Democracia · Poder · Sin filtros

FISCALIZAR AL PODER no es elegir bando.

Se puede criticar a todo el mundo. Pero las cuentas se le piden a quien manda. Y si solo vigilas cuando gobiernan los otros, no estás fiscalizando: estás haciendo campaña.

En política se critica todo, y está bien que sea así. Pero hay una diferencia que se pierde en el ruido: criticar no es lo mismo que fiscalizar al poder. Criticar puedes criticar a cualquiera. Las cuentas, en cambio, se le piden a quien tiene la autoridad.

Y la autoridad, al final, la tiene el Estado, que es quien tiene el monopolio de la violencia legítima. Puede multarte, expropiarte, subirte los impuestos o meterte en la cárcel. Y dentro del Estado, quien toma las decisiones del día a día es el Gobierno. Lo hayas votado o no, sus decisiones te afectan.

Por eso, cuando alguien exige explicaciones al Gobierno, no está automáticamente posicionándose a favor de la oposición o diciendo que esta sea mejor. Está haciendo lo que toca: mirar con lupa a quien puede cambiarte la vida con una firma.

El origen

Separar el poder para que nadie lo tenga todo

¿Conoces la canción de Molotov que dice «SI LE DAS MÁS PODER AL PODER, MÁS DURO TE VAN A VENIR A COGER»?

La idea no es nueva. John Locke la apuntó en 1690 y Montesquieu la desarrolló en El espíritu de las leyes, en 1748. Su razonamiento es sencillo: quien tiene poder tiende a abusar de él, así que hace falta que el poder frene al poder.

Si la misma persona hace las leyes, las aplica y juzga a quien las incumple, no hay a quién acudir. Por eso las democracias reparten el poder en tres poderes distintos e independientes:

• Legislativo: hace las leyes. En España son las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Aprueban leyes y presupuestos y controlan al Gobierno. Lo conforman diputados y senadores según lo que votamos en las elecciones generales.
• Ejecutivo: gobierna. Es el Gobierno: el presidente y sus ministros. Decide en qué se gasta el dinero (Presupuestos Generales), dirige la Administración y las fuerzas de seguridad y aprueba decretos, reglamentos e instrucciones. Es el poder que más directamente toca tu vida.
• Judicial: aplica la ley a cada caso. Lo conforman los jueces y tribunales. La Constitución, en su artículo 117, dice que deben ser independientes y estar sometidos únicamente al imperio de la ley.

El que hace la ley no la ejecuta. El que la ejecuta no la juzga. Y el que juzga no hace la ley.

Es un círculo de contrapesos: cada poder vigila a los otros y ninguno tiene la última palabra sobre todo.

Un matiz sobre cómo funciona España: no elegimos directamente al presidente como en otros países. Lo elige el Congreso, así que el Gobierno sale de la mayoría parlamentaria. Puede que quien gobierna no haya sido el partido más votado, sino el que consigue la mayoría de apoyo de la Cámara. Eso hace que la frontera entre Legislativo y Ejecutivo sea más fina de lo que parece. Por eso los otros contrapesos son todavía más importantes.

Un ejemplo de manual

Cuando una instrucción reescribe una ley

La llamada ley de nietos, una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022, permite pedir la nacionalidad española a hijos y nietos de quienes tuvieron que exiliarse a partir del 1936. Y en España, la nacionalidad lleva consigo el derecho al voto (no es así en todos los países).

• La ley la aprobó el Legislativo. Exigía la condición de exiliado.
• El Ejecutivo la desarrolló con una instrucción, firmada en octubre de 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Según quienes la han recurrido, esa instrucción daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955, sin tener que probar persecución. El abogado Luis María Pardo lo resume diciendo que se cambió una «y» por una «o».
• Y el Judicial ha puesto el freno. Ese cambio modifica sustancialmente la ley. Por eso Iustitia Europa, un partido pequeño conocido sobre todo por sus pleitos, que se presentó a las europeas de 2024 y ahora recoge avales para concurrir por Madrid, recurrió ante el Tribunal Supremo, que ha suspendido de forma cautelar los efectos electorales de esas nacionalizaciones: sin certificación consular de los requisitos de exilio, no hay voto. A día de la publicación de este artículo mantiene esa suspensión de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Por la vía penal, además, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Sofía Puente por presunta prevaricación tras una querella de Hazte Oír. Vox también se ha querellado.

