Nadie lo votó. Pero manda

Nadie lo votó. Pero manda

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Nadie lo votó. Pero manda.

Qué es un delegado del Gobierno, quién lo nombra, cuántos hay y qué controla en tu comunidad. Y qué hay detrás de las dos dimisiones de este otoño.

Qué es un delegado del Gobierno: un edificio de Gobierno del que bajan hilos a una fila de despachos, uno con la silla roja vacía

Sigo con la serie sobre cómo funciona el Estado. Hoy toca explicar qué es un delegado del Gobierno. Porque en 27 días han dimitido dos:

Ceuta, 28 de septiembre. Miguel Ángel Pérez Triano, señalado por los avisos del CNI antes de la entrada masiva de julio.

Madrid, 25 de octubre. Francisco Martín, en plena acampada de Sol y una semana después de quedarse fuera de las listas del PSOE.

Dos titulares. Y un cargo que casi nadie sabría explicar.

Sin embargo, el delegado del Gobierno es quien tiene la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en tu comunidad. Quien decide sobre las manifestaciones. Y quien dirige todos los servicios del Estado en tu territorio.

Primero, la figura. Luego, los escándalos.

La figura

Qué es y de dónde sale

Lo crea la Constitución, en su artículo 154: un delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en cada comunidad autónoma y la coordina con la administración autonómica.

La Ley 40/2015 (artículos 72 a 75) lo concreta:

Representa al Gobierno de la Nación en la comunidad autónoma.

Dirige y supervisa todos los servicios del Estado en ese territorio y los coordina con la comunidad y con los ayuntamientos.

Es un alto cargo con rango de subsecretario.

Ojo al matiz: representa al Gobierno, no al Estado. La representación ordinaria del Estado en cada comunidad la tiene su presidente autonómico. En Madrid, eso significa que el Estado lo representa Ayuso y el Gobierno lo representaba Martín. No es lo mismo. Y explica muchos choques.

Es el heredero de los antiguos gobernadores civiles, que desaparecieron en 1997. Su sitio en las provincias lo ocupan hoy los subdelegados.

Los números

Cuántos hay y dónde

19
Delegados: uno por comunidad, más Ceuta y Melilla
44
Subdelegados en las provincias
7
Directores insulares en Baleares y Canarias

19 delegados. Uno en cada una de las 17 comunidades autónomas, otro en Ceuta y otro en Melilla.

44 subdelegados. Uno en cada provincia de las comunidades con varias provincias. En las uniprovinciales, el delegado hace también de subdelegado. Madrid es la excepción: tiene los dos.

7 directores insulares. En las islas que no son sede de la subdelegación: Menorca e Ibiza-Formentera, en Baleares; Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, en Canarias.

La jerarquía

Quién nombra a quién

Presidente del Gobierno

Propone el nombre.

Consejo de Ministros

Lo nombra y lo cesa por real decreto. Sin concurso, sin oposición, sin pasar por el Congreso.

Delegado

Alto cargo con rango de subsecretario. Nombra y cesa a los subdelegados de su comunidad.

Subdelegado

Nivel de subdirector general. Tiene que ser funcionario de carrera del grupo más alto (A1), el que exige titulación universitaria. Se elige por libre designación.

Director insular

Lo nombra el delegado, también entre funcionarios. Depende de él o del subdelegado de su provincia.

Escalera de nombramientos: presidente del Gobierno, Consejo de Ministros, delegado del Gobierno, subdelegado y director insular
Quién nombra (y cesa) a quién. El único escalón al que no se le exige oposición es el del delegado.

¿Y a quién rinde cuentas el delegado? Las delegaciones están adscritas al Ministerio de Política Territorial. Pero en cada materia responde ante el ministerio que toca. En seguridad, ante Interior.

Fíjate en el detalle: al subdelegado se le exige ser funcionario de carrera del grupo más alto, con titulación universitaria. Al delegado, ni una cosa ni la otra. La ley solo pide que se le nombre con criterios de «competencia profesional y experiencia» y que cumpla los requisitos de cualquier alto cargo. Al de abajo se le pide oposición. Al de arriba, confianza.

Esta semana lo has visto en directo. El lunes, el delegado saliente en Madrid cesó a su subdelegada. El martes, el Consejo de Ministros la nombró delegada. Toda la cadena, en 48 horas.

