La foto y los datos.
Lo que el caso Maricarmen dice de nosotros, y de cómo estamos legislando.
Hay imágenes que ganan un debate antes de que empiece. Una mujer de 87 años en silla de ruedas, sacada de un piso en el que ha vivido 70 años. No hace falta nada más: la foto ya ha dictado sentencia.
Pero una foto no es un argumento. Y cuando legislamos con fotos, lo que sale son malas leyes.
Así que hoy te propongo algo incómodo: dejar la foto a un lado y mirar los datos.
Antes de nadaPor qué la fragilidad nos parece bondad
Conviene entender qué nos pasa por dentro cuando vemos una imagen así.
- Tipificación moral. La psicología social (Gray y Wegner) ha demostrado que dividimos a las personas en agentes (quienes actúan) y pacientes (quienes reciben la acción). Cuanto más frágil vemos a alguien, más lo colocamos en la casilla de víctima y menos capaces somos de imaginar que sus decisiones tengan consecuencias para otros.
- "Entrañable pero incompetente". El estereotipo de la persona mayor combina mucha calidez con poca capacidad (Fiske). Y confundimos calidez con razón.
- Confundimos no poder con no querer. Si alguien no puede hacer daño físico, suponemos que no puede perjudicar a nadie. Pero ocupar durante años algo que no te pertenece, pagando una fracción de su valor, también perjudica a alguien, aunque ese alguien no salga en la foto.
Ser compasivos con la fragilidad de una persona es humano. Serlo también con todas sus decisiones es otra cosa.
Los hechosLo que dicen los datos
El padre de Maricarmen firma un contrato de renta antigua por un piso de unos 92 m² en Retiro, una de las mejores zonas de Madrid. La legislación de la época imponía la prórroga forzosa: indefinido de hecho y con rentas prácticamente congeladas.
Muere el padre y la madre se subroga.
El Decreto Boyer acaba con la prórroga forzosa para los contratos nuevos.
La Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada con un Gobierno socialista, limita las rentas antiguas: una segunda subrogación solo dura dos años, salvo que el heredero tenga una discapacidad igual o superior al 65 %.
Muere la madre. Maricarmen se subroga y su contrato queda con fecha de caducidad legal: 2007.
La propiedad cambia de manos. Los nuevos propietarios le ofrecen comprar el piso por 240.000-250.000 €, una fracción de su valor de mercado, o firmar un contrato nuevo a 1.650 €/mes. Rechaza ambas opciones.
La Audiencia Provincial y después el Tribunal Supremo dan la razón al propietario: el contrato terminó en 2007. Su discapacidad reconocida es del 50 %, por debajo del umbral que fija la ley.
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid le ofrecen plaza en varias residencias. Un donante anónimo se ofrece a pagar la diferencia del alquiler. Todo se rechaza. El argumento es siempre el mismo: quiere quedarse en "su casa".
"Su casa"
Esa expresión lo ha condicionado todo.
La repiten ella, los medios, los políticos y quien comparte la noticia. Y a fuerza de repetirla, se ha convertido en una verdad emocional que sustituye a la verdad jurídica.
Pero no era su casa. Era la casa de otra persona, en la que vivía de alquiler con un contrato que la ley extinguió hace casi dos décadas.
Y hay algo que el relato no cuenta: durante décadas, el propietario original sufrió una especie de expropiación de hecho. Tenía un piso que no podía recuperar, con una renta congelada que no cubría su valor y con la obligación de conservar el inmueble.
Durante todo ese tiempo, el propietario también existía. Solo que nunca tuvo foto.
La pregunta incómodaLa vulnerabilidad como argumento
Nadie discute que a los 87 años, con movilidad reducida, salir del lugar donde has vivido toda la vida es duro. Pero duro no es lo mismo que injusto.
Y cuando una situación se presenta como "vulnerabilidad extrema", conviene preguntarse:
- ¿Vulnerable frente a quién? ¿Frente a quién paga 1.500 € de alquiler con un sueldo menor que su pensión?
- ¿Vulnerable con cuatro alternativas encima de la mesa, incluida la compra del piso muy por debajo de su valor?
- ¿Qué ocurre con las listas de espera de residencias públicas cuando un caso mediático recibe varias ofertas en pocos meses? ¿Quién se queda detrás?
La vulnerabilidad es un criterio para priorizar recursos escasos. Si la usamos como argumento emocional, deja de servir para lo que existe.
El uso políticoLo que este caso no es
El caso ha servido para reactivar propuestas de moratoria de desahucios y de "protección permanente". Pero conviene tener claro qué dice realmente:
- No es un fondo de inversión que echa a una inquilina que paga el precio de mercado.
- Es la aplicación de una ley de 1994, votada hace más de treinta años, que dio a los herederos de las rentas antiguas un periodo de transición. En este caso, ese periodo se alargó de facto casi veinte años más por la vía judicial.
Y el mensaje de fondo que queda es preocupante: ser propietario y cumplir es sospechoso; acogerse al paraguas de la vulnerabilidad, aunque haya alternativas, se aplaude.
Cuando una sociedad legisla con la foto
Una sociedad que legisla a partir de la imagen más emotiva, y no de los datos, paga un precio. No de golpe, sino poco a poco:
- Menos vivienda en alquiler. Cada vez que la ley protege a quien no paga o paga por debajo de mercado a costa de un particular, ese particular retira su vivienda del mercado. Es exactamente lo que ocurrió con la renta antigua: décadas de pisos deteriorados y propietarios que prefirieron cerrar antes que alquilar.
- Alquileres más caros. Los propietarios que siguen alquilando incluyen el riesgo en el precio: más fianzas, más avales, más requisitos. Y quien lo sufre no es la persona de la foto, sino el joven de 28 años con contrato temporal, al que nadie va a entrevistar.
- Recursos públicos mal asignados. Si la visibilidad mediática decide quién recibe una plaza o una vivienda, los verdaderamente vulnerables, los que no tienen cámara, quedan detrás.
- Menos seguridad jurídica. Si una sentencia firme del Tribunal Supremo se presenta como una "afrenta", el mensaje es que cumplir la ley es opcional según el relato que se consiga construir.
- Ciudadanos que razonan con emociones. Nos acostumbramos a quedarnos con la foto y no con la película. Y quien controla la foto controla la ley.
- Perversión de los incentivos. Si ser presentado como víctima da más resultados que cumplir, la sociedad empieza a producir víctimas en lugar de soluciones.
El problema de la vivienda en España es real, grave y medible: faltan viviendas, sobra burocracia y falta seguridad para quien construye y alquila. Ninguna de esas tres cosas se arregla con una moratoria inspirada en una fotografía.
Legislar exige mirar lo que no sale en el encuadre. Porque la foto dura un día y las leyes, décadas.
