Trampas legales, no legítimas
Trampas legales, no legítimas.
El Congreso tumbó los decretos de vivienda. Cuatro días después, con las Cortes disueltas, el Gobierno los vuelve a aprobar para colarlos por la Diputación Permanente. Que algo sea legal no lo hace legítimo.
El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda: 178 votos contra 172 y 184 contra 166. Lo conté en El que vota no también es diputado.
El 5 de octubre, Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre y disolvió las Cortes.
El 6 de octubre, el Consejo de Ministros volvió a aprobar los dos decretos para que los convalide la Diputación Permanente. Con algunos retoques, sí: el veto a los fondos se alarga hasta 2030, se añade una deducción para inquilinos y un plan de préstamos. Pero son, como reconoce la propia prensa, «ajustes técnicos» que no tocan la arquitectura de las normas.
El ministro Félix Bolaños lo defiende así: la Diputación Permanente está para «las decisiones relevantes», y los reparos de la oposición son «bastante absurdos».
Cuatro días. Eso es lo que ha durado el «no» del Congreso.
La Constitución¿Qué es la Diputación Permanente?
La regula el artículo 78 de la Constitución. Es un órgano reducido de cada Cámara que funciona cuando el Parlamento no está reunido o ha sido disuelto:
Tiene un mínimo de 21 miembros, que representan a los grupos «en proporción a su importancia numérica» (art. 78.1).
Si las Cámaras están disueltas, asume sus facultades en casos tasados: convalidar decretos ley (art. 86) y los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116). Y debe «velar por los poderes de las Cámaras» (art. 78.2).
Cuando se constituye el nuevo Congreso, tiene que darle cuenta de lo que ha decidido (art. 78.4).
Su razón de ser es sencilla: que el país no se quede sin respuesta ante lo urgente mientras no hay Parlamento. No está para conseguir lo que el Pleno acaba de negar. Está para proteger la voluntad de las Cámaras, no para esquivarla.
Las cuentasDonde sí salen los números
La Diputación Permanente del Congreso tiene 68 miembros más la presidenta: PP 27, PSOE 24 más Armengol, Sumar 6, Vox 6, y ERC, Junts, PNV, Bildu y el Grupo Mixto, uno cada uno.
El PNV ya ha anunciado que votará sí al primer decreto (desahucios y fondos) y no al segundo, al que llama «un parche». Así que el primero saldrá adelante por un voto, en un órgano donde Junts pesa 1 de 69, cuando en el Pleno pesaba 7 de 350.
Si no te votan en el Pleno, busca otra mesa.
La mujer del CésarLegal no es legítimo
«La mujer del César no solo ha de ser honrada, sino parecerlo». Que algo no esté expresamente prohibido no lo convierte en legítimo. Y mucho menos en ético.
Los juristas están divididos, y eso ya dice mucho:
Gema Rosado (Universidad Carlos III): «Jurídicamente, no se vulnera la literalidad de la Constitución». Pero sin cambios reales, «sería un intento de cambiar fraudulentamente la voluntad» del Congreso.
Ana Valero (Universidad de Castilla-La Mancha): un «uso indebido» y «oportunista» de la Diputación Permanente.
Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional: si es «el mismo decreto», sería inconstitucional.
El juez Miguel Guerrero: «Reaprobar el texto días después, reservando la convalidación a un órgano que sustituye a las Cortes porque ahí sí da la aritmética de votos es, evidentemente, un fraude de ley».
Para ser justas: Miguel Presno (Universidad de Oviedo) cree que llamarlo «fraude constitucional» no es un juicio jurídico.
Lo resumió el juez Luis Sanz mejor que nadie:
«No es gobernar sin el Parlamento. Sería gobernar contra el Parlamento».
En la vida realPedírselo a la abuela
Es algo habitual en cualquier familia: papá dice que no, así que el niño espera a que se vaya de viaje y se lo pide a la abuela. Nos hace hasta gracia. Es un niño.
Nadie esperaría que un Gobierno usara ese truco para gobernar un país. De hecho, ni en nuestra comunidad de vecinos lo aceptaríamos: el presidente pierde la votación de la derrama en la junta, espera a agosto y la aprueba en la comisión de tres vecinos que él mismo eligió. «Es legal, los estatutos lo permiten». Claro. Y al día siguiente nadie le volvería a votar.
Que algo sea habitual entre niños para salirse con la suya no lo hace aceptable en los adultos que gobiernan.
Cuando lo hace un Gobierno, lo que se vacía de sentido es la democracia: respetar la voluntad de la mayoría, también cuando no te da la razón.
El precedenteSi se repite, es un patrón
El Gobierno se defiende: ya se hizo antes. Y es verdad. Lo hizo él mismo:
El Congreso deroga el decreto de alquiler con 243 votos en contra. Es la primera derrota de Sánchez con un decreto.
Con las Cortes disueltas, el Gobierno aprueba otro decreto de alquiler, renegociado con Podemos.
La Diputación Permanente lo convalida por 33 votos contra 31. Decide, otra vez, el PNV.
El Tribunal Constitucional anula dos artículos de ese decreto por no justificar la urgencia.
Y aun así hay diferencias: en 2019 pasaron dos meses y el texto se renegoció. En 2026 han sido cuatro días y «ajustes técnicos».
Que haya un precedente no lo valida. Al contrario: demuestra un patrón. Cuando las normas de la democracia no le dan la razón, busca otra puerta.
