Vivienda · Activismo · Sin filtros

LA CAUSA de esta temporada.

La vivienda es un problema real. Por eso mismo conviene preguntarse quién habla en su nombre, qué pide de verdad y por qué unos casos llegan a Moncloa y otros no.

En la primera parte conté cómo una causa se defiende a muerte mientras da votos y se abandona en silencio cuando empieza a dar problemas. Y terminé con un aviso: ahora toca la vivienda, y con ella, el Sindicato de Inquilinas.

El problema es real. Alquileres más altos que el propio sueldo, zulos alquilados como vivienda, gente en la calle, pisos patera… Nadie con dos ojos lo niega. Pero precisamente porque es grave, no debería convertirse en la bandera de nadie.

Y en las últimas semanas LA CAUSA ha tenido una cara, un nombre y una organización detrás: Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas.

El caso que lo cambió todo

Maricarmen, 87 años

Maricarmen Abascal fue desahuciada el 23 de septiembre de su piso del barrio de Retiro, en Madrid, donde vivía desde 1956. Ingresó en el Gregorio Marañón ese mismo día. Murió el 7 de octubre, horas antes de firmar el acuerdo que le permitía volver a su casa.

Su historia merece respeto. Y precisamente por respeto hay que contar también lo que pasó a su alrededor:

En dos semanas, un desahucio en Madrid movió al presidente del Gobierno, al Consejo de Ministros, al Congreso y a los dos grandes sindicatos. Nada parecido había pasado antes. Y aquí empiezan las preguntas.

La otra mitad de la historia

Mientras tanto, en L'Hospitalet

Dos semanas antes del desahucio de Maricarmen, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), pasó esto:

• Olga Matute, 54 años, dos hijas, una de ellas menor. Vivía de alquiler social en un piso que el Banco Sabadell vendió en 2020 a Promontoria Coliseum, sociedad vinculada al fondo Cerberus. Ese sí es un fondo de inversión de manual.
• La noche antes de su desahucio la atendieron por crisis graves de ansiedad y dijo que se quitaría la vida. Su abogado aportó informes médicos y pidió suspenderlo. El juzgado lo ejecutó igual, el 15 de abril de 2026.
• El 7 de septiembre, Olga se suicidó.
• El 30 de septiembre, un hombre de 60 años de la misma ciudad apareció muerto en el local donde vivía, poco antes de su desahucio. Según la policía, dejó una nota relacionándolo con él.

Si estás pasando por un momento difícil: en España, el teléfono 024 atiende de forma gratuita, todos los días y a cualquier hora.

Dos muertes en menos de un mes, en la misma ciudad. Y, sin embargo:

• No hubo «mensaje para Olga» desde ningún mitin.
• No hubo «decreto Olga».
• Sánchez señaló a Ayuso y a Almeida por el caso de Maricarmen. No he encontrado ningún señalamiento comparable a Salvador Illa por el de Olga.
• La Generalitat ni siquiera contestó a Maldita cuando preguntó por el caso.

Un desahucio en Madrid fue un escándalo nacional. Dos muertes en L'Hospitalet, una noticia local.

Los datos

¿Dónde se desahucia más?

Si el problema fuera lo que decide qué caso llega a Moncloa, el foco tendría que haber estado en Cataluña. Los datos son del Consejo General del Poder Judicial (2025):

• Por población, también. Cataluña tiene el 16,5 % de la población y concentró el 27,4 % de los desahucios por alquiler.
• Con la ley de vivienda aplicada. Cataluña es la comunidad que antes y más a fondo aplicó el tope de precios de la ley estatal, desde 2024.
• Con un Gobierno amigo. La Generalitat la preside el PSC, que también gobierna L'Hospitalet. Madrid la gobierna el PP.
• Y bajando menos. Los desahucios por alquiler cayeron un 18,7 % en Madrid y solo un 7,7 % en Cataluña.