Las funciones

Qué controla en tu comunidad

La seguridad ciudadana. La ley le da la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en su territorio, bajo la dependencia funcional de Interior.

Los derechos y libertades. Le toca protegerlos. En la práctica, las manifestaciones y concentraciones se comunican a la Delegación o a la Subdelegación, que puede pedir cambios o prohibirlas si hay riesgo para el orden público.

Los servicios del Estado en el territorio: extranjería, trabajo, sanidad, industria, agricultura, inspección educativa, protección civil, la unidad contra la violencia sobre la mujer…

La coordinación con la comunidad autónoma y los ayuntamientos: convenios, comisiones bilaterales, transferencias.

Informar al Gobierno de lo que pasa en su comunidad, incluido un informe anual sobre los servicios públicos estatales.

Es el ojo, la mano y la voz del Gobierno en tu territorio.

Con la Policía y las manifestaciones de por medio, debería ser un cargo neutral y técnico. Veamos qué pasa cuando no lo es.

El perfil

Un cargo de confianza política

Como lo elige el Gobierno, el delegado suele ser alguien del partido que gobierna. Ha pasado con todos:

Cristina Cifuentes (PP) fue delegada en Madrid de 2012 a 2015. De ahí saltó a candidata y a presidenta de la Comunidad.

Maria Eugènia Gay (PSC) dejó la Delegación en Cataluña en 2023 para ir de número dos de Jaume Collboni en Barcelona.

Miguel Ángel Pérez Triano era delegado en Ceuta y, a la vez, secretario general del PSOE de Ceuta y precandidato a presidir la ciudad en 2027.

Francisco Martín, militante socialista desde el año 2000, es del círculo de confianza de Pedro Sánchez. En 2017 presidió Bancal de Rosas, la asociación que recaudó las donaciones para su campaña de primarias: unos 128.900 euros. En 2025, en la comisión del Senado, se negó a entregar la lista de donantes alegando un compromiso de confidencialidad. Después fue secretario general de la Presidencia del Gobierno (2021-2023) y de ahí pasó a la Delegación.

La ley electoral les impide presentarse por su territorio mientras ocupan el cargo. Por eso, cuando toca lista, se van. Demasiadas veces, el cargo funciona como trampolín o como sala de espera.

Si el que tiene la jefatura de la Policía es del partido, cada decisión se lee como una jugada de partido.

Caso 1 · Ceuta

Los avisos que nadie recibió

Pérez Triano llegó a la Delegación en febrero de 2026. Lo que vivió la ciudad después ya lo conté en Ceuta no tiene foto. Hoy, la cronología del cargo:

Un móvil con un aviso de WhatsApp sobre una mesa vacía, con la valla fronteriza al fondo
29 de julio, 13:52: el aviso llegó al gabinete. Quién lo leyó es lo que investiga la Audiencia Nacional.
29 de julio · 13:52

El CNI escribe por WhatsApp al gabinete de la Delegación: en redes se convoca una entrada por la valla y por mar para el día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí. El jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, habla además 11 minutos por teléfono con un agente.

30 y 31 de julio

Entrada masiva: 72.000 personas, según Interior.

Agosto

El delegado sostiene que no le trasladaron esos mensajes. A finales de mes, Manos Limpias lo denuncia y un juzgado de Ceuta abre diligencias.

Septiembre

El Congreso reprueba al ministro del Interior por la crisis. El 11, dimite Gonzalo Sanz por la «evidente incompatibilidad» entre su versión y la del delegado: él asegura que sí se lo trasladó, en persona, ese mismo 29 de julio. A mediados de mes, la investigación pasa a la Audiencia Nacional, a la jueza María Tardón.

28 de septiembre

Dimite Pérez Triano. Denuncia un acoso constante, cuenta que le dejaron una corona fúnebre en la Delegación y anuncia que deja la política. Ese mismo día, la jueza abre diligencias previas sobre él.

29 de septiembre · 1 de octubre

El Consejo de Ministros nombra delegado a David de la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María. Al día siguiente, Sanz ratifica ante la jueza que entregó los mensajes.

Octubre

La jueza María Tardón blinda la causa con una pieza secreta. Dice ver «algunos indicios» de implicación de personas con altas responsabilidades públicas y de relaciones con personas vinculadas a gobiernos extranjeros. Cita a mandos policiales y a consejeros de Ceuta y pide al Ejército informes e imágenes de satélite. El 27 de octubre pide al Consejo de Ministros que desclasifique en 15 días más notas del CNI y la lista de autoridades que recibieron los avisos.

