Nadie lo votó. Pero manda.
Qué es un delegado del Gobierno, quién lo nombra, cuántos hay y qué controla en tu comunidad. Y qué hay detrás de las dos dimisiones de este otoño.
Sigo con la serie sobre cómo funciona el Estado. Hoy toca explicar qué es un delegado del Gobierno. Porque en 27 días han dimitido dos:
Ceuta, 28 de septiembre. Miguel Ángel Pérez Triano, señalado por los avisos del CNI antes de la entrada masiva de julio.
Madrid, 25 de octubre. Francisco Martín, en plena acampada de Sol y una semana después de quedarse fuera de las listas del PSOE.
Dos titulares. Y un cargo que casi nadie sabría explicar.
Sin embargo, el delegado del Gobierno es quien tiene la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en tu comunidad. Quien decide sobre las manifestaciones. Y quien dirige todos los servicios del Estado en tu territorio.
Primero, la figura. Luego, los escándalos.
La figuraQué es y de dónde sale
Lo crea la Constitución, en su artículo 154: un delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en cada comunidad autónoma y la coordina con la administración autonómica.
La Ley 40/2015 (artículos 72 a 75) lo concreta:
Representa al Gobierno de la Nación en la comunidad autónoma.
Dirige y supervisa todos los servicios del Estado en ese territorio y los coordina con la comunidad y con los ayuntamientos.
Es un alto cargo con rango de subsecretario.
Ojo al matiz: representa al Gobierno, no al Estado. La representación ordinaria del Estado en cada comunidad la tiene su presidente autonómico. En Madrid, eso significa que el Estado lo representa Ayuso y el Gobierno lo representaba Martín. No es lo mismo. Y explica muchos choques.
Es el heredero de los antiguos gobernadores civiles, que desaparecieron en 1997. Su sitio en las provincias lo ocupan hoy los subdelegados.
Los númerosCuántos hay y dónde
19 delegados. Uno en cada una de las 17 comunidades autónomas, otro en Ceuta y otro en Melilla.
44 subdelegados. Uno en cada provincia de las comunidades con varias provincias. En las uniprovinciales, el delegado hace también de subdelegado. Madrid es la excepción: tiene los dos.
7 directores insulares. En las islas que no son sede de la subdelegación: Menorca e Ibiza-Formentera, en Baleares; Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, en Canarias.
Quién nombra a quién
Propone el nombre.
Lo nombra y lo cesa por real decreto. Sin concurso, sin oposición, sin pasar por el Congreso.
Alto cargo con rango de subsecretario. Nombra y cesa a los subdelegados de su comunidad.
Nivel de subdirector general. Tiene que ser funcionario de carrera del grupo más alto (A1), el que exige titulación universitaria. Se elige por libre designación.
Lo nombra el delegado, también entre funcionarios. Depende de él o del subdelegado de su provincia.
¿Y a quién rinde cuentas el delegado? Las delegaciones están adscritas al Ministerio de Política Territorial. Pero en cada materia responde ante el ministerio que toca. En seguridad, ante Interior.
Fíjate en el detalle: al subdelegado se le exige ser funcionario de carrera del grupo más alto, con titulación universitaria. Al delegado, ni una cosa ni la otra. La ley solo pide que se le nombre con criterios de «competencia profesional y experiencia» y que cumpla los requisitos de cualquier alto cargo. Al de abajo se le pide oposición. Al de arriba, confianza.
Esta semana lo has visto en directo. El lunes, el delegado saliente en Madrid cesó a su subdelegada. El martes, el Consejo de Ministros la nombró delegada. Toda la cadena, en 48 horas.
Las funcionesQué controla en tu comunidad
La seguridad ciudadana. La ley le da la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en su territorio, bajo la dependencia funcional de Interior.
Los derechos y libertades. Le toca protegerlos. En la práctica, las manifestaciones y concentraciones se comunican a la Delegación o a la Subdelegación, que puede pedir cambios o prohibirlas si hay riesgo para el orden público.
Los servicios del Estado en el territorio: extranjería, trabajo, sanidad, industria, agricultura, inspección educativa, protección civil, la unidad contra la violencia sobre la mujer…
La coordinación con la comunidad autónoma y los ayuntamientos: convenios, comisiones bilaterales, transferencias.
Informar al Gobierno de lo que pasa en su comunidad, incluido un informe anual sobre los servicios públicos estatales.