Para ser justa: el Sindicato de Inquilinas es de Madrid y actúa en Madrid. A Olga la acompañaron otros colectivos catalanes. La pregunta buena no es por qué el sindicato de Madrid se movió en Madrid. Es otra:

¿Por qué el Gobierno eligió Madrid, donde puede culpar a Ayuso, y no L'Hospitalet, donde tendría que mirarse al espejo?

¿Sindicato de quién?

Un nombre que vende

Empecemos por el nombre. Para el Derecho español, un sindicato es una asociación de trabajadores para defender sus intereses laborales (Constitución, arts. 7 y 28; Ley Orgánica de Libertad Sindical). Un inquilino no es empleado de su casero.

• Legalmente, es una asociación. «Sindicato» es una marca, heredada de los tenant unions anglosajones. Y es una marca eficaz: suena a clase trabajadora, a fuerza colectiva, a legitimidad.
• Por eso, para convocar una huelga general, necesita a los sindicatos de verdad. La del 11 de noviembre la firman CCOO, UGT, CGT y otros. El Sindicato de Inquilinas tenía unas 4.000 afiliadas a finales de 2024, según su propia web.

Sobre el dinero, lo que dicen ellos mismos:

• «No recibimos subvenciones». Se financian con cuotas, donaciones y charlas o talleres pagados.
• Tienen personal contratado.
• No publican cuentas. Ni ingresos, ni gastos, ni cuánto cuesta la cuota. Su página de transparencia explica de dónde sale el dinero, pero no cuánto.

No tengo pruebas de que reciban dinero público, y no voy a insinuar lo contrario. Pero una organización que exige transparencia a fondos y caseros podría empezar por publicar sus cuentas.

El giro

De «cae el Gobierno» a «apoyad al Gobierno»

La acampada de Sol nació con un lema: «O cae el rentismo o cae el Gobierno». Una portavoz llegó a decir que, si no salía el decreto, el Gobierno debía plantearse su continuidad.

• El martes, el sindicato rechazaba que el Gobierno partiera el decreto en dos.
• El miércoles, pedía a todos los partidos, Podemos incluido, que apoyaran los dos decretos del Gobierno.
• Y la diana cambió: las caceroladas y la acampada pasaron a apuntar al PP.
• El decreto que pidieron apoyar incluía bonificaciones fiscales para los caseros, una exigencia de Junts. En su web, el sindicato dice que no se puede seguir «regalando dinero a los rentistas».

Puede que fuera pragmatismo: los decretos recogían buena parte de lo que pedían. Pero cuando una organización que se presenta como independiente acaba haciendo campaña por los decretos de un Gobierno, la pregunta de quién habla por quién es legítima.

Las caras

Quién habla por el sindicato

• Carolina Vilariño, portavoz, es abogada de Provivienda. Esta entidad ha recibido 6,63 millones del Gobierno de Canarias y un préstamo de 5,65 millones de Cofides para comprar viviendas.
• Javier Gil, fundador, es investigador del CSIC y ha participado en informes para el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy (Sumar).

Que quede claro: trabajar en una ONG o en un organismo público no es ningún delito, y muchas personas lo hacen con honradez. La pregunta no es moral, es de independencia: cuando quien te paga, o quien te encarga informes, es parte del conflicto que denuncias, ¿hasta dónde puedes criticarlo?

Y luego está Fernando de los Santos, otra de las caras de la acampada de Sol. Profesor de Filosofía del Derecho y vicedecano en la Autónoma, se presenta como un inquilino que sufre el problema «en sus propias carnes». Según The Objective:

• En el Registro de la Propiedad, es heredero del piso de su madre en El Viso (Madrid), valorado en unos 1,3 millones.
• En el Registro Mercantil, figura desde 2010 como apoderado de la constructora que fundó su padre.

Tener dinero o heredar una casa no tiene nada de malo. Lo llamativo es otra cosa: el día que la herede, si sigue viviendo de alquiler, esa casa será justo lo que su sindicato señala. Una vivienda que no es su residencia, que tendrá que alquilar o dejar vacía.