Sobre la cifra: los 72.000 son el dato que dio Interior el 4 de agosto. El Gobierno de Ceuta habla de 80.000 y Marruecos, de unas 40.000. No hay una cifra oficial publicada en la estadística de Interior.

Al dimitir, Pérez Triano dijo (según recogió Reuters) que la Delegación no tenía el control operativo de la frontera ni de las fuerzas de seguridad.

La ley dice que la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en su territorio corresponde al delegado. Puede que el mando del día a día esté en otras manos. Pero entonces la pregunta es otra: si el delegado no manda cuando llega la crisis, ¿para qué está?

Investigado no es culpable. La jueza María Tardón (Audiencia Nacional) abrió diligencias previas sobre Pérez Triano el 28 de septiembre, tras una querella de Abogados Cristianos, y pidió informe a la Fiscalía. Eso no determina ninguna responsabilidad, y por ahora no consta que lo haya citado a declarar como investigado. Los indicios sobre «altos responsables» de los que habla la jueza no tienen nombre público. Lo documentado son los mensajes del CNI y dos versiones incompatibles sobre si llegaron al delegado. El Gobierno sostiene que ningún aviso anticipaba la magnitud de lo que pasó.

Y fíjate en el orden de salida: primero el jefe de gabinete. Después, el delegado. El ministro, reprobado por el Congreso, sigue.

La cuerda siempre se rompe por el eslabón más bajo.

Caso 2 · Madrid

La plaza y las listas

Francisco Martín era delegado en Madrid desde marzo de 2023. Su etapa ha sido un choque permanente con la Comunidad y con el Ayuntamiento, los dos del PP. Ayuso llegó a llamarle «comisario político» de Sánchez. Los últimos frentes:

La acampada de Sol. Empezó el 26 de septiembre, tras la protesta por el desahucio de Maricarmen (lo analicé en la foto y los datos), impulsada por el Sindicato de Inquilinas. Martín se negó a desalojarla invocando el derecho de reunión. La Comunidad le dio 48 horas y fue a los tribunales; el TSJ de Madrid rechazó la medida cautelarísima el 5 de octubre. El Ayuntamiento suma más de 200 sanciones en la acampada y Almeida anunció el 27 de octubre una denuncia penal contra él por inacción.

Las cargas en Ciudad Universitaria. El 14 de octubre, primer día de huelga educativa, Martín pidió una «investigación de urgencia» sobre la actuación policial. Jupol y CEP, dos de los principales sindicatos de la Policía Nacional, exigieron su dimisión por cuestionar a los agentes antes de investigar.

Las listas. Una semana antes de dimitir, el PSOE lo dejó fuera de sus candidaturas al Congreso y al Senado para el 29N.

El 25 de octubre dimitió. Según El País, porque «no se dan las condiciones» para seguir. Él negó que fuera por la Policía, por su subdelegada o por las listas. En su despedida habló de aciertos y errores y dio las gracias a Pedro Sánchez.

Le sustituye Pilar Trinidad, su subdelegada desde diciembre de 2023.

Para unos, Martín fue el delegado que defendió el derecho de reunión frente a dos gobiernos que querían vaciar la plaza. Para otros, el que convirtió la Delegación en una trinchera contra Ayuso y, según Jupol, usó a la Policía «como escudo» cuando le convino.

Tiendas de campaña ante un edificio con reloj, un comercio con la persiana bajada y una boca de metro cerrada
Un mes de acampada: comercios con la persiana a medias y la estación de Metro cerrada.

Y aquí hay otra línea fina: la que separa manifestarse de quedarse con un espacio que es de todos.

Una acampada puede ser una forma de protesta y estar amparada por el derecho de reunión. Pero ese derecho no es ilimitado: cuentan la duración y el impacto en los demás (moverse, usar los servicios, la seguridad, el uso normal de la plaza).

El comercio. La Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem) cifra las pérdidas en cerca de 25 millones de euros y pidió por carta al delegado que pusiera fin a la situación. Hay comerciantes que hablan de caídas de ventas de hasta el 50 %.

