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El que vota no también es diputado.

Lo que pasó en el Congreso con los decretos de vivienda no fue un debate. Fue un señalamiento. Y eso dice más de nuestra política que el resultado de la votación.

"No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo."

Nota: la frase se atribuye casi siempre a Voltaire, pero no es suya. La escribió su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall, en 1906 (The Friends of Voltaire), para resumir lo que él pensaba. Un detalle muy apropiado para un artículo sobre relatos.

Hoy esa frase suena casi a ciencia ficción. Y si no, mira lo que pasó en el Congreso.

El viernes 2 de octubre, el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda del Gobierno. Hasta aquí, democracia normal: el Gobierno propone, el Parlamento decide.

Lo que no fue normal fue todo lo demás:

• Diputados y ministros que, en lugar de defender por qué votar sí, se dedicaron a amenazar a quien votara no.
• Una votación a viva voz pedida para que cada "no" se oyera con nombre y apellidos.
• Y un final de sesión con gritos, octavillas y reproches a "los otros".

No voy a hablar hoy de si los decretos eran buenos o malos. Voy a hablar de algo que me preocupa más: de cuándo empezamos a tratar al que discrepa como a un enemigo.

Los hechos

Qué se votó y cómo acabó

• Votaron "no" a los dos: PP, Vox, Junts y UPN.
• El PNV apoyó el primero y rechazó el segundo, por falta de negociación y por el riesgo de reducir la oferta de alquiler.
• Votaron "sí": PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís.

La escenografía

"Quedaos con sus caras"

A las 8:48 de la mañana, horas antes del pleno, PSOE y Sumar registraron una petición: que la votación fuera pública y por llamamiento. Es decir, que cada diputado se levantara y dijera su voto en voz alta.

Es legal. El Reglamento del Congreso lo permite si lo piden dos grupos. Pero conviene saber una cosa: el voto electrónico normal ya es individual y público. Al día siguiente puedes consultar qué votó cada diputado, con nombre y apellidos.

Así que el llamamiento no aportaba ni un dato nuevo. Solo aportaba escenario. Y la diputada de Sumar Tesh Sidi se encargó de explicarlo mejor que nadie: publicó la petición en redes con un mensaje de cinco palabras.

No era transparencia. Era una diana.

Las palabras

Argumentos, pocos. Amenazas, muchas.

Esto es lo que se escuchó en el Congreso para pedir el sí. Fíjate en que casi ninguna frase explica qué hacía el decreto. Todas apuntan a quien vota en contra:

• Pedro Sánchez: "La culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos. La tendrán aquellos que voten no." Y también: "La Historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan".
• Pablo Bustinduy (ministro, Sumar), ante los periodistas antes del pleno: "Quien vote que no a estos decretos de vivienda hoy, quien vote que no le estará poniendo su nombre y apellido a cada desahucio que suceda, a cada contrato que se acabe, a cada euro de más que le roben a las familias trabajadoras en España. El brazo político del rentismo hoy va a demostrar de qué lado está y a quién defiende" (vídeo). Y ya en la tribuna: "Pueden gritar muy alto 'España' o 'Catalunya', pero van a votar contra su pueblo".
• Alberto Ibáñez (Compromís): "Votar no a este decreto es empujar a que cientos de personas pierdan sus vidas". Y preguntó a los diputados si querían "firmar también los suicidios". Ya en el patio, a la portavoz del PP, Ester Muñoz: "¡Lo vais a pagar!"
• Gerardo Pisarello (Sumar): "Malditas sean las derechas rentistas rendidas a los buitres que con su voto permitirán que nuestras abuelas, nuestras vecinas, queden en la calle o pierdan la vida". Y remató: "Quien hoy perpetre esta infamia con su voto no va a quedar impune".
• Gabriel Rufián (ERC): "Salgan a la calle a descojonarse de esto si son tan valientes, pero sin escolta".
• Águeda Micó (Compromís): "PP, Vox y Junts venderían hasta a su madre por una caricia de los poderosos".
• Isabel Rodríguez (ministra de Vivienda): "Los próximos desahucios serán responsabilidad de esta Cámara".

Al acabar la votación, la diputada de Podemos Martina Velarde se fue a gritos hacia la bancada de Vox. Ella misma lo explicó después en redes: les gritó que "no tenían vergüenza" porque, según ella, se habían reído durante la sesión. Desde la tribuna de invitados se gritó "sinvergüenzas" y la presidenta de la Cámara tuvo que desalojarlos. Y horas después, el PSOE de Asturias publicó en redes los nombres y apellidos de los diputados de PP y Vox que habían votado no.

Cuando no puedes convencer, intimidas. Cuando no puedes argumentar, señalas.

