CAUSAS de temporada.

Hay causas, como la ley trans, que se defienden a muerte mientras dan votos y titulares. Y que se abandonan en silencio cuando empiezan a dar problemas que nadie quiere explicar. Entonces llega la temporada siguiente.

Hay gente que se mete en una causa porque no puede no hacerlo. Pone horas, pone dinero de su bolsillo y se gana enemigos. Eso es activismo.

Y hay gente que ha convertido la causa en su carrera: una nómina, una subvención que renovar cada año o un cargo público que depende de que esa causa siga dando votos y titulares. Eso es otra cosa.

Se defiende mientras rinde, se cambia cuando cuesta

No hablo de quien trabaja por una causa. Hay abogadas, psicólogas y educadoras sociales sin las que mucha gente estaría sola, y ese trabajo merece un sueldo. Hablo de quien usa la causa como medio de vida o como escalera hacia un sillón. Para esa gente, el objetivo ya no es resolver el problema. Es la atención mediática que da. Y eso tiene dos consecuencias:

• Mientras la causa rinde, se defiende a muerte. Quien avisa de un problema no es una compañera con dudas: es una enemiga. Se la etiqueta, se la aparta y, si hace falta, se la denuncia.
• Cuando la causa empieza a costar, se cambia. Como quien cambia de ropa por temporada. Sin explicar nada, sin rectificar nada.

La ley trans es el ejemplo más claro que hemos vivido en España en los últimos años.

LA CAUSA, en mayúsculas

Mientras Podemos estuvo en el Gobierno, la causa trans y no binaria fue la bandera. Había otras cosas en la agenda (la ley de vivienda de 2023 la negociaron ellos), pero ninguna tenía ese altavoz:

El colectivo más oprimido, a todas horas, en todas partes.

El Ministerio de Igualdad pasó de 181 millones en 2019 a 573 millones en 2023, una «cifra histórica», en palabras del propio Ministerio. El 46 % fue a violencia de género y el 41 % a igualdad de oportunidades. Lo revelador no es el reparto del presupuesto. Es dónde pusieron el altavoz.

• Más campaña para diversidad que contra la violencia machista, en un ministerio que se presentaba como feminista.
• Mientras tanto, las pulseras antimaltrato. El contrato de 2023, unos 35 millones, lo firmó Ángela Rodríguez «Pam», la número dos de Montero. Los fallos en el cambio de proveedor se relacionaron con sobreseimientos y absoluciones de maltratadores, e Igualdad acabó pidiendo perdón en 2025.

Se rieron del aviso

Las feministas que llevaban décadas en esto avisaron por activa y por pasiva. Una ley que no sabía definir el sujeto político «mujer». Sin ningún mecanismo contra el fraude. Con efectos previsibles en cárceles, deporte, cuotas y estadísticas.

• Pidieron reunirse con la ministra. No las recibió. En octubre de 2020, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denunció que Montero llevaba meses negándose a recibir a los colectivos críticos y que solo se reunía con grupos afines.
• Se rieron del aviso. En enero de 2023, en un acto de Podemos, Pam se burló entre risas de «los violadores a la calle», presentándolo como la secuela de otro aviso que también le parecía ridículo: que la gente iría al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas. Se rió a la vez de los dos avisos.
• Preguntar ya era tránsfobo. En marzo de 2023 le preguntaron si la ley podía usarse con fines delictivos. Respondió que pensar eso era una mirada «profundamente tránsfoba».
• Y luego lo reconoció. Pam admitió que, si alguien cambia de sexo en el registro y después agrede a una mujer, no se aplicaría la ley de violencia de género. Exactamente el agujero que habían señalado.
• Para la ministra, todo era transfobia. En el Congreso, respondiendo a las feministas del PSOE, Montero dijo que eran «conscientes de la transfobia en el debate público». En mayo de 2023, cuando un grupo de jóvenes feministas interrumpió su mitin, respondió con un «fuera transfobia».