El transporte. El 16 de octubre, Metro de Madrid cerró la estación de Sol tras detectar amoníaco en los pozos de ventilación, que atribuye a la orina y las heces acumuladas bajo la plaza.

Y sigue. Un mes después, la acampada ha reducido tiendas, pero no se va: «La acampada sigue, no hay retirada», dicen sus integrantes. Lo que queda se ha cerrado sobre sí mismo, con lonas que impiden ver el interior y accesos vigilados por activistas.

Sus propias normas. Según El Mundo, la acampada se ha dotado de dos comisiones, de Cuidados y de Mediación, con protocolos propios para gestionar conflictos, atender denuncias de agresiones y aplicar medidas disciplinarias.

Fíjate en lo que eso significa: en mitad de la plaza más céntrica del país, el kilómetro cero, hay un espacio al que no se puede acceder, con la entrada vigilada y sus propias reglas para resolver conflictos y agresiones. Eso ya no es solo ocupar la plaza de todos. Es poner dentro un orden paralelo. Y la seguridad de ese espacio también es competencia del delegado.

La pregunta que me hago es si de verdad la decisión de mantener el campamento se tomó por la libertad de reunión o por interés político. Cuando la Comunidad y el Ayuntamiento le pedían desalojar, el delegado respondía hablando de la «verdadera inactividad» de Ayuso y Almeida en vivienda. Eso ya no es gestionar el orden público. Es hacer oposición desde la Delegación.

Ojo, que el pulso fue de ida y vuelta. Metro, que depende de la Comunidad, cerró su estación. Cercanías, que depende del Ministerio de Transportes, mantuvo abierta la suya porque no vio problemas sanitarios. La misma plaza, dos diagnósticos. Cada administración la miró con su carné.

Lo que queda fuera del encuadre: cuando quien gestiona la seguridad es un cargo de partido, ya nadie discute la decisión. Se discute el carné.

La línea fina

Reunirse, sí. Reventar, no.

Este mes hemos visto otra decisión de delegado con consecuencias. Primero, cómo funciona:

Las manifestaciones no se autorizan: se comunican. Con 10 a 30 días de antelación (24 horas si es urgente), a la Delegación o a la Subdelegación.

El delegado puede prohibirlas o cambiarles el sitio, la hora o el recorrido, pero solo si hay razones fundadas de que se altere el orden público con peligro para personas o bienes (Ley Orgánica 9/1983, artículo 10).

Protestar contra un acto no es delito. Lo que sí lo es: impedir una reunión lícita o perturbarla gravemente. Con violencia, el Código Penal lo castiga con dos a tres años de prisión (artículo 514.4).

Dos grupos de manifestantes enfrentados en la misma plaza, separados por un cordón policial, y un objeto lanzado por el aire
Dos actos en la misma plaza y un cordón policial en medio. Protestar es un derecho; reventar, no.

Y ahora, los hechos:

A Coruña, 21 de octubre. Acto de Vox con Santiago Abascal en la plaza de María Pita. Galiza Nova había comunicado el 17 una protesta en la misma plaza. La Delegación del Gobierno en Galicia dice que la Policía no emitió informe desfavorable. Resultado: objetos lanzados contra los agentes, 12 policías heridos y 2 detenidos.

Mahón, 23 de octubre. Unas 400 personas se concentraron a pocos metros de otro mitin de Abascal. Según Vox, rodearon y golpearon su coche y lanzaron sillas a la Policía.

Vox se ha querellado contra los dos delegados, Pedro Blanco (Galicia) y Alfonso Rodríguez (Baleares). El ministro de Justicia lo ha llamado un intento de intimidar a cargos progresistas.

Los dos grupos tenían derecho a reunirse. Eso no se discute. La pregunta es otra: ¿era previsible el choque? Cuando ya sabes que hay un acto comunicado, poner la protesta en la misma plaza tiene un riesgo que ve cualquiera. Y la ley le da al delegado la herramienta para evitarlo: cambiar el sitio.

Si hubo delito, lo dirá un juez. Pero la decisión de no mover la protesta fue de la Delegación. Y eso, aunque no sea delito, es responsabilidad política.

Dos versiones. Vox sostiene que la Delegación de Galicia conocía el riesgo de incidentes y que en Mahón faltaron medios. La Delegación de Galicia responde que no hubo ningún informe policial desfavorable que le permitiera prohibir o modificar la protesta. La querella está en sus inicios.