Nota: el Supremo todavía no ha dictado sentencia sobre el fondo; lo que ha adoptado son medidas cautelares. Y Sofía Puente está investigada, no condenada: tiene derecho a la presunción de inocencia.

Más allá de la resolución del caso, nos sirve para ilustrar lo importante de esta separación de poderes: si el Ejecutivo se extralimita, tiene que haber otro poder que pueda pararlo.

La justicia

Los jueces no los deben poner los partidos

Los jueces son personas, ciudadanos, con derecho a tener su propia ideología. ¡Faltaría más! El problema empieza cuando juzgan según su ideología y no según la ley, o cuando quien los nombra espera que lo hagan "agradeciendo" el puesto.

Aquí toca hablar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que gobierna a los jueces y decide, entre otras cosas, quién llega al Tribunal Supremo y quién preside los tribunales. Tiene 20 vocales:

• Hasta 1985, los 12 vocales de origen judicial los elegían los propios jueces.
• Desde 1985, los elige el Parlamento. El Constitucional lo dio por bueno en 1986, pero advirtió del riesgo de que los partidos acabaran repartiéndose los puestos por cuotas. Es exactamente lo que ha pasado.
• Y todos los partidos lo critican desde la oposición y lo mantienen cuando gobiernan. El PP prometió devolver a los jueces esa elección y, aun con mayoría absoluta, no lo hizo. El PSOE intentó en 2020 rebajar la mayoría necesaria para poder elegirlos, pero tras los avisos de Bruselas lo congeló y en 2021 lo retiró.

Ahora una opinión personal: no me parece sano que los jueces entren en política y luego vuelvan a juzgar. Ni que los fiscales salten a un ministerio y de ahí a dirigir la Fiscalía. Y esto pasa en los dos lados:

• Fernando Grande-Marlaska, juez de la Audiencia Nacional, ministro del Interior con el PSOE.
• Margarita Robles, magistrada del Supremo, ministra de Defensa con el PSOE.
• Dolores Delgado, fiscal, ministra de Justicia y después fiscal general del Estado.
• Enrique López, exmagistrado del Constitucional, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid con el PP. En 2023 se dio de baja del partido para volver a la judicatura y después optó a presidir la Audiencia Nacional.

No dudo de su honestidad (a priori). El problema es otro: un juez no solo tiene que ser imparcial, también tiene que parecerlo. Si un día eres ministro de un partido, ¿cómo convences al día siguiente a quien te toca juzgar de que no le juzgas con el carné del partido? En esto yo sería tajante: quien entra en política no debería volver a la carrera judicial.

La Fiscalía

El fiscal: ¿de la ley o del Gobierno?

Entre el Gobierno y los jueces está la Fiscalía. No juzga: acusa. Según el artículo 124 de la Constitución, su trabajo es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público, de oficio o a petición de los interesados. Es decir, no tiene que esperar a que alguien denuncie: si conoce un posible delito, debe actuar.

• Debe regirse por la legalidad y la imparcialidad. Pero también por la dependencia jerárquica: los fiscales responden ante sus superiores, y en la cúspide está el fiscal general.
• Y al fiscal general lo propone el Gobierno. Lo nombra el Rey a propuesta del Ejecutivo, tras oír al CGPJ. Ahí está la grieta.

En noviembre de 2019, en una entrevista en RNE, Pedro Sánchez lo dejó claro. Preguntó: «¿De quién depende la Fiscalía?». El periodista respondió «del Gobierno», y él remató: «Pues ya está». Después lo matizó en redes, pero la frase quedó ahí.

