo cuento porque el patrón se repite. Y no hace cuarenta años: está pasando ahora mismo. Veamos tres situaciones, dos de ellas con casos muy recientes, y comprobemos que el mecanismo es exactamente el mismo.

Situación 1

Cuando la ley protege al agresor

Balanza de la justicia sobre una mesa de madera

Esta primera situación no es una noticia concreta, sino algo más incómodo todavía: una dinámica que se repite, con distintos protagonistas, en el acoso escolar entre menores.

En España, y en la mayoría de los países de nuestro entorno, la ley obliga a proteger de forma casi absoluta el llamado Interés Superior del Menor, tanto de la víctima como del agresor.

  • La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, fija la edad de responsabilidad penal en los 14 años. Por debajo de esa edad, un menor que agrede o acosa gravemente a otro no puede ser juzgado penalmente, y su caso se deriva a servicios sociales o al propio centro escolar, con medidas que las familias afectadas suelen considerar insuficientes.
  • Además, revelar el nombre, la imagen o cualquier dato que identifique a un menor implicado en un delito está prohibido por ley, precisamente para no estigmatizarlo de por vida y darle una oportunidad real de reeducación.

El problema no es el principio en sí. El problema es cómo se traduce en la práctica:

  • El traslado forzado de la víctima. Ante un caso grave, el centro no expulsa al agresor porque chocaría con su derecho a la escolarización, y termina siendo la víctima quien cambia de colegio, con la sensación de ser ella la castigada.
  • La inimputabilidad por debajo de los 14 años, que deja fuera la vía penal incluso en agresiones graves.
  • El vacío en el ciberacoso. Cuando se difunde contenido humillante de la víctima, la protección de la identidad del menor infractor durante la investigación hace que retirar ese contenido sea lento, mientras la humillación sigue circulando cada día.

El resultado son dos efectos muy concretos:

  • La víctima siente que denunciar no sirve de nada, porque la burocracia, las disculpas privadas o el silencio institucional alargan su sufrimiento en vez de resolverlo.
  • El entorno recibe el mensaje de que la violencia no tiene consecuencias visibles, lo que desanima a denunciar la próxima vez.

Aquí el mecanismo cambia de forma respecto a los otros casos. No es una noticia que cuenta solo una parte: es una ley, bienintencionada, diseñada para proteger a un menor de un daño futuro, que en la práctica deja a otro menor, el que ya sufrió el daño, sin una respuesta visible.

Es buenismo convertido en norma, no solo en relato.

Situación 2

Ceuta y la palabra que cada uno elige

La segunda situación es la de Ceuta, una ciudad de apenas 19 km² y unos 84.000 habitantes. El 30 y 31 de julio de 2026 entró en la ciudad, en cuestión de días, un número de personas cercano a la población total de la ciudad, convocadas a través de un grupo de Facebook con más de 160.000 miembros. El CNI había alertado un día antes de que se estaba organizando la entrada, pero según los informes desclasificados por el Gobierno, nunca llegó a anticipar una llegada masiva de miles de personas en tan poco tiempo.

37
Procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre
14 / 39
Víctimas menores de edad
14 / 9
Violaciones en 2026 (hasta septiembre) frente a todo 2025

Según el último dato oficial publicado, del Consejo General del Poder Judicial, entre el 30 de julio y el 14 de septiembre los juzgados de Ceuta abrieron 37 procedimientos por agresión sexual, 10 de ellos con penetración. Hay 39 víctimas, 14 de ellas menores. De esos procedimientos, 28 siguen abiertos.

  • En lo que va de 2026 se contabilizan al menos 57 agresiones sexuales. En todo 2025 hubo 52, y ya era el máximo histórico de la ciudad.
  • De ellas, 14 son violaciones, frente a 9 en todo 2025, 5 en 2024 y 8 en 2023, según datos del CGPJ y del Ministerio del Interior.

Fijaos en cómo lo llama cada uno: unos hablan de «entrada masiva», otros de «invasión».

  • Ninguna de las dos palabras es un dato. Las dos son una elección.
  • Esa elección depende de la ideología de quien habla, no de los hechos: se usa el término que más apela a la emoción, en un sentido o en el otro, en lugar de describir el hecho de forma objetiva y racional.
  • Por eso doy los números, y que cada uno decida qué palabra le parece más honesta.

