Elecciones en caliente.
Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre. No es casualidad que sea ahora: se legisló a golpe de lágrima y ahora se quiere que votemos igual.
Este lunes, 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció en una declaración institucional, sin preguntas, que convoca elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. Tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda (178 votos contra 172 y 184 contra 166).
Sus palabras: «hay insatisfacción», «hemos cometido errores», «para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente».
Llevo tres posts hablando de esto: de cómo se señaló a quien votó no, de legislar a golpe de decreto y de qué es la política. Hoy toca unir los puntos.
La farsa no es convocar elecciones. La farsa es el momento y el marco.
El punto de partidaUn Gobierno que no ganó las elecciones
Sánchez fue investido en noviembre de 2023 con los votos de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Es legal, así funciona el parlamentarismo. Pero tuvo un precio, y lo pagó con partidos con los que había prometido no pactar, incluidos partidos de derechas como Junts, PNV o CC:
Junts: ley de amnistía para los condenados del procés.
ERC: condonación de 15.000 millones de deuda y el traspaso de Rodalies.
PNV: traspasos, entre ellos la gestión de la Seguridad Social.
Coalición Canaria: inversiones y 100 millones para La Palma.
Lo que decía antes:
«Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, lo digo cinco veces o veinte».
«Ni yo ni el 95 % de los españoles dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno».
La amnistía «no entra dentro de la Constitución».
¿Y Bildu? No hay pruebas de un pago. Pero hay datos:
En 2021, la competencia de prisiones pasó al Gobierno vasco.
En marzo de 2023 se acabó la dispersión: todos los presos de ETA, en cárceles vascas o navarras.
Hoy, 73 de los 112 presos de ETA están en tercer grado o en régimen flexible (datos de Sare, la red de apoyo a los presos).
Las grabaciones de Koldo García apuntan a contactos de Santos Cerdán con Bildu en Navarra que nadie ha explicado.
Nota: la relación entre el apoyo de Bildu y la política penitenciaria es una sospecha política, no un hecho probado. El Gobierno siempre lo ha negado. Ahí quedan los datos.
Sin mayoríaNi un solo presupuesto
La investidura le dio el cargo. No le dio una mayoría para gobernar. La prueba: en toda la legislatura no ha aprobado ni un solo presupuesto. Seguimos con los de 2023, prorrogados en 2024, 2025 y 2026. El plazo para presentar los de 2027 venció el 30 de septiembre sin que los presentara.
¿Cómo se gobierna sin presupuestos y sin mayoría? Por decreto.
El caso Maricarmen y el decreto exprés
María del Carmen Abascal, 87 años, vivía en un piso de renta antigua del Retiro (Madrid), con un contrato de 1956. La desahuciaron el 23 de septiembre. Las imágenes, sacándola en camilla, dieron la vuelta a España.
Ese mismo día, desde Nueva York, Sánchez dijo: «Si hubiéramos convalidado el decreto ley, no se habría producido este desahucio».
Lo que no se contó tanto:
El edificio no lo compró un fondo buitre, sino Urbagestión, una microempresa de 7 empleados que se define como «una sencilla pyme».
El desahucio era legal y lo avaló el Supremo en marzo de 2026: según la ley de alquileres de 1994 (aprobada por un Gobierno socialista), la subrogación del contrato se extinguió en 2007.
La propia Maricarmen dijo en RTVE, horas antes, que Sánchez «no se entera o no quiere enterarse» de los desahucios que hay cada día.
Y con la emoción a flor de piel, el Gobierno aprobó dos decretos a toda prisa. Al presentarlos, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció: «Tengo un cacao». El Congreso los tumbó.
«No va a haber más desahucios en España cuando haya un Gobierno socialista. Ese va a ser mi compromiso». Pedro Sánchez, 2015.
Lo dijo más de una vez. Míralo en vídeo.
El alquiler ha subido un 45 % en esos ocho años y la inflación, un 27 %. Tres años después de la Ley de Vivienda de 2023, el alquiler ha subido un 30,7 % y la oferta ha caído un 69 % en Barcelona. Y en 2019 el propio Sánchez rechazaba las medidas de Podemos sobre alquiler por «intervencionismo».
¿Quién es un buitre?Depende de lo cerca que estés del Gobierno
El relato es sencillo: quien vota sí está con el derecho a la vivienda; quien vota no, con los fondos buitre. Pero los datos dicen otra cosa:
Más del 90 % del alquiler en España es de personas físicas. Las empresas tienen el 8 % (Banco de España).
Muchas de esas personas alquilan un segundo piso para completar ingresos escasos, asegurarse la jubilación o guardarlo para sus hijos. Y se les llama buitres.
Mientras tanto, en el partido que reparte el calificativo:
23 de los 121 diputados del PSOE tienen 3 o más inmuebles, y 17 declaran ingresos por alquiler.
La diputada Mercè Perea tiene 13 inmuebles y cobra 18.041 € al año de alquileres.
El ministro Félix Bolaños, 11.797 €. Pedro Sánchez, 12.845 €.
Y la escena de la semana: El Gran Wyoming, que ha reconocido tener 19 pisos («he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero»), entrevistando en El Intermedio a la portavoz del Sindicato de Inquilinas sobre lo mal que está especular con la vivienda.
Ser buitre no depende de cuántas casas tengas, sino de lo cerca que estés del partido.