Es el ojo, la mano y la voz del Gobierno en tu territorio.
Con la Policía y las manifestaciones de por medio, debería ser un cargo neutral y técnico. Veamos qué pasa cuando no lo es.
El perfilUn cargo de confianza política
Como lo elige el Gobierno, el delegado suele ser alguien del partido que gobierna. Ha pasado con todos:
Cristina Cifuentes (PP) fue delegada en Madrid de 2012 a 2015. De ahí saltó a candidata y a presidenta de la Comunidad.
Maria Eugènia Gay (PSC) dejó la Delegación en Cataluña en 2023 para ir de número dos de Jaume Collboni en Barcelona.
Miguel Ángel Pérez Triano era delegado en Ceuta y, a la vez, secretario general del PSOE de Ceuta y precandidato a presidir la ciudad en 2027.
Francisco Martín, militante socialista desde el año 2000, es del círculo de confianza de Pedro Sánchez. En 2017 presidió Bancal de Rosas, la asociación que recaudó las donaciones para su campaña de primarias: unos 128.900 euros. En 2025, en la comisión del Senado, se negó a entregar la lista de donantes alegando un compromiso de confidencialidad. Después fue secretario general de la Presidencia del Gobierno (2021-2023) y de ahí pasó a la Delegación.
La ley electoral les impide presentarse por su territorio mientras ocupan el cargo. Por eso, cuando toca lista, se van. Demasiadas veces, el cargo funciona como trampolín o como sala de espera.
Si el que tiene la jefatura de la Policía es del partido, cada decisión se lee como una jugada de partido.
Caso 1 · CeutaLos avisos que nadie recibió
Pérez Triano llegó a la Delegación en febrero de 2026. Lo que vivió la ciudad después ya lo conté en Ceuta no tiene foto. Hoy, la cronología del cargo:
El CNI escribe por WhatsApp al gabinete de la Delegación: en redes se convoca una entrada por la valla y por mar para el día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí. El jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, habla además 11 minutos por teléfono con un agente.
Entrada masiva: 72.000 personas, según Interior.
El delegado sostiene que no le trasladaron esos mensajes. A finales de mes, Manos Limpias lo denuncia y un juzgado de Ceuta abre diligencias.
El Congreso reprueba al ministro del Interior por la crisis. El 11, dimite Gonzalo Sanz por la «evidente incompatibilidad» entre su versión y la del delegado: él asegura que sí se lo trasladó, en persona, ese mismo 29 de julio. A mediados de mes, la investigación pasa a la Audiencia Nacional, a la jueza María Tardón.
Dimite Pérez Triano. Denuncia un acoso constante, cuenta que le dejaron una corona fúnebre en la Delegación y anuncia que deja la política. Ese mismo día, la jueza abre diligencias previas sobre él.
El Consejo de Ministros nombra delegado a David de la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María. Al día siguiente, Sanz ratifica ante la jueza que entregó los mensajes.
La jueza María Tardón blinda la causa con una pieza secreta. Dice ver «algunos indicios» de implicación de personas con altas responsabilidades públicas y de relaciones con personas vinculadas a gobiernos extranjeros. Cita a mandos policiales y a consejeros de Ceuta y pide al Ejército informes e imágenes de satélite. El 27 de octubre pide al Consejo de Ministros que desclasifique en 15 días más notas del CNI y la lista de autoridades que recibieron los avisos.
Sobre la cifra: los 72.000 son el dato que dio Interior el 4 de agosto. El Gobierno de Ceuta habla de 80.000 y Marruecos, de unas 40.000. No hay una cifra oficial publicada en la estadística de Interior.
Al dimitir, Pérez Triano dijo (según recogió Reuters) que la Delegación no tenía el control operativo de la frontera ni de las fuerzas de seguridad.
La ley dice que la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en su territorio corresponde al delegado. Puede que el mando del día a día esté en otras manos. Pero entonces la pregunta es otra: si el delegado no manda cuando llega la crisis, ¿para qué está?
Investigado no es culpable. La jueza María Tardón (Audiencia Nacional) abrió diligencias previas sobre Pérez Triano el 28 de septiembre, tras una querella de Abogados Cristianos, y pidió informe a la Fiscalía. Eso no determina ninguna responsabilidad, y por ahora no consta que lo haya citado a declarar como investigado. Los indicios sobre «altos responsables» de los que habla la jueza no tienen nombre público. Lo documentado son los mensajes del CNI y dos versiones incompatibles sobre si llegaron al delegado. El Gobierno sostiene que ningún aviso anticipaba la magnitud de lo que pasó.