El relato que se cuenta depende de quién lo cuenta: unos ponen el foco solo en las cifras de agresiones, otros solo en la respuesta institucional, como la ampliación de los centros de acogida de 1.000 a 6.000 plazas o los 114,7 millones de euros de ayuda de la Comisión Europea. Pocas veces se cuentan las dos cosas juntas. Y ahí está, otra vez, la información incompleta.

Situación 3

El desahucio de Maricarmen, setenta años después

Manos de una mujer mayor

La tercera situación es la de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre de 2026 de un piso de unos 90 m² en el barrio de Retiro, en Madrid, donde había vivido 71 años.

1956

Su padre firma el contrato bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos de aquel momento, que garantizaba la prórroga forzosa.

1964

El texto refundido de la LAU recoge esa prórroga y las subrogaciones familiares.

1985

El Decreto Boyer elimina la prórroga forzosa, pero solo para los contratos nuevos. El suyo, al ser anterior, sigue protegido.

1994

Una reforma de la LAU limita la segunda subrogación a solo dos años de vigencia, salvo que el subrogado tenga una discapacidad igual o superior al 65 %.

2005

Muere la madre de Maricarmen y ella se subroga en el contrato, con una discapacidad reconocida del 50 %.

2007

Por esa ley de 1994, el contrato se extingue legalmente.

2018

El edificio se vende y pasa a manos de Urbagestión.

2026

En marzo, el Tribunal Supremo resuelve el caso. El desahucio se ejecuta el 23 de septiembre.

Durante todo ese tiempo, y hasta el final, Maricarmen nunca dejó de pagar. Pero hay que contar bien qué pagaba:

  • Se habló mucho de que pagaba 500 euros al mes. No es exacto.
  • Su renta era de unos 200 euros al mes, 204 según algunas informaciones.
  • El resto, entre 220 y 250 euros, eran gastos de comunidad, agua y calefacción.
  • En total, unos 450 euros al mes por un piso de 90 m² en Retiro, en una zona donde un piso así se alquila hoy por más de 2.500.

Nota: el desglose entre renta y gastos lo ha dado la empresa propietaria, Urbagestión, y lo han recogido varios medios. Es su versión, pero nadie la ha desmentido con documentos.

Y aquí está el dato que más me interesa: entre 2007 y 2026 pasaron diecinueve años. Setenta años después de que su padre firmara aquel contrato.

El medio que cuenta esta noticia carga el relato contra una ley aprobada por el PSOE en 1994. Pero se le puede hacer la misma crítica que a las otras situaciones: rara vez se cuenta también que esa ley existía, entre otras razones, para que los propietarios pudieran recuperar en algún momento una vivienda alquilada durante décadas muy por debajo del precio de mercado. El mismo mecanismo de contar solo una parte del relato no lo usa un solo lado: lo usa cualquiera, según le convenga.

Y hay una segunda vuelta de tuerca. Desde 1994 hasta hoy, PSOE y PP se han alternado en el Gobierno durante más de treinta años, y esta regla concreta, la que ha dejado a Maricarmen sin protección, sigue exactamente igual.

Es protestar contra un problema que uno mismo ha mantenido, mientras se lo atribuye a «los otros».

Quien hoy usa este caso para señalar a un partido pertenece, muchas veces, a corrientes políticas que también han gobernado con margen de sobra para cambiarla si de verdad la consideraban injusta, y no lo han hecho. Sean quienes sean esos «otros» en la cabeza de quien escucha.

El patrón común

Cinco claves que se repiten

Si os fijáis, en las cuatro situaciones, la de mis padres y estas tres, se repite exactamente el mismo patrón. Y merece la pena quedarse con estos cinco puntos, porque son la clave de todo lo que viene después.