Lo que tienen en común

Dimitir no es rendir cuentas

Las dos salidas se han explicado sobre todo por el entorno: el acoso, en un caso; que «no se dan las condiciones», en el otro. La pregunta de fondo sigue abierta: quién supo qué en Ceuta y con qué criterio se gestionó Sol.

Los dos estaban atados al partido. Uno era su líder local y precandidato. El otro se fue cuando el partido le cerró la lista.

La responsabilidad se queda abajo. Se van el jefe de gabinete y el delegado. Quien los nombra y quien dirige Interior, no.

Ya lo vimos en Cambiar de tema tampoco es una respuesta: la responsabilidad política no se agota en irse.

¿Por qué al subdelegado se le exige ser funcionario de alto grado y con título universitario, y al delegado no?

¿Sabes quién es el delegado del Gobierno en tu comunidad? ¿Y de qué partido es?

Si mañana hay una crisis en tu ciudad, ¿quién da la orden? ¿Y quién responde si no la da?

Para terminar

El poder que no sale en la papeleta

Votamos alcaldes, parlamentos y, a través del Congreso, al presidente del Gobierno. Pero buena parte del poder que toca nuestra vida diaria no pasa por las urnas. Se nombra.

El que decide si una manifestación cambia de recorrido o se prohíbe.

El que tiene la jefatura de la Policía Nacional y la Guardia Civil en tu comunidad.

El que recibe, o no, los avisos cuando algo va a pasar.

No hace falta que te sepas el nombre de los 19. Pero sí que existen, quién los pone y a quién rinden cuentas. Porque cuando llega la crisis, la pregunta no es quién salía en la foto. Es quién tenía que actuar.

Nadie lo votó. Pero manda. Por eso conviene saber quién es y a quién obedece.

— Nohemí Hervada

En vídeo

Te lo explico en 19 minutos

Fuentes Constitución Española, art. 154 · Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 72-75 · La Moncloa · La Administración periférica del Estado · administracion.gob.es · Organización territorial de la AGE · EFE · Dimite el jefe de Gabinete del delegado de Ceuta · Maldita · Cifras de Interior sobre la entrada en Ceuta · Europa Press · La jueza abre diligencias previas sobre el exdelegado · Ceuta Actualidad · Sanz ratifica ante la jueza · Ara · Dimisión de Pérez Triano · Reuters · Declaraciones de Pérez Triano · Infobae · Tardón blinda la causa de Ceuta · Nueva Radio · Tardón amplía la investigación · Moncloa.com · Tardón pide desclasificar documentos · El Debate · Querella de Vox contra el delegado en Galicia · Galiciapress · La Delegación: no hubo informe desfavorable · El Español · Querella por la protesta de Mahón · Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, arts. 8-10 · Código Penal, art. 514.4 · Press Digital · Cocem cifra en 25 millones las pérdidas · Libertad Digital · Comerciantes de Sol · Moncloa.com · Cierre de Metro Sol · Motorpasión · Cercanías sigue abierto · El Mundo · Los acampados de Sol se blindan: «La acampada sigue, no hay retirada» · Legálitas · ¿Es legal acampar como protesta? · Demócrata · El Congreso reprueba a Marlaska · Infobae · Dimite el delegado en Madrid · Libertad Digital · Qué! · Martín niega los motivos · La Gaceta de Salamanca · El TSJM y la acampada · Vozpópuli · Denuncia penal de Almeida · El Debate · Jupol pide su dimisión · El Español · elDiario.es · Despedida y cese de la subdelegada · El Constitucional · Nombramiento de Pilar Trinidad · Libertad Digital · Relevo de Cifuentes (2015) · El Debate · Martín en el Senado sobre Bancal de Rosas · The Objective · La asociación de las primarias de Sánchez

Cambiar de tema tampoco es una respuesta

Cambiar de tema tampoco es una respuesta

Responsabilidad política · Senado · Sin filtros

CAMBIAR DE TEMA tampoco es una respuesta.

La responsabilidad política no la dicta un juez. Se demuestra respondiendo. Y en este país casi nadie responde.

Responsabilidad política: un compareciente recostado y sonriente ante una comisión del Senado, mientras la pregunta cae al suelo

En la primera parte te dejé una frase a medias. A mí me lo dijeron literalmente: «Sánchez se los ha merendado a todos». Fui a ver aquella comparecencia en el Senado. Y te prometí que te contaría lo que vi.