La indignaciónEs real, pero no es la que te cuentan
Es cierto que la sociedad está indignada. Pero no hablo de la pretendida secuela del 15M acampada en la Puerta del Sol. Hablo de un hartazgo general que viene de lejos.
En noviembre de 2023, cuando se creó el Ministerio de Vivienda, la vivienda era el 12.º problema de los españoles para el CIS. Desde diciembre de 2024 es el primero, y llegó a su récord en febrero de 2026: 42,8 %. No es un problema que este Gobierno heredara. Es un problema que ha empeorado con él, también por medidas que espantan al pequeño propietario: alargar los desahucios de inquilinos que no pagan (la deuda media del moroso subió a 8.489 € en 2025) o el riesgo de cometer coacciones si le cortas los suministros, aunque los sigas pagando tú.
Pero no es solo la vivienda:
Poder adquisitivo: la inflación de septiembre es del 4,9 %, la más alta desde 2023. La cesta de la compra cuesta un 40 % más que en 2021. La gasolina, a 1,83 €/L. Y los salarios reales siguen un 2 % por debajo de 2021 (OCDE).
Sanidad: 853.740 pacientes esperando una operación, un récord, con 122 días de espera media. Solo el 21,8 % consigue cita con su médico de familia en 24-48 horas.
Educación: PISA 2025 da los peores resultados de la serie: lectura 451 (−23 puntos) y matemáticas 457 (−16).
Seguridad: el total de delitos se mantiene, pero suben los violentos: homicidios +7,7 % en 2025; delitos sexuales +4 % y riñas +10 % en el primer semestre de 2026.
«A la cabeza del mundo»
En noviembre de 2025, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciaba trenes a 350 km/h para «mantener a la alta velocidad española a la cabeza del mundo».
Dos meses después, el 18 de enero de 2026, un Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba) y chocó con un Alvia: 46 muertos y 292 heridos, el peor accidente ferroviario desde 2013. Lo que se sabe:
Un carril se rompió 40 cm por una soldadura defectuosa.
El sistema que debía alertar de la rotura estaba mal ajustado, y los inspectores no tenían la experiencia exigida (informe de la Guardia Civil).
El sindicato de maquinistas había avisado en agosto de 2025 del desgaste de la vía.
Adif dedica el 84 % de su presupuesto a obra nueva y solo el 16 % a mantenimiento.
Según el ministro, la vía estaba «supuestamente en perfecto estado». Dos días después, en Gelida, un tren de Cercanías chocó con un muro caído sobre la vía: un maquinista en prácticas muerto. Y en agosto, el mejor mes del año, solo el 52,9 % de los trenes de Rodalies llegó a su hora.
Un ministerio cuyo anterior titular cumple 24 años de cárcel.
Las víctimasLos que se quedan sin foto
La Palma: cinco años después del volcán, cientos de familias siguen en módulos y caravanas. No se ha terminado ninguna vivienda pública y faltan 250 millones por repartir.
DANA: 233 muertos. Nueve meses después, el Estado había pagado solo el 15 % de sus ayudas directas.
Ceuta: en julio, decenas de miles de inmigrantes entraron en 48 horas, con los centros de menores al 1.600 %. El presidente de la ciudad dijo que el Gobierno «no entendía la dimensión».
Incendios: 2025 fue el peor año desde 2006, y 2026 ya roza las 300.000 hectáreas, el triple de la media.
El foco y la sombra
Si estas elecciones se hubieran convocado hace un mes, la campaña habría girado en torno a esto:
José Luis Ábalos, exministro de Transportes: condenado por el Supremo a 24 años y 3 meses de prisión. Koldo García, a casi 20.
Santos Cerdán, ex número tres del PSOE: estuvo en prisión provisional y sigue investigado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: condenado por revelación de datos reservados.
El hermano del presidente: condenado en primera instancia a 9 años de inhabilitación.
La mujer del presidente: enviada a juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación.
El PSOE: la Audiencia Nacional investiga sus pagos en metálico, y Anticorrupción estudia pedir su imputación como partido en el caso de las «cloacas» de Leire Díez.
Hoy todo eso se apaga bajo el foco de luz intensa que ilumina a un grupo de enfadados acampados en la Puerta del Sol, gritando consignas con poca verdad y mucha demagogia.
Trabajan más los spin doctors que los ministros. Se emplean más recursos en crear y difundir el relato que en hacer política.
Y así, del mismo modo que se legisla en caliente, a golpe de lágrima, se quiere que votemos en caliente. Aprovechando una ola de indignación por un problema real, la falta de oferta de vivienda, sobre todo en las zonas tensionadas, como si estas elecciones fueran un referéndum: o le votas a él, o estás con los que votaron no a los decretos. Es el viejo «que viene la ultraderecha», y por qué a mí ya no me funciona lo cuento en ¿Que viene el Coco?
No es un referéndum. Es un balance.
No es un 15M. Es una clase media que paga más por todo, espera más para todo y recibe menos de todo. Y a esa indignación no se la apaga con un decreto en caliente ni con una campaña de siete semanas.
El 29 de noviembre no se vota si estás a favor o en contra del derecho a la vivienda. Se vota la gestión de ocho años.
Antes de votar, enfría la cabeza. Y mira los datos, no la foto.
— Nohemí Hervada