  • No se da la información completa: se cuenta una parte, la que sostiene el relato, y se omite la otra.
  • Se construye un relato que sostiene una idea concreta, no que describe el hecho: no es información neutra, es una narrativa con una dirección marcada de antemano.
  • Se humaniza a una parte apelando a la empatía, y se deshumaniza o se presupone lo peor de la otra. Y esa otra parte suele ser, además, la que ya ha recibido el daño, el acoso, la agresión o la pérdida.
  • Se evita el debate y se repiten consignas: en cuanto alguien pregunta o matiza, no se le responde con argumentos, se le responde con una etiqueta.
  • Se dramatiza para apelar a lo emocional, no a lo racional: cuanto más fuerte es la emoción que provoca, menos espacio queda para pensar.
La definición

Qué es realmente el buenismo

Todo esto tiene un nombre: buenismo. La Real Academia Española lo define así:

«La actitud de quien, ante un conflicto, rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia».

Conviene dejar claro un matiz, porque si no, esto se puede malinterpretar: el problema no es tener empatía. El problema es la empatía selectiva, la que se dirige solo hacia una parte del conflicto y nunca hacia la otra, aunque la otra sea quien ya estaba sufriendo el daño.

Eso ya no es empatía. Es una estrategia que usa el lenguaje de la bondad para no tener que dar argumentos.

La psicología

Por qué caemos tan fácilmente

Y aquí llega la pregunta importante: ¿por qué caemos en esto una y otra vez, si en el fondo es tan fácil de identificar cuando se explica así?

  • Porque sentir cuesta menos que razonar. Una historia con nombre y cara mueve mucho más que un dato o una cifra, aunque el dato sea más importante.
  • Porque necesitamos vernos como buenas personas. Alinearnos con el relato compasivo nos da una recompensa social inmediata, aunque sea superficial, aunque no hayamos entendido el problema real.
  • Porque cuestionar el relato da miedo. Tememos que, si preguntamos o matizamos, se nos coloque automáticamente del lado «malo» de la historia, aunque lo que estemos cuestionando sea el relato, no el sufrimiento de nadie.
  • Porque repetir la consigna nos da pertenencia a un grupo. Argumentar en contra, aunque sea con matices razonables, nos saca de él. Y eso, para la mayoría de las personas, pesa más que tener razón.
Dos personas cerrando un acuerdo con un apretón de manos
Para cerrar

Quien cumple, paga la factura

Mientras tanto, quien cumple, quien paga, quien hace todo lo que se le pide, sigue siendo quien se queda pagando la factura:

  • Tu hijo o tu hija, si es a quien acosan.
  • Los ciudadanos de Ceuta.
  • El propietario de una vivienda comprada y pagada legal y religiosamente, que ve cómo su derecho a su propiedad se cuestiona, se pisotea o se anula.

Esto, además, tiene mucho que ver con algo de lo que escribiré próximamente: qué pasa cuando alguien busca un consenso a toda costa. Porque muchas veces, buscar consenso no es convencer con argumentos. Es presionar hasta que el otro cede.

¿Te ha pasado algo parecido a lo que cuento aquí? Cuéntamelo en Instagram. Te leo.

El buenismo no es tener demasiado corazón. Es usar el corazón de la audiencia para no tener que dar argumentos.

— Nohemí Hervada

Para seguir pensando

Te recomiendo este vídeo

Si te has quedado con ganas de más sobre el caso de Maricarmen, Juan Ramón Rallo lo analiza en «Maricarmen y la gran hipocresía de la que nadie habla». Merece la pena verlo entero.

Nuevo programa #27días para negociar y para no negociar. El buenismo también se cuela en tus negociaciones: cedes para quedar bien y pagas tú la factura. Aprende qué negociar, qué no y cómo sostenerlo con argumentos. Un vídeo al día, durante 27 días. Ver el programa →

No hablen por nosotras

No hablen por nosotras

Maternidad · Política · Sin filtros

No hablen por nosotras.

Las campañas electorales se están convirtiendo en una especie de suero de la verdad de nuestra clase política. Y cuando hablan de madres, se les ve todo.

No hablen por nosotras: una urna gris y una papeleta roja con forma de escudo

Las madres llevamos años reclamando tener voz en política: que se escuchen nuestras reivindicaciones de primera mano y que se tengan en cuenta. Voto ya tenemos. Pero cuando no hay ninguna opción que te represente, tu voto no vale tanto como debería.

En las pasadas elecciones generales muchas mujeres nos sentimos huérfanas. Se votó más con el miedo que con la esperanza. Muchas decidimos votar en contra más que a favor. Como dijo, muy acertada como siempre, mi amiga Irene García:

«Votamos en defensa propia».