Lo que vi no fue a alguien ganando un debate. Fue a alguien que no respondía. Y desde ese día me aficioné a ver comisiones del Senado. Porque ahí, mucho más que en el Congreso, se ve la talla de cada político.

Lo que vi

Cinco horas y ninguna respuesta

El 30 de octubre de 2025, Pedro Sánchez compareció en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Fue algo excepcional: solo un presidente en ejercicio lo había hecho antes, Zapatero en 2004, por el 11-M.

+5h
Duró la comparecencia
2º
Presidente en ejercicio ante una comisión de investigación
50min
Por grupo para preguntar

Mucho tiempo para responder. Esto es lo que hizo con él:

  • Desacreditar el lugar. Llamó a la comisión «circo» y «comisión de difamación».
  • Atacar al que pregunta. Acusó al PP de convertir el Senado en una «máquina del fango» y sacó el sueldo de Feijóo en la Xunta.
  • Ironizar. «¿Cuántos viajábamos en el Peugeot?».
  • Burlarse del árbitro. Cuando el presidente de la comisión le llamó al orden, le agradeció con sarcasmo su «imparcialidad».
  • Y el tono. Media sonrisa, ir sobrado, respuestas largas que no contenían nada.

Dos técnicas de la primera parte, juntas: atacar a la persona y cambiar de tema. A eso lo llamaron «merendárselos».

Y aquí va mi opinión, porque es eso, una opinión: lo que yo vi fue una actitud profundamente soberbia. La de alguien que no estaba allí para dar explicaciones, sino para demostrar que no tenía por qué darlas.

Ver al presidente del Gobierno faltarle así al respeto a una de las dos cámaras que representan a la ciudadanía me parece profundamente descorazonador. Y vergonzoso. Sobre todo cuando después le escuchas decir que ha escuchado lo que quiere la gente.

Por justicia: esa comisión la controla el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, y tiene un claro interés político. Pero que la comisión sea de tus adversarios no te exime de responder. Te obliga a hacerlo mejor.

La diferencia

Penal no es político

Aquí está la trampa más repetida de la política española: «No hay nada judicial, así que no tengo nada que explicar». Son dos responsabilidades distintas:

  • La responsabilidad penal la decide un juez. Hay que probar un delito, y mientras tanto rige la presunción de inocencia. Es lo mínimo.
  • La responsabilidad política la decide la ciudadanía y la exigen sus representantes. No hace falta delito: basta con una mala gestión, una incoherencia, haber elegido mal a quien tenías al lado o no haber vigilado.
  • Se puede ser inocente y tener que irse. No por haber delinquido, sino porque ya no eres creíble en el cargo que ocupas.

Que no te condene un juez no significa que hayas hecho bien tu trabajo.

Las comisiones

Se viene a responder, no a ganar

Las Cortes Generales son el Congreso y el Senado. Las dos cámaras representan al pueblo español. Y la Constitución, en su artículo 76, les permite abrir comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público:

  • Comparecer es obligatorio cuando te citan, y no hacerlo tiene sanción.
  • Sus conclusiones no son una sentencia. No condenan a nadie, pero se pueden enviar a la Fiscalía.
  • Su función es política: que quien tiene poder explique, delante de los representantes de todos, lo que hizo con él.

Por eso me enganché. El formato del Senado es distinto: preguntas directas y más tiempo. Y con muchas comisiones abiertas por casos de corrupción, se ve con claridad quién responde, quién esquiva, quién no dice nada y quién se dedica a perder el tiempo.

Y hay algo curioso: cómo usan su turno los senadores del mismo partido que el compareciente. No preguntan. Lo dedican a criticar a los que sí preguntan y a hacer de abogados defensores del citado. En una sesión de la comisión de la SEPI, Amparo Marco, portavoz del PSOE, llegó a decir que la compareciente estaba allí por el «resentimiento, odio y envidia del PP», y la presidenta le llamó la atención. Y esto lo hacen todos los partidos cuando el que se sienta es de los suyos.

Una comisión de investigación no es un juicio con acusación y defensa. Es el Parlamento preguntando en nombre de todos. Y si la mitad de la sala se dedica a defender en lugar de preguntar, la pregunta se queda sin hacer.