Avisar tenía un precio, incluso dentro del Gobierno. Que se lo pregunten a Carmen Calvo, vicepresidenta primera y feminista del PSOE:

• Julio de 2021: tras meses de choque con Montero por la ley trans, sale del Gobierno en la remodelación, días después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto.
• Abril de 2022: más de cien asociaciones trans piden al PSOE que la aparte de la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso.
• Diciembre de 2022: se abstiene en la votación de la ley («de acuerdo con que exista una ley, pero no esta») y su partido le impone la multa máxima de su reglamento. En febrero de 2023 vuelve a abstenerse.
• Y el mensaje interno: un nuevo cargo del PSOE presumió de haber apartado de la primera línea a «ciertas voces que han hecho mucho daño» con posiciones contrarias a la ley.

Si eso le pasaba a la número dos del Gobierno, imagina lo que esperaba a una psicóloga o a una abogada sin cargo.

¿En qué otra ley basta con decirlo?

Piensa en cualquier derecho, ventaja o mecanismo para compensar una discriminación. Todos exigen demostrar que te corresponde:

• Discapacidad: valoración de un equipo, informes y un certificado con porcentaje. Aunque te falten las piernas y sea evidente.
• Víctima de violencia de género: necesitas un título que lo acredite, como una orden de protección o un informe de los servicios especializados.
• Familia numerosa: un título oficial, con el libro de familia, que hay que renovar.
• Incapacidad laboral o una beca: tribunal médico, informes o declaración de ingresos. Todo se revisa para evitar la trampa.

La buena fe que la ley no presupone nunca, aquí se dio por hecha. Y plantear la posibilidad de trampa te convertía en sospechosa.

La ley incluye una salvaguarda: el cambio no borra la responsabilidad por violencia de género cometida antes de hacerlo. Pero no hace falta borrar nada para salir ganando. Basta con cambiar de módulo.

• Para un violador o un asesino, una cárcel de mujeres es mejor destino. Es un entorno mucho menos violento que un módulo de hombres.
• Y es meter al lobo en el redil. Las presas no pueden irse, ni cambiar de celda, ni elegir con quién se duchan. Son las únicas mujeres que no pueden huir.
• No es una hipótesis. En Reino Unido, Karen White, con un historial de violaciones, fue enviada en 2017 a la cárcel de mujeres de New Hall y agredió sexualmente a dos reclusas. Fue condenada a cadena perpetua y el Ministerio de Justicia pidió perdón.
• Los datos oficiales británicos: entre 2010 y 2019, 7 de las 124 agresiones sexuales en cárceles de mujeres las cometieron presos trans. Eran en torno al 1 % de la población reclusa femenina y cometieron el 5,6 % de las agresiones.
• Reino Unido rectificó. Hoy, quien conserva genitales masculinos o está condenado por delitos sexuales no va al módulo general de mujeres salvo casos excepcionales. Según el Gobierno británico, desde que endureció los controles no ha habido agresiones sexuales de mujeres trans en cárceles de mujeres. Los controles funcionan. Justo lo que aquí se llamó transfobia.
• Canadá, con datos de su propio servicio de prisiones: de las personas trans presas con delitos sexuales, el 85 % son hombres de nacimiento, y casi todas cometieron esos delitos antes de identificarse como trans. Más de la mitad agredieron solo a mujeres, y casi la mitad, a menores. Allí cada traslado se evalúa caso por caso, y la mayoría de las mujeres trans presas sigue en cárceles de hombres.
• En Cataluña, en cambio, Justicia explica que la norma es ubicar a cada interno en el módulo del sexo con el que se identifica.
• Y en España, Interior ni siquiera sabe cuántos presos han cambiado su sexo registral desde 2023.

Pues está pasando

No estamos diciendo que toda persona trans sea sospechosa. Pero una ley no se mide por cómo la usan los que actúan de buena fe. Se mide por lo que permite a los que no.

Jonathan de Jesús Robaina mató y violó a su prima Vanessa Santana, de 21 años, en Betancuria (Fuerteventura).