Independientemente de vuestra ideología, si sois madres de ese grupo invisible para los medios que, como yo, decidisteis que maternar también es un derecho que queríais ejercer sin renunciar a él ni delegarlo en terceros, habréis sentido la indefensión de saber que, votarais lo que votarais, ningún partido iba a apoyaros en esa decisión.

Lo que pedimos

Seis meses como mínimo

Llevamos años reclamando un permiso de maternidad de, como mínimo, 6 meses. Una reclamación que responde primero al derecho del bebé y, evidentemente, también al de la madre, que, no lo olvidemos, es la que gesta, pare y amamanta, por mucho que a la PPiiNA (Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles) no le guste.

Resulta que no era posible, que no había fondos. Hasta que aparecieron, de vete a saber dónde, para ampliar el permiso del padre.

¿Estamos en contra de que se amplíe el permiso del padre?

Por supuesto que no. Pero no es justo, ni moral, ni biológica, ni fisiológicamente, ampliar un derecho cuando los otros dos protagonistas, que van delante, aún no tienen garantizados los mínimos.

Actualización 2026: desde que escribí esto, los permisos se igualaron y ampliaron. Con el Real Decreto-ley 9/2025, cada progenitor tiene 19 semanas (17 por nacimiento más 2 para cuidado), iguales e intransferibles, con 6 semanas obligatorias tras el parto; las familias monoparentales tienen 32. Para la madre, sigue siendo bastante menos de seis meses. Fuente: La Moncloa.

Por qué

Primero el bebé y su madre

Porque el bebé tiene derecho a ser nutrido por su madre sin restricción de tiempo, al menos hasta que sea capaz de tomar otros alimentos y de ser cuidado por extraños sin que se resienta su apego seguro con su cuidadora principal: su madre.

Porque quien ha gestado y parido necesita un tiempo de adaptación física, emocional y social muy superior a 16 semanas. Creer que ese periodo es «repartible con el padre» es ningunear el propio proceso biológico y mental de la gestación y el parto.

Porque no siempre hay «padre», y esa realidad se obvia demasiado a menudo. La mayoría de las familias monoparentales de nuestro país son monomarentales: según el INE, el 81,4 % en 2020. Pero hasta en el lenguaje tergiversamos la realidad.

Porque cuidar a los hijos no es una especie de servicio civil obligatorio, como hemos oído a algunos padres durante su permiso de paternidad. Para la mayoría de la clase política, el cuidado es una especie de impuesto que no nos gusta pagar y que intentamos evadir o repartir para tocar a menos. No se trata de cambiar pañales, señores y señoras políticos. A ver cuándo lo entienden.

Porque si al final lo hacen, tampoco merecen medallas como si fueran héroes. Ser un padrazo es directamente proporcional a ser una mala madre, y hacer campaña con la responsabilidad de los progenitores en el cuidado de sus hijos es moralmente deleznable.

Porque el cuidado es la base de la reproducción y la supervivencia de los mamíferos, especialmente de los humanos, cuyo desarrollo es especialmente largo. Los primeros años de vida son un periodo muy sensible que requiere algo más que comer lo suficiente para no morir de hambre, estar limpio y a resguardo.

Porque nuestros bebés tienen derecho al cuidado óptimo, y ese es el que provee su madre cuando está dispuesta a darlo sin sentir que pierde derechos, poder adquisitivo o calidad de vida.

Por eso:

Anunciar como medida permisos iguales e intransferibles para este primer periodo sensible del bebé es no entender nada de nada.

Prometer guarderías de 0 a 3 años es reírse de las necesidades de los bebés y de sus madres.

Ensalzar a mujeres que a la semana de parir ya están «emprendiendo por el mundo» es un insulto a las madres. Refleja una ignorancia supina de lo que supone el hecho maternal, de las necesidades del binomio madre-bebé y de las profundas repercusiones de todo lo que se hace o se deja de hacer en ese periodo.