Y lo que vino después también:

• Dolores Delgado pasó directamente de ministra de Justicia a fiscal general del Estado.
• Álvaro García Ortiz, su sucesor, fue condenado por el Supremo en noviembre de 2025 a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados: un correo en el que el abogado de González Amador, pareja de Ayuso, reconocía dos delitos fiscales para negociar un acuerdo.
• En los casos de la familia del presidente, la Fiscalía no ha acusado. En el de su hermano, David Sánchez, pidió la absolución de todos. La Audiencia de Badajoz lo condenó en julio a nueve años de inhabilitación por prevaricación, con la acusación sostenida solo por las acusaciones populares. La sentencia todavía se puede recurrir.
• En el de su mujer, Begoña Gómez, la Fiscalía sostiene que los hechos no son delito y pide la absolución. Aun así, irá a juicio con jurado, acusada por las acusaciones populares.

Que la Fiscalía concluya que no hay delito es legítimo: si no ve delito no tiene que acusar. Pero cuando nunca ve delito en los de su cuerda o cuando su criterio coincide una y otra vez con lo que le conviene al Gobierno que nombra a su jefe, la duda está servida. Y cuando un tribunal condena donde el fiscal pedía absolución, algo no cuadra.

Tampoco esto es cosa de un solo partido. En 2016 se publicaron las grabaciones del ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, buscando material contra políticos independentistas. Una de sus frases: «Esto la Fiscalía te lo afina».

Una Fiscalía que depende del Gobierno vigila a todos menos al Gobierno.

Cosa de todos

La acusación popular: fiscalizar sin ser víctima

En España, cualquier ciudadano o asociación puede personarse en un proceso penal aunque el delito no le afecte directamente. Se llama acusación popular y la recoge el artículo 125 de la Constitución.

• Acusación particular: la ejerce la víctima o perjudicado por el delito.
• Acusación popular: la ejerce cualquiera, en nombre del interés general. Hay que presentar querella, a veces pagar una fianza, y conlleva gastos. Ese aspecto es quizás el que la hace más inaccesible para la inmensa mayoría de ciudadanos (aparte del desconocimiento de las leyes).

Gracias a ella han llegado a juicio casos que, seguramente, nunca habrían llegado. Y la han usado todos:

• Gürtel. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) fue la primera acusación popular. El PP fue condenado como partícipe a título lucrativo: tuvo que devolver 245.492 euros por haberse beneficiado de la trama. Ojo: no fue una condena penal, sino civil. Aun así, la sentencia de 2018 provocó la moción de censura que echó a Rajoy.
• Nóos. Manos Limpias fue quien sentó en el banquillo a la infanta Cristina, aunque acabó absuelta. Años después denunció a Begoña Gómez.
• El hermano de Sánchez. Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, el PP, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y Liberum sostuvieron solos la acusación contra David Sánchez, sin la Fiscalía, y el tribunal le condenó en primera instancia.
• La pareja de Ayuso. En la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, que está pendiente de juicio, el PSOE y Más Madrid son acusación popular.
• La ley de nietos. Hazte Oír y Vox, por la vía penal. Iustitia Europa, por la contencioso-administrativa, que no es acusación popular, pero responde a la misma idea: ciudadanos organizados que acuden a los tribunales con sus propios medios.

Y fíjate en el patrón. Cuando ADADE apretaba al PP en Gürtel, el PP la acusaba de ser una tapadera del PSOE. Hoy el PSOE dice lo mismo de Hazte Oír o de Manos Limpias. Y en enero de 2025 presentó una proposición de ley para limitar la acusación popular que, según sus críticos, habría impedido investigar Gürtel. La presidenta de la principal asociación de jueces lo dijo claro: todos los partidos han abusado de esta figura, incluido el que proponía recortarla.

La acusación popular solo molesta a quien gobierna. Por eso todos quieren limitarla cuando gobiernan.

El cuarto poder

Una prensa que pregunte, no que aplauda

La expresión «cuarto poder», que se suele atribuir a Edmund Burke, no aparece en ninguna Constitución. Pero su papel es clave: mientras el resto de la sociedad está ocupada viviendo, trabajando o simplemente no entiende de política ni quiere entender, la prensa está para hacer las preguntas incómodas e investigar. Para informar, no para opinar.