Para ser justos

La demagogia no tiene color

Sería fácil convertir este artículo en un "los malos son los de un lado". Pero no sería verdad. El análisis de los datos que se dieron en el debate deja exageraciones en todas las bancadas:

• Vox dijo que España era el país con más inflación de la OCDE. Falso: en agosto estábamos en el 4,4 %, por debajo de Rumanía, Lituania o Chipre. Y habló de "cinco millones de personas" llegadas en cinco años, cuando la población creció en unos 2,1 millones.
• PP y Junts atribuyeron al decreto la retirada de 4.290 pisos del alquiler, cuando el propio estudio advierte de que todavía no se puede atribuir.
• Junts respondió con su propio relato: "No nos da miedo el chantaje". El PP, con el suyo: "Han tratado de arreglar en cuatro días lo que han destrozado en ocho años".

La retórica y la demagogia son tan viejas como los parlamentos. La diferencia está en el grado. Una cosa es exagerar un dato. Otra muy distinta es decirle a un diputado que tendrá muertos en la conciencia por votar lo que considera.

Lo que dice la Constitución

Discrepar no es traicionar

Hay dos artículos de la Constitución que más de uno debería releer:

• Artículo 67.2: los diputados "no estarán ligados por mandato imperativo". Nadie, ni su partido ni la calle, puede obligarles a votar algo.
• Artículo 79.3: el voto de los parlamentarios es "personal e indelegable".

Es decir: votar "no" es tan legítimo como votar "sí". Para eso existe un Parlamento. Si el voto contrario fuera ilegítimo, no haría falta votar.

Detrás de cada amenaza hay una idea peligrosa: que quien piensa distinto no puede tener razones, solo intereses. Que si votas "no" es porque eres "rentista", "vendido a los buitres" o "indolente al sufrimiento". Nunca porque creas, con datos, que esa ley va a empeorar el problema.

Y datos para dudar había. El Banco de España advertía en junio de que los controles de precios son eficaces a corto plazo, pero que sus beneficios se compensan con "pérdidas de bienestar a medio y largo plazo". Se puede discrepar del Banco de España. Lo que no se puede es fingir que quien le hace caso es un villano.

Opinar diferente no es estar equivocado. Creer que sí, es soberbia.

La responsabilidad

¿Quién pone nombre a los desahucios?

Hablemos entonces de responsabilidad, ya que fue la palabra del día.

• Más de 272.000 familias han sido desahuciadas desde que gobierna el actual Ejecutivo. Ese dato no es de la oposición: es del Consejo General del Poder Judicial. ¿También llevan el nombre de alguien?
• El decreto ley está pensado para casos de "extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 86). Se ha convertido en la forma habitual de gobernar: 196 desde 2018, más que González, Aznar, Zapatero o Rajoy.
• Y se hizo con tanta prisa que, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la propia ministra de Vivienda buscaba entre sus papeles para explicarlo: "Tengo un cacao", "tengo que revisar la última versión, que no la tengo aquí".
• Para intentar ganar el voto de Junts, el decreto incluía además una disposición que dejaba a salvo la normativa propia de Cataluña. No excluía a Cataluña, pero sí le daba un trato que no tenían otras comunidades.

Hay un nombre que se usó estos días y que merece todo el respeto: Olga. Tenía 54 años y vivía desde hacía más de veinte en el mismo piso de L'Hospitalet de Llobregat. Fue desahuciada en abril. Murió en septiembre. Su casa había acabado en manos de una sociedad vinculada a un fondo de inversión, y los servicios sociales del ayuntamiento y de la Generalitat conocían su caso desde 2020.

Su historia no se puede usar como arma arrojadiza contra quien vota "no". Ocurrió antes de este decreto, en un territorio con su propia ley de vivienda y con las tasas de desahucio más altas de España (83,9 por cada 100.000 habitantes, frente a 31,9 en Madrid). Si la muerte de Olga señala a alguien, señala a todas las administraciones que la conocían y no llegaron a tiempo.

Si estás pasando por un momento difícil, no estás solo ni sola: llama al 024, la línea de atención a la conducta suicida. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas.

Y hay otro detalle que ilustra hasta qué punto se ha perdido la noción de responsabilidad política. El ministro que pedía poner nombre y apellidos a cada desahucio es hijo de Ángeles Amador, ministra de Sanidad entre 1993 y 1996. Ese Gobierno aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, la que fijó el final de los contratos de renta antigua. La misma ley que hoy explica desahucios como el de Maricarmen.

No lo cuento para culpar a un hijo de lo que hizo su madre. Lo cuento porque demuestra algo que ningún diputado dijo en la tribuna: la crisis de la vivienda es el resultado de décadas de decisiones de todos los gobiernos. Nadie puede señalar a los demás sin señalarse también.

Lo vimos con el caso de Maricarmen: se visibiliza la parte del relato que hace ruido, la que toma la calle y acampa en Sol. Es legítimo protestar. Pero una protesta no es la voz de todo un país, y un Parlamento no puede votar con miedo a la plaza.

Segunda parte · Mañana Legislar a golpe de decreto. 196 decretos ley, una ministra con "un cacao" y los expertos que nadie quiso escuchar. Próximamente →