El ejemplo

Emprender a la semana de parir

En plena campaña, Isabel Díaz Ayuso, entonces candidata del PP a la Comunidad de Madrid, puso como ejemplo a una mujer que acababa de dar a luz y ya se había puesto a trabajar. Así lo recogía un tuit de entonces:

«Díaz Ayuso pone de ejemplo y defiende a una mujer que acaba de dar a luz y ya se ha puesto a trabajar. Es decir, que renuncia a sus derechos. Pero atentos a lo que dice de las "mujeres de la izquierda"…» — @Sayo_cab75, 14 de mayo de 2019

Es un insulto, sobre todo:

A las mujeres con empleos precarios, a los que no quieren «volver» pero tienen que hacerlo porque su subsistencia depende de ello.

A las mujeres que sufren depresión posparto, la mayoría de las veces sin diagnosticar, porque ya se sabe que las mujeres somos tan emocionales que nuestros síntomas graves se confunden con nuestro día a día. Todo el mundo sabe que la depresión posparto se cura dejando al bebé y volviendo al curro, claro que sí.

A las emprendedoras que luchamos cada día por levantar negocios que nos permitan vivir y hacer eso que la sociedad nos prometió en falso: conciliar.

A Isabel Díaz Ayuso el derecho a tener 16 semanas tras el parto le parece cosa de «víctimas de izquierda». Me gustaría verla siendo camarera de pisos en un hotel, volviendo a hacer 20 habitaciones y 5 salidas, más los pasillos de las zonas comunes, a la semana de parir.

Cargando fardos de ropa sucia y empujando carros llenos de toallas, sábanas y productos de limpieza. Retorciendo cientos de veces la fregona que limpia los suelos que pisan quienes van al hotel a descansar, mientras su útero se retuerce con los entuertos del posparto y sus pechos se hinchan por pasar 10 horas sin amamantar a un bebé que vete a saber con quién estará.

A ver lo que le duraba esa ideología de «menospreciar los derechos de las trabajadoras» en esas circunstancias.

Que muchas hayamos tenido que buscar fórmulas para emprender porque no teníamos otra alternativa válida no es excusa para imponérselo a las demás. Algunas somos privilegiadas porque pudimos sacar adelante nuestro emprendimiento con un bebé a la teta. Pero ESO ES UN PRIVILEGIO que no todas tienen, señora Díaz Ayuso.

Al parecer, usted solo conoce emprendedoras premium, que pueden permitirse emprender por el mundo a la semana de dar a luz. No creo que hable de:

La peluquera del barrio, que trabaja 10 horas diarias de pie.

La que trabaja en una tahona y se levanta a las 3 de la mañana a hacer pan, además de la jornada de venta al público.

La que monta un restaurante y prácticamente vive allí para sacarlo adelante.

Esas emprendedoras, aunque quisieran (y ya le digo yo que, por mucho que les guste su trabajo, no quieren volver a la semana de parir), no pueden emprender con sus bebés de 7 días.

En definitiva: cada vez que ustedes hablan de mujeres, dan vergüenza. Cada vez que hablan de política referida a las familias, dan asco. Mucho asco.

La conciliación según ellos

«La generosidad de mi pareja»

Borja Sémper, entonces candidato del PP a la alcaldía de Donostia, respondía así en una entrevista a la pregunta «¿Qué hace para conciliar con la familia?»:

Recorte de prensa: Borja Sémper responde que para conciliar se aprovecha de la generosidad de su pareja
«Aprovecharme de la generosidad de mi pareja».

Al menos fue sincero: la conciliación de muchos se llama «mi pareja». O «mi madre».

Actualización 2026

Siete años después, igual

Escribí este post en la campaña de 2019. Siete años después, la Ley de Familias sigue en un cajón. El Gobierno la llevó al Congreso en 2023, la volvió a enviar en marzo de 2024 y desde entonces acumula decenas de prórrogas del plazo de enmiendas, sin fecha de debate.

En septiembre de 2026, el Congreso votó una proposición no de ley de Podemos que pedía aprobarla de forma inmediata. El resultado:

177
Votos en contra: PP, Vox, PNV y Junts
147
Abstenciones: el PSOE, el partido del Gobierno que la impulsó
19
Votos a favor

Unos la tumban. Otros, los que la redactaron, se abstienen. Ninguno la saca del cajón.

Y aunque la ley se aprobara mañana, no da a las madres lo que llevamos años pidiendo: tiempo para criar. El permiso por nacimiento ya es de 19 semanas por progenitor, iguales e intransferibles. Para la madre que acaba de parir y amamanta, siguen siendo poco más de cuatro meses. No seis.