Rentista o vivienda vacía: las dos cosas que piden recuperar.

Lo que piden

¿Quién es el buitre?

Más allá del caso de Maricarmen, esto es lo que el Sindicato de Inquilinas de Madrid exige en su web:

• Bajada inmediata de los alquileres al 50 %.
• Expropiación de las viviendas de fondos, de la SAREB y de grandes tenedores, y recuperación de las viviendas vacías.
• Contratos indefinidos, sin subidas anuales.
• Fin de todos los desahucios.
• «El fin de la compra de vivienda si no es para residir en ella».

Que con esa última demanda no podrías comprar ni la casa del pueblo ni un piso para tus hijos, y que la Constitución solo permite expropiar pagando, ya lo conté en No todos los derechos son iguales. Aquí solo hago una cuenta: ¿cuánto costaría lo que piden?

• Grandes tenedores: en España hay algo más de un millón de viviendas en manos de propietarios con más de 10, y unas 630.000 son de empresas, fondos y otros privados. A 100.000-200.000 € por vivienda, expropiarlas costaría entre 63.000 y 126.000 millones.
• Viviendas vacías: casi la mitad están en pueblos de menos de 10.000 habitantes, así que serían más baratas. Aun así, a 50.000 € de media, más de 190.000 millones. Y luego, ¿quién va a vivir en ellas? En las 52 capitales de provincia solo hay unas 600.000 vacías. El resto está en pueblos y costas. ¿Quién puede vivir en un pueblo si tiene el trabajo en una ciudad a cientos o miles de kilómetros? Expropiar casas donde no está el trabajo no resuelve el problema de quien busca piso donde sí está.
• En total, como mínimo, más de 250.000 millones. Más de 35 veces todo el Plan Estatal de Vivienda para cinco años.
• Y la SAREB ya es del Estado. Desde 2022, el Estado tiene la mayoría a través del FROB. Exigir expropiarla es pedirle al Estado que se expropie a sí mismo.
• La bajada del 50 % no la pagaría el Estado. La pagarían los caseros, y el 92 % de las viviendas en alquiler es de particulares, según el Banco de España.

Nota: es un cálculo propio y solo orientativo. Los precios medios son supuestos, los datos del Catastro y del INE son de años distintos y alguna vivienda puede estar en los dos grupos. Pero aunque me equivocara a la mitad, la conclusión no cambia: no hay dinero.

Exigir sin decir quién paga no es una propuesta. Es un eslogan.

Y el propio caso de Maricarmen enseña lo difícil que es encajar la realidad en el eslogan:

• A Urbagestión se la presentó como «fondo buitre». Sus dueños, dos hermanos, sostienen que solo tienen ese piso y que la empresa ganó 2.990 euros el año pasado.
• Los tribunales les dieron la razón, hasta el Supremo. El contrato se firmó en 1956 a nombre de su padre y pasó a su madre. Cuando esta murió en 2005, Maricarmen se subrogó, pero la ley solo permitía hacerlo por dos años. La Audiencia Provincial de Madrid declaró el contrato extinguido en 2022, y el Tribunal Supremo inadmitió su recurso en diciembre de 2023 por carecer «manifiestamente de fundamento». La sentencia es firme.
• Y denuncian amenazas desde el día del desahucio. En enero presentaron una querella contra el sindicato por coacciones y revelación de secretos, y le reclaman 10.000 euros por llamarlos «fondo buitre» en un vídeo.
• Mientras tanto, el sindicato intentó comprar el piso. Según un correo publicado por The Objective, el 17 de octubre de 2025 la abogada de Maricarmen propuso a Urbagestión venderlo al Sindicato de Inquilinas y a cooperativas de vivienda de su entorno, y preguntó a qué precio «podría ser viable». Urbagestión dijo que no estaba en venta y lo comunicó al juzgado.
• La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 29 de septiembre: «En puridad tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera». Para entonces, la empresa ya había pactado con el Ayuntamiento que Maricarmen volviera a su casa.