• El celador de Olot asesinó a 11 ancianos, la mayoría mujeres de entre 80 y 96 años, y cumple 127 años de condena. En 2026 se publicó que se ha inscrito como mujer y que, desde principios de año, está en el módulo de mujeres de la cárcel de Figueres, con una treintena de reclusas, la mayoría jóvenes.
• En la cárcel de Asturias, en marzo de 2023, recién aprobada la ley, dos presos pidieron el cambio registral y otros cuatro anunciaron que lo harían, para poder pedir el traslado a un módulo femenino.
• El cabo Roberto, en Ceuta (2024), se hizo viral posando en minifalda de camuflaje tras cambiar su sexo registral. Hasta la FELGTBI+ lo calificó de «fraude de ley».
• De hombre a mujer: en los primeros meses de la ley, el 61,5 % de los cambios registrales fue en ese sentido.

Y ya hay personas transexuales diciéndolo. María José Hernández, expresidenta de Transexualia, lo dijo así: «No todo es transfobia. La mujer tiene derecho a defender su espacio». Las propias personas transexuales son las primeras perjudicadas cuando cualquiera puede meter la cuchara en su puchero por ley.

Ya no la promueven: la usan como arma

Desde que los casos empezaron a ser noticia, no he encontrado ni una declaración de Montero ni de Belarra sobre el celador de Olot. La causa que lo era todo ya no se defiende. Solo aparece cuando sirve para atacar.

En septiembre de 2025, en Todo es mentira (Cuatro), Ione Belarra debatía con la abogada penalista Paula Fraga sobre Israel. El debate no iba de esto. Pero Belarra conocía la postura de Fraga y le soltó la pregunta trampa: «¿Una mujer trans es una mujer?».

• Fraga respondió que no.
• Belarra pidió a Risto Mejide que no volviera a invitarla: no debía dar espacio a «personas tránsfobas con un discurso de odio».
• Fraga no se achicó: «No es transfobia, es realidad biológica. Vale, pues denúnciame».

No era un debate. Era una trampa.

A una abogada penalista no la asustas con una denuncia. A una psicóloga o a una activista sin recursos, sí. Y el proceso ya es el castigo, aunque al final se archive:

• Carola López Moya, psicóloga sevillana, fue denunciada en 2021 por dos asociaciones por unos tuits críticos con la identidad de género. La Junta de Andalucía le abrió un expediente sancionador por promover terapias de conversión, el primero de España. Se enfrentaba a multas de 60.000 a 120.000 euros y a la inhabilitación. Se archivó en 2022: no había infracción. Gobernaba el PP. El arma funciona gobierne quien gobierne.
• Aquí, en Canarias, el Cabildo de Gran Canaria canceló en octubre de 2022 el III Congreso Estatal Mujeres y Deporte. El motivo: una mesa titulada «La defensa de las categorías deportivas femeninas», con la abogada deportiva Irene Aguiar. Las áreas implicadas, Deportes e Igualdad, estaban en manos del PSOE y de Podemos. Dinero público para cancelar un debate sobre mujeres deportistas.
• El congreso se trasladó a Tenerife, y allí Podemos y Diversas LGTBI pidieron vetarlo. Los colectivos amenazaron con abandonar la Mesa Insular de Diversidad y pidieron medidas cautelares amparándose en la ley trans canaria. Entre las ponentes «tránsfobas» había una mujer trans, jugadora de fútbol sala. El Cabildo aguantó y el congreso se celebró en marzo de 2023.

Por qué cuesta tanto escuchar un aviso cuando viene «del otro bando» lo conté en Huérfana de bandos.

Ahora toca la vivienda

La causa trans ya no da titulares favorables: da problemas que nadie quiere explicar. Así que ha llegado la nueva temporada. Ahora la causa es la vivienda. Es un problema real y grave, como lo son la discriminación y la violencia. Pero cuando se convierte en la causa a la que hay que suscribirse para tener votos y focos, conviene preguntarse quién habla por ella, quién la financia y por qué se eligen unos casos y no otros.

No es la primera vez. El Sáhara fue bandera de la izquierda durante décadas. En marzo de 2022, el Gobierno de Sánchez cambió de posición y respaldó el plan de autonomía de Marruecos. Podemos lo criticó, pero siguió en el Gobierno.

De eso va la segunda parte.