Cambian los nombres en las listas. No cambia quién se queda fuera.

Para terminar

No hablen por nosotras

Así que no hablen por mí ni por la mayoría de las madres que conozco. Madres que cada día intentan satisfacer las necesidades de los suyos, casi siempre a costa de ellas mismas, de su poder adquisitivo y de su calidad de vida.

Y créanme: ese espíritu de «sacrificio» no es para alabarlo. De hecho, nos repatea que en mayo aparezcan campañas de marketing que refuerzan ese estereotipo como si fuera una virtud que mantener. No queremos que nos alaben por estar siempre a disposición de todos sin que se nos tenga en cuenta ni se nos escuche.

Queremos RESPETO.

Queremos poder ejercer nuestros DERECHOS, todos.

Queremos IGUALDAD en lo que somos iguales y EQUIDAD para contemplar nuestras diferencias con justicia.

A ver si se enteran de una vez.

— Nohemí Hervada

Los políticos y la conciliación: No se han enterado de nada señorías.

Los políticos y la conciliación: No se han enterado de nada señorías.

En un momento en el que las únicas voces relacionadas con los derechos de las madres que oímos son las de colectivos que piden guarderías de 0 a 3 años e igualdad de permisos de maternidad y paternidad, me parece fundamental seguir hablando de otros modelos de conciliación que sí se ajustan a las necesidades de todos.
Para colectivos que piden que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales, se les olvida que las mujeres gestamos, parimos y amamantamos y esa función es exclusiva de nuestro género.

Antes que alargar la baja de paternidad los colectivos de madres llevamos años pidiendo que se amplíe la baja maternal al mínimo de 6 meses porque es un DERECHO DEL BEBÉ ser cuidado por la persona que para él mejor cumple la función de maternar, incluyendo amamantar.

Un bebé se alimenta exclusivamente de leche al menos hasta los primeros 6 meses, algunos hasta el año o más, así que pretender que renuncie a ese derecho para cumplir el objetivo político de cualquier otro colectivo es, no solo inconveniente desde el punto de vista de la salud y el desarrollo del bebé, sino que refleja un profundo desinterés en el bienestar y las necesidades de los niños.

La biología no es políticamente correcta y las mujeres tenemos derecho a maternar si lo deseamos todo el tiempo que nuestros hijos nos necesiten en exclusiva. Ya lo escribí hace años, que la igualdad en derechos ha de reconocer las diferencias y buscar la equidad. Para el bebé, mamá no es igual que papá, y una Ley que también vela por los más pequeños debería reconocer esa hecho fundamental de cómo somos los humanos en nuestra primera etapa. Y sobre todo entender que no satisfacer esas necesidades no tiene coste 0.

Si hay recursos para que la baja la coja también el padre, cuando hay padre, perfecto. Otra historia será para qué se cojan los padres esa baja, que ejemplos ya tenemos. Pero ampliar la del padre, cuando la de la madre es insuficiente es una solución bastante miope.


Para quienes, como el presidente Sánchez, opinan que el talento de las mujeres no puede perderse por ser madres, le recuerdo que esa decisión debería ser libre. Porque para la mayoría lo que no puede perderse es la oportunidad de criar a un hijo si se desea. Y la mayoría lo desea y no puede hacerlo porque luego nos penalizan al reincorporarnos al mercado laboral. Así que menos guarderías para criar bebés de 0 a 3 años y más enfocarse en políticas que permitan que nuestros hijos sean cuidados por las personas que desean hacerlo, sus madres, y no las instituciones. Inviertan en transformar la maternidad en algo valioso, reconocido, remunerado y que no se nos penalice a la vuelta.

Nuestro talento no se pierde por ser madres, lo estamos invirtiendo en nuestro mayor activo: l@s ciudadan@s del futuro, nuestr@s hij@s.

Ofrezcan otras vías de conciliación que no pasen por dejar a nuestros bebés y nosotras irnos a producir para vete a saber quién.
La mayoría de las mujeres que conozco no están locas por separarse de sus bebés de 16 semanas para reincorporarse a su empresa. Lo hacen porque no les han dado otra alternativa si no quieren perder independencia económica.