Y fíjate en el orden de salida: primero el jefe de gabinete. Después, el delegado. El ministro, reprobado por el Congreso, sigue.
La cuerda siempre se rompe por el eslabón más bajo.
Caso 2 · MadridLa plaza y las listas
Francisco Martín era delegado en Madrid desde marzo de 2023. Su etapa ha sido un choque permanente con la Comunidad y con el Ayuntamiento, los dos del PP. Ayuso llegó a llamarle «comisario político» de Sánchez. Los últimos frentes:
La acampada de Sol. Empezó el 26 de septiembre, tras la protesta por el desahucio de Maricarmen (lo analicé en la foto y los datos), impulsada por el Sindicato de Inquilinas. Martín se negó a desalojarla invocando el derecho de reunión. La Comunidad le dio 48 horas y fue a los tribunales; el TSJ de Madrid rechazó la medida cautelarísima el 5 de octubre. El Ayuntamiento suma más de 200 sanciones en la acampada y Almeida anunció el 27 de octubre una denuncia penal contra él por inacción.
Las cargas en Ciudad Universitaria. El 14 de octubre, primer día de huelga educativa, Martín pidió una «investigación de urgencia» sobre la actuación policial. Jupol y CEP, dos de los principales sindicatos de la Policía Nacional, exigieron su dimisión por cuestionar a los agentes antes de investigar.
Las listas. Una semana antes de dimitir, el PSOE lo dejó fuera de sus candidaturas al Congreso y al Senado para el 29N.
El 25 de octubre dimitió. Según El País, porque «no se dan las condiciones» para seguir. Él negó que fuera por la Policía, por su subdelegada o por las listas. En su despedida habló de aciertos y errores y dio las gracias a Pedro Sánchez.
Le sustituye Pilar Trinidad, su subdelegada desde diciembre de 2023.
Para unos, Martín fue el delegado que defendió el derecho de reunión frente a dos gobiernos que querían vaciar la plaza. Para otros, el que convirtió la Delegación en una trinchera contra Ayuso y, según Jupol, usó a la Policía «como escudo» cuando le convino.
Y aquí hay otra línea fina: la que separa manifestarse de quedarse con un espacio que es de todos.
Una acampada puede ser una forma de protesta y estar amparada por el derecho de reunión. Pero ese derecho no es ilimitado: cuentan la duración y el impacto en los demás (moverse, usar los servicios, la seguridad, el uso normal de la plaza).
El comercio. La Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem) cifra las pérdidas en cerca de 25 millones de euros y pidió por carta al delegado que pusiera fin a la situación. Hay comerciantes que hablan de caídas de ventas de hasta el 50 %.
El transporte. El 16 de octubre, Metro de Madrid cerró la estación de Sol tras detectar amoníaco en los pozos de ventilación, que atribuye a la orina y las heces acumuladas bajo la plaza.
Y sigue. Un mes después, la acampada ha reducido tiendas, pero no se va: «La acampada sigue, no hay retirada», dicen sus integrantes. Lo que queda se ha cerrado sobre sí mismo, con lonas que impiden ver el interior y accesos vigilados por activistas.
Sus propias normas. Según El Mundo, la acampada se ha dotado de dos comisiones, de Cuidados y de Mediación, con protocolos propios para gestionar conflictos, atender denuncias de agresiones y aplicar medidas disciplinarias.
Fíjate en lo que eso significa: en mitad de la plaza más céntrica del país, el kilómetro cero, hay un espacio al que no se puede acceder, con la entrada vigilada y sus propias reglas para resolver conflictos y agresiones. Eso ya no es solo ocupar la plaza de todos. Es poner dentro un orden paralelo. Y la seguridad de ese espacio también es competencia del delegado.
La pregunta que me hago es si de verdad la decisión de mantener el campamento se tomó por la libertad de reunión o por interés político. Cuando la Comunidad y el Ayuntamiento le pedían desalojar, el delegado respondía hablando de la «verdadera inactividad» de Ayuso y Almeida en vivienda. Eso ya no es gestionar el orden público. Es hacer oposición desde la Delegación.