Si te sientas en una comisión de investigación, es para responder. No para ganar.

Y hay otra forma de no responder, la favorita de muchos políticos en activo: «Está en los tribunales y no voy a hacer comentarios». Quien está investigado tiene derecho a no declarar ante un juez. Pero un cargo público no le debe explicaciones solo al juez. Se las debe a quienes le votan y le pagan.

  • Las causas duran años. Si hay que esperar a la sentencia, nadie explica nada durante toda una legislatura.
  • No todo lo que hay que explicar es delito. Puedes callar sobre lo penal y responder igualmente de lo político: a quién nombraste, qué sabías, qué hiciste cuando te enteraste.
Responsabilidad política: un político señala la puerta del juzgado mientras la pregunta sale volando por la ventana

Lo penal entra por la puerta y lo político sale por la ventana.

El relato

Montse Mínguez o la dimisión sin culpa

En La causa de esta temporada conté cómo la portavoz del PSOE clamaba en el Congreso contra los «fondos buitres» mientras su pareja tenía unos 30 pisos en alquiler. Lo que vino después es el ejemplo perfecto de cómo se nos vende una dimisión.

El 16 de octubre dimitió de todo: portavoz, escaño y cabeza de lista, a seis semanas de las generales. Un día antes, Sánchez la respaldaba «por supuesto». Tras la dimisión, dijo que estaba «rota» y culpó al odio que sufren los políticos. Es decir, se fue, pero no por incoherencia: según la versión oficial, se fue porque la acosaron.

Y hay un detalle que lo dice todo. En abril, como portavoz, Mínguez acusó de «victimismo» al alcalde de Móstoles (PP), que se negaba a dimitir y decía sufrir una «cacería política». Seis meses después, ella respondía a lo suyo llamándolo «ataque personal».

  • No hay responsabilidad penal. Alquilar pisos es legal y nadie la acusó de delito.
  • Pero sí política. No puedes señalar desde la tribuna lo que se hace en tu casa y pretender que no pase nada.
  • Y el odio existe. Los insultos y las amenazas hay que condenarlos siempre. Pero lo que la hizo caer no fue un insulto, fue una información publicada.

No es odio. Es hemeroteca.

En prime time

Responder a otra cosa delante de millones

El 22 de octubre de 2026, en La Revuelta, David Broncano le preguntó a Pedro Sánchez si un Gobierno debe criticar a los jueces. Su respuesta fue criticar dos sentencias que afectan a su entorno. Y en las dos usó el mismo truco: defender algo distinto de lo que se juzga.

Cambiar de tema: un político desvía con una señal la pregunta que le lanza una ciudadana

Su hermano. Dijo que a David Sánchez se le condena «por ser el hermano del presidente del Gobierno». Y para demostrarlo, habló de su currículum: que tiene «tres carreras», que estudió dirección de orquesta en San Petersburgo, que habla muchos idiomas. Ahora mira lo que dice la sentencia:

  • Qué es. La Audiencia de Badajoz le condenó el 14 de julio de 2026 a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
  • Por qué. Porque su puesto en la Diputación se rehízo a su medida: le cambiaron el nombre para ocultar que cambiaban sus funciones y le quitaron las incompatibilidades. El tribunal lo llama un «plan preconcebido».
  • Lo que no le condenaron. Le absolvieron de tráfico de influencias. O sea, el parentesco es justo lo que no se castigó.
  • Lo que nadie discute. Su formación. La sentencia no dice que no estuviera preparado. Dice que el puesto se creó y se modificó para él.
Argumento de autoridad: un político usa sus diplomas como escudo y la pregunta rebota

Su mujer. Dijo que a Begoña Gómez la acusan de influir «simplemente por ser la pareja del presidente», sin pedir nada. Y para defenderla, unió su causa a la lucha de las mujeres por tener una carrera profesional. Sin comentarios.