Por encima de la legitimidadEl patrón y su patrón
Porque no es la primera vez. Es una forma de gobernar:
Pactar con quien juró que nunca pactaría. «Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, lo digo cinco veces o veinte» (2015). «Ni yo ni el 95 % de los españoles dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno» (2019). La amnistía «no entra dentro de la Constitución» (2022-2023). Y después, una investidura con Podemos y Bildu, y con el apoyo de partidos de ideología nada afín, como Junts (a cambio de la amnistía) o el PNV.
Gobernar sin presupuestos. Presentarlos es la primera obligación del Gobierno (art. 134 de la Constitución). Para los de 2026 se prometieron, sucesivamente: el plazo constitucional de octubre de 2025, el «primer trimestre», «antes de que acabe el mes» de marzo y «durante este año». En junio, Sánchez renunció. El plazo de los de 2027 venció el 30 de septiembre sin proyecto. Ni un solo presupuesto en toda la legislatura.
Incumplir la promesa de los desahucios. En 2015 dijo que con un Gobierno socialista no habría más desahucios en España (vídeo). Desde 2018 ha habido 272.417. Curioso que la prisa le entre ahora.
«¿La Fiscalía de quién depende?» «Del Gobierno», le respondieron en RNE en noviembre de 2019. «Pues ya está». Rectificó al día siguiente, pero la frase retrata cómo se entiende una institución que debe servir a la justicia, no al Gobierno. Su fiscal general fue condenado en 2025 por revelación de datos reservados.
Las «cloacas». La Audiencia Nacional investiga una presunta trama, el caso Leire Díez, para entorpecer causas judiciales que afectaban al PSOE. Anticorrupción estudia pedir la imputación del PSOE como partido.
La cúpula de la Guardia Civil imputada. En julio de 2026, el juez Pedraz imputó a la directora general, Mercedes González, y al DAO, Manuel Llamas, por prevaricación y obstrucción a la justicia. Marlaska la mantiene en el cargo.
El «lawfare» como coartada. El término entró en el acuerdo PSOE-Junts de noviembre de 2023. En abril de 2026, tres ministros cargaron contra el juez Peinado y el Consejo General del Poder Judicial pidió «respeto» por unanimidad. En junio, el ministro Óscar López llegó a decir que «hay jueces que prevarican». Y en septiembre, Óscar Puente atacó a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, elegida por el sector progresista.
La ley de nietos, estirada por instrucción. Una instrucción de 2022 creó una «presunción general de exilio» que la ley no decía. El Supremo suspendió en septiembre, de forma cautelar, el efecto electoral de esas altas en el censo: unas 300.000 personas.
Contra los fondos buitre… salvo cuando gestionan lo público. En 2023, Sánchez prometió que la Ley de Vivienda «prohibirá que se venda a fondos buitre». Una semana antes de votar los decretos, su ministra de Vivienda preguntaba: «¿Con la gente que sufre o con los buitres que les desahucian?». Mientras tanto, la Sareb, que es pública, adjudicaba a Aliseda, filial de Blackstone, un contrato de 52,45 millones para gestionar sus viviendas, incluidos los desahucios, y preparar las que pasarán a la nueva empresa pública de vivienda.
Ceuta. En 2021 entraron entre 8.000 y 10.000 personas. En julio de 2026, entre 50.000 y 80.000 según la fuente. Sánchez habló de «una violación y un ataque a la integridad territorial de España», pero elogió la «cooperación» de Marruecos y al día siguiente se fue de vacaciones a La Mareta. El mando único llegó 26 días después. Y cuando le preguntaron por los menores que seguían en la calle, respondió: «Eso a Vivas, pregúntele».
La misma toga, otro acusado
La expresión «fachas con toga» la popularizó Podemos tras la ley del «solo sí es sí» de Irene Montero. Esa ley supuso, según el Consejo General del Poder Judicial, 1.127 rebajas de condena y 115 excarcelaciones de agresores sexuales. Se les había advertido. En vez de asumir el error, culparon a los jueces que aplicaban la ley.
Desde entonces, esa idea repetida le ha venido muy bien a un Gobierno con varios casos de corrupción investigados, incluido el expresidente Zapatero. Y sin embargo:
Fue un tribunal con un juez progresista, José Ricardo de Prada, el que en 2018 condenó al PP por la Gürtel. Esa sentencia llevó a Sánchez a la Moncloa.
Entonces era justicia. Hoy, cuando los jueces investigan a su entorno, es «lawfare». Los mismos jueces, la misma toga. Lo único que cambia es a quién investigan. Y mientras tanto, se mina la confianza de todo un país en su justicia.
La prisaNo es urgencia, es soberbia
Con elecciones ya convocadas, dentro de siete semanas habrá un Parlamento nuevo que podrá aprobar lo que quiera, con legitimidad plena. ¿A qué viene la prisa?
No es por la vivienda: como vimos en Legislar a golpe de decreto, estos decretos no aumentan la oferta, que es el problema de fondo. Y el Banco de España advierte de que este tipo de controles traen pérdidas de bienestar a medio y largo plazo.
Es por el relato: llegar a la campaña con un «yo sí lo aprobé», aunque haya que buscar la única mesa donde salen las cuentas.
Salirse con la suya, aunque el Congreso haya dicho que no.
Lo que uno se prohíbe
La democracia no es solo lo que la ley permite. Es también lo que uno se prohíbe a sí mismo por respeto a los demás. Perder una votación y aceptarlo. Esperar al nuevo Parlamento. No buscar a la abuela cuando papá ha dicho que no.
Cuando un Gobierno convierte cada resquicio en una puerta, el problema ya no es un decreto. Es la idea de que las normas son para los demás.
Una trampa legal sigue siendo una trampa. Y si se repite, es un patrón.
— Nohemí Hervada