Ojo, que el pulso fue de ida y vuelta. Metro, que depende de la Comunidad, cerró su estación. Cercanías, que depende del Ministerio de Transportes, mantuvo abierta la suya porque no vio problemas sanitarios. La misma plaza, dos diagnósticos. Cada administración la miró con su carné.
Lo que queda fuera del encuadre: cuando quien gestiona la seguridad es un cargo de partido, ya nadie discute la decisión. Se discute el carné.
La línea finaReunirse, sí. Reventar, no.
Este mes hemos visto otra decisión de delegado con consecuencias. Primero, cómo funciona:
Las manifestaciones no se autorizan: se comunican. Con 10 a 30 días de antelación (24 horas si es urgente), a la Delegación o a la Subdelegación.
El delegado puede prohibirlas o cambiarles el sitio, la hora o el recorrido, pero solo si hay razones fundadas de que se altere el orden público con peligro para personas o bienes (Ley Orgánica 9/1983, artículo 10).
Protestar contra un acto no es delito. Lo que sí lo es: impedir una reunión lícita o perturbarla gravemente. Con violencia, el Código Penal lo castiga con dos a tres años de prisión (artículo 514.4).
Y ahora, los hechos:
A Coruña, 21 de octubre. Acto de Vox con Santiago Abascal en la plaza de María Pita. Galiza Nova había comunicado el 17 una protesta en la misma plaza. La Delegación del Gobierno en Galicia dice que la Policía no emitió informe desfavorable. Resultado: objetos lanzados contra los agentes, 12 policías heridos y 2 detenidos.
Mahón, 23 de octubre. Unas 400 personas se concentraron a pocos metros de otro mitin de Abascal. Según Vox, rodearon y golpearon su coche y lanzaron sillas a la Policía.
Vox se ha querellado contra los dos delegados, Pedro Blanco (Galicia) y Alfonso Rodríguez (Baleares). El ministro de Justicia lo ha llamado un intento de intimidar a cargos progresistas.
Los dos grupos tenían derecho a reunirse. Eso no se discute. La pregunta es otra: ¿era previsible el choque? Cuando ya sabes que hay un acto comunicado, poner la protesta en la misma plaza tiene un riesgo que ve cualquiera. Y la ley le da al delegado la herramienta para evitarlo: cambiar el sitio.
Si hubo delito, lo dirá un juez. Pero la decisión de no mover la protesta fue de la Delegación. Y eso, aunque no sea delito, es responsabilidad política.
Dos versiones. Vox sostiene que la Delegación de Galicia conocía el riesgo de incidentes y que en Mahón faltaron medios. La Delegación de Galicia responde que no hubo ningún informe policial desfavorable que le permitiera prohibir o modificar la protesta. La querella está en sus inicios.
Lo que tienen en comúnDimitir no es rendir cuentas
Las dos salidas se han explicado sobre todo por el entorno: el acoso, en un caso; que «no se dan las condiciones», en el otro. La pregunta de fondo sigue abierta: quién supo qué en Ceuta y con qué criterio se gestionó Sol.
Los dos estaban atados al partido. Uno era su líder local y precandidato. El otro se fue cuando el partido le cerró la lista.
La responsabilidad se queda abajo. Se van el jefe de gabinete y el delegado. Quien los nombra y quien dirige Interior, no.
Ya lo vimos en Cambiar de tema tampoco es una respuesta: la responsabilidad política no se agota en irse.
¿Por qué al subdelegado se le exige ser funcionario de alto grado y con título universitario, y al delegado no?
¿Sabes quién es el delegado del Gobierno en tu comunidad? ¿Y de qué partido es?
Si mañana hay una crisis en tu ciudad, ¿quién da la orden? ¿Y quién responde si no la da?
El poder que no sale en la papeleta
Votamos alcaldes, parlamentos y, a través del Congreso, al presidente del Gobierno. Pero buena parte del poder que toca nuestra vida diaria no pasa por las urnas. Se nombra.
El que decide si una manifestación cambia de recorrido o se prohíbe.
El que tiene la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en tu comunidad.
El que recibe, o no, los avisos cuando algo va a pasar.
No hace falta que te sepas el nombre de los 19. Pero sí que existen, quién los pone y a quién rinden cuentas. Porque cuando llega la crisis, la pregunta no es quién salía en la foto. Es quién tenía que actuar.
Nadie lo votó. Pero manda. Por eso conviene saber quién es y a quién obedece.
— Nohemí Hervada