Esto es lo que se juzga:

  • Qué es. El 21 de septiembre de 2026 se abrió juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación.
  • La cátedra. En julio de 2020 reunió al rector de la Complutense en La Moncloa para presentarle el proyecto. Se creó en pocos meses, y el exvicerrector declaró en el Senado que se sintió «obligado» a crearla.
  • El software. Se le acusa de quedarse con un programa pagado con dinero de la cátedra. La Complutense cifra el daño en 113.509 euros.
  • La asistente. Su asistente en La Moncloa, contratada para apoyarla en sus funciones como mujer del presidente, también va a juicio. Se investiga si hacía trabajos para la cátedra, es decir, si se usaron fondos públicos para una actividad privada.
Hombre de paja: un político golpea a un espantapájaros mientras la pregunta de verdad sigue detrás de él

Por justicia: la Fiscalía y las defensas piden la absolución de Begoña Gómez, y todavía no hay sentencia. Es inocente mientras no la condenen. La de David Sánchez sí es una condena, aunque puede recurrirse.

Que sean inocentes o culpables no lo decide un plató. Lo que sí se puede analizar es cómo se defiende. Y ahí hay cuatro falacias de manual:

  • Elusión del asunto (ignoratio elenchi). En vez de responder al hecho concreto, desvía la atención hacia otra cosa: la formación de su hermano, la carrera de su mujer. Se defiende de algo de lo que nadie les acusa.
  • Argumento de autoridad (ad verecundiam). «Tiene tres carreras». Como si tener estudios hiciera imposible que te hagan un puesto a medida. Por cierto, solo nombró dos.
  • Hombre de paja. Convierte la acusación en «la juzgan solo por ser mi pareja», que es fácil de rebatir, y deja sin responder lo que de verdad se juzga: la cátedra, el software y la asistente.
  • Apelación a una causa noble. Si defender a alguien se convierte en defender una causa justa, cualquier crítica parece un ataque a la causa. Y así nadie mira los hechos.

En el lenguaje de la calle tiene un nombre más corto: cortina de humo.

Cortina de humo: un político echa humo para tapar la pregunta

Nadie juzga sus títulos. Se juzga lo que hicieron.

Es de todos

No es un partido. Es un método.

Si piensas que esto va de unas siglas, mira lo que hacen los demás cuando les toca:

  • Carlos Mazón (PP). Dimitió como presidente de la Generalitat Valenciana el 3 de noviembre de 2025, más de un año después de la DANA que dejó 229 muertos. También habló de agotamiento personal. Y se quedó con su escaño.
  • El alcalde de Móstoles (PP). Con una querella admitida por presunto acoso a una exconcejal de su partido, descartó dimitir y habló de «cacería política». Su partido cerró filas.
  • Y el Gobierno (PSOE). «Circo», «máquina del fango», «comisión de difamación». Y si alguien cae, la culpa es del odio.

El guion se repite: primero no dimito, porque no hay nada judicial. Y cuando ya no aguanto, me voy por cansancio, por acoso o por el bien del proyecto. Nunca porque me equivoqué.

  • ¿Cuándo fue la última vez que oíste a un político decir «me voy porque lo hice mal»?
  • ¿Por qué aceptamos que «no hay nada judicial» sea una respuesta?
  • ¿Aplaudes cuando tu partido esquiva igual que criticas cuando esquiva el otro?
  • ¿Para qué sirve una comisión de investigación si quien comparece viene a ganar y no a explicar?
Para terminar

La talla se ve al responder

La talla de un político no se mide por cómo habla en un mitin, ni por los aplausos que se lleve en un plató en prime time, ni por cuántos «zascas» se lleva a las redes. Se mide por cómo responde cuando le ponen delante los hechos.

Sánchez, en cambio, mide la talla de los demás. El 5 de octubre, al convocar elecciones, dijo que si la mayoría del Parlamento «da la espalda a la ciudadanía» en la vivienda, la ciudadanía debe elegir otro. Al parecer es un oráculo. Sabe lo que quiere la mayoría de los ciudadanos, y resulta que coincide con su propuesta, no con lo que votó la mayoría del Congreso. Como si a esos diputados no los hubiéramos votado nosotros.

Y curiosamente, el mismo Congreso que no le aprobó un solo presupuesto en toda la legislatura no le pareció motivo para convocar elecciones.

No espero que se quieran. Ni siquiera que se respeten entre ellos. Pero sí que respeten las instituciones y a quienes estamos al otro lado de la pantalla, que somos quienes les pagamos y les votamos.

Deberíamos exigirle a nuestra clase política una talla mayor. Hoy, la mayoría no la da.

Rendir cuentas no es una cacería. Es el precio del cargo.

— Nohemí Hervada

Nohemí Hervada
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