Prefiero que mis «talentos» estén enfocados en la dirección que yo elija, que en mi caso y en el de millones de madres, será criar y disfrutar de mis hijos, antes que abandonarles en manos de funcionari@s, que vete a saber cómo son y qué opinan de los niños, que siendo utilizados para mantener un sistema que sigue sin valorarnos en lo que realmente somos.

Trabajen ustedes para eliminar YA la brecha salarial, inviertan en educación para erradicar el machismo y la violencia de género, asegúrense que las madres no pierden poder adquisitivo ni social cuando crían a sus futuros contribuyentes, penalicen a las empresas DE VERDAD que siguen preguntando a las mujeres si van a tener hijos en sus entrevistas de trabajo, den ustedes ejemplo desde la clase política demostrando que los hijos, los suyos, les importan porque son lo más valioso que tenemos y que pueden perderse unas elecciones por haber parido y no pasa nada. De ustedes depende que de verdad «no pase nada» cuando una mujer vuelve tras ausentarse por haber estado pariendo y criando.

Porque mientras sus soluciones sigan siendo que las mujeres RENUNCIEMOS  a la posibilidad de criar hijos y amamantarlos el tiempo que queramos, mientras sus políticas de conciliación sean guarderías de 0 a 3 años,  acogidas tempranas y recogidas tardías en los centros escolares y campamentos de verano para que los niños estén con quien sea menos con sus padres… es que no han entendido ustedes nada.

Y la verdad es que da penita ver que da igual al ideología de los partidos de nuestro país, porque ninguno ha entendido qué necesitamos las madres y sobre todo, qué necesitan nuestros hijos.


Luego nos quejaremos de violencia, de fracaso escolar, de brecha intergeneracional… Cuando lo que ya sabe cualquiera que se ha molestado en averiguar cuáles son los cimientos de una sociedad sana es que invertir en autoestima es crucial. Y mal van nuestros hijos de autoestima si desde que nacen se dan cuenta que para sus padres, lo primero, es su trabajo.
Así no señor Sánchez, asi no #malasmadres, así no.

Cuánto crees que debería cobrar alguien que te salva la vida

Cuánto crees que debería cobrar alguien que te salva la vida

Primer día de paseo por el centro de Santiago de Chile y veo en una calle concurrida, peatonal, un camión de bomberos estacionado con un gran cartel que dice:

«¡Cuando menos lo esperas, las cosas sí pasan.
Ayúdanos a SALVARTE!»

HAZTE SOCIO
AYUDABOMBEROS.CL

Pregunto a mis amigas chilenas y me dicen que en su país los bomberos no cobran. Son todos voluntarios, que además tienen que pagar de su bolsillo una cuota para poder ejercer como tales. Por ese motivo, cada cierto tiempo, organizan campañas para recaudar fondos y conseguir socios que les ayuden a sufragar su trabajo.

Imaginad mi cara.
¿Que los bomberos no son funcionarios aquí?
¿Que no cobran?
¿Que encima tienen que pagar por su voluntariado?

Ayudabomberos.clNo salgo de mi asombro y me paro a hablar con  ellos y a preguntarles que cómo puede ser eso posible. Ellos, con toda la naturalidad  de asumir que eso es así y no hay más,  me explican su situación.

Yo estoy en un viaje  a 11000 kilómetros de casa, mitad vacaciones, mitad trabajo, llevo unos días en el país y ya me voy dando cuenta de la realidad con la que trabajan mis alumnas aquí («Acá» como dirían ellas).
Si en España que llevamos ya algunos años trabajando de forma profesional las Asesoras de Porteo y Asesoras Continuum  aún tenemos que explicar por qué cobramos por nuestro trabajo, aquí, que ni los bomberos cobran, ya me hago una idea de lo instaurado que está en algunas sociedades que los trabajos que tienen que ver con el cuidado, con el altruismo extremo, han de ser gratis.