Aquí seré muy crítica: hoy buena parte de la prensa opina más de lo que informa. Hay más tertulia que dato y más trinchera que pregunta. Demasiados medios hacen propaganda para los suyos en lugar de vigilar al que manda. Periodistas y tertulianos repitiendo el argumentario oficial sin cambiar una coma. «Opinión sincronizada», lo han bautizado.

Un ejemplo de esa prensa cómoda. En enero de 2026, tras el accidente ferroviario de Adamuz, el ministro Óscar Puente fue a La hora de La 1, en la televisión pública que pagamos todos. Silvia Intxaurrondo le preguntó qué se podía hacer ante la «campaña de intoxicación» contra él, dando por hecho que las críticas lo eran. Al terminar, ella le despidió con un «gracias por las explicaciones y por habernos acompañado». Y él respondió: «Gracias, así da gusto». Esa misma semana canceló la entrevista que tenía en Espejo Público.

Si el poderoso sale de la entrevista diciendo «así da gusto», es que el periodista no ha hecho su trabajo.

Pero cuando un periodista sí hace su trabajo y molesta al poder, la reacción suele ser la misma: atacar al mensajero. Bulos, fango, pseudomedios. El mismo Pedro Sánchez popularizó los términos «máquina del fango» y «pseudomedios» en abril de 2024, en su carta a la ciudadanía, cuando se tomó cinco días para pensar si dimitía.

Todo el mundo aplaude el Watergate. Es el ejemplo de manual de lo que debe hacer la prensa. Pero conviene recordar cómo fue:

• Junio de 1972. Detienen a cinco hombres colándose en la sede del Partido Demócrata, en el edificio Watergate de Washington.
• Dos periodistas jóvenes del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, tiran del hilo hasta la Casa Blanca, con ayuda de una fuente anónima a la que llamaron «Garganta Profunda». En 2005 se supo que era Mark Felt, número dos del FBI.
• La Casa Blanca no colaboró y atacó al periódico. Durante meses, sus informaciones apenas calaron.
• En noviembre de 1972, Nixon arrasó en las elecciones y ganó la reelección mientras el escándalo crecía.
• En agosto de 1974 dimitió. Es el único presidente de Estados Unidos que lo ha hecho. El Post ganó el Pulitzer.

O sea: mientras investigaban, eran unos periodistas sin pruebas, con fuentes anónimas, contra el presidente más votado. Solo cuando ganaron se convirtieron en héroes. Hoy aplaudimos el Watergate, pero cuando la exclusiva toca a los nuestros, lo llamamos fango.

A Woodward y Bernstein también los habrían llamado máquina del fango o pseudomedio.

El caso de Ketty Garat lo resume bien:

No es el único caso:

• Alejandro Entrambasaguas publicó en El Debate una reunión entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil. Ella lo desmintió y el ministro del Interior también. La investigación del juez Pedraz la ha confirmado. El caso sigue en instrucción.
• Javier Chicote publicó en Artículo14 que la pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, tiene decenas de pisos en alquiler y ha desahuciado a inquilinos, mientras ella cargaba contra los «fondos buitre». Su respuesta en Espejo Público fue preguntar quién financia a «Alberto» Chicote, equivocándose de nombre. El 16 de octubre dimitió. Lo conté en La causa de esta temporada.

Y para que nadie piense que esto va de un solo partido, el otro lado hace lo mismo cuando tiene poder:

• Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, respondió a la exclusiva de elDiario.es sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta con un mensaje a una periodista: «Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar». También difundió la foto de dos periodistas de El País con una acusación falsa. La Fiscalía pide ahora 3 años y 9 meses de cárcel para González Amador, que está pendiente de juicio.
• El propio Chicote denuncia que la cúpula de Hacienda de Cristóbal Montoro, con el PP en el Gobierno, lo investigó por haber molestado al ministro. Montoro llegó a advertir a ABC de que lo llevaría a los tribunales si «se pasaban de la raya».

Sobre la financiación: querer saber quién paga un medio es una cuestión legítima para entender su línea editorial. Pero no hace verdadera ni falsa una información. Lo que la valida son las pruebas, y en estos casos las pruebas han acabado en sentencias e investigaciones judiciales.

Una información no es falsa por quién la paga. Es falsa si no es verdad.

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