Lo del piso merece una pausa. Probablemente la intención era que Maricarmen siguiera en su casa, y hay que decirlo. Pero su web exige «el fin de la compra de vivienda si no es para residir en ella». Y el sindicato estudió comprar un piso para no vivir en él.

Nota: lo de las cuentas es la versión de Urbagestión en una entrevista a OKDiario, y no he podido contrastarlo. Las resoluciones judiciales sí están publicadas: Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia 324/2022, y auto del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2023. Que es una empresa modesta con ese único piso lo publica también El Español. Lo incluyo porque, si es cierto, el «fondo buitre» de esta historia es una empresa familiar con un piso.

Llamar buitre a cualquiera que tenga un piso no protege a los inquilinos. Solo simplifica el enemigo.

La coherencia

Buitres son los de otros

El PSOE ha puesto la vivienda en el centro de su campaña para las elecciones del 29-N. El 2 de octubre, en el Pleno del Congreso, durante el debate de los decretos, Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, lo planteó así desde la tribuna:

«Vamos a ser claros, caretas fuera. Es normal que a ustedes no les gusten, pero díganlo. Díganlo, porque aquí de lo que se trata es de fondos buitres o de familias».

Once días después, el 13 de octubre, el periodista Javier Chicote publicó en Artículo 14 que Sergi Velez, pareja de Mínguez:

• Dirige un grupo inmobiliario en Lleida con, al menos, 30 pisos en alquiler.
• Ha llevado a inquilinos a los tribunales por impago, con hasta tres desahucios en marcha a la vez.

Ese mismo día, en Espejo Público (Antena 3), Susanna Griso le preguntó por ello. Le recordó la ofensiva de su partido contra los fondos buitre y los rentistas, y que ella misma tiene tres viviendas en propiedad. Estas fueron sus respuestas:

• Sobre el negocio: es «una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad».
• Sobre su pareja: «como gran tenedor paga sus impuestos […] y cumple la ley de vivienda».
• Sobre su partido: «Nosotros defendemos a los propietarios, a las empresas de alquileres».
• Sobre los desahucios: «Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia; si hay un inquilino que es una familia vulnerable y […] no tiene una alternativa habitacional, se protege».
• Sobre quién es el buitre: el «dinero extranjero que compra edificios enteros para expulsar a la gente de su casa y convertir los barrios en pisos turísticos».
• Sobre la información: un «ataque personal». Amenazó con desconectarse y deslizó que todo el mundo sabe quién financia a Alberto Chicote. Alberto es el cocinero; el periodista se llama Javier.
• Y cuando Griso le habló de coherencia: «Coherencia total».

Para ser justa: alquilar pisos y pedir a un juez que eche a quien no paga es legal. Nada de lo publicado apunta a una ilegalidad, y un cargo público no responde por los negocios de su pareja. El problema no es el negocio. Es el doble rasero. Pongamos las frases juntas:

• 29 de septiembre, la ministra de Vivienda: una pyme con un piso es «muy carroñera».
• 2 de octubre, Mínguez en el Congreso: o fondos buitre o familias.
• 13 de octubre, Mínguez en Antena 3: un gran tenedor con 30 pisos es una familia. El buitre es el dinero extranjero.

Una pyme con un piso, carroñera. Un holding con treinta, empresa familiar.

Cuando desahucia el casero de otro, es un buitre. Cuando desahucia mi pareja, es que la ley funciona.

Y eso es lo más revelador de una causa de temporada: hay que abanderarla aunque te obligue a condenar en público lo que haces en casa. La coherencia se sacrifica antes que el titular.

Primera parte Causas de temporada. La ley trans: cómo una causa se defiende a muerte mientras da votos y se abandona en silencio cuando empieza a dar problemas. Leer el artículo →