Bueno no, gratis no, que recordemos que gratis no hay nada, han de ser financiados por la persona que presta el servicio.
O sea que no sólo estás disponible 24 horas al día, 365 días al año, no sólo das un servicio a quien lo necesita, no sólo, como en el caso de los bomberos, has de estar dispuesto incluso a arriesgar la vida por tu «cliente»… es que encima has de pagar por ello.
YA he escrito en varias ocasiones sobre el lado oscuro de creer que el voluntariado es moralmente superior al trabajo remunerado. Sobre el transfondo  de este tema hay una realidad que no todo el mundo quiere asomarse a ver porque es mucho más cómodo para la conciencia colectiva creer que el altruismo es siempre una expresión de generosidad y no

  • una forma de enmascarar desidia por parte de las administraciones de su responsabilidad de cuidar de sus ciudadanos, sobre todo de los mas desfavorecidos
  • un completo desajuste en la escala de valores de la propia sociedad que decide remunerar unas actividades y no otras a pesar de ser esenciales para la vida y bienestar
  • y en el peor de los casos una careta de bondad para el ego de aquellos que, regalando su trabajo, se aseguran el reconocimiento eterno de aquellos a quienes se lo ofrecen.

 

@EsmeraldaCBS

Lo cierto es que cuando una sociedad echa la carga de las labores que garantizan el bienestar en manos de sólo un porcentaje de la población que, bien sea por vocación, por responsabilidad social o por otros motivos, asumen  ese trabajo a costa de su propio bienestar personal, social y/o económico, cuando una sociedad instaura ese modelo, repito,  demuestra ser una sociedad injusta en su grado máximo.

No es justo que sea normal pagar a quien nos corta el pelo  o a quien nos corta el césped del jardín y creamos que las personas cuyo trabajo es arriesgar su vida para salvar la nuestra no merecen un reconocimiento y una remuneración.

El hecho de no profesionalizar ciertos servicios repercute, incluso, en la calidad del mismo.  Si no sólo no cobras por tu trabajo, sino que tienes que trabajar en otra cosa para cubrir tus propios gastos, ¿de dónde sacas  el tiempo y los recursos para formarte y actualizarte?  Y si lo sacas, ¿no es a costa de tu vida personal?, ¿es realmente ese un modelo sano y ejemplar?.
Cuando una administración paga un sueldo justo, a un bombero por ejemplo, se asegura no sólo de su disponibilidad cuando se necesita, sino de su formación y preparación constante.

En una ocasión escuché a alguien quejarse de que los bomberos tenían en sus instalaciones demasiadas comodidades, incluyendo piscina y gimnasio.  Que además libraban mucho y trabajaban poco.

  • Quizás esa persona no entiende que alguien que tiene que poder subir por una escalera varios pisos cargando su propio peso más unos 20-25 kilos de equipamiento debe estar en forma y que, por tanto, un gimnasio no es  una frivolidad sino parte de su entrenamiento diario.
  • Quizás esa persona no entiende que si los bomberos de su zona no «tienen trabajo» durante su turno significa que no hay una catástrofe, un incendio o un accidente al que acudir y eso es una buen noticia.  Y seguramente no entiende que cuando sí suena la alarma esos profesionales lo dan TODO. Y por «todo» queremos decir «todo».
  • Quizás esa persona no se ha parado a pensar  en cuánto valoraría su vida si tuviera que pagarla. Cuánto cree que debería cobrar alguien que anteponga su vida a la propia.
  • Quizás cree que su vida es más valiosa que la de aquél que la arriesga para salvarle y por eso puede exigir que lo haga gratis.

 

Lo malo no es que haya insensatos e ignorantes que piensen así. Lo malo es que lo piense toda una sociedad. Y no sólo con respecto al trabajo de los bomberos sino a cualquier trabajo que redunde en la seguridad y el bienestar de los demás. Si respetas un trabajo y el servicio que dan, respeta su derecho a vivir de él. A vivir BIEN de él.

A mí cuándo me dicen que por qué cobro por mi trabajo, les respondo siempre lo mismo:

Por respeto, porque soy una profesional.

Así que la próxima vez que pretendas algún servicio gratis pregúntate por qué, quién te da el derecho a exigir, por qué te molesta pagar por lo que recibes y a qué estás contribuyendo con tu demanda.

Y por supuesto si quieres colaborar con los Bomberos de Chile, aparte de asociarte y/o hacer alguna donación a su causa, quéjate de que no sea un servicio público. Las leyes las cambian los ciudadanos.

AyudaBomberos.Cl
@EsmeraldaCBS
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Nohemí Hervada
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